En un mundo donde cada vez más personas manejan su dinero desde el celular, la seguridad digital dejó de ser un lujo y se volvió una necesidad básica, además de una herramienta que debe ser resguardada. Según César Astigarraga, presidente de la Cámara Paraguaya de Fintech, existen prácticas sencillas, pero fundamentales para cuidar las finanzas personales en entornos digitales.

En esta nueva edición de Ellos saben, Astigarraga compartió con La Nación/Nación Media seis claves que pueden ayudar a evitar ser víctima de fraudes.

No importa qué tan segura sea la contraseña, hoy por hoy eso ya no alcanza. La autenticación en dos pasos es una capa adicional de seguridad que puede marcar la diferencia entre mantener a salvo la cuenta o ser víctima de un ciberdelito.

El segundo paso (como un código por mensaje o a través de una aplicación) hace que les cueste mucho más infiltrarse a un ciberdelincuente. “Para mí, es el mínimo de seguridad que todos deberíamos usar en apps financieras o de pagos", sostuvo.

Un simple clic puede ser el comienzo de una pesadilla. Hoy en día, el phishing, una práctica para engañar y robar datos, está tan sofisticado que incluso usuarios experimentados pueden caer en la trampa. Esos mensajes que llegan por correo, WhatsApp o redes sociales, con frases como “verifica tu cuenta”, “urgente” o “ganaste un premio”, suelen esconder intenciones maliciosas. Si no estás 100 % seguro del origen, no toques ese enlace. Mejor perder 10 segundos que comprometer tus datos.

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Parece un consejo básico, pero es uno de los errores más comunes: usar una sola contraseña para todo. Este hábito es especialmente peligroso, porque si una de las cuentas es vulnerada, las demás quedan automáticamente expuestas.

“Sé que es tentador usar una sola clave para todo porque es más fácil recordarla, pero si una cae, todas caen. Usar combinaciones de letras, números y símbolos. Y si se puede, un gestor de contraseñas", mencionó. Vale mucho más que memorizar “123456” en todos lados. La clave es tratar tu información como tratás tu billetera física.

Ninguna entidad financiera legítima pide claves, códigos o datos personales sensibles por llamada, mensaje de texto o redes sociales. Aunque la persona del otro lado parezca confiable o diga que llama en nombre de un banco, lo más probable es que se trate de una estafa.

Los estafadores están cada vez más entrenados: estudian guiones, imitan voces, usan logos y hasta crean sitios falsos idénticos a los reales. Por eso, la intuición importa: si algo se siente raro, probablemente lo sea.

La prevención no solo consiste en protegerse, también en detectar a tiempo. Revisar los movimientos de las cuentas bancarias o billeteras electrónicas una vez por semana puede ayudar a identificar cualquier actividad sospechosa antes de que sea demasiado tarde.

Si aparece algo extraño, se puede actuar rápido. La prevención no es sólo proteger, también es detectar a tiempo. Un cobro de G. 5.000 que no reconocés puede ser una prueba antes de un fraude más grande.

Cuando el celular pide actualizar una app o el sistema operativo, no lo está haciendo solo por diseño o funciones nuevas. Muchas de esas actualizaciones corrigen vulnerabilidades que ya fueron detectadas y que pueden ser explotadas por hackers.

Si se pasa semanas sin actualizar, el dispositivo se convierte en una puerta abierta para posibles ataques. “Así como protegemos nuestras tarjetas o claves físicas, también debemos cuidar los dispositivos desde donde accedemos a nuestro dinero”, dijo.

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Este 2 de julio se tendrá que desarrollar la audiencia preliminar para Heriberto Antonio Duarte, quien fue inicialmente imputado por estafa con un perjuicio que sería de US$ 91.000, pero el Ministerio Público -de forma llamativa- pidió el sobreseimiento provisional del procesado. La diligencia judicial se desarrollará ante la jueza penal de Garantía de Lambaré, Ana Esquivel, quien definirá si blanquea parcialmente al imputado o en su defecto imprime el trámite de oposición.

El Ministerio Público, de forma llamativa, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas, aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía, por lo que resulta raro la presentación que realizó la fiscala.

