La viceministra de Capi­tal Humano y Ges­tión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrea Picaso, se refirió acerca de la entrada en vigencia de la Ley 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil. La funcionaria aclaró que la nueva norma respeta los derechos adquiridos por parte de los servidores públi­cos a lo largo de los años.

“Esta ley respeta los dere­chos adquiridos, ninguna ley puede ser retroactiva. Es una nueva norma y siempre hay una natural resistencia a los cambios frente a algo nuevo. El respeto a los dere­chos adquiridos del servidor público es el principio sobre el cual se construyó esta nueva norma. Acá no se habla de situaciones que serán desvin­culados o que se dará una des­vinculación masiva o total, no es el caso”, dijo.

En una entrevista con el pro­grama “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, Picaso mencionó que “el punto de partida de esta ley reconoce la autonomía de las institu­ciones, las mismas podrán reglamentarla. No es que el Ministerio de Economía ten­drá que homologar un regla­mento de un municipio”.

La nueva normativa entró en vigencia este 16 de julio último y tiene como finali­dad promover una adminis­tración pública más eficiente, profesional y orientada al mérito. Con esta normativa se deroga la Ley n.º 1626/2000, de la Función Pública.

“Esta ley alcanza a todas las instituciones públicas, esto es un cambio significa­tivo, es un nuevo diseño de la normativa porque la ante­rior, la 1626/2000 durante más de 20 años sufrió nume­rosas acciones de inconsti­tucionalidad, lo que quiere decir que no era aplicada en muchas instituciones públi­cas”, mencionó.

Picaso sostuvo que “otro elemento importante a des­tacar es la carrera civil, ya que Paraguay no contaba con esto. No había criterios sobre como sería la trayec­toria laboral de un servidor público, para ir a lo largo del tiempo teniendo su mejora salarial, como se dan los ascensos. Esta ley define los criterios para que nues­tro país tenga por fin una carrera, para que el servidor sepa cómo será su carrera laboral”.

Andrea Picaso señaló que mediante la norma la única fuente para el ingreso a la función pública será exclusivamente a través de concursos. “Esto no quiere decir que personas que ingresa­ron anteriormente a la función pública bajo otras leyes sean des­vinculadas. Queremos transmitir a los servidores públicos tran­quilidad”, puntualizó.

Añadió que el fin de la ley tiene que ver con mejorar la provisión de bienes y servicios públicos a través de instituciones eficiente. “El objetivo de esta ley es generar los incentivos adecuados, la profesionalización del servicio civil, que tengamos institucio­nes más eficientes y que las evaluaciones del desempeño se apliquen mejor para finalmente entregar mejores bienes y ser­vicios públicos a la gente. Tenemos una ciudadanía cada vez más demandante que exige legitimidad”, indicó la viceministra.

La viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrea Picaso, se refirió acerca de la entrada en vigencia de la ley 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil. La funcionaria aclaró que la nueva norma respeta los derechos adquiridos por parte de los servidores públicos a lo largo de los años.

“Esta ley respeta los derechos adquiridos, ninguna ley puede ser retroactiva. Es una nueva norma y siempre hay una natural resistencia a los cambios frente a algo nuevo. El respeto a los derechos adquiridos del servidor público es el principio sobre el cual se construyó esta nueva norma. Acá no se habla de situaciones que serán desvinculados o que se dará una desvinculación masiva o total, no es el caso", dijo.

En una entrevista con el programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, Picaso mencionó que "el punto de partida de esta ley reconoce la autonomía de las instituciones, las mismas podrán reglamentarla. No es que el Ministerio de Economía tendrá que homologar un reglamento de un municipio“.

La nueva normativa entró en vigencia este 16 de julio último y tiene como finalidad promover una administración pública más eficiente, profesional y orientada al mérito. Con esta normativa se deroga la ley n.º 1.626/2000, de la Función Pública.

“Esta ley alcanza a todas las instituciones públicas, esto es un cambio significativo, es un nuevo diseño de la normativa porque la anterior, la 1.626/2000 durante más de 20 años sufrió numerosas acciones de inconstitucionalidad, lo que quiere decir que no era aplicada en muchas instituciones públicas”, mencionó.

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Picaso sostuvo que “otro elemento importante a destacar es la carrera civil, ya que Paraguay no contaba con esto. No había criterios sobre como sería la trayectoria laboral de un servidor público, para ir a lo largo del tiempo teniendo su mejora salarial, como se dan los ascensos. Esta Ley define los criterios para que nuestro país tenga por fin una carrera, para que el servidor sepa cómo será su carrera laboral“.

Señaló que mediante la norma la única fuente para el ingreso a la función pública será exclusivamente a través de concursos. “Esto no quiere decir que personas que ingresaron anteriormente a la función pública bajo otras leyes sean desvinculadas. Queremos transmitir a los servidores públicos tranquilidad”, puntualizó.

