Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, se refirió al tema de la reducción de pobreza, que fue anunciado este viernes por el Gobierno nacional, destacando que el principal motor para la reducción de la pobreza en el ámbito rural ha sido, sin dudas, la entrega de títulos de propiedad a los campesinos.

En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que desde el momento en que un campesino recibe su título de propiedad, se vuelve millonario, al contar con sus tierras propias, y a partir de ahí, el campesino ha podido generar sus propios ingresos, así como acceder a créditos financieros para el desarrollo rural de sus tierras.

“Le estamos sacando de la pobreza a un campesino, cuando le estamos entregando el título de propiedad de sus tierras; nosotros le convertimos en millonario a los campesinos", remarcó Ruíz Díaz.

Pero para comprender el contexto, puso como ejemplo el caso del dirigente campesino Justino Vera, quien pagó cerca de 5 millones de guaraníes por su tierra que tenía más de 30 años de ocupación.

“Se había comprado hace 30 años a unos precios irrisorios y por Reforma Agraria se mantienen los precios por 11 hectáreas de tierra. Él pagó 5 millones, pero nosotros le hicimos una tasación de su inmueble y en realidad él estaba llevando 1.600 millones de guaraníes, hoy al precio de mercado”, explicó.

Al respecto, resaltó que, al contar con título de propiedad, esa tierra vale, y dejó de empobrecer a una familia. Al mismo tiempo, señaló que las familias tienen acceso al crédito, pueden realizar inversiones productivas, pueden mejorar su rendimiento. Pero también el Gobierno les garantiza la compra de su producción agrícola a través de la Ley Hambre Cero.

Recordó, además, que los estudios internacionales dicen que cuando se titula una tierra de manera automática, el campesino puede acceder al crédito, tiene 40 % más de productividad y sus ingresos mejoran en un 30 %. Resaltó que todo esto ha tenido un impacto en miles de familias campesinas en el país.

El titular del Indert destacó que, por este motivo, el presidente de la República, Santiago Peña, se comprometió a profundizar en este trabajo sobre la titulación masiva de tierras rurales y señaló que en poco tiempo más el Poder Ejecutivo estará remitiendo al Congreso, un proyecto de ley que permitirá eliminar una traba importante que tenía el campesino.

“La ley vigente actualmente exige el pago de la primera cuota de su tierra, antes de acceder a su título. Pero la propuesta normativa que se busca modificar plantea que esa primera cuota, que equivale más o menos entre 7 y 8 millones de guaraníes, la realice recién a los 12 meses de haber recibido el título”, precisó.

Destacó que ya durante este gobierno se bajó la tasa de interés al 0 % para las mujeres, por lo cual redujo en un 50 % el valor de las tierras en beneficio de las mujeres jefas de hogar, para cumplir con el mandato constitucional y del Estatuto Agrario que habla de priorizar a la mujer en el campo.

“El presidente de la República pidió ampliar los plazos; en ese proyecto de ley que se va a remitir en breve al Congreso, va a ampliar el plazo para que las mujeres, en lugar de tener que pagar por su lote 15 años de plazo, lo paguen en 30 años de plazo. Ese proyecto de ley ya tiene la última revisión y se está definiendo el momento más oportuno para su presentación”, comentó.

Por lo expuesto, el presidente Ruíz Díaz resaltó que no existe mejor política para sacar al campesino de la pobreza que otorgarle su título de propiedad y que el título tienda también a favorecer a las mujeres.

“Esto es muy importante, porque nosotros estamos pasando del 30 % de los títulos que se entregaban para las mujeres, como se hacía antes de que asumiera el gobierno del presidente Peña el 15 de agosto del 2023. En la actualidad, gracias a esa política de incentivos de favorecer la titulación en nombre de la mujer, se está llegando a un 60 %. Es decir, que 6 de cada 10 títulos que se entregan en esta administración son para mujeres; y las mujeres son el mejor, el mejor vehículo para atacar la pobreza en los hogares rurales”, concluyó.

