Insistieron en la necesidad de contar con claridad en los mecanismos de pago, previsibilidad y cumplimiento de los compromisos asumidos.

La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) destacó el anuncio del Gobierno de asumir los intereses genera­dos por las deudas con el sec­tor, una medida que apunta a aliviar la carga financiera de las empresas y avanzar en la regularización de pagos pen­dientes.

Desde el gremio valoraron esa decisión, señalando que representa un paso impor­tante en medio de la situación que atraviesan las construc­toras. “Se valora la impor­tancia de estos anuncios”, indicaron, aunque remar­caron que será clave que las medidas se implementen de manera efectiva.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de contar con claridad en los mecanis­mos de pago, previsibilidad y cumplimiento de los com­promisos asumidos.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmó que los intereses asociados al meca­nismo de cesión de deuda (fac­toring) serán cubiertos por el Estado. Este esquema es uti­lizado por las empresas para adelantar el cobro de certi­ficados de obra, por lo que la decisión busca reducir el impacto financiero que gene­ran los atrasos en los pagos. Además, el Gobierno tam­bién definió cómo se aborda­rán los intereses acumulados correspondientes a deudas de periodos anteriores, que representan un monto impor­tante para el sector. En este caso, se prevé su cancelación mediante la emisión de bonos, como parte de una estrategia diferenciada para ordenar estos pasivos.

La ministra de Obras Públi­cas, Claudia Centurión, explicó que estas medidas responden a las limitacio­nes presupuestarias actua­les. Recordó que el 2025 cerró con USD 221 millones desti­nados al sector, mientras que el PGN 2026 contempla unos USD 600 millones para obras, dentro de una cartera cercana a USD 1.000 millo­nes. “No alcanza para cubrir todo, por lo que se recurre a otros instrumentos financie­ros”, señaló.

Para Capaco, más allá del anuncio, el foco ahora está en la ejecución. El gremio subrayó que la transparencia y la implementación efectiva serán determinantes para recuperar la confianza y sos­tener la actividad en el sector de la construcción, que viene siendo afectado por los atra­sos en los pagos.

MOPC proyecta que en marzo se completará el 84,58 % de avance en la construcción.

El puente de la Bioceánica sobre el río Paraguay registra un avance físico-financiero del 82,58 % al cierre de febrero y se encuentra actualmente a solo 70 metros de lograr la unión física en la frontera chaqueña entre nuestro país y Brasil. El Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC) proyecta que en marzo se completará el 84,58 % de avance en la construcción.

Además de la construcción de un tramo de 3,8 kilóme­tros que conecta la Ruta Bioceánica (PY015) con el puente, la estructura permi­tirá unir a Carmelo Peralta (Paraguay) con Porto Mur­tinho (Brasil), facilitando el intercambio comercial y el desarrollo económico y social de la región, según explicó el ingeniero René Gómez, superintendente de obras del consorcio PYBRA, firma encargada de llevar adelante la construcción.

Estas obras complemen­tarias están a cargo de la empresa nacional Tecnoe­dil, integrante del consorcio PYBRA y actualmente ya se están realizando los trabajos de movimiento de 600.000 metros cúbicos de suelo. La obra también destaca por el gran impacto social que está generando en el Chaco, puesto que muchos pobla­dores de Carmelo Peralta y zonas aledañas están traba­jando, ya sea directa o indi­rectamente en el proyecto, brindando servicios y la logística que se requiere.

Se prevén más obras com­plementarias dentro de la ciudad de Carmelo Peralta, tales como el mejoramiento de la doble avenida y la cons­trucción de un parque lineal, el cual servirá como mira­dor al puente de la Bioceá­nica que es financiado por Itaipú con una inversión de G. 125.952.948.959. Luego de finalizar la unión, se deben llevar a cabo las pruebas de carga, así como el tensiona­miento de los cabos de atirantamiento; además de otros trabajos complementarios, como la losa del vano lateral que está sobre la tierra.

La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) destacó el anuncio del gobierno de asumir los intereses generados por las deudas con el sector, una medida que apunta a aliviar la carga financiera de las empresas y avanzar en la regularización de pagos pendientes.

Desde el gremio valoraron esa decisión, señalando que representa un paso importante en medio de la situación que atraviesan las constructoras. “Se valora la importancia de estos anuncios”, indicaron, aunque remarcaron que será clave que las medidas se implementen de manera efectiva.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de contar con claridad en los mecanismos de pago, previsibilidad y cumplimiento de los compromisos asumidos.

