Tras la postergación por 15 días del memorándum de entendimiento entre Paraguay y EE. UU. para el Plan Maestro para la Navegabilidad del río Paraguay, desde el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) explicaron que lo único que se pretende es que el Cuerpo de Ingenieros de los EE. UU. (Usace) brinde asistencia técnica a través de un acuerdo de cooperación para desarrollar una hoja de ruta que indique qué hacer con la vía navegable en la brevedad posible.
“Que dejemos de trabajar en soluciones parches que son las que hace el Ministerio de Obras Públicas dragando de emergencia algunos pasos difíciles del río cuando la situación se vuelve crítica y nos quedamos sin acceso a la navegación. Necesitamos una solución en el menor tiempo posible”, explicó Iván Dumot, titular del gremio, en comunicación con el programa Show de Noticias, emitido por el canal GEN/Nación Media.
Recordó además que las últimas sequías fueron ocurriendo últimamente casi cada año y esta es una situación que se irá agudizando con el cambio climático si no se soluciona. “Hay que entender que este trabajo del Usace lo que va a hacer es diseñar un plan y de ahí en adelante hay que ejecutarlo, o sea, todavía estamos lejos de ver un resultado de una navegabilidad factible para el 100% del año y también para el día y la noche”, aseguró.
Dijo que existe todo un proceso político previo para hacer cualquier acuerdo con los americanos y si bien este proyecto está también patrocinado por la misma Embajada y por un grupo de impulsores de varios gremios, el primer paso es que el Poder Legislativo autorice a firmar un acuerdo con un gobierno extranjero. En el documento se definirán las condiciones, pues el costo todavía es estimado (USD 20 millones), lo cual no es todavía una propuesta de valor exacta, así también el tipo de ayuda a ser recibida.
Luego, las autoridades paraguayas tendrán que ver cómo ejecutar el plan. “Esa ya sería una decisión posterior del gobierno de turno entender de dónde fondea la obra en sí ya sea de recursos propios del Estado o a través de asociaciones público privadas o licitaciones”, apuntó. Agregó que en este momento el ambiente o la cantidad de votos necesarios para aprobar este proyecto estarían dados, atendiendo las últimas conversaciones que se tuvieron con representantes del Legislativo, por ello “hay buenas perspectivas de que se dé un visto bueno a esta propuesta y se logre arrancar con el proyecto”.
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Gremios exigen a Alliana reformular el PGN 2027 y eliminar privilegios tras crisis de Ueno Bank
Los principales gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta al presidente de la República, Pedro Alliana, para exigir una reformulación integral del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, mayor austeridad en el gasto público y medidas concretas para recuperar los recursos comprometidos por la crisis de Ueno Bank.
El documento, fechado el 10 de noviembre de 2026, cuenta con la adhesión de numerosas organizaciones, entre ellas la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP).
En la misiva, los sectores firmantes advierten que la crisis política y financiera exige respuestas inmediatas del Gobierno para preservar el grado de inversión, recuperar la confianza de los mercados y proteger el empleo. “Paraguay no tiene más margen de error”, expresan en el documento.
Asimismo, reclaman investigar las fallas de supervisión y las eventuales responsabilidades de quienes debían controlar las operaciones de la entidad bancaria.
Advierten sobre pérdidas millonarias y más de 5.000 empleos afectados
Uno de los principales cuestionamientos de los gremios apunta al proyecto de PGN 2027, actualmente sometido a consideración del Congreso Nacional. Según los firmantes, la propuesta presupuestaria no contempla adecuadamente las consecuencias económicas de la crisis de Ueno Bank y contiene previsiones que consideran alejadas de la realidad.
En ese contexto, estiman que el perjuicio para las arcas públicas podría representar entre el 1,5 % y el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB). También mencionan los ahorros comprometidos de casi tres millones de paraguayos, la disminución de la actividad comercial y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo, cifra que, según advierten, podría continuar aumentando.
A ello suman el deterioro de las condiciones para emitir deuda soberana y el riesgo de cierre o reducción de numerosas pequeñas y medianas empresas. Estas cifras corresponden a estimaciones y afirmaciones de los gremios expresadas en la carta. “No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido”, sostienen.
Exigen austeridad y eliminación de privilegios
Los gremios proponen revisar integralmente el PGN 2027, utilizando proyecciones realistas de ingresos y gastos, además de garantizar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la convergencia hacia un déficit del 1,5 % del PIB.
Entre sus principales planteamientos figuran la reducción del gasto corriente improductivo, la eliminación de aumentos salariales injustificados y el recorte de gastos considerados superfluos.
Solicitan revisar específicamente las asignaciones destinadas a pasajes, viáticos, catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal.
Los recursos ahorrados, según plantean, deberían ser destinados prioritariamente a salud, seguridad ciudadana y educación pública. También exigen avanzar con la reforma de la Caja Fiscal y limitar la cobertura de vacancias en el sector público a los puestos considerados esenciales.
