• Por Juan Carlos Dos Santos G.
• Juancarlos.dossantos@nacionmedia.com

El regreso de Luiz Inácio “Lula” da Silva al poder tras derrotar a Jair Bolsonaro en octubre de 2022, fue celebrado como el retorno de la estabilidad. Sin embargo, la realidad actual muestra un escenario más complejo: el actual Lula, con 80 años, gobierna, pero no logra consolidar autoridad ni control político pleno.

El desgaste de su administración no responde a un único factor, sino a una suma de tensiones que, en conjunto, comienzan a erosionar su capital político. En el frente económico, el Gobierno intenta sostener un modelo basado en el gasto social mientras enfrenta crecientes cuestionamientos sobre la disciplina fiscal. El déficit, las señales contradictorias al mercado y la incertidumbre económica han debilitado la confianza, incluso en sectores que inicialmente acompañaron su regreso.

Pero el problema va más allá de los números. El “viejito”, como no le gusta que lo llamen, lidera una coalición fragmentada, dependiente de acuerdos permanentes con un Congreso adverso. Cada votación se transforma en una negociación, cada iniciativa en una pulseada. Esta dinámica proyecta una imagen de debilidad estructural: un presidente condicionado, sin margen para imponer agenda.A esto se suma un elemento clave en política: la percepción. Una parte significativa de la sociedad no percibe mejoras concretas en su vida cotidiana. La expectativa de un rápido alivio económico, especialmente en los sectores más vulnerables, no se ha materializado con la velocidad esperada. Y cuando el lulismo pierde conexión emocional con su base histórica, el impacto trasciende lo económico y se vuelve electoral.

En política exterior, Lula también enfrenta críticas por sus ambigüedades. Su intento de posicionarse como líder global y mediador en conflictos internacionales ha generado incomodidad, especialmente por su cercanía o indulgencia frente a regímenes cuestionados. Esta postura, lejos de fortalecer su liderazgo, abre flancos tanto dentro como fuera de Brasil.

Ni siquiera en áreas donde el Gobierno muestra avances, como la agenda ambiental, logra evitar contradicciones. La reducción de la deforestación convive con presiones por expandir proyectos extractivos, mientras sectores indígenas y sociales comienzan a expresar frustración por promesas incumplidas o demoradas.Sin embargo, el dato más relevante no está únicamente en los problemas del oficialismo, sino en la reorganización de la oposición. Allí emerge con fuerza Flávio Bolsonaro, quien ha comenzado a capitalizar el malestar social y a canalizar las críticas al Gobierno. Con un discurso más ordenado y menos confrontativo que el de su padre, logra interpelar tanto al núcleo duro del bolsonarismo como a sectores desencantados con Lula.

El crecimiento de Flávio Bolsonaro en encuestas recientes –incluso con escenarios donde aparece competitivo o por encima de Lula en una eventual segunda vuelta– refleja un cambio de clima político. Ya no se trata solo de rechazo al pasado, sino de dudas sobre el presente.Brasil, además, sigue atrapado en una polarización persistente, donde el margen para consensos es mínimo y el desgaste del gobierno se amplifica. Lula enfrenta un desafío mayor al que tuvo en 2022: ya no compite únicamente contra su antecesor, sino contra sus propias limitaciones.

El presidente aún conserva estructura, liderazgo y capacidad de reacción. Pero la política no perdona la inercia. Si no logra recuperar iniciativa, ordenar su coalición y ofrecer resultados tangibles, el escenario electoral podría volverse mucho más adverso de lo previsto.Porque en Brasil hoy no está en discusión quién gobierna, sino quién logra convencer de que puede hacerlo mejor. Y en esa disputa, el poder –silenciosamente– empieza a cambiar de manos.

Para el ingeniero y exasesor técnico de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Fabián Cáceres, la discusión del Anexo C del tratado de Itaipú quedó en segundo plano para los gobiernos de Santiago Peña y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Agregó que el punto clave del debate gira en torno a la fijación de una nueva tarifa de la hidroeléctrica, razón por la cual persiste el manto de hermetismo desde ambas administraciones.

