El director general de Jubilaciones y Pensiones, Jorge Delgado, manifestó que es necesario empezar a ejecutar medidas para una reforma de la caja fiscal, especialmente para dar confianza a los jubilados y futuros jubilados de que recibirán sus haberes. “Es necesario dar confianza al jubilado de que seguirán percibiendo sus haberes y a los futuros funcionarios que pasen a ser pasivos también garantizar una jubilación”, aseveró.
Así también, dijo que hay tareas que se vienen realizando para mitigar el déficit en la caja de jubilaciones, que tendrán un impacto importante en la elaboración del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024. “La relación entre cantidad de aportantes y cantidad de beneficiarios demuestra la limitación real de sostenibilidad financiera en algunos sectores poniendo en riesgo las reservas actuales”, precisó Delgado durante el seminario de Presupuesto Público, en Ciudad del Este.
En ese contexto, habló sobre las innovaciones que se realizaron en el último año en la gestión institucional que mitigó la burocracia y otorgó más previsibilidad a los nuevos jubilados. Delgado indicó que se disminuyeron los plazos procesales, se ajustó el registro contable creando la figura de ingreso devengado y percibido.
Así también, resaltó que se logró una mayor coordinación con los organismos y entidades del Estado para el inicio del trámite jubilatorio, y que se tiene previsto ejecutar otras acciones como la sistematización del proceso, identificar el sector cotizante, crear un catálogo de puestos o funciones y fortalecer otras dependencias con informaciones actualizadas. Por último, indicó que se reorganizaron las recepciones de trámites y calendarizado los vencimientos de manera mensual.
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Fitch sostiene que se necesitan reformas adicionales para reducir el déficit de pensiones
La recientemente aprobada reforma en el sistema de pensiones del sector público ofrece “beneficios limitados” para las finanzas públicas del Paraguay, sostiene la calificadora internacional de riesgo Fitch Ratings.
Sin embargo, ante ello explica que es muy probable que se necesiten reformas adicionales para contener y reducir el déficit del sistema.
Las reformas al sistema de pensiones del sector público (Caja Fiscal) fueron aprobadas por el Congreso y firmadas por el presidente Santiago Peña en marzo pasado.
En su más reciente reporte, la calificadora señala que a pesar de que la reforma aprobada en el Congreso suavizó significativamente la propuesta original del gobierno, la misma sigue siendo coherente con la previsión de que el déficit de la caja fiscal de Paraguay disminuirá al 1,5 % del PIB en 2026 y que se mantendrá prácticamente sin cambios en 2027.
En tanto, advierte que las presiones fiscales están aumentando. En ese sentido, mencionó que las deudas registradas con proveedores del Estado podrían ejercer presión al alza sobre el déficit en 2026 si se liquidan directamente, o a mediano plazo si se liquidan mediante factoring u otros mecanismos.
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“Estimamos que el logro de la meta de déficit del 1,5 % respaldaría la estabilización de la deuda pública/PIB en torno al 31,6 % en 2026, una de las más bajas entre los países con calificación ‘BB’. Los bajos déficits fiscales y la deuda son factores que contribuyen a la perspectiva positiva de la calificación soberana ‘BB+’ de Paraguay, junto con un sólido desempeño y perspectivas de crecimiento gracias a una sólida cartera de inversiones y aumentos estructurales en la aún baja base de ingresos», señala el reporte.
Como conclusión, indica que la reforma fiscal de la caja de marzo difícilmente será un catalizador por sí sola para una mejora de la calificación soberana, ya que solo aborda modestamente los desafíos estructurales que podrían complicar el cumplimiento de las metas fiscales.
“Las perspectivas de una mejora de la calificación probablemente dependerán de otros esfuerzos para garantizar un bajo déficit fiscal, la sostenibilidad del sólido crecimiento y la dinámica de inversión de Paraguay, y una gestión exitosa de la crisis del petróleo”, concluye.
