De acuerdo con el reciente Informe de Situación Financiera (Situfin), emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Administración Central reportó un déficit fiscal acumulado de G. 3.179 mil millones, equivalente a USD 485,3 millones, cifra que representa el 0,8 % del Producto Interno Bruto (PIB).

El informe oficial resalta que, durante el mes de abril, las arcas públicas registraron un superávit de G. 26,4 mil millones, lo que propició una leve reducción de la brecha fiscal acumulada en lo que va del año. Al evaluar las variables en términos anualizados, el déficit fiscal de la economía paraguaya se ubicó en G. 8,6 billones, representando el 2,2 % del PIB, mientras que el balance primario arrojó un saldo negativo del 0,4 % del PIB.

Estos dos últimos indicadores, estructurados sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Banco Central del Paraguay (BCP), muestran una mejora de 0,2 puntos porcentuales en comparación con los registros de abril de 2025.

El análisis macroeconómico complementario puntualiza que la inflación permanece contenida dentro del rango meta oficial, permitiendo una postura monetaria estable, en paralelo a un tipo de cambio nominal que continuó en una senda de apreciación alineada con los parámetros de la región.

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Por el lado de los ingresos totales, se observó una expansión moderada del 1,9 % en términos acumulados. Este comportamiento estuvo apuntalado fundamentalmente por la recaudación tributaria general, que registró un incremento del 5,3 % al cierre de abril gracias al vencimiento estacional del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y la consecuente inyección por liquidaciones de los impuestos internos.

Sin embargo, este desempeño tributario positivo fue amortiguado por dos variables externas. En primer lugar, los impuestos aduaneros sufrieron una desaceleración debido a la apreciación del guaraní frente al dólar, fenómeno que reduce de manera contable la base imponible en moneda local para las importaciones del comercio exterior. En segundo lugar, los ingresos no tributarios experimentaron una contracción, frenados por una caída acumulada del 37,5 % en las transferencias de recursos financieros provenientes de las entidades binacionales.

Por el lado de las erogaciones estatales, el Situfin reporta un incremento acumulado del 10,6 % en el gasto total de la Administración Central. La presión al alza sobre el plan de caja estuvo motivada de forma prioritaria por el ajuste de las remuneraciones en los ministerios de Educación, Salud y Seguridad Nacional, el incremento del rubro de jubilaciones y pensiones, el despliegue de las transferencias monetarias para el programa de alimentación escolar “Hambre Cero”, y un mayor desembolso en el componente de bienes y servicios destinado a la regularización y cancelación de deudas atrasadas con proveedores. Como contrapartida atenuante, el pago de intereses de la deuda pública mostró una desaceleración, registrando una contracción interanual del 0,5 %.

Finalmente, la inversión pública ejecutada de manera acumulada ascendió a G. 1.804 mil millones, unos USD 278,5 millones, representando el 0,45 % del PIB nacional. Dentro de este apartado, destacó el nivel de actividad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cartera que evidenció un incremento del 9,1 % en su ejecución presupuestaria.

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La discusión sobre las finanzas públicas no debería centrarse únicamente en cuánto aumenta o disminuye cada rubro del Presupuesto General de la Nación (PGN), sino en la calidad del gasto y su capacidad para generar resultados concretos. Así lo sostuvo el economista Aníbal Insfrán, quien en conversación con La Nación/Nación Media analizó el comportamiento de las transferencias financieras del Estado durante el primer trimestre del 2026.

A criterio del especialista, Paraguay necesita avanzar hacia un modelo presupuestario enfocado en resultados, dejando atrás una lógica histórica o inercial en la asignación de recursos. “La calidad del gasto exige pasar de una lógica de presupuesto histórico a una basada en mandato, resultados y valor público”, explicó.

Insfrán señaló que mejorar la eficiencia del gasto requiere una revisión funcional del Estado, institución por institución, para identificar posibles superposiciones de funciones, programas que ya no respondan a las necesidades actuales o estructuras con elevados costos administrativos.

También planteó la necesidad de fortalecer mecanismos que permitan vincular con mayor claridad los recursos públicos con resultados verificables, promoviendo procesos de rediseño institucional cuando sea necesario.

“Si una entidad no puede vincular claramente sus recursos con productos y resultados verificables, su presupuesto no debería considerarse automáticamente como gasto de calidad”, sostuvo.

El economista remarcó que una mayor eficiencia del gasto permitiría mejorar la capacidad de respuesta del Estado sin trasladar necesariamente nuevas presiones al sistema tributario.

En cuanto al comportamiento del gasto durante el primer trimestre, Insfrán indicó que el rubro de Servicios Personales pasó de más de G. 5,18 billones en el mismo periodo de 2025 a más de G. 5,85 billones en 2026.

Según explicó, el desafío no pasa por aplicar recortes lineales, sino por avanzar hacia una reforma del servicio civil que contemple una nómina auditada, evaluación de desempeño, concursos y mecanismos de control sobre nuevas incorporaciones. Asimismo, mencionó la importancia de fortalecer las reglas de financiamiento presupuestario para garantizar sostenibilidad en el crecimiento del gasto.

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Por otro lado, el economista observó una disminución del 33,8 % en las inversiones públicas durante el trimestre, equivalente a aproximadamente G. 416.891 millones menos.

Si bien aclaró que no es posible determinar un impacto puntual sobre el Producto Interno Bruto (PIB) potencial sin modelos específicos, señaló que la continuidad de esta tendencia podría influir en áreas relacionadas con infraestructura, logística y capacidad de crecimiento económico en el mediano plazo.

