La Caja Fiscal o Dirección de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que aglutina a todos los trabajadores del sector público, recibió el primer pago de intereses de G. 4.121 millones (USD 566 mil) por la adquisición de Certificado de Depósito de ahorro de un banco local.
La dirección dependiente del Viceministerio de Administración Financiera percibió el pasado 26 de enero, el primer pago de intereses de G. 4.121 millones (USD 566 mil) por la adquisición de Certificado de Depósito de ahorro del Banco Basa. Dicha inversión fue realizada en julio de 2023 por un total de G. 150.000 millones (USD 21 millones), a tres años de plazo, y a una tasa de interés del 10,90%, informó el Ministerio de Economía y Finanzas.
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En ese sentido, para el presente ejercicio fiscal, se tiene previsto percibir en concepto de intereses, la suma de G. 196.596 millones (USD 27 millones), y la recuperación del capital invertido de G 1,2 billones (USD 172 millones), por las diversas inversiones realizadas por la DGJP.
La Caja Fiscal está compuesta por dos sectores: el civil y que está conformado por los empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, además de maestros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el no civil: por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
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Caja Fiscal: MEF dispone ajustes en liquidaciones y define sectores con superávit y déficit
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), emitió el Comunicado N.° 1/2026, en el que dispone ajustes en los sistemas de liquidación de pagos de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), en el marco de la implementación de la reforma de la Caja Fiscal. La medida regirá desde abril y apunta a aplicar la nueva tasa de aporte jubilatorio.
Según el documento oficial del MEF, los OEE deberán realizar adecuaciones en sus sistemas internos para prever la correcta aplicación del aporte establecido en la Ley N.° 7633/2026, que introduce cambios en el sistema de jubilaciones del sector público. Además, se instruye mantener actualizados los registros de cada cotizante y su sector de afiliación, conforme a lo dispuesto en el Presupuesto General de la Nación vigente.
El comunicado también presenta una radiografía financiera de la Caja Fiscal al cierre del ejercicio 2025, clasificando a los sectores entre superavitarios y deficitarios, un dato crucial para entender el equilibrio del sistema previsional.
En esa línea, el MEF señala que el único sector con superávit corresponde a la administración pública y sus regímenes especiales. En contrapartida, los sectores deficitarios incluyen a magistrados judiciales, el magisterio nacional, docentes universitarios, fuerzas armadas y fuerzas policiales.
Desde la cartera económica indicaron que estas medidas forman parte del proceso de ajuste estructural del sistema previsional, con el objetivo de mejorar su sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo.
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Deuda pública condiciona la actividad y exige mayor previsibilidad fiscal, según economista
La acumulación de deudas del Estado con empresas vialeras y farmacéuticas afecta la dinámica económica y plantea riesgos para la sostenibilidad fiscal, según advirtió el economista Daniel Correa, en conversación con La Nación/Nación Media.
Correa explicó que los atrasos en los pagos públicos dejaron de ser un problema sectorial para convertirse en un factor que incide en la cadena económica. “Cuando el Estado se atrasa, las empresas también retrasan pagos, frenan inversiones y se vuelven más cautelosas”, afirmó. En el caso de las empresas viales, esto impacta directamente en la ejecución de obras, el empleo y la actividad de proveedores, mientras que en el sector farmacéutico incluso podría afectar el abastecimiento.
El economista sostuvo que este escenario no deriva en una crisis inmediata, pero sí genera un enfriamiento progresivo de la economía. “Es una pérdida de dinamismo que no siempre se refleja en los números agregados, pero se siente en sectores específicos”, indicó.
En paralelo, advirtió sobre el deterioro de la credibilidad fiscal en un contexto de menor recaudación. Señaló que Paraguay históricamente mantuvo una gestión ordenada, pero que la acumulación de compromisos impagos puede erosionar esa reputación. “No es solo cuánto se debe, sino qué señal se está dando. Es un tema de confianza”, subrayó.
