La calificadora internacional Moody’s confirmó la nota soberana de Paraguay en Baa3 con perspectiva estable, manteniendo al país dentro del grupo de economías con grado de inversión y consolidando un reconocimiento que, según autoridades y analistas, refleja la estabilidad macroeconómica alcanzada en los últimos años.

Tras conocerse la decisión, el exministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, destacó que la evaluación constituye una señal de respaldo a la conducción económica del país. “Moody’s ratifica el grado de inversión para la deuda soberana del país. Ergo, ratifica la solidez y sostenibilidad de las políticas macroeconómicas del gobierno. A seguir construyendo el país que queremos y nos merecemos”, expresó.

La ratificación llega un año después de que Paraguay obtuviera por primera vez esta calificación por parte de Moody’s, en julio de 2024, un hito que posicionó al país entre las economías consideradas de menor riesgo para los inversionistas internacionales. Posteriormente, en diciembre de 2024, Standard & Poor’s también otorgó el grado de inversión, fortaleciendo aún más la imagen financiera del país ante los mercados globales.

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De acuerdo con el Ministerio de Economía, la decisión de Moody’s se sustenta en el sólido desempeño de la economía paraguaya, el crecimiento sostenido de la actividad productiva y el mantenimiento de políticas macroeconómicas consideradas prudentes y predecibles.

La calificadora destacó además que estos factores contribuyen a reducir la exposición a riesgos que puedan afectar la capacidad de pago del país, un elemento clave para los inversionistas al momento de evaluar la compra de bonos soberanos o la realización de proyectos de largo plazo. La confirmación del grado de inversión se produce en un contexto de resultados económicos favorables.

Según datos oficiales, Paraguay registró en 2025 un ingreso récord de USD 1.180 millones en inversión extranjera directa, la cifra más alta desde que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) comenzó a medir estos flujos. Este desempeño estuvo acompañado por el crecimiento económico, la estabilidad monetaria y el fortalecimiento de sectores vinculados a la producción, los servicios y la infraestructura.

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Al cierre del primer semestre del 2026, se registró un déficit fiscal de 1,2 % del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a G. 4,7 billones (USD 732,1 millones), de acuerdo con el Informe de Situación Financiera de la Administración Central (Situfin), presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El resultado respondió al moderado crecimiento de los ingresos totales y al aumento del gasto público asociado al cumplimiento de compromisos sociales y la regularización de obligaciones del Estado.

El reporte señala que, pese al sólido desempeño de la actividad económica, la inflación contenida y la fortaleza del guaraní, la evolución de las cuentas fiscales estuvo condicionada por la menor disponibilidad de ingresos provenientes de las Entidades Binacionales y por el impacto de la apreciación cambiaria sobre la recaudación de impuestos vinculados al comercio exterior.

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Los ingresos totales crecieron 0,5 % en comparación con el mismo período del año anterior. Este resultado estuvo explicado por el incremento de 2,1 % en los ingresos tributarios, impulsado principalmente por los impuestos internos, mientras que la apreciación del guaraní frente al dólar incidió sobre la recaudación de impuestos externos.

En tanto, los ingresos no tributarios disminuyeron 5,2 %, principalmente por una reducción de 33,0 % en los recursos provenientes de las Entidades Binacionales, asociada tanto a la apreciación cambiaria como al mayor consumo interno de energía, que redujo las transferencias recibidas por compensación de cesión de energía.

Por su parte, el gasto total aumentó 11,7 %, impulsado principalmente por una mayor ejecución en bienes y servicios, remuneraciones y prestaciones sociales. El incremento en bienes y servicios respondió, en gran medida, a la continuidad del proceso de regularización de pagos pendientes a proveedores farmacéuticos, con un aumento de 45,8 % en la adquisición de medicamentos respecto al mismo período del año anterior.

El informe indica que, en este escenario, la ejecución del gasto mantuvo como prioridad el financiamiento de sectores estratégicos, la protección social y la regularización de obligaciones pendientes, principalmente en medicamentos e inversión pública.

Las remuneraciones continuaron concentrándose en las funciones esenciales del Estado. El 80 % de la masa salarial financiada con ingresos tributarios correspondió a los sectores de salud, educación y fuerzas públicas, mientras que el indicador de salarios financiados con recursos tributarios se ubicó en 54,7 %, manteniéndose próximo al mínimo registrado para un primer semestre. Asimismo, las prestaciones sociales crecieron 17,6 %, impulsadas principalmente por las mayores erogaciones destinadas al programa Hambre Cero, la pensión para Adultos Mayores y las jubilaciones.

La inversión pública alcanzó G. 3,0 billones (USD 472,9 millones), equivalente al 0,7 % del PIB, con un crecimiento acumulado de 3,3 % respecto a junio de 2025. Este resultado estuvo impulsado principalmente por la ejecución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya inversión aumentó 22,6 % como consecuencia de la regularización de pagos pendientes a contratistas.

En términos anualizados, el déficit fiscal se ubicó en G. 10,4 billones, equivalente al 2,6 % del PIB, manteniéndose en niveles similares a los observados un año atrás. El resultado primario, que excluye el pago de intereses de la deuda pública, registró un déficit equivalente al 0,9 % del PIB.

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La implementación de mecanismos de control basados en Inteligencia Artificial (IA), orientados a mejorar la eficiencia del gasto público fue el tema abordado durante una reunión entre el ministro de Economía, Óscar Lovera y el contralor Camilo Benítez.

