La Universidad Sudamericana desmiente una acusación que fue divulgada en las redes sociales el último martes 17 de octubre, de un supuesto hecho ilícito que involucraría a la casa de estudios. La acusación se habría originado por la senadora nacional Kattya González, por lo que aclaran que la institución nunca fue denunciada por algún hecho indebido.
Lo manifestaron a través de un comunicado que asevera no tener relación con ninguna asociación criminal ni de lavado de dinero. Asimismo, aclaran que la universidad no cuenta en su plantel ni como docente, ni director académico u otro personal procesado por el ilícito de lavado de dinero y/o vinculado al narcotráfico.
“Desde la asunción de la nueva administración de la Universidad Sudamericana, integrante del Grupo élève, se ha venido trabajando en la calidad académica, proceso que ha tenido como corolario una excelente calificación dada por los pares evaluadores”, expresa el manifiesto.
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Acciones legales
La institución hace hincapié en que desconocen que en algún momento se haya generado alguna propuesta o proyecto de ley en relación a la casa de estudios y que, en caso de haberlo existido, habría quedado en una mera intención.
Al tiempo de remarcar el texto la ausencia de valor que podría haber tenido dicha intención. Por lo que finalmente, aseveran que la Universidad Sudamericana tomará las acciones legales correspondientes. Todo este dilema se dio debido a que los legisladores del Partido Encuentro Nacional piden que el congresista Hernán Rivas sea destituido como representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM).
La mencionada bancada insiste en que el mismo debe aclarar cómo obtuvo su título de abogado en la Universidad Sudamericana, quien asegura haber estudiado, que culminó sus estudios y que cuenta con su título que no es falso.
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Itaipú aclara que distribución de recursos es igualitaria para ambas partes
La Entidad Binacional Itaipú emitió un comunicado en el que aclara sobre algunas manifestaciones realizadas a medios de prensa por congresistas y excandidatos a legisladores de partidos de la oposición referente a los estados financieros del ente binacional.
En el comunicado alegan que se brindaron datos imprecisos, distorsionados y falsos sobre el valor oficial de la tarifa anunciado tras el acuerdo entre las Altas Partes y los ingresos que corresponden a Paraguay y Brasil en partes iguales.
En primer lugar, señalan que la calificación crediticia de la Itaipú, emitida por las calificadoras de riesgo más prestigiosas del mundo la sitúan en los puestos más elevados de los rankings (FITCH AAAy S&P AA+).
Destacan que en paralelo a estas calificaciones, los estados financieros de la binacional se hallan sometidos a auditorías independientes. “El auditor independiente emitió una opinión sin salvedades, lo que confirma que estos estados reflejan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial y financiera al 31 de diciembre de 2024″, precisa.
Mencionan que este informe ha sido utilizado por congresistas y excandidatos a legisladores de la oposición para emitir opiniones basadas en datos erróneos respecto a la negociación de la tarifa por las Altas Partes.
“Argumentan que la negociación le otorgó más gastos sociales al Brasil en detrimento del Paraguay. Esto es falso. Los montos asignados para gastos socioambientales son iguales para ambas márgenes, totalizando USD 1.950 millones para los 3 años, conforme a lo acordado”, remarca el comunicado.
Al respecto, explican que el error en el que incurrieron se debe a que obviaron que por primera vez se aprobó un presupuesto trianual. “En efecto, El Consejo de Administración de la Itaipú aprobó un Presupuesto Trianual 2024–2026 para Gastos de Responsabilidad Socioambiental por un total de USD 1.950 millones. Este presupuesto tiene carácter acumulativo y progresivo, lo que permite transferir los saldos no ejecutados de un ejercicio al siguiente, asegurando su plena disponibilidad”, señalan.
Estrategias diferenciadas
Señalan que, durante el 2024, se observa que la ejecución de los recursos sociales fue mayor en la margen brasileña que en la paraguaya. No obstante, explican que esta diferencia responde a estrategias diferenciadas de asignación de recursos, sin que ello implique una pérdida de fondos, ni un desequilibrio en el acceso a los montos previstos.