Menor recaudación
Respecto a la caída de ingresos, Correa destacó el efecto del tipo de cambio, especialmente en Aduanas. Explicó que, aunque el volumen de importaciones no haya caído significativamente, la baja del dólar reduce el valor en guaraníes sobre el cual se calculan los impuestos, afectando directamente la recaudación. “Es un impacto silencioso: la economía no se ve mal, pero el Estado recauda menos”, apuntó, sugiriendo que el ajuste debe enfocarse en el gasto.
Fatoraje surge como herramienta de corto plazo
Sobre el mecanismo de factoraje impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), consideró que puede ser una herramienta útil para aliviar la liquidez de los proveedores en el corto plazo, pero advirtió que no resuelve el problema estructural. Mencionó, además, riesgos asociados a demoras, requisitos poco claros y posibles discrecionalidades que podrían limitar su efectividad.
Asimismo, explicó que la incertidumbre en los pagos encarece el financiamiento para las empresas, un costo que finalmente se traslada al Estado a través de precios más altos o menor competencia en licitaciones. “Se puede terminar pagando más adelante lo que hoy se intenta aliviar”, afirmó.
Como alternativas, planteó la necesidad de ordenar las prioridades del gasto público, postergar erogaciones no críticas y establecer calendarios de pago previsibles. “El problema no es solo de caja, es de consistencia”, remarcó.
Finalmente, consideró que la situación actual responde tanto a menores ingresos como a una creciente rigidez del gasto, aunque enfatizó que el desafío principal está en la calidad de las decisiones. En ese sentido, interpretó el concepto de “economía de guerra” como una señal de ajuste interno del Estado más que de crisis económica, orientada a preservar el margen fiscal en un escenario más restrictivo.
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Farmacéuticas: impulsan proyecto de ley para destrabar pagos
La Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa) presentó un proyecto de ley que busca ampliar los mecanismos de pago del Estado para cubrir deudas acumuladas con proveedores del sistema de salud, en un contexto en el que el sector reporta compromisos por encima de los USD 1.200 millones, según declaraciones de su representante, Rocío Figueroa, en comunicación con la 650 AM.
De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, la deuda oficial asciende a USD 1.027 millones, aunque los proveedores del gremio estiman un monto mayor, lo que evidencia una brecha que presiona la sostenibilidad financiera de las empresas del sector.
Restricciones normativas y freno a licitaciones
El principal obstáculo radica en la normativa vigente, que limita la cesión de créditos exclusivamente al rubro 350, correspondiente a medicamentos. Esta restricción deja fuera 102 objetos de gasto vinculados al sistema sanitario, afectando la capacidad de recuperación de capital por parte de las empresas.
Como consecuencia, varias compañías han optado por suspender su participación en licitaciones públicas, lo que compromete la provisión de insumos y medicamentos, especialmente en casos sensibles como tratamientos bajo orden judicial.
El proyecto de ley, que ingresará al Congreso para su estudio inmediato, busca corregir estas limitaciones y habilitar mecanismos más amplios que permitan a los proveedores acceder a sus pagos en condiciones más ágiles.
Impacto financiero y presión a suministro
La acumulación de deuda, sumada a la emisión de nuevas órdenes de compra, profundiza la brecha financiera del sector, generando un efecto dominó en la cadena de suministro sanitario.
En este contexto, la Cripfa ya remitió la documentación técnica al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su validación formal, en busca de acelerar una solución estructural.
Además, los gremios solicitaron un tratamiento legislativo urgente tras la Semana Santa, considerando el riesgo creciente de interrupciones en el abastecimiento hospitalario.
Próxima reunión para definir salida financiera
Como parte de la hoja de ruta, las autoridades nacionales convocaron a una reunión para el próximo 7 de abril, cuando se analizará el impacto financiero real de la deuda en la provisión de servicios de salud.
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Senado dictamina a favor con cambios del proyecto de Caja Parlamentaria
De manera conjunta, las comisiones de Hacienda, y de Cuentas y Control, presididas por los senadores Silvio Ovelar y Dionisio Amarilla, respectivamente, dictaminaron por la aprobación con modificaciones del proyecto de Ley “Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”.