Respecto al aumento del 10,8 % en jubilaciones y pensiones, Insfrán explicó que el dato incluye también pensiones para adultos mayores, aunque sostuvo que los estudios actuariales muestran la necesidad de avanzar gradualmente hacia una reforma integral del sistema previsional.

“El desafío es trabajar en una reforma sostenible que contemple aportes, edad mínima, equilibrios sectoriales y protección de derechos adquiridos”, indicó. Según explicó, el objetivo debe ser anticiparse a futuros desafíos demográficos y fiscales mediante ajustes graduales que fortalezcan la sostenibilidad del sistema.

Sobre el crecimiento de las transferencias públicas, el economista destacó que existen mecanismos de control administrativo y financiero, aunque consideró importante reforzar herramientas que permitan medir con mayor precisión el impacto de estos recursos.

Entre las medidas mencionó indicadores de resultados, evaluaciones antes y después de la ejecución de programas, así como sistemas de monitoreo que faciliten un seguimiento más detallado del desempeño institucional.

Finalmente Insfrán sostuvo a La Nación/Nación Media, que el desafío central para Paraguay pasa por consolidar un gasto público más eficiente, orientado a resultados y con capacidad de sostener el crecimiento económico en el largo plazo.

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La Itaipú Binacional emitió un comunicado en el que aclara que ninguno de los miembros actuales del Consejo de Administración de la entidad está percibiendo doble remuneración. Asimismo, remarca que el ejercicio simultáneo de funciones como ministros del Poder Ejecutivo y consejeros de Itaipú, no contraviene al artículo 105 de la Constitución Nacional.

De acuerdo al escrito, los miembros del Consejo de Administración que fueron designados por decreto del Poder Ejecutivo N° 245 de fecha 5 de septiembre de 2023, que son Carlos Fernández Valdovinos, Javier Giménez García de Zuniga, Roberto Moreno Rodríguez y Rubén Darío Ramírez Lezcano asumieron dichos cargos sin percibir remuneración adicional a la prevista para el rango de ministro que en ese momento ocupaban.

En tanto que, en el caso de Félix Sosa, señalan que desde que asumió la presidencia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), y, por decreto 247 del 5 de septiembre de 2023, como miembro del Consejo de la entidad binacional, el mismo optó por el honorario de consejero. Igualmente, señalan que por el mismo decreto también fue designado Héctor Richer como miembro del Consejo y permanece hasta la fecha.

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La aclaratoria menciona además el caso de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien fuera designada como miembro del Consejo por decreto 2499 de fecha 10 de septiembre de 2024 en reemplazo de Lea Giménez; señala que en el mismo decreto se dejó constancia de que no percibirá remuneracion adicional.

Asimismo, señala que el ministro Javier Giménez, al momento de asumir el cargo de Jefe de Gabinete de la Presidencia volvio a ser designado como consejero, según decreto 5556 del 25 de febrero de 2026, y a partir de entonces comenzó a percibir honorarios como tal en la Itaipú, renunciando a sus naberes como ministro.

Mientras que, Carlos Fernández Valdovinos fue nuevamente designado como miembro del Consejo tras dejar el cargo de ministro de Economía y Finanzas, según el decreto N° 5851 de abril de 2026, y recién desde esa fecha pasó a percibir honorarios en tal caracter.

Desde la entidad binacional lado paraguayo reiteraron que la naturaleza jurídica de los empleados, directores y consejeros de la Itaipú Binacional los excluye de la categoría de funcionarios publicos.

Explican que esta distinción radica, principalmente, en que sus remuneraciones no se sufragan con cargo al Presupuesto General de la Nación (PGN), sino que emanan del presupuesto propio de la Entidad, el cual es independiente de las partidas presupuestarías de los Estados parte.

Finalmente, señalan que el régimen laboral de la hidroeléctrica se rige por un Protocolo de Relaciones de Trabajo y Seguridad Social de carácter binacional y no por las normativas locales de la función pública por derivar de un tratado internacional.

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Mediante el decreto 5851, el presidente de la República, Santiago Peña, ratificó a Carlos Fernández Valdovimos como miembro del Consejo de Administración de la entidad binacional Itaipú. De esta forma, el economista seguirá dentro del equipo conformado por ministros, presidentes de entes e ingenieros que tienen entre sus principales desafíos la revisión del Anexo C del tratado de la represa.

Entre las principales disposiciones de la resolución presidencial se menciona que Fernández Valdovinos ya no cumplirá dentro del consejo una labor ad honorem como los demás integrantes, es decir, pasará a recibir una retribución.

Mientras ejercía el cargo de ministro de Economía y Finanzas (MEF), también el economista se desempeñaba como consejero en la entidad binacional, pero sin contar con una remuneración adicional a la prevista de sus funciones como ministro, de acuerdo a lo establecido en el decreto 245 emitido el 5 de setiembre del 2023.

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También ocupan cargos de consejeros en la hidroeléctrica el jefe de gabinete de la presidencia, Javier Giménez; el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión; el asesor jurídico de la presidencia, Roberto Moreno Ruffinelli; el presidente de la Administración Nacional de Electricidad, Félix Sosa, y el ingeniero Héctor Richer.

Fernández Valdovinos reunió al Ministerio de Economía y Finanzas el pasado 31 de marzo; su cargo fue ocupado por Óscar Lovera. Su salida marcó el inicio de una nueva etapa enfocada en consolidar el crecimiento y fortalecer la eficiencia estatal, de acuerdo a las explicaciones dadas desde el gobierno de Peña.

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