“Se tiene que ser bien claros, lo que realmente se pretende es extender el acuerdo (de 2024). El anexo C va por otra cuerda y ya no genera beneficios para el Paraguay. Actualmente, la tarifa es de USD 19,28 por kW/mes y el Brasil tiene la esperanza de que quede a USD 10 KW/mes“, refirió este martes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Cáceres comentó: “Lo que se pretende de alguna forma es que la tarifa de USD 19,28 por kW/mes no vaya al piso y que por lo menos permita todavía disponer de suficientes recursos y, a la vez, enfocarse en la promoción de nuevas fuentes de generación de energía".

“Tocar el Anexo C ya no tiene sentido, además los tiempos ya no dan. Esto era de interés cuando había una gran diferencia entre lo que llevaba Paraguay y Brasil (en materia de distribución de energía). Hoy prácticamente nuestro país estará consumiendo a la par que Brasil”, afirmó Cáceres.

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La fijación del precio de la tarifa a USD 19,28 por kW/mes, en mayo del 2024, fue calificada como un acuerdo histórico tras años de negociaciones. Su vigencia se extiende hasta el año 2026 y llegó a generar alrededor de USD 280 millones de ingresos por royalties, USD 650 millones para inversión social, USD 265 millones por compensación de energía y USD 53 millones en utilidades de capital, totalizando USD 1.250 millones anuales.

Además se estableció el mantenimiento del acuerdo operativo de la Itaipu, la posibilidad inmediata para Paraguay de vender al mercado libre brasileño su parte de la energía no consumida. En dicha ocasión los gobiernos de Peña y Lula habían fijado que la renegociación del Anexo C debía concluir a finales del 2024, pero el proceso fue dilatándose en medio de una serie de conflictos como el espionaje que fue impulsado por Brasil contra autoridades paraguayas, entre junio de 2022 y marzo de 2023.

Así como el reclamo realizado por Peña a Lula, en diciembre de 2025, cuando el mandatario brasileño tomó la iniciativa de inaugurar por separado el Puente de la Integración, costeado con fondos de Itaipú. El hecho fue calificado por el economista como “una mezquindad política” que dejó un “un sabor amargo”.

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El docente y experto energético Victorio Oxilia consideró como “una buena señal” la reunión bilateral que mantuvieron los mandatarios Santiago Peña y Luiz Inácio Lula da Silva, ayer domingo en la ciudad de Campo Grande (Brasil), para retomar la renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú, para fijar las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la entidad binacional.

“Tal vez se dieron algunas orientaciones o se ajustaron algunas propuestas y contrapropuestas. El encuentro de ayer es una buena señal, se los vio a los dos sonriendo y muy cómodos. Obviamente, en esa reunión, las cosas ya fueron digeridas debido a que el encuentro técnico más relevante fue en la semana pasada con la presencia de dos ministros importantes del Brasil, el canciller Mauro Vieira y el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira“, indicó este lunes al programa ”Así son las cosas" emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones de Oxilia surgen teniendo en cuenta los impasses que se registraron en el transcurso del proceso de revisión, como el espionaje que fue impulsado por Brasil contra autoridades paraguayas en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de la represa, entre junio de 2022 y marzo de 2023.

Así como el reclamo realizado por Peña a Lula, en diciembre de 2025, cuando el mandatario brasileño tomó la iniciativa de inaugurar por separado el Puente de la Integración, costeado con fondos de Itaipú. El hecho fue calificado por el economista como “una mezquindad política” que dejó un “un sabor amargo”.

“Hay que considerar que en los últimos meses, Lula y Peña no se reunieron y había ahí un resquemor, aparentemente a raíz de la inauguración del Puente de la Integración, la cuestión del espionaje, fricciones que se dieron y que, de cierta manera, mostraban que ambos presidentes no se encontrarían”, dijo.

No obstante, Oxilia considera que dichos conflictos no influenciarían en el proceso de la renegociación. “Itaipú se maneja de una manera blindada, es algo demasiado estrátegico para ambos países, es algo concreto con historia. Ahora, lo que sí podría incidir es la buena voluntad del presidente Lula“, afirmó.

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Oxilia detalló que, en el marco de la revisión, Lula tendría como fin principal lograr una tarifa más razonable para Brasil. “Yo creo que la base que ellos toman es siempre el memorándum que firmamos en el 2024, que dio origen a la tarifa actual USD 19,28 por kW/mes (vigente hasta este año 2026), a los excedentes financieros", comentó.