Las estimaciones del gobierno muestran que se estabilizará en el 1,2 % del PIB a partir de 2032, en comparación con el 1,6 % en un escenario sin reforma, aunque esto podría capturar principalmente la contribución estatal, lo que significa un beneficio menor para el saldo del gobierno central.
La reforma aprobada diluyó significativamente la propuesta original del gobierno que contemplaba una edad mínima de jubilación de 57 años y una contribución gubernamental menor del 3 %, tras la oposición del Congreso y las protestas públicas.
Esto pone de relieve el desafío institucional de reformar completamente la Caja Fiscal, a pesar del fuerte impulso reformista en otras áreas.
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Comisión dictamina a favor de la modificación de la ley de reforma de Caja Fiscal
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a la modificación de la ley que reforma la Caja Fiscal y que incluye a los magistrados judiciales.
Específicamente se refiere a la propuesta “Que modifica el artículo 14 de la Ley N° 7633/26, Que establece la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público (De la reforma de la Caja Fiscal)”.
Esta iniciativa busca equiparar los criterios establecidos para los magistrados judiciales con los estipulados, en el artículo 13 de la normativa, para el magisterio nacional, los institutos de educación superior y los docentes universitarios, eliminando requisitos que no se aplican a otros sectores.
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El documento sostiene que resulta incongruente que dentro del mismo cuerpo normativo se adopten criterios distintos para el acceso a la jubilación transitoria.
Actualmente la Ley 7633/26 establece que los magistrados judiciales que deseen acceder a la jubilación ordinaria transitoria deben contar con veinte o más años de aporte y haber cumplido cincuenta y ocho años de edad a la fecha de entrada en vigencia de la normativa, condición que no se exige en el régimen transitorio previsto para el sector docente.
“En la Comisión de Presupuesto consideramos el proyecto que modifica el artículo 14 de la Ley 7633 que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público de la reforma de la Caja Fiscal. Especialmente nos enfocamos en lo que es el requisito de acceso a la jubilación para los magistrados”, señaló la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto en entrevista con TV Cámara.
La legisladora recordó que la ley se promulgó, pero hubo un compromiso de la Comisión de Presupuesto con el gremio de los magistrados “para volver a tocar este tema y cumplir con este sector en las modificaciones especialmente haciendo la equiparación del artículo 13 que habla del sector docente”.
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Caja Fiscal: MEF dispone ajustes en liquidaciones y define sectores con superávit y déficit
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), emitió el Comunicado N.° 1/2026, en el que dispone ajustes en los sistemas de liquidación de pagos de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), en el marco de la implementación de la reforma de la Caja Fiscal. La medida regirá desde abril y apunta a aplicar la nueva tasa de aporte jubilatorio.
Según el documento oficial del MEF, los OEE deberán realizar adecuaciones en sus sistemas internos para prever la correcta aplicación del aporte establecido en la Ley N.° 7633/2026, que introduce cambios en el sistema de jubilaciones del sector público. Además, se instruye mantener actualizados los registros de cada cotizante y su sector de afiliación, conforme a lo dispuesto en el Presupuesto General de la Nación vigente.
El comunicado también presenta una radiografía financiera de la Caja Fiscal al cierre del ejercicio 2025, clasificando a los sectores entre superavitarios y deficitarios, un dato crucial para entender el equilibrio del sistema previsional.
En esa línea, el MEF señala que el único sector con superávit corresponde a la administración pública y sus regímenes especiales. En contrapartida, los sectores deficitarios incluyen a magistrados judiciales, el magisterio nacional, docentes universitarios, fuerzas armadas y fuerzas policiales.
Desde la cartera económica indicaron que estas medidas forman parte del proceso de ajuste estructural del sistema previsional, con el objetivo de mejorar su sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo.
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Senado dictamina a favor con cambios del proyecto de Caja Parlamentaria
De manera conjunta, las comisiones de Hacienda, y de Cuentas y Control, presididas por los senadores Silvio Ovelar y Dionisio Amarilla, respectivamente, dictaminaron por la aprobación con modificaciones del proyecto de Ley “Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”.
