Uno de los principales desafíos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el 2024 es lograr sanear las cuentas públicas que fueron heredadas del gobierno de Mario Abdo Benítez, al sector de la construcción y salud. Así lo expresó el viceministro de Administración Financiera, Óscar Lovera, quien también adelantó cómo se viene trabajando para bajar el déficit fiscal.
Lovera dijo que este año fue desafiante, tanto por el año electoral, así como por las consecuencias que dejó la pandemia del Covid-19 y por ende, los compromisos asumidos por el Estado y destacó que se obtuvo la autorización para emitir bonos para saldar la deuda que rondaba los USD 600 millones.
Por otro lado, destacó el trabajo que se viene realizando a fin de lograr la convergencia fiscal y alcanzar para el 2026 el tope establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) de un déficit de 1,5% del PIB. Comentó que este año está previsto cerrar con un déficit del 4,1% sobre el PIB, unos USD 600 millones aproximadamente. “Para el próximo año se espera cerrar con el 2,6%, para el 2025 esperamos llegar al 1,9% y planificamos llegar al 1,5% para el 2026″, precisó a la 1000 AM.
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Durante la entrevista también mencionó que tuvieron una ardua labor para presentar el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024 y apuntan a que el presupuesto anual refleje la capacidad que tiene el Estado para financiar compromisos, porque eso genera expectativa en cuanto a bienes y servicios que se pueda ofrecer a la ciudadanía. “Acá el centro de la gestión pública tiene que ser el ciudadano, tenemos que llegar con bienes y servicios públicos de manera eficiente”, resaltó.
Con respecto a la caja fiscal, Lovera mencionó que esto debe ser objeto de una revisión exhaustiva para poder reformar y recuperar de tal manera que sus aportantes tengan asegurados sus respectivos aportes. En ese sentido, indicó que la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones deberá hacer el trabajo de contralor desde arriba para que se pueda tener un panorama más claro de lo que pasa con las diversas cajas jubilatorias que existen en Paraguay.
“La Superintendencia podrá dar sugerencias de cómo mejorar el mecanismo y rendimiento de las cajas y, como es lógico, también alcanzará esa política a la caja fiscal. De ser necesario aplicaremos los recursos legales para poder solucionar la problemática que presenta en la actualidad”, aseguró.