El economista y consultor José Tello habló acerca de factores que son claves y que el próximo gobierno debe tener en cuenta, no solo para seguir fortaleciendo nuestra macroeconomía, sino para escalar al anhelado grado de inversión.
El mismo mencionó tres puntos cruciales que Santiago Peña debe “tener en su carpeta” con miras a su administración. En primer lugar, la creación de un fondo soberano o un fondo de estabilización fiscal para tener un “colchón” ante eventuales riesgos que podrían presentarse tal como lo fue la pandemia del covid. En este caso citó a Chile, que viene implementando este sistema desde la década de los 90 con mucho éxito.
En segundo lugar, dijo que se debe proponer una nueva unidad en la Fiscalía que se especialice en la defensa de la libre competencia, un rango más alto que la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).
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“Yo entré a la Fiscalía y me fijé en sus unidades, delitos económicos, por ejemplo, es muy amplio, pero no hay defensa de la libertad de competencia. La Conacom no es vinculante, estamos hablando de que ir contra la libre competencia es un delito. Incluso habría que verificar el Código Penal. Todas estas unidades apuntan al grado de inversión”, expresó en la 1000 AM.
Por otro lado, al ser consultado sobre qué opina sobre la creación de la Dirección de Ingresos Tributarios y el Ministerio de Economía, sostuvo que estos entes otorgarán mayor eficiencia en el manejo de los recursos públicos y estrategias para impulsar una mayor recaudación. “Es necesario unificar a las entidades que recaudan y que Hacienda o Economía, no importante el nombre, trabaje y se enfoque netamente en la política monetaria”, mencionó.
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Con 90 nuevas unidades, Gobierno impulsa la modernización del transporte
El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó este domingo el acto de presentación de 90 nuevas unidades incorporadas al sistema de transporte público metropolitano de pasajeros, en el marco de la reforma impulsada por el Gobierno del Paraguay.
La actividad se desarrolló en el Comando de la Fuerza Aérea Paraguaya, en la ciudad de Luque, con la participación de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión; el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández; el embajador de la República de China (Taiwán), José Chih-Cheng Han; representantes del sector empresarial, autoridades nacionales e invitados especiales.
La renovación de la flota comprende 90 nuevas unidades, de las cuales 70 son buses eléctricos —30 pertenecientes al Estado paraguayo, donados por la República de China (Taiwán), y 40 incorporados mediante inversión privada por la empresa Ñandutí S.A.—, además de 20 buses 0 km incorporados por Ximex S.A. La inversión privada supera los USD 11 millones y forma parte del proceso de modernización del sistema de transporte público impulsado por el Gobierno.
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Las unidades cuentan con aire acondicionado, cámaras de seguridad, GPS, puertos USB, rampas para personas con discapacidad y estándares de accesibilidad y confort orientados a mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros. Los nuevos buses prestan servicio en las líneas E1, E2 y E3, 27, 165 y 44, conectando Asunción con San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora, Capiatá, Itauguá, Mariano Roque Alonso, Limpio, Villa Hayes y Areguá.
Reforma para mejorar la calidad de vida
En su intervención, el presidente Peña anunció que en julio se lanzará la primera licitación bajo el nuevo marco legal del transporte público, con el objetivo de ordenar el sistema, generar mayor transparencia y seguir incentivando la inversión privada. Añadió que el Gobierno proyecta incorporar cerca de 1.000 buses nuevos para el año 2028 y avanzar hacia un sistema de movilidad cada vez más moderno, integrado y sostenible.
Más beneficios para los usuarios
Por su parte, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, destacó que la transformación del transporte público ya comienza a reflejarse en beneficios concretos para los pasajeros.
Señaló que las líneas eléctricas E1, E2 y E3 ya superan las 400.000 validaciones, mientras que el sistema de transbordo gratuito registra más de 600.000 transbordos, generando un ahorro cercano a G. 1.900 millones para los usuarios, equivalente a aproximadamente G. 200.000 mensuales por pasajero que utiliza este beneficio.
Resaltó además que la incorporación de las nuevas unidades no implicó un aumento en la tarifa, que se mantiene en G. 3.400, y mencionó la consolidación del servicio nocturno Búho, que ya registra 27.000 validaciones, conecta Asunción con San Lorenzo, Luque y Limpio y opera con presencia policial a bordo para brindar mayor seguridad a los pasajeros.
