El presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), Pablo Loblein, contó que, luego de las irregularidades constatadas en la Cooperativa San Cristóbal, entre ellas las concesiones crediticias sin que los socios cumplan con los requisitos, se comenzó a fiscalizar a otras entidades para controlar el buen funcionamiento de las mismas.
“Con el caso de San Cristóbal, ocurrido el primer trimestre del año pasado, fueron momentos difíciles donde tuvimos que hacer mucho esfuerzo para estabilizar el sector. Son varias las que están siendo fiscalizadas porque consideramos que es importante dar seguimiento a su funcionamiento”, explicó Pablo Loblein a la 1020 AM.
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Sobre ese punto, también mencionó que hoy San Cristóbal tiene un nuevo proceso luego de haberse levantado la intervención. Cuentan con un plan de acción de vigilancia localizada mediante un técnico que monitorea las actividades de la cooperativa. Además, precisó que luego de la intervención se constató un 30 % de morosidad crediticia. “La vigilancia localizada tiene una duración de 180 días, si se evalúa y hay todavía alguna irregularidad se renueva otros 180 días”, agregó.
Asimismo indicó que, respecto a las quejas de los socios que decidieron renunciar y solicitaron su aportes, aclaró que esto se resuelve en cada asamblea anual. Es decir, quienes renunciaron en el 2022 recibirán sus aportes este año y quienes lo hagan este 2023, serán puestos en análisis en la asamblea de 2024.
“Uno tiene que hacer una evaluación y ver qué se pudo haber hecho para prevenir estos hechos y eso se está haciendo. Tenemos dentro del plazo los informes de las cooperativas de cómo van cerrando mes a mes”, resaltó Loblein.
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Restringen operatividad de cooperativa Poravoty
El presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), Carlos Romero, se refirió a la situación actual de la cooperativa Poravoty Ltda., que días atrás fue allanada por una investigación de lesión de confianza. Por ahora, esta cooperativa no puede continuar funcionando con normalidad, debido a la millonaria pérdida de su patrimonio que es muy superior a su activo. Solo puede gestionar cobros de préstamos otorgados.
En conversación con el programa “Dos en la ciudad”, que se emite por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, explicó que con esta cooperativa existen dos procesos, por un lado, se llevó a cabo una fiscalización luego de una intervención a partir del mes de enero. Indicó que se derivó al Ministerio Público unas denuncias que surgieron tras la fiscalización por parte del Incoop, sobre el manejo y algunas irregularidades que han detectado y consideraron llamativos por lo que solicitaron la investigación fiscal.
No obstante, señaló que la cooperativa Poravoty, sí puede seguir operando para el cobro de los préstamos otorgados anteriormente. Indicó que la nueva administración ahora debe realizar un plan de acción con acompañamiento de los funcionarios del Incoop y aprobado por el consejo directivo del Incoop.
Este plan operativo incluye la gestión de los créditos otorgados, ya que cuenta con una cartera sana de alrededor de 40.000 millones de guaraníes, y luego tiene otra cartera cerca de 200 mil millones de guaraníes que está afectada y que está llevando a pérdida hoy y que tienen que gestionar para la cobranza hoy durante todo este proceso.
“La cooperativa con la intervención cerrada al 30 de junio, con una pérdida de 295.000 millones de guaraníes, muy superior al activo, con relación a muchas previsiones porque no hubo buen manejo administrativo. Por lo que está vedado por el momento para las actuales autoridades es recibir ahorros y otorgar créditos. Desde el Incoop consideramos que no puede seguir operando con normalidad por ese motivo”, comentó.
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Allanan sede de la Cooperativa Poravoty e investigación apunta a lesión de confianza
La sede de la Cooperativa Poravoty Ltda. fue allanada por disposición judicial. Una comitiva encabezada por el fiscal Óscar Delfino de la Unidad Penal N° 11, llegó hasta el local ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora. El procedimiento es a consecuencia del informe técnico elevado por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) que detectó graves irregularidades administrativas y financieras, además de problemas con la disponibilidad de fondos para los socios.
El requerimiento fiscal fue atendido por jueza Penal de Garantías del Primer Turno de la ciudad de Lambaré, Gladys Fariña Larrosa; atendiendo que hace más de un mes el Incoop presentó un informe donde observó graves anomalías que fueron denunciados ante el Ministerio Público.
El allanamiento que se realizó esta mañana fue a los efectos de recabar información, así como la incautación de documentos, extractos bancarios e informes de gestión, en el marco de la causa por lesión de confianza contra sus directivos.
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La cooperativa tiene vinculaciones con el personal policial, ya que la misma estuvo presidida por el ex suboficial mayor retirado Miguel González Duarte, quien previamente había sido inhabilitado por supuesto desfalco en el Círculo de Suboficiales (estimado en G. 1.200 millones).
Informe de Incoop
En respuesta a la denuncia que había sido formulada ante el Ministerio Público en enero de este año, ya que más de 700 ahorristas socios no podían acceder a sus cuentas lo que generó una situación de alta preocupación, ya que la mayoría son personas mayores de edad, jubilados, con problemas de salud y acusaron directamente a los miembros directivos.
El informe técnico de la Incoop señala que existe un resultado negativo con un daño patrimonial que orilla los G. 270.000 millones, lo que al cambio sería unos 35 millones de dólares.