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmó que los intereses asociados al mecanismo de cesión de deuda (factoring) serán cubiertos por el Estado. Este esquema es utilizado por las empresas para adelantar el cobro de certificados de obra, por lo que la decisión busca reducir el impacto financiero que generan los atrasos en los pagos.

Además, el Gobierno también definió cómo se abordarán los intereses acumulados correspondientes a deudas de periodos anteriores, que representan un monto importante para el sector. En este caso, se prevé su cancelación mediante la emisión de bonos, como parte de una estrategia diferenciada para ordenar estos pasivos.

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, explicó que estas medidas responden a las limitaciones presupuestarias actuales. Recordó que el 2025 cerró con USD 221 millones destinados al sector, mientras que el PGN 2026 contempla unos USD 600 millones para obras, dentro de una cartera cercana a USD 1.000 millones. “No alcanza para cubrir todo, por lo que se recurre a otros instrumentos financieros”, señaló.

Para Capaco, más allá del anuncio, el foco ahora está en la ejecución. El gremio subrayó que la transparencia y la implementación efectiva serán determinantes para recuperar la confianza y sostener la actividad en el sector de la construcción, que viene siendo afectado por los atrasos en los pagos.

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El presidente de la República, Santiago Peña, destacó el trabajo que realizaron los legisladores con el tratamiento del proyecto de reforma de la caja fiscal, impulsado por el Poder Ejecutivo, propuesta que abrió el debate a una problemática que por años fue postergada. Señaló que no se trata de una solución permanente, pero que desde el Gobierno seguirán trabajando sobre la reforma.

El mandatario aseguró a los sectores de vialeras y farmacéuticas que las deudas contraídas por el Estado serán abonadas dentro de un corto plazo. El economista rechazó la propuesta de elevar el tope de déficit fiscal como una alternativa para la regularización de los pagos.

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, afirmó que Paraguay necesita iniciar una revolución industrial que le permita competir en el mercado global con capacidades locales, apostando a la tecnología, la capacitación y el desarrollo de nuevas zonas productivas en todo el país.

El secretario de Estado explicó durante una entrevista con el programa “Tribuna” de Paraguay TV que el objetivo es impulsar un proceso de transformación económica que genere riqueza y oportunidades para los paraguayos.

El empresario Elon Musk es por segundo año consecutivo la persona más rica del mundo después de duplicar su patrimonio, que superó los 830.000 millones de dólares, según el ranking anual de la revista Forbes publicado este martes. Musk es el principal accionista del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, de la empresa aeroespacial SpaceX, de la red social X y de la compañía de inteligencia artificial xAI.

Según Forbes, la fortuna del empresario se ha disparado de los 342.000 millones de dólares hace un año a los 839.000 millones en la actualidad. Es la primera persona que supera los 800.000 millones de dólares y está en vías de convertirse en el primer billonario del mundo.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) emitió la Resolución General n.º 47/2026, mediante la cual dispone la obligación de informar las operaciones efectuadas con criptoactivos. Con esta disposición, la institución busca reforzar la transparencia y mejorar los mecanismos de control tributario en un segmento que adquiere cada vez más relevancia dentro de la economía.

El documento señala que los sujetos obligados a suministrar la información son los propietarios, administradores o responsables de plataformas de criptoactivos que operen en el país; además de las personas físicas o jurídicas residentes o constituidas en el país que operen con criptoactivos, cuando superen un monto anual de cinco mil dólares americanos (USD 5.000) en transacciones realizadas ya sea de manera individual o en su conjunto, con o sin intermediarios.

En el marco de las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se desarrollan en Paraguay, uno de los paneles abordó el tema “Mercados y desarrollo: cómo la competencia puede mejorar vidas”. En este espacio participó Javier Bernardes, gerente del Grupo JBB, quien analizó las condiciones económicas del país y la necesidad de fortalecer la competencia para sostener el crecimiento.

El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, se refirió a la deuda de USD 360 millones que reclama el sector al Estado. “Lo que puedo decir es que no nos están pagando”, expresó el titular del gremio en comunicación con el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

A 20 días de la desaparición del colono Almir de Brum en la zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú, la familia reiteró este jueves el pedido de una prueba de vida a los captores, en conferencia de prensa ofrecida por la esposa del secuestrado.