La ministra subrayó igualmente que la modernización del transporte avanza de manera paralela a importantes obras de infraestructura vial, entre ellas el Gran Tridente Urbano, la triplicación de la ruta D025, la renovación de la avenida Mariscal López, la intervención sobre la ruta PY01 con carriles exclusivos para buses y más de 300 kilómetros de calles urbanas del Plan Central.
Cooperación en movilidad sostenible
A su turno, el embajador de la República de China (Taiwán), José Chih-Cheng Han, destacó que los 30 buses eléctricos donados por su país ya culminaron exitosamente su etapa de operación experimental y se incorporan plenamente al servicio junto con toda su infraestructura de carga y sistemas inteligentes.
Asimismo, expresó que este proyecto abre una nueva etapa de cooperación entre Paraguay y Taiwán en materia de electromovilidad y manifestó su expectativa de que, en el futuro, el Paraguay pueda desarrollar una industria nacional de buses eléctricos que genere empleo y permita abastecer también a otros mercados de la región.
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En escándalo de títulos falsos, el MEC interviene tres instituciones y cierra dos facultades
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispuso la intervención de tres instituciones de educación superior y el cierre de dos facultas, por presuntas irregularidades en la emisión de títulos.
El ministro Luis Ramírez confirmó la medida, aunque evitó dar a conocer los nombres de estas instituciones y facultades, durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos.
Esta comisión especial pertenece al Senado y fue instalada en junio de 2026 para investigar un esquema de emisión, comercialización y uso de diplomas y certificados universitarios presuntamente irregulares.
Esta dos facultades fueron cerradas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) debido a una red de falsificación de títulos, considerando que la Fiscalía ya investiga más de 250 diplomas fraudulentos detectados en el sistema educativo.
La causa penal por los títulos falsos del MEC está a cargo de un equipo de fiscales conformado por Teresa Sosa (de la Unidad Penal N° 20) y Juan Leonardi Guerrero (de la Unidad Penal N° 17), bajo la dirección de la fiscala Sosa y la supervisión del fiscal adjunto Augusto Salas.
Tras destaparse el esquema de corrupción incluyen las acciones principales incluyeron allanamientos, cierres y auditorías.
Dentro de estas instituciones de educación superior se encuentra un instituto ubicado en la ciudad de Horqueta (Concepción) vinculado a la verificación de unos 1.800 documentos irregulares.
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De acuerdo a las investigaciones preliminares, las pesquisas apuntan a que los títulos fraudulentos se habrían comercializado por montos que oscilaban entre los G. 6.000.000 y G. 25.000.000, dependiendo de la carrera.
En cuanto a imputaciones, hasta la fecha, más de una docena de docentes y funcionarios públicos han sido imputados por el Ministerio Público por uso de documentos no auténticos y producción de contenido falso.
Modus operandi y casos
El esquema incluía desde diplomas completamente falsificados hasta cartones auténticos de universidades cuyos supuestos egresados jamás cursaron la carrera, según las investigaciones.
Igualmente, los antecedentes muestran firmas irregulares, validación de carreras que no estaban habilitadas al momento del supuesto egreso y la presunta complicidad de funcionarios para inscribir los títulos en el Viceministerio de Educación Superior.
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Tesoro capta G. 974.350 millones en nueva emisión de bonos: demanda sobrepasó el 24%
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó una nueva colocación de Bonos del Tesoro Público en el mercado local por G. 974.350 millones, cuya operación refleja el interés de los inversionistas por los instrumentos emitidos por el Estado paraguayo.
La subasta, realizada a través del Banco Central del Paraguay (BCP), registró una demanda total de G. 1,205 billones, superando ampliamente el monto finalmente adjudicado en un 24%. El resultado evidencia la confianza del mercado en la estabilidad macroeconómica del país y en la capacidad del Gobierno para gestionar sus necesidades de financiamiento en moneda local.
Los recursos obtenidos serán destinados a financiar compromisos contemplados en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, como parte de la estrategia financiera del Tesoro Público para asegurar el funcionamiento de las instituciones estatales y la ejecución de programas e inversiones públicas.
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La operación consistió en la reapertura de tres series de bonos con diferentes plazos de vencimiento. En la serie con vencimiento en octubre de 2028 fueron adjudicados G. 60.000 millones, con una tasa de rendimiento de 7,84 %.
Por su parte, la serie con vencimiento en febrero de 2030 captó G. 100.000 millones, con una tasa de rendimiento de 8,60%.
