La acumulación de deudas del Estado con empresas vialeras y farmacéuticas afecta la dinámica económica y plantea riesgos para la sostenibilidad fiscal, según advirtió el economista Daniel Correa, en conversación con La Nación/Nación Media.

Correa explicó que los atrasos en los pagos públicos dejaron de ser un problema sectorial para convertirse en un factor que incide en la cadena económica. “Cuando el Estado se atrasa, las empresas también retrasan pagos, frenan inversiones y se vuelven más cautelosas”, afirmó. En el caso de las empresas viales, esto impacta directamente en la ejecución de obras, el empleo y la actividad de proveedores, mientras que en el sector farmacéutico incluso podría afectar el abastecimiento.

El economista sostuvo que este escenario no deriva en una crisis inmediata, pero sí genera un enfriamiento progresivo de la economía. “Es una pérdida de dinamismo que no siempre se refleja en los números agregados, pero se siente en sectores específicos”, indicó.

En paralelo, advirtió sobre el deterioro de la credibilidad fiscal en un contexto de menor recaudación. Señaló que Paraguay históricamente mantuvo una gestión ordenada, pero que la acumulación de compromisos impagos puede erosionar esa reputación. “No es solo cuánto se debe, sino qué señal se está dando. Es un tema de confianza”, subrayó.

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Respecto a la caída de ingresos, Correa destacó el efecto del tipo de cambio, especialmente en Aduanas. Explicó que, aunque el volumen de importaciones no haya caído significativamente, la baja del dólar reduce el valor en guaraníes sobre el cual se calculan los impuestos, afectando directamente la recaudación. “Es un impacto silencioso: la economía no se ve mal, pero el Estado recauda menos”, apuntó, sugiriendo que el ajuste debe enfocarse en el gasto.

Sobre el mecanismo de factoraje impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), consideró que puede ser una herramienta útil para aliviar la liquidez de los proveedores en el corto plazo, pero advirtió que no resuelve el problema estructural. Mencionó, además, riesgos asociados a demoras, requisitos poco claros y posibles discrecionalidades que podrían limitar su efectividad.

Asimismo, explicó que la incertidumbre en los pagos encarece el financiamiento para las empresas, un costo que finalmente se traslada al Estado a través de precios más altos o menor competencia en licitaciones. “Se puede terminar pagando más adelante lo que hoy se intenta aliviar”, afirmó.

Como alternativas, planteó la necesidad de ordenar las prioridades del gasto público, postergar erogaciones no críticas y establecer calendarios de pago previsibles. “El problema no es solo de caja, es de consistencia”, remarcó.

Finalmente, consideró que la situación actual responde tanto a menores ingresos como a una creciente rigidez del gasto, aunque enfatizó que el desafío principal está en la calidad de las decisiones. En ese sentido, interpretó el concepto de “economía de guerra” como una señal de ajuste interno del Estado más que de crisis económica, orientada a preservar el margen fiscal en un escenario más restrictivo.

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La Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa) presentó un proyecto de ley que busca ampliar los mecanismos de pago del Estado para cubrir deudas acumuladas con proveedores del sistema de salud, en un contexto en el que el sector reporta compromisos por encima de los USD 1.200 millones, según declaraciones de su representante, Rocío Figueroa, en comunicación con la 650 AM.

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, la deuda oficial asciende a USD 1.027 millones, aunque los proveedores del gremio estiman un monto mayor, lo que evidencia una brecha que presiona la sostenibilidad financiera de las empresas del sector.

El principal obstáculo radica en la normativa vigente, que limita la cesión de créditos exclusivamente al rubro 350, correspondiente a medicamentos. Esta restricción deja fuera 102 objetos de gasto vinculados al sistema sanitario, afectando la capacidad de recuperación de capital por parte de las empresas.

Como consecuencia, varias compañías han optado por suspender su participación en licitaciones públicas, lo que compromete la provisión de insumos y medicamentos, especialmente en casos sensibles como tratamientos bajo orden judicial.

El proyecto de ley, que ingresará al Congreso para su estudio inmediato, busca corregir estas limitaciones y habilitar mecanismos más amplios que permitan a los proveedores acceder a sus pagos en condiciones más ágiles.

