Paraguay participó en la CXC Reunión del Directorio de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizada en Montevideo, donde estuvo representado por el viceministro de Economía y Planificación del MEF, Gerardo Ruiz Díaz. El encuentro analizó los avances y próximos pasos de la estrategia del organismo para impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional.

Durante la reunión se destacaron los avances de CAF en el fortalecimiento de su capacidad financiera, incluyendo el aumento de capital, la incorporación de nuevos países miembros y la ampliación de su apoyo al sector privado y a los gobiernos subnacionales. También se abordaron medidas para reforzar la gobernanza, transparencia y presencia internacional del organismo.

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El Directorio analizó distintas operaciones de crédito para financiar proyectos soberanos y no soberanos en la región, principalmente en infraestructura vial, transmisión eléctrica, protección ambiental y apoyo a las mipymes, además de iniciativas en educación, deporte y cultura.

CAF también presentó una propuesta para fortalecer el respaldo financiero a los países frente al fenómeno de El Niño, mediante mecanismos de prevención, mitigación y respuesta. La iniciativa busca identificar vulnerabilidades y facilitar instrumentos de financiamiento para mejorar la capacidad de reacción ante estos eventos climáticos.

Para Paraguay, CAF representa un socio estratégico para financiar proyectos de desarrollo, complementando los recursos públicos. Actualmente, el organismo acompaña al país con más de USD 680 millones destinados a infraestructura vial y transmisión eléctrica, sectores considerados claves para la competitividad y el desarrollo nacional.

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Las Elecciones Municipales 2026 contarán con un marco regulatorio estricto durante la jornada de votación para garantizar la transparencia, el orden y la libertad del sufragio. El Código Electoral establece que, en un radio de 200 metros alrededor de los locales de votación, quedan prohibidas la portación de armas de cualquier tipo y la aglomeración de personas. Asimismo, en este mismo perímetro se prohíbe la instalación de mesas de consulta de las agrupaciones políticas, la realización de actos proselitistas y el porte de banderas o símbolos partidarios.

Para resguardar el secreto del voto y garantizar el normal desarrollo del acto comicial, la normativa dispone reglas estrictas dentro del recinto. Se prohíbe el ingreso al cuarto oscuro con teléfonos celulares, cámaras fotográficas, filmadoras u otros dispositivos aptos para captar o transmitir imágenes. Del mismo modo, no se permite ingresar con alimentos, bebidas, líquidos, aerosoles, sustancias inflamables ni objetos contundentes, así como tampoco está permitida la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 19:00 del sábado y durante la jornada del domingo.

En materia de difusión, el marco legal regula los plazos de emisión de información y la realización de eventos públicos. Queda estrictamente prohibido difundir propaganda electoral, publicaciones de encuestas o los resultados de boca de urna hasta una hora después del cierre oficial de las mesas de votación. Adicionalmente, la realización de espectáculos públicos se encuentra restringida hasta dos horas después de concluidos los comicios.

Finalmente, las autoridades recuerdan la gravedad de atentar contra el equipamiento del proceso democrático. Cualquier conducta que implique dañar, destruir, inutilizar, sustraer o alterar las máquinas de votación o los materiales electorales constituye una infracción grave que será sancionada conforme a la ley. El cumplimiento de estas disposiciones es fundamental para asegurar el desarrollo pacífico de los comicios.

La Ley n.° 834, que establece el Código Electoral Paraguayo, manifiesta en el artículo 195 que en el día de los comicios queda prohibido:

a) la aglomeración de personas o la organización de grupos en un radio inferior a doscientos metros de los centros en que funcionen las mesas receptoras de votos que directa o indirectamente puedan significar cualquier presión sobre los electores, a menos que se trate de electores formando filas delante de las mesas para sufragar;

b) la portación de armas, aun mediando autorización acordada anteriormente por autoridades administrativas, en el mismo radio señalado en el inciso anterior;

c) la celebración de espectáculos públicos hasta dos horas después de finalizar los comicios;

d) el expendio de bebidas alcohólicas;

e) la instalación de mesas de consulta por parte de los partidos, movimientos y alianzas en el radio mencionado en el inciso a) de este artículo; y,

f) el ingreso al cuarto oscuro con teléfonos celulares, cámaras fotográficas, filmadoras o cualquier otro aparato capaz de captar o trasmitir imágenes que hagan posible vulnerar el secreto del voto.

El que transgreda el inciso f) de este artículo, será sancionado con una multa conforme a lo establecido en el artículo 332 de este Código (una multa de quince a treinta jornales mínimos, entre G. 1.614.405 y G. 3.228.810), sin perjuicio de lo establecido en los artículos 278 y 280 del Código Penal para los autores y partícipes de los hechos punibles tipificados en los mismos.

Art. 333.- El contenido del material de propaganda concebido en violación de las prohibiciones contenidas en el artículo 292 (sobre discriminación, calumnia, instigación a la desobediencia o violencia) de este Código hará pasible a sus autores o al partido, movimiento político o alianza que lo propicie de sufrir una multa de cien jornales mínimos para actividades diversas no especificadas.