Al respecto, informan que, en la margen brasileña, la mayor ejecución obedeció al volumen de transferencias para fines energéticos, especialmente a la cuenta de comercialización de energía.
“La mayoría de los proyectos con fondos sociales en ejecución en Paraguay son plurianuales, lo que implica una ejecución en el escenario de 3 años. Además, es preciso recordar que el acuerdo entró en vigor entre abril y mayo, reduciendo el año de ejecución a 8 meses en el 2024. Dado este escenario, es altamente probable que en el 2025 Paraguay ejecute más de los USD 650 millones promedio anual previsto en el Presupuesto Trianual”, explican.
Remarcan que los fondos no ejecutados no se pierden, sino que se trasladan a los años siguientes (2025 y 2026), conforme a lo establecido en la resolución del Consejo de Administración. “Esto garantiza que Paraguay mantenga intactos sus derechos financieros y pueda utilizar los recursos según sus prioridades soberanas de desarrollo", acota el informe.
Conclusiones
Finalmente, señalan que el análisis de los estados financieros permite concluir que, la entidad binacional mantiene sólidos fundamentos financieros, auditados sin observaciones. El ajuste tarifario ha fortalecido su balance económico y generado mayor disponibilidad presupuestaria para la ejecución de sus programas sociales
Destaca que Paraguay ha ejecutado su presupuesto con soberanía y estrategia, sin perder recursos, en un marco de planificación trianual. La gestión de caja y resultados contables positivos reflejan eficiencia operativa, sin comprometer la equidad binacional.
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El cantante Pablo Benegas se sentó en el banquillo, acusado por abuso sexual en niños
El cantante Pablo Benegas, conocido por su éxito Soy de mi tierra, ya está en el banquillo de los acusados. Se inició el juicio oral y público donde el músico es acusado por presumiblemente drogar y luego abusar de dos menores de 11 y 16 años. La defensa del artista planteó varios incidentes que deberán ser estudiados por los integrantes del Tribunal de Sentencia.
La acusación del Ministerio Público es por los supuestos hechos punibles de abuso sexual en niños, proxenetismo, pornografía relativa a niños y coacción sexual y violación.
Días atrás, el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Lourdes Garcete, ratificó la prisión preventiva del cantante. La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo en Palacio de Justicia.
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Acusación
La acusación fiscal revela que el 9 de noviembre de 2023, Benegas solicitó desde su casa el servicio de transporte de plataformas para trasladar a dos hermanas de 11 y 16 años desde la zona conocida como Pelopincho, cercana al barrio Chacarita, hasta su domicilio particular. El escrito menciona que el acusado les hizo consumir droga sin que ambas víctimas se dieran cuenta, esto con el objetivo de hacerlas dormir y luego comenzar a desvestirlas, para luego filmarlas desnudas.
El escrito del Ministerio Público señala que se produjeron los hechos punibles de abuso sexual en niños, así como coacción sexual y violación. También se registró el tipo penal de pornografía relativa a niños y adolescentes y proxenetismo, ya que supuestamente entregó G. 500.000 a la niña.
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Fiscalía acusa y pide juicio oral para intendente de Encarnación por presuntos delitos ambientales
Desde el Ministerio Público informaron que la agente fiscal Angelina Arriola Funes, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de Itapúa, formuló acusación contra Alfredo Luis Yd Sánchez, en su carácter de intendente municipal de la ciudad de Encarnación, por la supuesta comisión de delitos contra el medio ambiente. La representante de la Fiscalía solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Conforme a la investigación del hecho, Yd Sánchez, en su carácter de administrador municipal, habría atentado contra el medio ambiente y la calidad de vida humana, al omitir el cumplimiento de las exigencias legales referentes al buen manejo de los residuos sólidos urbanos y de las disposiciones vigentes para la habilitación y el funcionamiento del vertedero municipal, ya que se constató que el mismo funciona sin los criterios ambientales requeridos.