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La acumulación de deuda, sumada a la emisión de nuevas órdenes de compra, profundiza la brecha financiera del sector, generando un efecto dominó en la cadena de suministro sanitario.

En este contexto, la Cripfa ya remitió la documentación técnica al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su validación formal, en busca de acelerar una solución estructural.

Además, los gremios solicitaron un tratamiento legislativo urgente tras la Semana Santa, considerando el riesgo creciente de interrupciones en el abastecimiento hospitalario.

Como parte de la hoja de ruta, las autoridades nacionales convocaron a una reunión para el próximo 7 de abril, cuando se analizará el impacto financiero real de la deuda en la provisión de servicios de salud.

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El economista Daniel Correa explicó que el ingreso a periodos de contiendas electorales acrecenta la presión para que se liberen gastos.

Los economistas Daniel Correa y Manuel Alarcón acudieron al programa “Fuego cru­zado”, emitido por el canal GEN/Nación Media con el fin de analizar el anuncio realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdo­vinos, respecto a la ejecu­ción por varios meses de un plan de ajuste de los gastos en la administración cen­tral, debido a una caída de la recaudación tributaria y de los ingresos procedentes de las entidades binaciona­les de Itaipú y Yacyretá por la baja del dólar.

La medida fue calificada por Fernández Valdovinos como una “economía de gue­rra”. “Después de muchos años, es la primera vez que escucho una frase tan dura, realmente es muy fuerte e impactante que un minis­tro de Economía pueda decir eso. Sin embargo, el mensaje fue claro y directo para su gabinete y para la clase política, ya que esta­mos entrando en un periodo eleccionario de contiendas electorales donde normal­mente existe mucha más presión sobre los ministros de Economía, para que pue­dan liberar gastos”, refirió Correa. Fernández Valdo­vinos había dicho que en el “ajuste de cinturones” se priorizará el pago de siete ítems fundamentales, que son salarios, jubilaciones, inversiones atrasadas con constructoras y farmacéu­ticas, subsidio al sector transporte, y los progra­mas sociales como Ham­bre Cero en las Escuelas, Pensión Universal a Adul­tos Mayores y el servicio de la deuda pública.

“Estamos gastando mal y es por eso que celebro el anun­cio de que se realizará ajustes y se priorizarán los progra­mas que realmente tengan impacto sobre la gente, pero esa medida debe estar acom­pañada de una mejora real del gasto y eventualmente plantear programas o obras adicionales de compensa­ción vinculados con el sec­tor privado“, refirió.

Aunque el escenario mundial es complicado, Manuel Alarcón dijo que venimos de un 2025 con buen crecimiento.

“La economía de guerra es una expresión, para mi gusto, muy poco feliz. No hace al momento que está viviendo la economía en donde venimos de un año de un 2025 con un crecimiento muy bueno. Hay perspecti­vas más que buenas para el año 2026.

El escenario mundial está complicado, hay facto­res que nos afecta negati­vamente como el caso del petróleo que genera una presión a los precios y eso afecta negativamente a las previsiones inflacionarias. También se traduce en una apreciación del tipo de cam­bio, lo cual significa meno­res recursos en unidades monetarias locales”, dijo Manuel Alarcón.

El economista acotó: “El escenario es complicado para las finanzas públi­cas, pero no es nada nuevo para un hacedor de política económica. La caracterís­tica propia de esa función es trabajar en un marco de restricciones y si ese marco lo supera y hacemos estos comentarios, creo que no son muy apropiados”.

La medida de ajuste tam­bién es aplicada en medio de las deudas que tiene el Estado con las construc­toras que equivale a un total de USD 400 millones y a las farmacéuticas un monto equivalente a USD 800 millones.

“Creo que el escenario más prudente es el de avanzar razonablemente con los programas, tanto socia­les como económicos, y focalizar en lo que dijo el Gobierno que iba a hacer. Se habló de una reforma del gasto público en campaña y en ejercicio al momento de asumir, pero este es el momento que no han hecho absolutamente nada, excepto la fusión del Minis­terio de Hacienda, la Secre­taría de la Función Pública y la Secretaría Técnica de Planificación ¿Después el resto? ¿Qué pasó con las entidades descentraliza­das?”, indicó.