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El dictamen señalan que se encontraron con “operaciones ficticias” de créditos por valor de G. 13.000 millones, sumado a una serie de desprolijidades administrativas como la dudosa compra de armas y municiones que supuestamente se vendieron a sus asociados. De acuerdo al inventario detallado en el informe señalan 313 armas de fuego, 28.450 municiones, 392 cargadores de pistolas, entre otros elementos.
Informaron además que todos estos elementos citados quedaron en custodia de la Dirección General de Material Bélico (Dimabel). El informe detalla que solo en una compra de 100 unidades de pistolas que se realizó en el 2018, le costó a la cooperativa la suma de G. 671 millones.
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Piden celeridad a Contraloría para dictamen sobre obras inconclusas en San Antonio
Los concejales Tomás González, Aldo Maciel y Emilio Espinoza piden celeridad a la Contraloría General de la República para emitir el dictamen sobre la verificación que se realizó al Centro de Salud de San Antonio, en el departamento Central, en el que, según manifestaron los ediles, aún está pendiente de finalización de las obras de adecuación, incumpliendo así con un convenio firmado con el Ministerio de Salud.
Según explicó el concejal González a La Nación/Nación Media, se presentó una denuncia ante la Contraloría el pasado 9 de julio adjuntando documentaciones respecto a las irregularidades cometidas por el intendente liberal, Santiago Aguilera, y como consecuencia, hubo una verificación in situ por parte del equipo del ente contralor, pero hasta la fecha, no hay un informe final sobre el trabajo realizado.
La administración del jefe comunal firmó un convenio en 2022 con el Ministerio de Salud mediante el cual se comprometía a ejecutar obras en el Centro de Salud, de modo que la cartera sanitaria pueda elevarlo a Hospital Materno Infantil y dotarlo del equipamiento y personal necesario.
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Sin embargo, las obras no han culminado y las refacciones realizadas son de mala calidad, según detalló el edil, quien recordó que para esta obra el municipio invirtió más de G. 2.500 millones, no obstante, existen irregularidades cometidas por la gestión de Aguilera que parten desde la adjudicación.
“Instamos a la Contraloría General República a corroborar las irregularidades en esta licitación, pues con una simple revisión in situ se observa la mala calidad y falta de cumplimiento del pliego y base de condiciones de dicha licitación”, expresó el concejal.
Las irregularidades
De acuerdo a la denuncia presentada por los tres concejales, existe un sinfín de irregularidades en esta obra, por ejemplo, el aumento por más de G. 419 millones del costo de la obra posterior a su adjudicación, por lo que se sospecha que esta pudo haber sido una maniobra para direccionar la licitación a la empresa adjudicada fijando previamente una oferta más competitiva.
También se habla de retrasos en la entrega de una parte de la obra, la falta de exigencia a la firma para ejecutar la multa por su incumplimiento. En el documento se menciona que la obra no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que el centro de salud habría sido “objeto de un supuesto daño patrimonial o estafa”, advirtieron.
Las obras entregadas a la fecha fueron realizadas por una empresa distinta a la que firmó inicialmente el contrato, sostiene la denuncia, y alegan que la subcontratación no era una herramienta que podía aplicarse a este llamado.
“El Ministerio de Salud y la verificación in situ señalaron casos muy peligrosos con respecto a las faltas de pilares importantes para la seguridad de las obras”, sostiene la denuncia que fue remitida a Contraloría.
“Exigimos al intendente que en la brevedad posible cumpla con el convenio en cuanto a la transferencia del título de propiedad a nombre del Ministerio de Salud y la refacción de los 650 m2 del edificio viejo que falta, que justamente el secretario general de la intendencia había confirmado que aún falta esa parte de modo que posteriormente el ministerio pueda cumplir con su parte de equipar y elevar de categoría”, cerró diciendo el concejal.
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Sector cooperativo desempeña un papel clave en la inclusión financiera, afirma MEF
El viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, resaltó la importancia del sector cooperativo dentro del sistema financiero nacional, durante una conferencia magistral realizada en el VII Congreso Cooperativo, organizado por la Confederación Paraguaya de Cooperativas (Conpacoop).
“El sector cooperativo es un actor fundamental en el sistema financiero paraguayo y desempeña un papel clave en la política de inclusión financiera, un componente esencial para el crecimiento y desarrollo de nuestro país”, afirmó González Soley.
Durante su exposición, el viceministro González Soley compartió datos relevantes del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), destacando que de las 576 cooperativas registradas, el 66 % (382) son de ahorro y crédito; el 21 % (118), de producción; y el 13 % (76), de otros tipos.
Señaló además que las cooperativas concentran el 17 % de los activos del sistema financiero paraguayo, lo que equivale a una parte significativa del total, que supera los USD 38 mil millones.
“Esto demuestra que las cooperativas no tienen un rol menor. Desde su creación, especialmente las de ahorro y crédito, han crecido y se han consolidado como canales fundamentales para movilizar el ahorro de los socios y transformarlo en crédito, contribuyendo activamente al dinamismo del sistema financiero”, explicó.
Otro aspecto destacado por el viceministro fue la amplia presencia territorial de las cooperativas, lo que permite acercar servicios financieros a zonas del país donde los bancos y financieras no están presentes, debido a la falta de incentivos para instalar sucursales.
Finalmente, instó a las cooperativas a seguir profundizando su contribución al desarrollo económico, enfocándose en tres pilares fundamentales: fomentar la bancarización mediante productos financieros adecuados, educar a los consumidores en su uso responsable y protegerlos a través de normativas claras establecidas desde el sector público.