Según explicó el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, tras la reunión en su residencia para tratar el caso del buque con bandera paraguaya retenido en la hidrovía Paraguay-Paraná por deuda de peaje impuesto por Argentina. El próximo canciller afirmó que la adopción de esta medida colisiona contra el espíritu de los principios y tratados de libre comercio del Mercado Común del Sur (Mercosur) y para Paraguay “es inaceptable”, por lo cual solicitaron al embajador de dicho país que trasmita esta posición.

Del encuentro participaron el futuro ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, el diplomático argentino Domingo Peppo, además de los representantes de los gremios afectados como el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym). “Consideramos una situación grave las medidas adoptadas por la justicia argentina amparadas sobre la base de una medida administrativa interna de ese país”, sostuvo en conferencia de prensa.

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Recalcó que esta medida tiene un impacto en los operadores del tramo, en el comercio y las inversiones en el país, al igual que en la previsibilidad y estabilidad de los indicadores económicos. “Nosotros vamos a resolver en los ámbitos que sean necesarios apostando en principio al diálogo, como los órganos de resolución de diferencias, reclamos internacionales y así también las empresas”, remarcó Ramírez.

Por su parte, el próximo representante del MIC, acotó que se expuso claramente que se trata una situación grave, al tratarse de la violación de un principio básico que es la libre navegación, principalmente en la terrible consecuencia que ocasiona a la economía nacional. “Las empresas paraguayas necesitan previsibilidad para realizar inversiones que puedan manejar los volúmenes de carga. El embajador tomó nota, expresó sus ganas de solucionar y creo que vamos a ir por ese camino”, sostuvo.

A su vez, el gremio de armadores indicó que se asegurarán que en el marco de la transición gubernamental exista una misma línea de trabajo y que se pueda tratar dentro del ámbito político, pero que también existen instancias técnicas en las que se debe avanzar por lo cual se solicitará que se llame a una reunión de forma urgente en torno al cobro de la tarifa de USD 1,47 por tonelada impuesta por Argentina.

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