La Feria Empresarial del Paraguay (Fepy) tuvo su inauguración en la noche del miércoles, al cerrar la primera jornada del evento. Los principales oradores de la velada fueron el presidente de la República, Santiago Peña, y el titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte.

La actividad puso en marcha la Rueda Internacional de Negocios con más de 1.300 participantes de 23 países y 62 sectores económicos. En las palabras de Duarte, es necesario encarar una nueva matriz industrial, con alto componente tecnológico, atendiendo los desafíos de la actualidad. “Más allá de esta significativa capacidad exportadora, ha llegado el momento de un nuevo modelo industrializador que utilicen nuestras ventajas comparativas en el marco de un modelo diversificado. El diseño de la matriz industrial debe contemplar y fortalecerse en la producción de bienes que resulten de la mayor incorporación tecnológica”, expresó.

Paraguay enfrentará mañana a partir de las 19:15 a Nicaragua en un Defensores del Chaco repleto para vivir el último encuentro antes del estreno en la Copa del Mundo ante la anfitriona EE. UU. el 12 de junio. El gran misterio es qué arquero será de la partida. La Policía Nacional anunció este jueves que prepara un amplio operativo de seguridad con más de 4.000 agentes.

A puertas de las internas partidarias, el presidente del Tribunal Electoral Partidario de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Santiago Brizuela, brindó detalles sobre la organización para la jornada electoral prevista para este domingo 7 de junio. Presentó una radiografía de lo que serán estos comicios, explicó cómo clasifican los distritos según su tamaño y la cantidad de miembros de las concejalías.

En ese sentido, resaltó la magnitud de la organización electoral de la ANR, que logra abarcar los 263 distritos que estarán en disputa y contarán con cerca de 665.000 agentes electorales para supervisar el proceso, lo que demuestra la fuerza y la organización de estas disputas internas de los 51 movimientos internos que forman parte de esta pugna electoral.

Cuatro estudiantes representarán a Paraguay en la 58.ª Olimpiada Internacional de Química, que se llevará a cabo del 10 al 19 de julio en Uzbekistán. La delegación consta de un equipo de cuatro participantes y dos mentores, que constituye la quinta participación paraguaya en esta competencia internacional desde el año 2022.

Este año, la delegación está conformada por: Freddy Ezequiel Vega Zarate (Centro de Capacitación Técnica - Cetec), Lara María Sosa Fernández (Colegio Nacional Asunción Escalada - CNAE), Pedro Ezequiel Núñez Paredes (Colegio Técnico Nacional de la Capital - CTN) y Valentina Calvo Bitancourt (egresada del Colegio del Sol).

El Ministerio de Trabajo intervino la cadena de supermercados Biggie, integrante del Grupo Zuccolillo, tras la manifestación de trabajadores en protesta por supuestas irregularidades laborales e inició una fiscalización laboral para controlar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

En ese sentido, inspectores laborales se constituyeron en las oficinas administrativas de la empresa, donde dialogaron con los trabajadores y representantes de la firma. Además, solicitaron información y documentación relacionada con las condiciones de trabajo.

Una delegación compuesta por prefectos y responsables de desarrollo económico de ocho municipios de Brasil visitó el país y fue recibida por el viceministro de Industria, Javier Viveros, y el equipo de especialistas de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex). Los altos funcionarios del país vecino valoraron la ocasión para identificar oportunidades de cooperación y de crecimiento conjunto.

La actividad en cuestión fue impulsada en conjunto con el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae), entidad que trabaja en el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en Brasil, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Unos 120 internos trabajan de manera activa en la transformación y modernización del Centro Nacional de Prevenidos (antigua cárcel de Tacumbú). Los reos fueron incorporados por la empresa contratista y perciben una remuneración mientras se capacitan para su reinserción social.

En el marco del plan de reforma impulsado por el Ministerio de Justicia, el Centro Nacional de Prevenidos (antiguo sector de Tacumbú) avanza en un profundo proceso de modernización edilicia con la mano de obra compuesta por más de 120 personas privadas de libertad.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) avanza en la reglamentación del uso de las reservas facultativas de las empresas con el objetivo de evitar distorsiones en la aplicación del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), tributo que grava la distribución de ganancias.

Durante una reunión organizada por la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), el director nacional de Ingresos Tributarios, Oscar Orué, explicó a empresarios los alcances de la propuesta que actualmente se encuentran en etapa de análisis junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El titular de la DNIT insistió en que la intención no es crear un nuevo impuesto ni gravar las reservas acumuladas por las empresas, sino establecer reglas más claras sobre su utilización. “Nosotros no vamos a gravar las reservas. Lo que vamos a hacer es reglamentar su uso para que exista mayor claridad y transparencia”, sostuvo.

Según explicó, la preocupación de la administración tributaria surge porque algunas empresas estarían utilizando vacíos normativos para mantener utilidades en reservas durante largos períodos y evitar el pago del IDU cuando corresponda.

Orué señaló que esta situación genera una competencia desigual entre empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias y otras que se benefician de interpretaciones que les permiten diferir indefinidamente el impuesto.

“Hay empresas que pagan correctamente y otras que utilizan figuras que terminan generando ventajas injustas. Lo que buscamos es corregir esas distorsiones”, afirmó.