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La unidad fiscal a cargo de Arriola sostiene que, tras las investigaciones realizadas y de los elementos de convicción idóneos que fueron recolectados durante la etapa preparatoria, existe certeza positiva con probabilidad cierta de demostrar en juicio oral y público la participación del acusado en la comisión del hecho punible mencionado, tipificado en el Art. 200 del Código Penal- Procesamiento. Además, el incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, tipificado en el artículo 5 inc. e) de la Ley 716/96, en concordancia con el artículo 16, en calidad de autor.
Durante la investigación preparatoria se recolectaron y se incorporaron de manera legal, suficientes elementos de convicción que permiten sostener razonablemente, la existencia del hecho del modo relatado en la plataforma fáctica y la participación que en el mismo le cupo al hoy acusado.
Dentro de las investigaciones realizadas, se pudo verificar que el predio de aproximadamente 22 hectáreas donde funciona el vertedero o relleno sanitario está compuesto de varias fincas cuya posesión corresponde a la Municipalidad de Encarnación y la propiedad a la Entidad Binacional Yacyretá, conforme se coteja en la nota de fecha 6 de setiembre del 2023, remitida por la Binacional al Ministerio Público.
Entre las diligencias llevadas adelante se procedió al allanamiento del inmueble ubicado en el barrio San Antonio Ypekuru, del distrito de Encarnación, lugar donde funciona el vertedero municipal o relleno sanitario de residuos sólidos urbanos del municipio encarnaceno. La comitiva fiscal estuvo encabezada por Arriola, acompañada de técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público y personal policial de diversas comisarías.
Durante el recorrido por el predio se constató efectivamente la existencia de un vertedero donde se depositan residuos urbanos domiciliarios, mezclados con algunos residuos industriales y residuos hospitalarios, sin criterios ambientales, pues no se observó la compactación del suelo, las cañerías colectoras de líquidos lixiviados, las chimeneas de venteo ni la cobertura con tierra de los residuos depositados en el sitio, además de no contar con copias de los documentos habilitantes expedidos por la autoridad de aplicación (Mades).
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Piden juicio oral para cabecilla de megaestafa en venta de vehículos
La fiscala Lourdes Bobadilla presentó acusación contra Denis Steven Barbero Chávez, Carlos Alfredo Bareiro, Carlos Rubén Yrala Fernández por los delitos de estafa y asociación criminal en el caso conocido como Steven Automotores. Igualmente, fueron acusados el juez Jorge Adolfo Franco Garaleik y la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez por los hechos punibles de prevaricato.
La presentación se hizo ante la jueza penal de garantía Gladys Fariña, quien tendrá que admitir la acusación del Ministerio Público y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, se pudieron recolectar varios elementos probatorios que responsabilizan del hecho punible mencionado para cada uno de los procesados. Asimismo, la Fiscalía sostiene que en el presente caso existen 255 víctimas. La causa destapó un esquema de estafa donde se tenía como cómplices a jueces y funcionarios judiciales, que hoy están acusados y con pedidos de que el caso se eleve a juicio oral y público.
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Este caso de megaestafa trascendió en marzo de 2024, con la imputación del juez Jorge Adolfo Franco Garelik, juez de Paz de Chacoí-Nueva Asunción, y de su actuaria Gabriela Noemí Gaona Benítez, por la emisión de resoluciones como orden de secuestro violando los derechos de la otra parte para favorecer a la playa de ventas de automóviles de Denis Steven Bareiro.
Una de las víctimas que abrió esta investigación había adquirido un vehículo en agosto de 2023, en la playa de ventas de vehículos ubicada sobre las calles Acceso Sur casi Mangoré de Ñemby, haciendo una entrega de G. 13.500.000 y pagaderos en 36 cuotas de G. 1.694.000. Sin embargo, al retrasarse con la primera cuota, el 2 de octubre le secuestraron el vehículo con orden judicial, y le solicitaron la entrega de G. 17.000.000, así como la firma de un segundo contrato de compraventa, negándole la devolución del vehículo, del dinero de la primera entrega y los pagarés firmados.
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