• Por Antonella Mateu

Con una deuda externa que aún representa el 85 % del total y una interna que ya escala al 15 %, Paraguay sostiene una estrategia financiera en un contexto de grado de inversión y crecimiento sostenido. Tres referentes económicos analizaron el escenario en conversación con La Nación/Nación Media.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la deuda pública total alcanzó los USD 20.409 millones a diciembre de 2025, equivalente al 41,2 % del Producto Interno Bruto (PIB). La mayor parte de la deuda pública corresponde a la Administración Central, con USD 17.931 millones (87,9 % del total). Por otro lado, la deuda de las entidades descentralizadas con garantía soberana alcanza USD 2.477 millones, equivalente al 12,1 % de la deuda total y al 5 % del PIB.

El viceministro de Economía y Planificación del MEF, Felipe González Soley, confirmó que el aumento de la deuda en moneda nacional responde a una estrategia deliberada de desdolarización.

Según explicó, el objetivo es reducir la exposición al riesgo cambiario, fortalecer el mercado financiero doméstico y avanzar hacia una estructura más resiliente. “La participación de la deuda en moneda local dentro de la Administración Central pasó de 8,3 % en agosto de 2023 a 17,8 % al cierre de 2025”, detalló.

Para ello, el Gobierno priorizó emisiones en guaraníes, avanzó en la desdolarización de préstamos existentes y concretó colocaciones internacionales en guaraníes, ampliando la base de inversionistas.

Además, subrayó que este proceso es valorado positivamente por las calificadoras de riesgo, ya que mejora el perfil soberano y consolida referencias de tasas en guaraníes que pueden beneficiar también al sector privado.

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González Soley sostuvo que Paraguay aún tiene espacio para profundizar la estrategia sin encarecer costos, siempre que se mantengan fundamentos macroeconómicos sólidos.

Indicó que la estabilidad inflacionaria, la credibilidad de la política económica y el creciente interés internacional por instrumentos en guaraníes permiten sostener condiciones competitivas de financiamiento. “En la medida en que se consolide una curva de rendimientos en moneda nacional, es posible incluso reducir costos en nuevas emisiones”, afirmó.

Respecto al aumento de la deuda con garantía soberana, que alcanzó el 12,1 % del total, explicó que obedece principalmente a desembolsos vinculados a inversiones de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y a emisiones de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para fortalecer el crédito de desarrollo. No obstante, aclaró que se trata de pasivos contingentes y que el MEF monitorea estos riesgos dentro del análisis ampliado de sostenibilidad fiscal.

Consultado sobre la prioridad en un contexto de crecimiento económico, el viceministro de Economía sostuvo que el país puede compatibilizar inversión y consolidación fiscal. La meta es mantener el déficit dentro del 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), permitiendo estabilizar gradualmente la deuda sobre el producto.

Recalcó que el endeudamiento actual se destina principalmente a inversión pública y no a gasto corriente estructural. “La deuda es una herramienta de apalancamiento del crecimiento real, siempre que se preserve la disciplina fiscal y la calidad del gasto”, enfatizó.

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El economista y exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, consideró que el ritmo de endeudamiento es alto para Paraguay. A su criterio, el país debe acelerar el uso de esquemas de participación público-privada para atraer capital privado a obras de infraestructura. “La necesidad de inversión es mayor que la capacidad que tenemos de endeudarnos”, advirtió.

Ferreira alertó además sobre el peso creciente del pago de intereses, al que calificó como gasto rígido. También señaló vulnerabilidades como el tipo de cambio, las tasas internacionales y la disminución de ingresos en dólares, lo que puede generar descalces de moneda.

“El desafío es no tener que sacrificar inversión para cuidar la situación fiscal. Lo ideal es generar condiciones para atraer más capital privado”, remarcó.

Por su parte, el analista financiero Stan Canova sostuvo que no existe una correlación directa entre el nivel de deuda pública y el volumen de inversión privada.

Explicó que el endeudamiento soberano opera en mercados y volúmenes distintos a los del sector empresarial, por lo que no compite directamente por financiamiento. Además, destacó que el grado de inversión consolida al país como buen pagador y reduce el costo de fondeo para el sistema financiero.

“Cuando los bancos acceden a mejores tasas y plazos gracias al grado de inversión, pueden trasladar esas condiciones al crédito empresarial”, explicó.

No obstante, Canova subrayó que el reconocimiento aplica a la deuda soberana, no automáticamente a las empresas locales, aunque algunas ya han logrado calificaciones internacionales propias.

Canova sostuvo que el costo financiero del país es actualmente manejable y la deuda pública es “honrable sin sobresaltos”. Sin embargo, advirtió que el verdadero impacto en el desarrollo dependerá de la eficiencia en el uso de los recursos.

“Se debe maximizar su uso, controlar precios en licitaciones, aplicar sanciones severas a incumplimientos y dar mayor equidad a las pymes en las contrataciones”, puntualizó.