Agregó también: “Sería muy interesante desde mi punto de vista que realmente se expongan las cosas como son.

Entonces, no hay problema, vamos a tener menos ingre­sos, pero vamos a tener menos gasto. El mensaje debe ser claro, de que tene­mos una restricción, enton­ces trabajemos en pos de eso sin afectar en demasía a los proyectos que gene­ran la riqueza o externali­dades para que se radique la inversión, en un país en donde hay un gran déficit estructural”, dijo.

Los economistas Daniel Correa y Manuel Alarcón acudieron al programa “Fuego Cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media, a fin de analizar el anuncio realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, respecto a la ejecución por varios meses de un plan de ajuste de los gastos en la administración central, debido a una caída de la recaudación tributaria y de los ingresos procedentes de las entidades binacionales de Itaipú y Yacyretá por la baja del dólar.

La medida fue calificada por Fernández Valdovinos como una “economía de guerra”. “Después de muchos años, es la primera vez que escucho una frase tan dura, realmente es muy fuerte e impactante que un ministro de Economía pueda decir eso. Sin embargo, el mensaje fue claro y directo para su gabinete y para la clase política, ya que estamos entrando en un periodo eleccionario de contiendas electorales donde normalmente existe mucha más presión sobre los ministros de Economía, para que puedan liberar gastos", refirió Correa.

Fernández Valdovinos había dicho que en el “ajuste de cinturones” se priorizará el pago de siete ítems fundamentales, que son salarios, jubilaciones, inversiones atrasadas con constructoras y farmacéuticas, subsidio al sector transporte, y los programas sociales como Hambre Cero en las escuelas, pensión universal a Adultos Mayores y el servicio de la deuda pública.

“Estamos gastando mal y es por eso que celebro el anuncio de que se realizará ajustes y se priorizarán los programas que realmente tengan impacto sobre la gente, pero esa medida debe estar acompañada de una mejora real del gasto y eventualmente plantear programas o obras adicionales de compensación vinculados con el sector privado“, refirió.

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Entre los otros sectores no prioritarios dentro del plan de ajustes, Fernández Valdovinos, citó a su cartera, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Ministerio de Justicia, Secretaría de Cultura, Turismo, Ministerio de Industria, entre otros.

“La economía de guerra es una expresión, para mi gusto, muy poco feliz. No hace al momento que está viviendo la economía en donde venimos de un año de un 2025 con un crecimiento muy bueno. Hay perspectivas más que buenas para el año 2026. El escenario mundial, está complicado, hay factores que nos afecta negativamente como el caso del petróleo que generan una presión a los precios y eso afecta negativamente a las previsiones inflacionarias. También se traduce en una apreciación del tipo de cambio, lo cual significa menores recursos en unidades monetarias locales”, dijo Alarcón.

El economista acotó: “El escenario es complicado para las finanzas públicas, pero no es nada nuevo para un hacedor de política económica. La característica propia de esa función es trabajar en un marco de restricciones y si ese marco lo supera y hacemos estos comentarios, creo que no son muy apropiados”.

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La medida de ajuste también es aplicada en medio de las deudas que tiene el Estado con las constructoras que equivale a un total de USD 400 millones y a las farmacéuticas un monto equivalente a USD 800 millones.

“Creo que el escenario más prudente es el de avanzar razonablemente con los programas, tanto sociales como económicos, y focalizar en lo que dijo el gobierno que iba a hacer. Se habló de una reforma del gasto público en campaña y en ejercicio al momento de asumir, pero este es el momento que no han hecho absolutamente nada, excepto la fusión del Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Técnica de Planificación ¿Después el resto? ¿Qué pasó con las entidades descentralizadas?“, indicó.

Agregó también: “sería muy interesante desde mi punto de vista que realmente se expongan las cosas como son. Entonces, no hay problema, vamos a tener menos ingresos, pero vamos a tener menos gasto. El mensaje debe ser claro, de que tenemos una restricción, entonces trabajemos en pos de eso sin afectar en demasía a los proyectos que generan la riqueza o externalidades para que se radique la inversión, en un país en donde hay un gran déficit estructural”, dijo.