“Por lo menos, un audio, es lo que pedía la familia De Brum”, señaló Juan Alcaraz, periodista del portal Salto del Guairá y corresponsal de canal GEN y Radio Universo 970AM/Nación Media en contacto con el programa “Arriba Hoy”.

La construcción de infraestruc­tura llevada a cabo como obras públicas es un motor para que la economía adquiera su rol prota­gónico, dinámico y de este modo influya sobre el comercio, la producción y la industria. Las obras de infraestructura, como sabemos, afectan la competitividad, reducen los costos logísticos, atraen inver­sión y todo ello finalmente son propicia­doras de puestos laborales directos e indi­rectos, de fuerte impacto en cualquier país y más en uno como el nuestro en categoría de emergente.

De manera que si desea multiplicar la acti­vidad privada, entonces, una de las mane­ras precisamente de conseguir ese objetivo se encuentra en la construcción de obras de infraestructura pública sin demoras y atrasos. Las obras que ya se hicieron y se están haciendo en este gobierno impul­san e impulsarán todavía más la contra­tación de mano de obra, fomentando sec­tores como el uso intensivo del cemento, más aun tomando en cuenta que Paraguay cuenta con una empresa estatal y otras privadas de excelencia dedicadas a este rubro.

Las dilaciones en las obras públicas en general no hacen más que afectar a los sec­tores involucrados en la economía, afec­tando a la población tanto en el lugar de modo directo donde se realizan los traba­jos como en otros lugares de modo indi­recto dado su efecto multiplicador. Es por ello que no hay tiempo para las demoras. La dedicación y la creatividad tienen que ser total, por ejemplo, cuando se trata de cubrir las deudas que existen y que pueden ser subsanadas con medidas modernas acordes a las necesidades que tenemos.

Al respecto, consideramos plausible que el Gobierno nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas haya planteado a las empresas vialeras el régimen del fac­toring como medio de pago expeditivo y seguro y de ese modo impedir mayores inconvenientes en las tareas de construc­ción.

Importantes sectores involucrados como la Cámara de la Industria de la Construc­ción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) recibieron con beneplácito esta iniciativa del Gobierno. Las deudas contraídas junto con el difícil acceso al financiamiento en el sistema financiero, es cierto, son un obstáculo, pero que sin embargo bien podría ser subsanado con la mencionada medida propuesta por el Gobierno.

La toma de decisiones luego del respec­tivo y profundo análisis requiere de con­ciliar la buena voluntad así como de dotar a los protagonistas de la debida certidum­bre y seguridad, elementos indiscutibles que por medio del factoring pueden ser logrados. Esta medida cuenta, además, con garantía soberana, permitiendo a las empresas ceder sus facturas a una entidad en el sistema financiero para así recibir el pago anticipado.

Corresponde hacer el debido énfasis en lo siguiente. Que la utilización del facto­ring para saldar las deudas y pagar nuevos financiamientos son posibles debido a que nuestro país cuenta con una legislación en la materia. La Ley 6542 del año 2020 precisamente establece el régimen jurí­dico financiero del factoring con garantía soberana. Esto implica que una empresa determinada puede ceder sus facturas o derechos correspondientes a un cesiona­rio, generalmente una entidad financiera, y de ese modo lograr la liquidez necesa­ria, mientras se gestionan los pagos del Estado.

Sobre este tema en específico, no podemos sustraernos de la actual realidad interna­cional. El conflicto bélico suscitado apenas días atrás en Medio Oriente no se limita, tal como se ha visto, a tres países: los Esta­dos Unidos, Israel e Irán. Es mucho que esto. El comercio internacional puede ser gravemente afectado dado que el trans­porte de commodities de vital importancia como el petróleo y el gas pasa por el Estre­cho de Ormuz, una zona que, si bien no es muy amplia geográficamente hablando, guarda un alto interés estratégico para la economía global.

Por tales y suficientes motivos esbozados en este espacio, en nuestro país debemos seguir apostando por las obras de infraes­tructura, por lo que sería un error grave que las mismas no sigan realizándose. Está en juego y no solo en el largo plazo, sino que también a corto plazo, la compe­titividad, la inversión y la reducción de los costos logísticos que el Paraguay requiere para seguir creciendo. Para las obras de infraestructura, se tiene que dar impulso, y cuanto antes mejor, al factoring.