Proponen utilizar bienes recuperados para resarcir a ahorristas
Otro de los pedidos centrales está relacionado con la recuperación de los fondos afectados por la crisis bancaria. Los gremios solicitan establecer mecanismos legales que permitan destinar los bienes recuperados de los responsables y posteriormente liquidados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) al resarcimiento de los ahorristas que no sean cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Asimismo, proponen establecer por ley un registro público actualizado diariamente, que permita identificar cuánto dinero mantiene cada institución estatal en los bancos, las modalidades de depósito y sus respectivos plazos.
La iniciativa apunta a fortalecer la transparencia en la administración de recursos públicos y prevenir nuevas situaciones de riesgo financiero.
Piden reformas en instituciones públicas
La carta también incluye propuestas para reorganizar distintas áreas del Estado. Entre ellas, los gremios plantean integrar la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), mediante las modificaciones legales correspondientes.
Además, solicitan fortalecer la recaudación de peajes con participación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), impulsar controles contra el contrabando y revisar determinados regímenes laborales del sector público.
Otro de los puntos es dotar de presupuesto al Consejo de Seguridad Social, para asegurar el funcionamiento de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
Sector privado ofrece colaborar con el Gobierno
Además de los reclamos, las organizaciones empresariales manifestaron su disposición de colaborar técnicamente con el Gobierno en la reformulación del presupuesto y las medidas necesarias para recuperar la confianza económica.
Entre sus compromisos mencionan impulsar inversiones productivas, generar empleo formal, fortalecer los estándares de transparencia empresarial y ejercer vigilancia sobre las contrataciones y el uso de los recursos públicos.
Los firmantes sostienen que la exigencia de integridad debe alcanzar tanto al sector público como al privado, sin distinciones por vínculos políticos o económicos. “Ningún cargo, vínculo político o poder económico debe proteger a los responsables”, remarcan.
Finalmente, los gremios instaron al presidente Alliana a adoptar decisiones verificables y urgentes para afrontar las consecuencias de la crisis financiera. “El momento de actuar es ahora. La impunidad destruye la economía; la transparencia y la justicia construyen futuro”, concluye la carta dirigida al mandatario.
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Gremios solicitan fortalecer la seguridad jurídica para sostener el crecimiento y la inversión
Asociaciones representativas del sector empresarial, académico y de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento en conjunto en el que solicitan seguridad jurídica, para consolidar el periodo de intensa expansión económica y auge de las inversiones extranjeras en país.
El texto difundido en redes sociales está firmado por la Asociación de Empresarios Cristianos (Adec), el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), el Club de Ejecutivos, Horizonte Positivo Paraguay y Pacto Global Red Paraguay.
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“Paraguay atraviesa un momento auspicioso: crecimiento económico, grado de inversión otorgado por dos calificadoras internacionales y un creciente interés por radicar capitales en el país. Ese mensaje —el de un Paraguay estable, previsible y confiable— solo será sostenible si puede verificarse también, todos los días, dentro de nuestras fronteras”, indica parte del texto.
Entre otras cosas, citan la sentencia contra el exsenador Hernán Rivas y en ese sentido afirman que hubo fallas en “distintas instancias del Estado que deben ser investigadas y esclarecidas”.
Planteamientos
“Quienes invierten, generan empleo y apuestan por el crecimiento del Paraguay necesitan la certeza de que la ley se aplica por igual a todos, que los controles funcionan y que las posiciones de poder no otorgan privilegios frente a las reglas y responsabilidades que rigen para el conjunto de la sociedad”, continúa el texto, para luego manifestar una serie de planteamientos.
Lo primero consiste en determinar las responsabilidades que correspondan y asegurar las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico cuando fallen los controles, además de fortalecer los mecanismos de verificación y control para el acceso a cargos de alta responsabilidad pública, así como garantizar la trazabilidad, integridad y confiabilidad de los registros públicos, especialmente los educativos, judiciales y patrimoniales. Finalmente, apelan a reforzar la independencia, profesionalización y rendición de cuentas del sistema de justicia, de manera que la ley se aplique con los mismos estándares a cualquier ciudadano, independientemente de su posición o influencia.
El comunicado finaliza indicando que la senda del crecimiento y de la atracción de inversiones “se sostiene, sobre todo, con instituciones que inspiren confianza y garanticen previsibilidad tanto al inversor extranjero como al ciudadano”.
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Capaco insta a mayor inversión pública en dragado y caminos
El ingeniero Francisco Griñó Guillén, miembro de Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), instó a seguir invirtiendo en el dragado de los ríos y el mejoramiento de las rutas y caminos. El directivo considera indispensables para dar previsibilidad al movimiento de cargas y mantener la navegabilidad durante todo el año.
Sostuvo, que tanto el dragado permanente de los ríos y mejores caminos de acceso son fundamentales para un país mediterráneo como es Paraguay. Señaló que el desarrollo de la infraestructura portuaria paraguaya en las últimas dos décadas a lo largo de los ríos Paraguay y Paraná estuvo impulsado principalmente por inversiones privadas. Además, la mayor parte de las cargas del país opera a través de puertos privados.
