Desde la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) indicaron que están con muchas esperanzas por el proyecto enviado al Congreso a fin de solicitar autorización para créditos ya aprobados que serán orientado al pago de las deudas. Indicó que el cumplimiento del compromiso deberá contemplar el pago de los intereses por los atrasos.

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que, a fin de ordenar las finanzas públicas y reactivar sectores claves de la economía y el bienestar de los paraguayos, remitió al Congreso el proyecto de ley “por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”.

El presidente del gremio, Guillermo Mas, señaló que han recibido con mucha esperanza el anuncio del presidente que ha enviado al Congreso una ley para honrar las deudas que dejó el gobierno de Mario Abdo Benítez, que, según las estimaciones del sector, estaría en torno a los USD 350 millones.

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Guillermo Mas, titular de Capaco, afirmó que empresas están empezando a desvincular personal. Foto: Archivo

“Es muy importante tener en cuenta que el pago de la deuda debe contemplar los intereses porque esto hace parte del enorme costo financiero que está teniendo el atraso con las empresas constructoras”, manifestó Mas, en comunicación con La Nación/Nación Media. Explicó que los atrasos de las deudas están generando de forma mensual intereses que rondan los USD 3,7 millones, por lo que necesitan que los pagos se realicen este mismo año, previendo los intereses que están sumando. Solo en términos de intereses se podría estar generando una deuda de USD 100 millones.

Mas indicó que la realidad de las empresas que trabajan con el Estado es bastante complicado debido a que ante el atraso que genera una condición financiera extrema, las mismas están empezando a desvincular personal, pese a que se registren nuevas obras. El nuevo gobierno estima que la deuda impaga que dejó la administración anterior y con la que se quiere cumplir con la nueva ley es del equivalente a USD 600 millones, que incluye, además de las constructoras, a las empresas farmacéuticas.

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