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El diputado colorado Carlos Núñez Salinas destacó que Paraguay está logrando avances reales en la reducción de la pobreza. No obstante, indicó que ahora toca consolidarlos para que estos resultados no sean temporales, sino el inicio de un cambio duradero y definitivo para el país.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador, que se encuentra en la fecha por Panamá participando de la asamblea de Parlatino, celebró el avance alcanzado por el gobierno de Santiago Peña, resaltando que ha sido el fruto de políticas públicas concretas e instó a proteger y profundizar con reformas estructurales que permitan a las familias salir de la pobreza de manera definitiva.

“El desafío es transformar la asistencia en autonomía económica; hacerlo garantizará que estos resultados no sean temporales, sino el inicio de un cambio duradero para el Paraguay”, expresó. “Es un logro que merece reconocimiento: transferencias y políticas focalizadas han protegido a miles de familias en un contexto internacional complejo”.

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El legislador colorado se refirió a los datos publicado este viernes, por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la cual muestran una mejora concreta: la pobreza ha disminuido y, que, según el Gobierno, más de 239.000 personas no habrían caído en pobreza gracias a programas como Tekoporã y Hambre Cero.

No obstante, reconoció que se debe ser realistas, ya que cerca de 985.000 compatriotas aún siguen en situación de pobreza y 147.000 en pobreza extrema. Explicó que la dependencia de transferencias sociales deja avances sensibles, pero potencialmente frágiles frente a presiones fiscales y choques externos.

“Por eso la prioridad ahora debe ser convertir ese alivio inmediato en oportunidades sostenibles: más empleo formal, capacitación vinculada a demanda productiva, mayor acceso a educación y salud de calidad, y políticas que fomenten inversión y resiliencia ante crisis climáticas y externas”, concluyó.

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A efectos de contradecir sin argu­mentos al Poder Ejecutivo, algunos medios y sectores con “analistas” claramente estatis­tas, vienen insistiendo sobre la necesidad de aumentar el déficit fiscal e incluso subir los impuestos, sin tomar en cuenta lo que ello significa. Sin el adecuado análisis acerca de las consecuencias que acarrearía tal decisión apelan a una trampa que significará la caída no solo de las finanzas publicas, sino que tam­bién afectará a la política, sumado a un golpe mortal a la economía del país.

El gobierno del presidente Santiago Peña es claro con referencia a esta situación. Es pre­ciso seguir reduciendo el déficit fiscal dada su importancia para el presente y el futuro del país. Pero, y como dijimos, existen sectores que desean pan para hoy y hambre para mañana. No les interesa mantener el equilibrio finan­ciero ni monetario Para ellos, hay que subir el déficit fiscal sin correspondencia alguna con la realidad económica y si hay que aumentar los impuestos habría que hacerlo sin titubear.

Si fuera por ellos, subirán el déficit fiscal al punto de salir de la la Ley de Responsabili­dad Fiscal para llegar a más del 3 por ciento mediante una ley especial que le daría carta blanca al Estado para elevar los topes de gastos establecidos durante el presente gobierno.

Esta es una trampa. Al respecto, estamos segu­ros que el Gobierno no pisará el palito como se dice coloquialmente. La expresión trampa tiene absoluto sentido. Ninguna persona de bien con conocimientos básicos de finanzas y economía estaría de acuerdo con elevar el déficit fiscal porque se sabe que termina en el más absoluto desquicio de las finanzas y en la inestabilidad monetaria. Más allá de lo que establece la ley respectiva, en el corto plazo no se podrán soportar los nuevos egresos, lo que supone un escenario dantesco del que ningún país desearía encontrarse y sucederá en este gobierno, situación que algunos desean ocurra.

Gastar más de lo que se recauda como pro­puesta y, peor aún, llevarla a la práctica desde el poder público es un acto antipatriótico. Es iniciar un camino hacia el infierno por el cual se podrá saber cuándo empieza pero nunca cuándo termina, como en efecto la experien­cia muestra en otros países que han padecido largas décadas soportando los alucinantes des­varíos populistas del estatismo. Habiéndose ingresado en aquel escenario, se exacerbarán los ánimos políticos. En cualquier momento podrían formarse nuevas mayorías en el Con­greso que tendrán la llave de aumentar los ingresos sin que el poder Ejecutivo pueda hacer algo, excepto vetar esas nuevas leyes, lo que supondría agotar la confianza entre ambos poderes, precisamente la ante sala de situaciones que los adversarios del Gobierno desean que suceda.