El director recordó que desde la reforma tributaria implementada en 2020 ya no existe distinción entre accionistas nacionales o extranjeros, sino entre residentes y no residentes. Cuando las utilidades se distribuyen a residentes se aplica una tasa del 8 %, mientras que para no residentes la carga llega al 15 %.

Durante la exposición, Orué presentó datos que muestran un crecimiento significativo de las reservas acumuladas en las empresas. Según indicó, al cierre de 2024 las reservas alcanzaron aproximadamente USD 69.000 millones, concentrándose principalmente en los sectores de comercio, industrias manufactureras y actividades agropecuarias.

Asimismo, reveló que las diez empresas con mayores reservas acumulan cerca de USD 2.500 millones, aunque aclaró que la DNIT no divulgará los nombres de las firmas involucradas.

Desde la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) valoraron la apertura al diálogo y destacaron que la reunión permitió aclarar dudas sobre el alcance de la futura reglamentación. El presidente del gremio, Gustavo Egüéz, señaló que el encuentro se desarrolló en un clima de cooperación y con el objetivo de fortalecer la formalización de la economía.

“Buscamos actuar de manera propositiva con las autoridades nacionales y contribuir al fortalecimiento de la economía paraguaya”, expresó.

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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) intensificó las verificaciones laborales en empresas, principalmente aquellas vinculadas a contratos con instituciones públicas y gobernaciones, tras detectar importantes diferencias entre la cantidad de trabajadores declarados y los efectivamente registrados ante el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Encontramos que había una gran diferencia entre lo que debía haber y lo que efectivamente estaba incorporado al IPS”, explicó el viceminsitro de Trabajo, César Segovia, durante una entrevista a Itapúa Noticias, detallando que a partir de esa constatación se inició un proceso de notificaciones a las empresas para regularizar la situación.

Durante el 2025, el ministerio realizó controles en prácticamente todos los departamentos del país, excepto Alto Paraguay y Boquerón, y logró elevar hasta noviembre el número de cotizantes a 22.680 trabajadores, la mayoría bajo la modalidad de empleo a tiempo parcial, figura legal que permite jornadas por horas con cobertura de seguridad social.

Este año, las inspecciones volvieron a activarse desde febrero. Las verificaciones ya alcanzaron Asunción, Central, Presidente Hayes, Paraguarí, Guairá e Itapúa, mientras se prevé extender el operativo al resto del país.

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Según el último reporte del IPS, correspondiente a la semana pasada, la cantidad de trabajadores incorporados ya asciende a 22.900, superando incluso el registro alcanzado en 2025.

Aunque las inspecciones recientes no detectaron trabajadores sin afiliación al IPS en los departamentos visitados, el Ministerio sí identificó irregularidades recurrentes relacionadas con las jornadas laborales.

De acuerdo con las verificaciones, algunos contratos establecen cargas horarias de cuatro a seis horas diarias, pero los trabajadores entrevistados afirman cumplir una o dos horas adicionales no contempladas formalmente.

Las inconsistencias son contrastadas mediante entrevistas y controles de asistencia. Una vez finalizada la verificación en cada departamento, el Ministerio emite notificaciones para que las empresas corrijan las irregularidades detectadas.

El vicemistro, explicó que la administración actual modificó el enfoque de fiscalización, priorizando la subsanación de incumplimientos antes de aplicar sanciones económicas.

Bajo el nuevo esquema, las empresas reciben plazos de entre 10 y 15 días, dependiendo de la gravedad del caso, para corregir las observaciones. Solo en caso de incumplimiento se inicia el proceso sumarial y la eventual aplicación de multas.

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De acuerdo a lo acordado en la reunión del Consejo Nacional del Salario Mínimo (Conasam), antes del 15 de junio se tendrá la propuesta de aumento a ser entregada al presidente de la República, Santiago Peña, quien deberá establecer la variación a ser ejecutada desde el mes de julio, según dicta la ley vigente.

El viceministro de Trabajo, César Segovia, fue quien conversó con los medios luego de la culminación del último encuentro. “Se acordó que en la siguiente reunión que se va a realizar, se va a estar convocando a los técnicos, tanto del sector sindical como del sector empresarial, si así lo desean”, indicó. Manifestó que el Gobierno también tiene previsto entregar “un informe técnico a través del Ministerio de Trabajo sobre la política salarial en el país”.

Precisó que antes del 15 de junio debe ser establecida la recomendación para la variación de la remuneración básica, es decir, el porcentaje de incremento. “Se acordó también seguir con la negociación bipartita y se estableció un compromiso de que antes del 15 de junio debe haber una posición, si se puede, consensuada o por mayoría, con relación a la remisión del reajuste del salario que debe ir a Presidencia y tiene que salir antes del 30 de junio, como establece la normativa legal”, citó.

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Hasta el momento, las posiciones son claras y discordantes: el sector trabajador exige un aumento del 20 % del salario mínimo, mientras que los empleadores mantienen la posición de seguir utilizando la variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC) como base de la suba. El sueldo básico actualmente se encuentra en G. 2.899.048 y se estima que la suba, considerando la inflación, sería de más de G. 65.000. La próxima reunión está fijada para el próximo miércoles, en horas de la tarde.

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