De acuerdo con el reciente Informe de Situación Financiera (Situfin), emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Administración Central reportó un déficit fiscal acumulado de G. 3.179 mil millones, equivalente a USD 485,3 millones, cifra que representa el 0,8 % del Producto Interno Bruto (PIB).

El informe oficial resalta que, durante el mes de abril, las arcas públicas registraron un superávit de G. 26,4 mil millones, lo que propició una leve reducción de la brecha fiscal acumulada en lo que va del año. Al evaluar las variables en términos anualizados, el déficit fiscal de la economía paraguaya se ubicó en G. 8,6 billones, representando el 2,2 % del PIB, mientras que el balance primario arrojó un saldo negativo del 0,4 % del PIB.

Estos dos últimos indicadores, estructurados sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Banco Central del Paraguay (BCP), muestran una mejora de 0,2 puntos porcentuales en comparación con los registros de abril de 2025.

El análisis macroeconómico complementario puntualiza que la inflación permanece contenida dentro del rango meta oficial, permitiendo una postura monetaria estable, en paralelo a un tipo de cambio nominal que continuó en una senda de apreciación alineada con los parámetros de la región.

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Por el lado de los ingresos totales, se observó una expansión moderada del 1,9 % en términos acumulados. Este comportamiento estuvo apuntalado fundamentalmente por la recaudación tributaria general, que registró un incremento del 5,3 % al cierre de abril gracias al vencimiento estacional del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y la consecuente inyección por liquidaciones de los impuestos internos.

Sin embargo, este desempeño tributario positivo fue amortiguado por dos variables externas. En primer lugar, los impuestos aduaneros sufrieron una desaceleración debido a la apreciación del guaraní frente al dólar, fenómeno que reduce de manera contable la base imponible en moneda local para las importaciones del comercio exterior. En segundo lugar, los ingresos no tributarios experimentaron una contracción, frenados por una caída acumulada del 37,5 % en las transferencias de recursos financieros provenientes de las entidades binacionales.

Por el lado de las erogaciones estatales, el Situfin reporta un incremento acumulado del 10,6 % en el gasto total de la Administración Central. La presión al alza sobre el plan de caja estuvo motivada de forma prioritaria por el ajuste de las remuneraciones en los ministerios de Educación, Salud y Seguridad Nacional, el incremento del rubro de jubilaciones y pensiones, el despliegue de las transferencias monetarias para el programa de alimentación escolar “Hambre Cero”, y un mayor desembolso en el componente de bienes y servicios destinado a la regularización y cancelación de deudas atrasadas con proveedores. Como contrapartida atenuante, el pago de intereses de la deuda pública mostró una desaceleración, registrando una contracción interanual del 0,5 %.

Finalmente, la inversión pública ejecutada de manera acumulada ascendió a G. 1.804 mil millones, unos USD 278,5 millones, representando el 0,45 % del PIB nacional. Dentro de este apartado, destacó el nivel de actividad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cartera que evidenció un incremento del 9,1 % en su ejecución presupuestaria.

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La discusión sobre las finanzas públicas no debería centrarse únicamente en cuánto aumenta o disminuye cada rubro del Presupuesto General de la Nación (PGN), sino en la calidad del gasto y su capacidad para generar resultados concretos. Así lo sostuvo el economista Aníbal Insfrán, quien en conversación con La Nación/Nación Media analizó el comportamiento de las transferencias financieras del Estado durante el primer trimestre del 2026.

A criterio del especialista, Paraguay necesita avanzar hacia un modelo presupuestario enfocado en resultados, dejando atrás una lógica histórica o inercial en la asignación de recursos. “La calidad del gasto exige pasar de una lógica de presupuesto histórico a una basada en mandato, resultados y valor público”, explicó.

Insfrán señaló que mejorar la eficiencia del gasto requiere una revisión funcional del Estado, institución por institución, para identificar posibles superposiciones de funciones, programas que ya no respondan a las necesidades actuales o estructuras con elevados costos administrativos.

También planteó la necesidad de fortalecer mecanismos que permitan vincular con mayor claridad los recursos públicos con resultados verificables, promoviendo procesos de rediseño institucional cuando sea necesario.

“Si una entidad no puede vincular claramente sus recursos con productos y resultados verificables, su presupuesto no debería considerarse automáticamente como gasto de calidad”, sostuvo.

El economista remarcó que una mayor eficiencia del gasto permitiría mejorar la capacidad de respuesta del Estado sin trasladar necesariamente nuevas presiones al sistema tributario.

En cuanto al comportamiento del gasto durante el primer trimestre, Insfrán indicó que el rubro de Servicios Personales pasó de más de G. 5,18 billones en el mismo periodo de 2025 a más de G. 5,85 billones en 2026.