Durante el encuentro, se analizaron acciones para fortalecer los sistemas de control del Estado, con el objetivo de optimizar la gestión de los recursos públicos y reducir la burocracia en la administración estatal.

Al término de la reunión, el contralor Camilo Benítez explicó el motivo de la visita y los temas tratados, señalando que se trabaja en una visión de planificación estratégica desde el órgano de control para mejorar la eficiencia del gasto público en las instituciones del Estado.

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“Nosotros con el ministro compartimos la visión de que tenemos que tener un plan estratégico desde el organismo de control que mejoren a las instituciones del Estado a ser más eficientes en el gasto público. Si nosotros mejoramos nuestros controles, quizás podamos ayudar a que el Estado paraguayo sea más eficiente, menos burocrático y se gaste mejor el dinero del contribuyente”, expresó.

Asimismo, el contralor detalló que el organismo prepara un plan que incorpora el uso de inteligencia artificial en los procesos de control del gasto público, el cual será presentado el próximo 30 de junio. Añadió que la iniciativa cuenta con apoyo de organismos internacionales para el desarrollo de algoritmos y herramientas de análisis.

Finalmente, precisó que el proyecto tendrá alcance en todo el Estado paraguayo, con un plan piloto inicial en gobiernos departamentales y municipales, para luego avanzar progresivamente hacia el gobierno central.

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Piden informes técnicos a la Ande para determinar cuáles son las condiciones que podrían ofrecerse sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.

El Ministerio de Eco­nomía y Finanzas (MEF) se encuentra evaluando junto a la Adminis­tración Nacional de Electri­cidad (Ande) posibles incen­tivos tarifarios para atraer inversiones al país, especial­mente aquellas vinculadas a industrias de alto consumo energético.

Así lo confirmó el ministro Óscar Lovera, en contacto con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media. Señaló que actualmente se están solicitando informes técnicos a la estatal eléctrica para determinar cuáles son las condiciones que podrían ofrecerse sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.

Según explicó, la Ande deberá presentar una nueva pro­puesta para ser analizada por el Equipo Económico Nacio­nal (EEN), luego de que se reabriera la discusión sobre los mecanismos de incentivo para proyectos industriales. El objetivo del Gobierno es mantener la capacidad de atraer inversiones, especial­mente aquellas que generen empleo formal, especializado y mejor remunerado.

Lovera sostuvo que la inten­ción es encontrar un equili­brio entre la competitividad que demanda el sector pro­ductivo y la necesidad de pre­servar la salud financiera de las instituciones públicas. En ese sentido, remarcó que cualquier esquema de benefi­cios deberá ser evaluado inte­gralmente antes de su imple­mentación.

Paralelamente, el Ministerio de Economía avanza con un plan de contención del gasto público ante una recaudación que todavía no garantiza ple­namente el cumplimiento de las proyecciones de ingresos previstas para este año.

El ministro explicó que las medidas apuntan principal­mente a restringir gastos de carácter institucional que no son considerados prioritarios, como nuevas construccio­nes administrativas, adqui­sición de vehículos, alquileres y determinados desembolsos operativos. También se esta­blecieron límites para con­ceptos como viáticos, pasa­jes y algunas bonificaciones, tomando como referencia los niveles de ejecución registra­dos durante el 2025.

Postura del gremio de ingenieros de la Ande, para avanzar hacia un plan a largo plazo.

El presidente de la Unión de Ingenieros de la Ande (UIA), Manuel Mettel, sostuvo que nuestro país necesita avan­zar hacia una política ener­gética de largo plazo que per­mita aprovechar de manera eficiente un recurso que considera cada vez más estraté­gico. En conversación con Universo 970 AM/Nación Media, recordó que Paraguay dispone actualmente de ener­gía limpia y renovable prove­niente de las hidroeléctricas, pero advirtió que se trata de un recurso limitado que debe ser administrado con crite­rios de sostenibilidad y desa­rrollo económico.

Según explicó, la postura de la UIA respecto a los decre­tos derogados estuvo vincu­lada al análisis de los efectos que podrían generar contra­tos con tarifas por debajo de los costos reales de suminis­tro y con plazos de vigencia muy extensos. A criterio del gremio, este tipo de esque­mas podría trasladar costos futuros al resto de los usua­rios y generar distorsiones en el sistema eléctrico nacional. Señaló que uno de los prin­cipales desafíos es que Para­guay se aproxima a una etapa en la que necesitará incorpo­rar nuevas fuentes de genera­ción interna para atender el crecimiento de la demanda energética.

Estas alternativas, sos­tuvo, tendrán costos supe­riores a los de la generación hidroeléctrica actual, lo que obliga a planificar cuidado­samente la utilización de la energía disponible.

En ese escenario, considera fundamental que las decisio­nes sobre tarifas y condicio­nes de suministro se apoyen en criterios técnicos y finan­cieros sólidos. En particular, destacó el rol de la Adminis­tración Nacional de Electri­cidad (Ande) en la definición de los mecanismos que regi­rán para futuros proyectos industriales.

Recordó que la carta orgánica de la Ande establece paráme­tros para la fijación de tarifas y para garantizar la sosteni­bilidad financiera de la insti­tución. Entre los objetivos se encuentran asegurar recur­sos suficientes para cumplir con sus compromisos finan­cieros, mantener la calidad del servicio y ejecutar las inversiones necesarias para expandir la infraestructura eléctrica.