Economista sugiere “que se haga una deuda interna y no externa” con pagos a proveedoras
Compartir en redes
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adeuda unos USD 600 millones con empresas constructoras (USD 350 millones) y farmacéuticas (USD 250 millones). Para finiquitar esta deuda, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley que busca reordenar las finanzas del país mediante una emisión de bonos por USD 600 millones a principios del 2024.
El proyecto ya fue sancionado por la Cámara de Senadores y ayer martes por la Cámara de Diputados, pero con modificaciones. Bajo ese contexto, el economista Manuel Alarcón opinó que el gobierno debe ser cauto y prudente en la discrecionalidad que tendrá para contar con estos recursos y que en el mejor de los casos, tendría que negociar directamente con las proveedoras locales, para evitar aumentar la deuda pública con un mayor déficit fiscal.
“Se prevé un aumento del déficit para el cierre de año en torno al 4 % del PIB (producto interno bruto), no existe posibilidad de hacer eso sin afectar la deuda. Lo que se debe ser es prudente y negociar cada una de las deudas. Si me preguntasen a mí, yo prefería que se negocie como lo fue a principios de este año, con la empresa proveedora y que se haga una deuda interna y no externa, ese será un escenario totalmente diferente”, explicó Manuel Alarcón en contacto con La Nación/Nación Media.
Dijo que cuando se coloca una deuda interna entonces el factor riesgo se evita, ya que puede ser relevante en un determinado momento, dependiendo de las condiciones en las que se coloque la deuda. Recordó que ya se trabajó con las empresas y se entregaron bonos a las mismas. “Ya tenemos un precedente, hay que afilar la punta del lápiz como se dice, a los efectos de tener exactamente el monto de la deuda y que no se estén incorporando aspectos que no corresponden”, acotó a LN.
Teniendo en cuenta que el proyecto tiene sanción en ambas cámaras, de convertirse en ley, el Ejecutivo estará habilitado a endeudarse a USD 600 millones mediante la emisión de bonos o a partir de empréstitos de organismos multilaterales.
Impulsan proyecto de regularización de tierras expropiadas en Antebi Cué
Compartir en redes
Diputados de diferentes bancadas presentaron este miércoles un proyecto de ley que busca regularizar la tenencia de tierras expropiadas en Antebi Cué, que abarcan unas 267.836 hectáreas en los distritos de los los departamentos de Concepción y Amambay.
Se trata del proyecto “que establece el régimen especial para la regularización de la tenencia y ocupación de los inmuebles expropiados por la Ley Nº 517/95”. Se pretende ordenar la situación jurídica y ocupacional de las tierras expropiadas en 1995, destinadas a beneficiarios de la Reforma Agraria.
La propuesta plantea establecer un régimen especial y transitorio que permita concluir el proceso de regularización, mediante la identificación de los ocupantes y la verificación de su condición de sujetos de la Reforma Agraria, además de exigir informes técnicos y sociales antes de cualquier adjudicación, transferencia o fijación de precios.
Además se plantea que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) sea la autoridad de aplicación y tenga a su cargo la elaboración de informes que contemplen la identificación de los ocupantes.
El Indert también deberá verificar el cumplimiento de los requisitos del Estatuto Agrario, la actividad productiva desarrollada, la existencia de adjudicaciones anteriores, el uso efectivo de los inmuebles, la aptitud productiva del suelo y una tasación oficial actualizada.
Los diputados se reunirán este miércoles a las 10:00 para tratar el proyecto de ley de emergencia que busca garantizar la devolución íntegra de los depósitos a los ahorristas de ueno bank. Foto: Gentileza
Diputados convoca a sesión para tratar proyecto de ley de protección a ahorristas de ueno bank
Compartir en redes
La Cámara de Diputados convoca a sesión extraordinaria para este miércoles a las 10:00 para tratar como único tema el proyecto de ley con media sanción del Senado que busca brindar protección a los ahorristas de ueno bank, otorgándole además liquidez inmediata.