De la reunión participaron autoridades del Fondo de Jubilaciones del Poder Legislativo, así como los exparlamentarios Blanca Lila Mignarro e Ignacio Mendoza, quienes señalaron que, con los ajustes propuestos, se garantizaría la sostenibilidad del sistema hasta el año 2040.
Como vocero de la sesión conjunta, el senador Dionisio Amarilla se refirió a las propuestas de modificación de varios artículos del proyecto, planteadas por representantes de la Comisión Administradora de la Caja Parlamentaria.
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En ese sentido, explicó que el porcentaje de devolución de aportes establecido en el artículo 12, con media sanción de la Cámara de Diputados, es del 85 %, mientras que la propuesta del Fondo de Jubilaciones plantea una devolución del 80 %.
“Hasta podríamos allanarnos a la propuesta con media sanción de la Cámara de Diputados, de devolver el 85 %, ya que no impacta significativamente, considerando que se reintegra el monto nominal y no los intereses generados”, expresó el legislador.
En cuanto al artículo 15, la versión con media sanción establece la edad mínima de 55 años para acceder a la jubilación, mientras que la propuesta de la Caja Parlamentaria eleva este requisito a 60 años.
Respecto al artículo 17, inciso c), referido a la jubilación por invalidez, el senador Amarilla sugirió acompañar la versión de la Caja Parlamentaria, atendiendo a que introduce ajustes de forma que brindan mayor claridad al régimen de pagos.
En relación con las pensiones (artículo 18), propuso una nueva redacción del artículo, con excepción del apartado referido al pago a hijos con discapacidad, respecto del cual recomendó adherir a la versión de la Caja Parlamentaria.
Por su parte, la senadora Celeste Amarilla cuestionó la incompatibilidad entre pensión y jubilación prevista en dicho artículo, señalando que se trata de figuras distintas. “La pensión corresponde a los aportes realizados por el cónyuge, mientras que la jubilación deriva de los aportes propios; no es el mismo concepto”, sostuvo. Asimismo, solicitó incluir a los padres como beneficiarios, al considerarlos herederos naturales.
En el artículo 29, que establece los mecanismos para honrar las deudas de quienes se desvinculen de la planilla del Congreso Nacional, se sugirió aprobar la versión con media sanción, incorporando un agregado al texto.
En cuanto al artículo 32, relativo al tiempo de servicio y la edad requerida para acceder a la jubilación, la Cámara de Diputados establece que solo continúen aportando quienes estén a un año de cumplir los requisitos. No obstante, el senador Amarilla propuso acompañar la versión de la Caja Parlamentaria, que plantea permitir aportes a quienes les reste un periodo legislativo, ya sea en un solo pago o en cuotas.
La senadora Celeste Amarilla también cuestionó lo dispuesto en el artículo 30, que establece que los gastos administrativos de la Caja serán cubiertos por el Presupuesto General de la Nación (PGN), manifestando su desacuerdo con que el Estado asuma dichos costos. En la misma línea, rechazó la redacción del artículo 36, que contempla la posibilidad de revocar derechos adquiridos por parte de la Comisión Administradora.
Al respecto, la presidenta del Fondo de Jubilaciones, exsenadora Blanca Lila Mignarro, explicó que los aportes de senadores y diputados representan una parte significativa de los ingresos de la Caja, y que la participación del Estado responde a su carácter no privado, destacando que la institución genera cerca del 90 % de sus recursos.
El senador Amarilla señaló que los principales puntos de debate en el Pleno estarán relacionados con la edad de jubilación y la posibilidad de que legisladores con dos periodos completos continúen aportando para acceder al porcentaje máximo de devolución y a los años mínimos requeridos.
Finalmente, indicó que existe consenso en elevar el aporte de los parlamentarios del 22 % al 24%, y el de los jubilados del 11 % al 14 %.
Ambas comisiones asesoras emitieron dictamen favorable con modificaciones para que el proyecto sea considerado este miércoles 25 de marzo, por el Pleno de la Cámara de Senadores.