Añadió que el fin de la ley tiene que ver con mejorar la provisión de bienes y servicios públicos a través de instituciones eficiente. “El objetivo de esta ley es generar los incentivos adecuados, la profesionalización del servicio civil, que tengamos instituciones más eficientes y que las evaluaciones del desempeño se apliquen mejor para finalmente entregar mejores bienes y servicios públicos a la gente. Tenemos una ciudadanía cada vez más demandante que exige legitimidad", indicó la viceministra.

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El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, anunció ayer lunes la disolución de los organismos a cargo de regular las rutas y la reestructuración de siete institutos estatales, antes de que venzan sus facultades delegadas por el Congreso el martes. Desde que asumió el poder en diciembre de 2023, el mandatario ultraliberal impulsa una política de recortes en el gasto público, que ha implicado la eliminación de organismos estatales y subsidios, la suspensión de obras públicas y el despido de más de 50.000 empleados públicos, entre otras medidas.

A través de un decreto que se publicará el martes en el Boletín Oficial, el presidente “ordenó el cierre definitivo de la dirección Nacional de Vialidad (...) y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial", informó su portavoz Manuel Adorni. Vialidad Nacional tenía como objetivo la supervisión, conservación y construcción de las rutas y autopistas.

Adorni, que no especificó si habrá despidos en el área, dijo que a cambio se creará la “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte” para la fiscalización de concesiones viales y anunció que el gobierno “dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta”. Las medidas se tomaron antes de que venzan las facultades especiales que le otorgó por un año el Congreso a Milei para ejercer algunas de las funciones del Poder Legislativo.

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Adorni destacó que “los 65 decretos delegados que se promulgaron el último año implican un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos”, por ejemplo, mediante la disolución o reestructuración de decenas de entidades estatales en áreas de salud, ciencia y cultura, entre otras. El ministro de Desregulación estatal, Federico Sturzenegger, informó que el Ejecutivo no solicitará la extensión de las facultades.

El gobierno anunció a su vez en un comunicado la reestructuración de siete organismos estatales a los que calificó como “ineficientes”, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que dejarán de ser autárquicos y pasarán a depender del ministerio de Economía.

Ante los rumores del anuncio, trabajadores de ambos organismos realizaron en la mañana del lunes una protesta, que culminó en enfrentamientos con la policía.

“El Gobierno nos declaró la guerra a los estatales e hizo del Estado un gran campo de batalla”, escribió en X Rodolfo Aguiar, secretario General del gremio de estatales, que advirtió que las medidas implicarían cientos de despidos. Desde que llegó al poder, el gobierno de Milei aplicó un programa de reducción del gasto público de 4,7 % del PBI, con el que redujo a la mitad el índice de inflación, que pasó del 211 % en 2023 al 118 % en 2024.

Fuente: AFP.

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La viceministra de Capital Humano, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrea Picasso, habló sobre los principales aspectos de la ley de la Función Pública y Carrera del Servicio Civil durante una charla sobre derecho administrativo, y afirmó que esta normativa próximamente entrará en vigencia y que establece un profundo cambio estructural en el régimen de empleo público en Paraguay

Durante su ponencia, la viceministra destacó que la nueva norma representa un avance sustancial en la profesionalización del servicio civil, considerando al capital humano como el principal activo de las instituciones públicas. “Hablar de la función pública y la carrera del servicio civil es hablar de las personas. Un servicio civil profesionalizado tiene impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos, en el ingreso per cápita y en la eficiencia del gasto público”, afirmó.

Asimismo, explicó que la ley vigente hasta ahora, (N° 1626), significó en su momento un cambio relevante, pero que carecía de limitaciones que dificultaron su efectiva aplicación. La nueva norma, por su parte, propone un esquema integral que abarca a todas las instituciones públicas, respetando la autonomía constitucional de los distintos poderes y órganos del Estado, así como de otras carreras con regímenes propios, dijo.

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Entre las principales innovaciones, la viceministra subrayó el sistema de progresión de carrera que introduce dos modalidades: el ascenso vertical mediante concurso y la promoción horizontal, basada en el cumplimiento de competencias y condiciones establecidas.

Además, resaltó la creación de un sistema de directivos públicos, que reducirá los cargos de confianza a cuatro por institución, estableciendo para el resto procesos de selección abiertos y centralizados. “Este modelo de dirección pública es uno de los más modernos de la región”, enfatizó.

Otro de los aspectos novedosos es el régimen del empleo público para los contratados, quienes al finalizar sus vínculos laborales pasarán gradualmente a aportar al sistema previsional, incorporando también el concepto de indemnización por término de contrato, lo que otorga mayor reconocimiento a su situación de dependencia laboral.

“Creemos que estos cambios nos permitirán transitar hacia un nuevo modelo de gestión pública, más profesional, transparente y alineado a las exigencias del contexto global actual”, sostuvo la viceministra.

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