Según explicó, el desafío no pasa por aplicar recortes lineales, sino por avanzar hacia una reforma del servicio civil que contemple una nómina auditada, evaluación de desempeño, concursos y mecanismos de control sobre nuevas incorporaciones. Asimismo, mencionó la importancia de fortalecer las reglas de financiamiento presupuestario para garantizar sostenibilidad en el crecimiento del gasto.

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Por otro lado, el economista observó una disminución del 33,8 % en las inversiones públicas durante el trimestre, equivalente a aproximadamente G. 416.891 millones menos.

Si bien aclaró que no es posible determinar un impacto puntual sobre el Producto Interno Bruto (PIB) potencial sin modelos específicos, señaló que la continuidad de esta tendencia podría influir en áreas relacionadas con infraestructura, logística y capacidad de crecimiento económico en el mediano plazo.

Respecto al aumento del 10,8 % en jubilaciones y pensiones, Insfrán explicó que el dato incluye también pensiones para adultos mayores, aunque sostuvo que los estudios actuariales muestran la necesidad de avanzar gradualmente hacia una reforma integral del sistema previsional.

“El desafío es trabajar en una reforma sostenible que contemple aportes, edad mínima, equilibrios sectoriales y protección de derechos adquiridos”, indicó. Según explicó, el objetivo debe ser anticiparse a futuros desafíos demográficos y fiscales mediante ajustes graduales que fortalezcan la sostenibilidad del sistema.

Sobre el crecimiento de las transferencias públicas, el economista destacó que existen mecanismos de control administrativo y financiero, aunque consideró importante reforzar herramientas que permitan medir con mayor precisión el impacto de estos recursos.

Entre las medidas mencionó indicadores de resultados, evaluaciones antes y después de la ejecución de programas, así como sistemas de monitoreo que faciliten un seguimiento más detallado del desempeño institucional.

Finalmente Insfrán sostuvo a La Nación/Nación Media, que el desafío central para Paraguay pasa por consolidar un gasto público más eficiente, orientado a resultados y con capacidad de sostener el crecimiento económico en el largo plazo.

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Durante una entrevista en el programa “Fuego Cruzado” del canal Gen/ Nación Media, Hugo Roig, economista y director ejecutivo del Centro de Importadores del Paraguay, abordó el rol del sector público en la economía y planteó que la clave para mejorar la situación económica del país pasa por una revisión profunda del gasto estatal.

Lejos de una postura de reducción absoluta del Estado, Royg sostuvo que su existencia es necesaria para corregir fallas de mercado, garantizar condiciones de competencia y generar bienestar. “El sector público tiene que existir porque los mercados fallan, es decir, hay delincuencia, informalidad y desigualdades en el acceso a servicios como educación y salud”, explicó.

El economista remarcó que el foco debe ponerse en cómo y en qué se gasta. Según indicó, el análisis del gasto público debe responder a si realmente contribuye a mejorar la calidad de vida de la población o si, por el contrario, termina alimentando intereses políticos o empresariales.

“Lo que hay que mirar es si donde gasto mejora la vida de la gente, si fortalece la supervisión y regulación de los mercados, o si simplemente estoy ampliando una clientela política o favoreciendo a empresas cercanas al poder”, cuestionó.

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Royg insistió en que la competencia perfecta no ocurre de forma natural, por lo que el Estado debe intervenir para garantizar reglas claras y evitar concentraciones de poder económico.

En ese sentido, subrayó que el desafío no es reducir el gasto por sí mismo, sino optimizarlo para que cumpla efectivamente su función, refiriéndose a la generación de condiciones equitativas, el impulso de capacidades y sostener un entorno económico competitivo.

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Teodora Recalde de Spinzi dedicó 35 años a estudiar, diseñar, monitorear y evaluar el gasto público paraguayo desde adentro. ¿Quién es la nueva viceministra de Administración Financiera del MEF?

Pocas personas en Paraguay pueden decir que conocen el gasto público con la profundidad de Teodora Recalde de Spinzi. Con 35 años de servicio, su carrera está escrita en las páginas mismas del presupuesto nacional.

Desde la Dirección General de Presupuesto del entonces Ministerio de Hacienda hasta su rol actual en el Ministerio de Economía y Finanzas, fue protagonista de la incorporación de la gestión por resultados, el monitoreo del gasto y la evaluación del impacto de las políticas públicas.

Licenciada en Matemática Estadística por la Universidad Nacional de Asunción y formada en evaluación de variables económicas en el Instituto de Estudios Fiscales, su perfil une el rigor matemático con la práctica diaria de la administración financiera.

Su liderazgo fue reconocido a nivel regional al presidir la Red de Directores de Presupuesto por Resultados de América Latina y el Caribe, y en 2020 el programa EUROsociAL+ la distinguió como una de las 20 mujeres líderes de la región por su aporte a la cohesión social.

Ella sabe que detrás de cada cifra hay prioridades, decisiones y personas que moldean la realidad social de un país.