El experto energético acotó: “De la revisión del Anexo C saldría una tarifa más razonable para el mercado brasileño. La tarifa es una cuestión muy importante para Lula, teniendo en cuenta que hoy en día Brasil ya ingresó a un periodo electoral bastante duro y, por lo tanto, el tema de la tarifa es muy vital para él".

A la vez, manifestó: “La renegociación está en un punto donde faltan ajustes de puntos finales y no sabemos si se dieron o si fueron más favorables para uno que para el otro”.

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Los presidentes de Paraguay y Brasil se citaron en Campo Grande para intentar avanzar en un acuerdo concreto sobre las bases financieras del tratado.

La reunión bilateral entre el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su par brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, con­cluyó sin una definición con­creta sobre el Anexo C de Itaipú Binacional, uno de los puntos más trascedentes en la agenda energética y financiera entre ambos países. Los man­datarios habrían impulsado avances al diálogo sobre este asunto, pero no hubo resulta­dos concretos.

El encuentro se desarrolló en Campo Grande, en el marco de la COP15, y estaba rodeado de una alta expectativa, espe­cialmente luego de que, en los días previos, los cancilleres de ambas naciones –Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay) y Mauro Vieira (Brasil)– ade­lantaron en Asunción avances significativos en las negocia­ciones. Sin embargo, el resul­tado final quedó por debajo de lo proyectado. A diferencia de lo inicialmente anunciado, no se emitió una declaración conjunta al término de la reu­nión, un hecho que refleja los obstáculos persistentes para alcanzar consensos en torno a la revisión del Anexo C, que regula las condiciones finan­cieras de la hidroeléctrica compartida entre los dos paí­ses por más de 50 años.

En sus redes sociales, el jefe de Estado paraguayo indicó que “junto a nuestras delegaciones analizamos los detalles sobre el precio de la energía y su afec­tación en el desarrollo de nues­tras naciones a corto y largo plazo”, precisó el mandatario sin ahondar en más detalles.

El Gobierno paraguayo había puesto énfasis en la necesi­dad de lograr condiciones más favorables en la comercializa­ción de la energía y en la revi­sión de los criterios que rigen la estructura de costos y tarifas. Del lado brasileño, si bien existe disposición al diálogo, las posi­ciones se mantienen cautelo­sas, atendiendo al impacto que cualquier modificación pueda tener en su matriz energética.

Si bien las conversaciones continúan, el resultado de Campo Grande evidencia que el acuerdo aún requiere de mayores niveles de nego­ciación política y técnica para destrabar un entendimiento definitivo.

La comitiva del presidente Peña estuvo integrada por su primer anillo, entre ellos el jefe del Gabinete, Javier Giménez, y el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, además de otros altos funcio­narios, que tuvieron de con­traparte al presidente Lula da Silva, el canciller Vieira y el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira.

El presidente de la República, Santiago Peña, participó de la 15.ª reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (COP15 de la CMS), ocasión en la que reafirmó el liderazgo de Paraguay en la conservación de la biodiversidad y las especies migratorias. “Es una honra estar aquí reunido con todos ustedes en Campo Grande, a pocos kiló­metros del pantanal, una de las regiones más extraordinarias del planeta y donde nace el río que da nom­bre a mi país, el Paraguay. Tal como los ríos vastos que irrigan los continentes sudamericanos, la natura­leza fluye y se conecta más allá de nuestras fronteras, llevando vida y desarrollo a nuestros pueblos. Esta conexión está presente en el lema de la COP15, conectar la naturaleza para sostener la vida. Recordando el vínculo que nos une, que une hábitat, vida silvestre y seres humanos, el Paraguay sabe bien de esto”, comentó.

Durante su intervención, el mandatario acotó: “Situado en el corazón de América del Sur, mi país es el punto de convergencia de tres grandes sistemas naturales extraordinarios, el gran Chaco, el Pantanal y las florestas atlánticas. Estas son importantes no solo para las especies migratorias, sino también para los territorios en los que viven nuestras comunidades y que están profundamente vinculados a nuestra his­toria, cultura y desarrollo económico. Por eso, el Paraguay está convencido de que proteger a las especies migratorias no es solamente una tarea ambiental, es una decisión de desarrollo”.