El Presupuesto de Gastos es una herra­mienta que no está disponible para su uso únicamente por el Poder Ejecutivo. El Con­greso es el que decide finalmente con su aprobación los gastos estatales y se ha visto que Ejecutivo tuvo que poner frenos a esas multimillonarias erogaciones mediante la fijación de topes presupuestarios con la revi­sión de la debida disponibilidad financiera, el monitoreo del flujo de caja y otros mecanis­mos buscando equilibrar ingresos y egresos.

Ese equilibrio que en este momento le per­mite al país su crecimiento y haber obtenido sus dos grados de inversión, ocurre porque el Ejecutivo lleva a cabo bien su tarea, acom­pañado por el Congreso, especialmente con el bloque afín al Gobierno. Pero no siempre puede darse de ese modo. Es más, hasta puede ocurrir una diferencia entre los miembros de un mismo sector, como en efecto sucedió con el tratamiento de las cajas fiscales, donde el Ejecutivo propuso un proyecto y luego fue modificado en el Senado. Los escenarios son cambiantes en la política, como sabemos ocu­rre en todas partes.

En relación al déficit fiscal y los gastos, en este momento el Ejecutivo ha dicho dos cosas que no pueden pasar desapercibidas. Lo primero es que ante el escenario en que se encuen­tran las finanzas públicas debido a la merma en la recaudación se hace imperativo reducir los gastos para cumplir con el déficit progra­mado, esto es, volver cuanto antes a no más del 2,5 por ciento del déficit con relación al producto interno bruto (PIB). Y segundo, que ante esta situación, el Gobierno no está dispuesto a elevar los impuestos aunque ello implique soportar el asedio populista de algunos sectores y “analistas” que desean se incremente el déficit para luego ver qué hacer con la economía. Insistimos, esta es una trampa. Hay que evitarla y ni siguiera consi­derarla. De ocurrir significaría ingresar a una espiral inflacionaria junto con el exponen­cial aumento del endeudamiento y más gastos que terminará por debilitar al gobierno hasta dirigirlo a su fracaso, como precisamente algunos desean y demasiado. Aumentar el déficit fiscal y los impuestos es una trampa económica y política.

Paraguay intenta posicionarse como el “Texas de Sudamérica”, dice un análisis realizado por Bloomberg. Afirman que el país posee un clima exigente, pero cada vez más atractivo para personas e inversores por sus bajos impuestos, reglas simples y costos competitivos, y lo describen cómo una economía históricamente ignorada que empieza a ganar protagonismo en la región.

“Ubicado entre gigantes como Brasil y Argentina, Paraguay fue durante años visto como un país pequeño, sin salida al mar y con escasa relevancia internacional. Sin embargo, ese escenario comenzó a cambiar. Hoy, con apenas 6,1 millones de habitantes, el país vive un momento distinto, marcado por una mayor atención de inversores y empresarios”, manifiesta el artículo.

Señalan que el atractivo principal está en su modelo económico: baja carga impositiva, estabilidad macroeconómica, energía barata y menor burocracia. Este combo ha convertido al país en un destino cada vez más interesante, especialmente para inversores de países vecinos que buscan mejores condiciones para operar.

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Según Bloomberg, Paraguay logró construir credibilidad en los mercados a partir de dos décadas de disciplina fiscal, inflación controlada y crecimiento sostenido cercano al 4 % anual. Estos factores permitieron alcanzar el grado de inversión y atraer capital internacional, incluyendo fondos que hoy miran al país como una alternativa dentro de la región.

El dinamismo también se refleja en la economía real, con mayor actividad, desarrollo inmobiliario y consumo. A esto se suma una estrategia del Gobierno para posicionar al país en el escenario global y atraer nuevas inversiones.

Sin embargo, el análisis también señala desafíos. La misma baja presión tributaria que atrae capital limita la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, salud y educación. Persisten además niveles de desigualdad y necesidades sociales que todavía no han sido completamente resueltas.

Así, Paraguay aparece ante el mundo como una economía que pasó de ser ignorada a convertirse en un imán para los inversionistas. El reto ahora será sostener ese atractivo y lograr que el crecimiento se traduzca en beneficios más amplios para toda la población.

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