De la reunión participaron autoridades del Fondo de Jubilaciones del Poder Legislativo, así como los exparlamentarios Blanca Lila Mignarro e Ignacio Mendoza, quienes señalaron que, con los ajustes propuestos, se garantizaría la sostenibilidad del sistema hasta el año 2040.
Como vocero de la sesión conjunta, el senador Dionisio Amarilla se refirió a las propuestas de modificación de varios artículos del proyecto, planteadas por representantes de la Comisión Administradora de la Caja Parlamentaria.
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En ese sentido, explicó que el porcentaje de devolución de aportes establecido en el artículo 12, con media sanción de la Cámara de Diputados, es del 85 %, mientras que la propuesta del Fondo de Jubilaciones plantea una devolución del 80 %.
“Hasta podríamos allanarnos a la propuesta con media sanción de la Cámara de Diputados, de devolver el 85 %, ya que no impacta significativamente, considerando que se reintegra el monto nominal y no los intereses generados”, expresó el legislador.
En cuanto al artículo 15, la versión con media sanción establece la edad mínima de 55 años para acceder a la jubilación, mientras que la propuesta de la Caja Parlamentaria eleva este requisito a 60 años.
Respecto al artículo 17, inciso c), referido a la jubilación por invalidez, el senador Amarilla sugirió acompañar la versión de la Caja Parlamentaria, atendiendo a que introduce ajustes de forma que brindan mayor claridad al régimen de pagos.
En relación con las pensiones (artículo 18), propuso una nueva redacción del artículo, con excepción del apartado referido al pago a hijos con discapacidad, respecto del cual recomendó adherir a la versión de la Caja Parlamentaria.
Por su parte, la senadora Celeste Amarilla cuestionó la incompatibilidad entre pensión y jubilación prevista en dicho artículo, señalando que se trata de figuras distintas. “La pensión corresponde a los aportes realizados por el cónyuge, mientras que la jubilación deriva de los aportes propios; no es el mismo concepto”, sostuvo. Asimismo, solicitó incluir a los padres como beneficiarios, al considerarlos herederos naturales.
En el artículo 29, que establece los mecanismos para honrar las deudas de quienes se desvinculen de la planilla del Congreso Nacional, se sugirió aprobar la versión con media sanción, incorporando un agregado al texto.
En cuanto al artículo 32, relativo al tiempo de servicio y la edad requerida para acceder a la jubilación, la Cámara de Diputados establece que solo continúen aportando quienes estén a un año de cumplir los requisitos. No obstante, el senador Amarilla propuso acompañar la versión de la Caja Parlamentaria, que plantea permitir aportes a quienes les reste un periodo legislativo, ya sea en un solo pago o en cuotas.
La senadora Celeste Amarilla también cuestionó lo dispuesto en el artículo 30, que establece que los gastos administrativos de la Caja serán cubiertos por el Presupuesto General de la Nación (PGN), manifestando su desacuerdo con que el Estado asuma dichos costos. En la misma línea, rechazó la redacción del artículo 36, que contempla la posibilidad de revocar derechos adquiridos por parte de la Comisión Administradora.
Al respecto, la presidenta del Fondo de Jubilaciones, exsenadora Blanca Lila Mignarro, explicó que los aportes de senadores y diputados representan una parte significativa de los ingresos de la Caja, y que la participación del Estado responde a su carácter no privado, destacando que la institución genera cerca del 90 % de sus recursos.
El senador Amarilla señaló que los principales puntos de debate en el Pleno estarán relacionados con la edad de jubilación y la posibilidad de que legisladores con dos periodos completos continúen aportando para acceder al porcentaje máximo de devolución y a los años mínimos requeridos.
Finalmente, indicó que existe consenso en elevar el aporte de los parlamentarios del 22 % al 24%, y el de los jubilados del 11 % al 14 %.
Ambas comisiones asesoras emitieron dictamen favorable con modificaciones para que el proyecto sea considerado este miércoles 25 de marzo, por el Pleno de la Cámara de Senadores.