El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, anunció que el cuerpo legislativo dará tratamiento prioritario y urgente al proyecto de ley “que establece la ampliación de la Garantía de Depósitos Bancarios del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para la cobertura de la totalidad de los fondos públicos depositados en la entidad bancaria denominada ueno bank”.
La normativa plantea una modificación excepcional y perentoria a los límites actuales establecidos en la Ley Nº 2334/03 de Garantía de Depósitos.
El objetivo es salvaguardar los activos del Estado y evitar un perjuicio patrimonial irreversible a las instituciones públicas que mantenían sus reservas e inversiones en el banco bajo proceso de resolución.
Con esta herramienta legal se busca autorizar al Banco Central del Paraguay (BCP) a utilizar los mecanismos de liquidez y los recursos del FGD para cubrir de forma total -y no solo hasta el tope legal ordinario de 75 salarios mínimos- las cuentas correspondientes a los entes públicos afectados.
El texto aprobado este martes por los senadores establece un anticipo de la garantía de depósitos de hasta 40 salarios mínimos por depositante, previa compensación de sus obligaciones con la entidad.
La ley prevé el pago dentro de las 24 horas siguientes, una vez aprobada la iniciativa legislativa.
Plantean ley para que jueces intervengan de oficio ante casos de violencia doméstica
Compartir en redes
Un proyecto de ley que plantea que los jueces puedan actuar de oficio ante los casos de violencia doméstica tuvo entrada oficial este miércoles durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.
Son proyectistas los diputados Saúl González y Santiago Benítez, quienes plantean la modificación del artículo 1º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica, y “el artículo 1º de la Ley Nº 6568/2020, Que modifica el artículo 2º de la Ley Nº 1600/2000, Contra la Violencia Doméstica”.
Fundamentan que la iniciativa tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de protección judicial para las víctimas de violencia en el ámbito familiar, mediante la intervención oportuna de los jueces de Paz y la adopción de medidas urgentes. Esto, ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida o la integridad de las personas.
Es así que el proyecto plantea que los magistrados puedan actuar de oficio cuando tomen conocimiento, por cualquier medio, de hechos que pudieran constituir violencia doméstica, aun cuando la persona afectada no haya presentado una denuncia formal.
De esta manera, se busca evitar que la falta de una denuncia impida o retrase la intervención de las autoridades ante situaciones que requieran una respuesta inmediata.
Los proyectistas señalan que las víctimas pueden enfrentar diversas dificultades para denunciar a sus agresores, entre ellas el temor a represalias, las amenazas, la dependencia económica y las presiones familiares.
La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados evaluó el proyecto que busca renovar la declaración de emergencia nacional por consumo de drogas. Foto: Gentileza
Diputados analizan renovación de emergencia por consumo de sustancias psicoactivas
Compartir en redes
La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados analizó este lunes el proyecto de ley que busca renovar la emergencia nacional por consumo de sustancias psicoactivas.
Con esta medida se busca fortalecer las políticas públicas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por las adicciones.
La iniciativa surge tras el vencimiento, el pasado 6 de junio, de la declaración de emergencia anterior.
Su fundamentación sostiene que las circunstancias que motivaron aquella medida persisten y requieren una respuesta sostenida, coordinada e integral por parte del Estado.
Durante el tratamiento en la comisión asesora, se recordó que se realizó una audiencia con representantes de distintas instituciones, que coincidieron en la importancia de renovar la declaración de emergencia.
Además, se planteó la necesidad de introducir modificaciones al texto para precisar las competencias y responsabilidades de cada organismo.
Se apunta asimismo a fortalecer la coordinación interinstitucional, incluida la participación del Ministerio del Interior.
Considerando estas propuestas, el bloque asesor resolvió postergar el dictamen para realizar consultas con el proponente y avanzar en la elaboración de un texto consensuado.