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La reciente emisión de bonos soberanos en guaraníes, por el equivalente a USD 1.000 millones, registró una demanda superior a USD 1.500 millones, una señal de confianza en la estabilidad macroeconómica del país y en la credibilidad de su política monetaria. Así lo afirmó el economista Daniel Correa, en conversación con La Nación/Nación Media.

El fuerte interés de los inversores demuestra que Paraguay empieza a ser percibido como un emisor capaz de colocar deuda a largo plazo y en moneda local, con sobredemanda y bajo un marco de consistencia fiscal y monetaria. “El guaraní comienza a ser ‘invertible’ para una base más amplia de inversores, algo poco común en mercados emergentes”, sostuvo Correa.

Uno de los puntos más relevantes de la operación es el cambio en la naturaleza del riesgo. Al endeudarse en guaraníes y no en dólares, el Estado reduce la exposición al riesgo cambiario y alinea mejor su deuda con sus ingresos, que son mayoritariamente en moneda local. En ese sentido, Correa destacó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que, por primera vez, el déficit fiscal autorizado, 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), podría financiarse íntegramente en moneda local, marcando un logro en el proceso de desdolarización.

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Respecto a las condiciones financieras, el economista evaluó como positiva la tasa del 8,5 % a 12 años, subrayando que lo más destacable no es solo el costo, sino el plazo largo en moneda local. “Es una señal de confianza del inversor, aunque también exige disciplina futura para sostener el ancla fiscal y la credibilidad monetaria”, advirtió.

En términos de impacto, la colocación mejora el perfil de la deuda pública, al aumentar la proporción en moneda local y extender los plazos promedio, reduciendo el riesgo de refinanciamiento y la vulnerabilidad ante devaluaciones. Además, fortalece la previsibilidad presupuestaria y resulta especialmente útil para el financiamiento de infraestructura, donde los proyectos requieren plazos largos y estabilidad cambiaria.

Finalmente, Correa afirmó que un bono soberano en guaraníes a 12 años establece una tasa de referencia que permitirá a las empresas estructurar financiamiento en moneda local. “Las compañías con flujos estables, buen gobierno corporativo y estados financieros sólidos serán las primeras en aprovechar este escenario”, concluyó.

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Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Enrique Bogarín González, César Rossel y Jaime Bestard, mantuvieron una reunión con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, con el objetivo de desarrollar un trabajo coordinado entre ambas instituciones en el marco del proceso electoral de las Elecciones Municipales del 2026.

El encuentro que se dio ayer viernes, fue con el objetivo de coordinar acciones interinstitucionales, abordando aspectos presupuestarios, logísticos y de planificación, a fin de fortalecer un trabajo articulado y ordenado este año que la institución electoral estará encargada de los comicios para la renovación de las autoridades municipales de todo el país.

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“Vinimos a hacer esta labor de coordinación con el ministro de Economía y Finanzas y sus viceministros, es un año electoral y abordamos varios puntos, teniendo en cuenta el proceso electoral vigente para las Elecciones Municipales”, expresó el presidente del TSJE, Jorge Bogarín, posterior a la reunión.

Desde la institución electoral informaron que esta mesa de trabajo estuvo integrada por el director General de Administración y Finanzas de la Justicia Electoral, Daniel Echagüe; el viceministro de Administración Financiera del MEF, Oscar Lovera y la viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional, Andrea Picaso.

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El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, encabezó una reunión de trabajo con las máximas autoridades de la Justicia Electoral, en el marco de la preparación institucional para las Elecciones Municipales de 2026.

Por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) participaron su presidente, Jorge Enrique Bogarín González; el vicepresidente, César Rossel; y el ministro Jaime Bestard, quienes mantuvieron un encuentro técnico con el equipo económico del Gobierno para avanzar en la planificación financiera del proceso electoral.

El objetivo central fue fortalecer la coordinación interinstitucional en aspectos presupuestarios, administrativos y logísticos, atendiendo que se trata de un año electoral que demanda previsión, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

“Vinimos a hacer esta labor de coordinación con el ministro de Economía y Finanzas y sus viceministros; es un año electoral y abordamos varios puntos, teniendo en cuenta el proceso electoral vigente para las Elecciones Municipales”, expresó el presidente del TSJE tras la reunión.

En la mesa de trabajo también estuvieron presentes el director general de Administración y Finanzas de la Justicia Electoral, Daniel Echagüe; el viceministro de Administración Financiera del MEF, Oscar Lovera; y la viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional, Andrea Picaso.

La articulación entre el TSJE y el MEF resulta clave para garantizar que el cronograma electoral se desarrolle con normalidad, asegurando la disponibilidad oportuna de recursos para capacitación de funcionarios, adquisición de insumos electorales, logística territorial y fortalecimiento tecnológico.

Desde el Gobierno se apunta a que la planificación temprana permita optimizar gastos, evitar improvisaciones y sostener estándares de transparencia que fortalezcan la confianza ciudadana en el sistema electoral. En ese contexto, la coordinación financiera no solo responde a una necesidad administrativa, sino también a un compromiso institucional con la estabilidad democrática y el correcto desarrollo de los comicios municipales previstos para 2026.