La mayor demanda se concentró en los títulos de largo plazo. La serie con vencimiento en agosto de 2035 absorbió G. 814.350 millones, equivalentes a más del 83 % del total adjudicado, con una tasa de rendimiento de 9,10 %.
En los tres casos, los bonos contemplan pagos semestrales de intereses, una característica que suele resultar atractiva para inversionistas institucionales, fondos de inversión, bancos y otros participantes del mercado financiero.
Desde el MEF destacaron que la colocación permite continuar diversificando las fuentes de financiamiento del Estado y fortalecer el desarrollo del mercado de capitales local, reduciendo la dependencia de emisiones externas y promoviendo una mayor profundización financiera en guaraníes.
El resultado también muestra que existe liquidez suficiente en el sistema financiero para absorber emisiones soberanas de mediano y largo plazo, incluso en un contexto internacional marcado por tasas de interés todavía elevadas y una mayor cautela de los inversionistas.
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Gobierno da un nuevo impulso a la industria del biocombustible
El MIC establece una mezcla obligatoria de entre 8 % y 10% de biodiésel en el gasoil tipo III.
La nueva mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil tipo III impulsa la transición energética y fortalece la industria de biocombustibles en el país, señalan desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Además, sostienen que a través de la nueva reglamentación se profundiza la integración entre el sector agroindustrial y la cadena energética, impulsando el aprovechamiento de materias primas nacionales para la producción de biodiésel y fortaleciendo la generación de valor agregado dentro del país.
La resolución del MIC establece una mezcla obligatoria de entre 8 % y 10 % de biodiésel en el gasoil tipo III, al considerar que la medida contribuirá al fortalecimiento de la industria nacional, la generación de empleo y la reducción de la dependencia de combustibles importados. Mencionan también que la medida consolida una política energética orientada a fortalecer la producción nacional de biocombustibles, reducir la dependencia de importaciones de combustibles fósiles y promover la industrialización de recursos de origen local.
Además, el nuevo esquema brinda mayor previsibilidad al sector, generando mejores condiciones para la ampliación de la capacidad instalada y la reactivación de plantas actualmente inactivas. Con esta decisión, Paraguay avanza hacia un modelo energético con mayor integración industrial y un uso más eficiente de sus recursos productivos.
La Dirección General de Combustibles del Viceministerio de Comercio y Servicios del MIC, junto con el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y Petropar, realizó durante 2024 ensayos técnicos con diferentes porcentajes de mezcla de biodiésel. Las pruebas incluyeron mezclas desde 0 % hasta 20 % en gasoil Tipo III, cuyos resultados confirmaron el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos en la normativa vigente. Se destacó el aporte del biodiésel en términos de lubricación, debido a que sus propiedades contribuyen a reducir el desgaste de componentes internos del motor, favoreciendo un mejor desempeño operativo del combustible.
Actualmente, Paraguay cuenta con 10 plantas habilitadas para la producción de biodiésel, con una capacidad instalada de 292.850 m³ anuales. En este contexto, el nuevo marco regulatorio busca dinamizar el sector mediante incentivos para la reactivación de plantas inactivas, la ampliación de la capacidad industrial existente y la llegada de nuevas inversiones vinculadas a la producción de biocombustibles.
RESPALDO DE UIP
La UIP sostuvo que la decisión representa un paso relevante dentro de la estrategia de industrialización del país, al promover un mayor aprovechamiento de las materias primas producidas localmente y generar valor agregado dentro de la economía paraguaya. Para la UIP, esta política permite avanzar hacia una mayor seguridad energética y, al mismo tiempo, dinamizar diferentes eslabones de la cadena agroindustrial. Uno de los principales argumentos planteados por el sector industrial es que Paraguay cuenta con una importante producción de soja, pero todavía exporta una parte significativa de esa producción sin procesamiento. Según la UIP, transformar esa materia prima dentro del país permite generar nuevos productos, empleos e inversiones.
Recordó que el procesamiento de la soja produce simultáneamente aceite destinado a la elaboración de biodiésel y harina proteica utilizada en la alimentación avícola, porcina y bovina. En ese sentido, destacó que la producción de biocombustibles no compite con la producción de alimentos, sino que forma parte de una misma cadena de aprovechamiento industrial. Subrayó que cada litro de biodiésel producido localmente reduce la necesidad de importar gasoil, contribuye a retener divisas dentro de la economía paraguaya y genera actividad económica en sectores vinculados a la agricultura, la industria y la logística.