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Sin embargo, el Ing. Griñó resaltó que esta expansión requiere de obras públicas que garanticen el movimiento de las mercaderías por agua y su conexión con la red terrestre. “El Estado debe acompañar más la inversión. Tiene que ser partícipe y darle el apoyo que necesitan las terminales portuarias, con caminos y dragados”, afirmó.
El ingeniero, con experiencia en la construcción y administración de puertos, explicó que las condiciones de navegación y los accesos terrestres forman parte de una misma cadena logística. “En el caso del río, es la autopista más importante del Paraguay. El 80 % o 90 % de la carga del país, de importación y exportación, pasa por los ríos”, expresó.
Asegurar la navegación
Griñó señaló que uno de los principales desafíos es garantizar la continuidad del dragado. El ingeniero mencionó que actualmente existen tres contratos para realizar estos trabajos, pero sostuvo que el mantenimiento de los canales debe responder a una planificación permanente.
“Hay que hacer un programa de dragado y hay que cumplir ese programa de dragado. Si hay un inconveniente, no se puede solucionar en cuestión de días. A veces lleva meses”, explicó.
A su criterio, esperar una bajante pronunciada para iniciar los trabajos reduce la capacidad de respuesta y expone al comercio exterior a retrasos que podrían evitarse mediante intervenciones anticipadas.
La navegación también depende del mantenimiento de los tramos del río Paraná que se encuentran bajo jurisdicción argentina. En ese sentido. Griñó planteó la necesidad de mejorar la coordinación sobre las aguas compartidas para que el país vecino realice las tareas correspondientes en su territorio.
Caminos para llegar a los puertos
Por otra parte, señaló que la necesidad de infraestructura no se concentran únicamente en los ríos, ya que el traslado de las cargas desde las zonas productivas hasta las terminales depende casi totalmente de la red vial, tanto rutas como caminos vecinales, explicó el profesional. “Nosotros no tenemos ferrocarril y eso hace que el transporte que alimenta a los puertos sea terrestre”.
Indicó que esta dependencia aumenta la presión sobre las rutas y exige caminos capaces de soportar un tránsito intenso de camiones durante todo el año. “Necesitamos caminos de todo tiempo para asegurar los accesos, sobre todo rutas en buenas condiciones, por la intensidad que genera el tráfico de las cargas”, manifestó.
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Paraguay avanza hacia una histórica concesión sobre los ríos Paraná y Paraguay
El canciller Rubén Ramírez Lezcano, junto al diputado colorado Carlos Núñez Salinas y el delegado de la Comisión Mixta Paraguayo-Argentina del Río Paraná (COMIP), Ing. Martín González Guggiari, sellaron la hoja de ruta bilateral con Argentina para modernizar la mayor autopista fluvial de la región, abriendo un mercado que generará miles de empleos directos. Con esta reunión, Paraguay asegura la exclusividad histórica para las empresas nacionales, en lo que respecta a la concesión de los ríos Paraná y Paraguay.
En un giro estratégico para el desarrollo del comercio internacional y la infraestructura del Paraguay, el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara de Diputados, diputado Carlos Núñez Salinas, acompañó hoy martes una alta reunión de trabajo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El objetivo central de la cumbre fue articular los términos de la próxima concesión para las obras de dragado, balizamiento y modernización tecnológica de los tramos soberanos de los ríos Paraná y Paraguay, un paso logístico fundamental que ya cuenta con la validación técnica y el visto bueno de las instituciones homólogas de la República Argentina.
Agenda en Buenos Aires
Como resultado inmediato de esta mesa de trabajo, Núñez Salinas anunció una misión oficial a la ciudad de Buenos Aires en los próximos días, orientada a consolidar los acuerdos técnicos y los pliegos de la agenda bilateral. Posteriormente, el proyecto de ley para la ratificación del acuerdo será tratado de forma prioritaria en el Parlamento paraguayo.
El legislador colorado destacó un aspecto jurídico trascendental de las negociaciones: el tratado binacional confiere exclusividad a empresas paraguayas para consorciarse y participar activamente de la concesión operativa y de infraestructura. Esto garantiza que el capital, la ingeniería y los beneficios económicos de esta gigantesca obra queden en manos nacionales.
Inyección económica, motor de empleo
El diputado Núñez Salinas enfatizó que este acuerdo traerá la mayor transformación logística de nuestra historia reciente. “Por la Hidrovía Paraguay-Paraná se movilizan anualmente las mayores cargas de nuestro comercio exterior. Garantizar una navegación segura las 24 horas y elevar el calado operativo del Río Paraná significará una reducción inmediata en los costos logísticos del Cono Sur”, subrayó el legislador.
La Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara Baja estima que la activación de estos frentes de obra civil fluvial inyectará un dinamismo inmediato en la economía nacional, con la creación proyectada de más de 5.000 empleos directos e indirectos en el sector naviero, de construcción e infraestructura portuaria, acelerando el crecimiento sostenible del Producto Interno Bruto (PIB) paraguayo.
“Con este avance concreto, la gestión parlamentaria reafirma su compromiso de dotar al Paraguay de la infraestructura estratégica necesaria para consolidarse como el hub logístico y de transporte definitivo de Sudamérica”, concluyó el parlamentario.
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