Art. 334.- Quienes perturbaren el orden que debe reinar en el desarrollo de actos electorales, penetrando al recinto en estado de ebriedad, bajo la influencia de estupefacientes o portando armas provocando tumultos que entorpezcan o interrumpan el normal desarrollo de las actividades electorales serán pasibles de una multa de diez a veinte jornales mínimos.

Art. 335.- Los comerciantes que vendieren bebidas alcohólicas desde doce horas antes del inicio del acto eleccionario y en el día de las elecciones abonarán la multa de cincuenta a doscientos jornales mínimos (entre G. 5.381.350 y G. 21.525.400).

Art. 336.- El que infringiendo las prohibiciones y restricciones establecidas en los artículos 68 y 282 de este Código (sobre contribuciones monetarias o no monetarias), realizare donaciones o contribuciones a partidos, movimientos políticos o alianzas, será sancionado con una multa equivalente al triple del aporte realizado.

El partido, movimiento político o alianza que se haya beneficiado con tal contribución o donación, será sancionado con una multa equivalente y la pérdida del derecho de recibir hasta el cincuenta por ciento (50 %) de todo aporte y subsidio estatal por un término de uno a tres años.

El exviceministro de Economía, Manuel Alarcón, habló sobre la reciente calificación dada por Fitch de BB+ para Paraguay y expresó que con la coyuntura actual puede ser considerada como la antesala del grado de inversión de la agencia considerada como la “más conservadora”.

En conversación con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970/Nación Media, el economista explicó que tiene una impresión mixta sobre lo señalado por Fitch. Por un lado, habló del sector privado y un desempeño importante, mientras que, por otro, en lo público existe una cuestión que puede ser complicada, desde el punto de vista del déficit fiscal y el gasto.

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“El sector privado viene haciendo la tarea, razonablemente bien, es decir, generando riqueza y posicionando al país como un proveedor de alimentos y de bienes para el mundo; esa es una muy buena señal, especialmente para todos los inversionistas que siguen evaluando la posibilidad de iniciar actividades o de potenciar sus actividades”, destacó.

Seguidamente, dijo que la no obtención, al menos en esta ocasión, del grado de inversión obedece al “irresponsable manejo de las cuentas públicas”.

Consideró que Fitch es la calificadora más conservadora y que su postura, con relación a Paraguay, aparentemente, se basa en la prudencia de observar cómo avanza la cuestión del déficit fiscal, principalmente.

En contrapartida, resalto que lo actuado hasta el momento cuenta con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que evidentemente tiene su peso en la toma de decisión. “Ellos dicen ‘bueno, no nos gusta, pero va bien y vamos a seguir evaluando’. Queda como una antesala para obtener ese grado de inversión”, dijo.

Moody’s Ratings otorgó el grado de inversión (Baa3) en julio de 2024, por primera vez en la historia del país. Por su parte, Standard & Poor’s Global Ratings hizo lo propio (BBB-) en diciembre de 2025. Como ya se mencionó, Fitch Ratings mantuvo la calificación BB+, un peldaño por debajo del ansiado grado de inversión.

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El titular de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, se mostró satisfecho con el pago que está realizando el Gobierno para saldar la deuda con el sector de las constructoras. Si la cuestión se mantiene, para finales de año tendrán un saldo más manejable y sostenible, valoró.

El presidente del gremio destacó la apertura demostrada por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, e indicó que con él consiguieron poner las cartas sobre la mesa para avanzar en el acuerdo. “Nos hizo un plan de pagos, hasta el día de hoy se cumplió a cabalidad y en ese sentido estamos muy contentos porque verdaderamente da gusto sentarse así con alguien y que cada uno pueda mostrar así su situación, su realidad y juntos tratar de llegar a acuerdos que después se vayan cumpliendo”, expresó.

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Sobre lo que se viene, dijo que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 (actualmente en estudio) fue elaborado de acuerdo a las necesidades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) lo que ayudará a que “no sea todo tan difícil”.

En cuanto al monto que todavía falta desembolsar, Sarubbi indicó que se encuentra por sobre los USD 120 millones. “Está superior a los USD 120 millones, 120 a 130, porque es variable, depende de cuánto entra cada mes de certificados y cuánto se va pagando, pero bajó bastante de lo que teníamos a principios de año”, precisó en conversación con 1000 AM.

Si el cronograma acercado desde el Gobierno, para finales del ejercicio el sector espera contar con una “deuda que va a ser aguantable o sostenible para las empresas constructoras”, manifestó el titular de la Cavialpa.

Además, según Sarubbi, se está conversando sobre el cobro de los intereses generados por la mora, que ahora se encuentra entre USD 60 millones y USD 70 millones. A principios de este año, se hablaba de un pasivo estatal de más de USD 200 millones con el sector vialero, además de unos USD 100 millones de intereses.

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