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Entre algunas diligencias que propuso realizar la fiscala Mayor se encuentra la simple declaración de varias personas, así como pedidos de informes a la Dirección de Estadística Civil del Poder Judicial para poder saber cuántos juicios civiles tiene Duarte Martinetti.

Ante el pedido de sobreseimiento provisional, la jueza Ana Esquivel deberá estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así, será la Fiscalía adjunta de Central la que podrá rectificar y acusar al procesado Duarte o ratificar la desvinculación parcial del procesado.

Meses atrás, la fiscala Laura Romero formuló imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, el señor Darío Ramón Mongelós realizó una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.

Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.

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El director de Ciberseguridad del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Pedro Martínez, afirmó que la declaración de emergencia en ciberseguridad aprobada por la Cámara de Diputados no introduce elementos prácticos adicionales para enfrentar los ataques informáticos recientes sufridos por instituciones del Estado.

“La declaración de emergencia en sí no nos genera un abanico de posibilidades distintas a las que hoy ya manejamos”, sostuvo Martínez en conversación con La Nación/Nación Media. Si bien reconoció la buena intención detrás de la resolución, advirtió que este tipo de medidas puede ser malinterpretado y generar una percepción pública de mayor gravedad de la situación.

“En la realidad y en la práctica, pone un foco en la situación actual y eso realmente no es que ayude tanto a construir lo que estamos haciendo”, explicó. El director enfatizó en que, afortunadamente, la mayoría de los incidentes detectados no comprometieron datos sensibles de la ciudadanía.

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De acuerdo a lo que detallaron desde el Mitic, los ataques consistieron en el uso indebido de credenciales robadas o débiles, lo cual permitió a los atacantes modificar elementos visuales como los banners de páginas institucionales, pero no lograron acceder a información que compromete los datos de la ciudadanía.

“Las vulneraciones que se vinieron dando no representa que los ciberdelincuentes hayan accedido a datos personales de la ciudadanía, de hecho, instamos a que las bases de datos sensibles no estén accesibles desde internet, y eso es una de las capacidades que venimos promoviendo”, sostuvo.

El director remarcó que desde el Centro de Respuesta ante Incidentes (CERT-PY), dependiente de su dirección, se trabaja de manera coordinada con los puntos focales de cada institución afectada para recuperar el control de los sistemas y minimizar los impactos. “Acompañamos con trabajos técnicos y verificamos que no haya elementos persistentes que comprometan la infraestructura”, aseguró.

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Respecto a las posibles motivaciones detrás de los ataques, Martínez indicó que si bien pueden ser variadas, en este caso parecen tener un objetivo claro: “Socavar la reputación gubernamental o institucional”. En su análisis, no se puede afirmar con certeza qué grupo está detrás, pero el patrón observado apunta a acciones con una fuerte carga de daño reputacional.

Finalmente, insistió en que el país ya cuenta con normativas y guías técnicas que, de ser aplicadas correctamente, pueden mitigar eficazmente la mayoría de las amenazas. “A través de esta resolución no se proveen recursos ni herramientas adicionales. Seguramente hay una buena intención, pero en la práctica no cambia mucho”, reiteró respecto a la declaración de la Cámara Baja.

El diputado José Rodríguez presentó ante la Cámara Baja un proyecto de ley que plantea la creación de una cuenta única en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para destinar los recursos provenientes de las salidas alternativas al proceso penal establecidas en el Código Procesal Penal.

Según la propuesta, esta cuenta sería habilitada exclusivamente para recibir los montos que fiscales y jueces determinan como medidas reparatorias o donaciones dentro del marco de los procesos penales, actualmente dirigidos a diversas entidades.

El objetivo es centralizar estos fondos para lograr una administración más eficiente y transparente.

El legislador explicó que la implementación se haría inicialmente en Asunción, Central y las cabeceras departamentales del país. Un 25 % se destinaría al fortalecimiento de programas deportivos barriales y actividades extracurriculares en instituciones educativas.

La Secretaría Nacional de Deportes estaría a cargo de la ejecución de estos recursos, con el propósito de dotar a niños y jóvenes de materiales como pelotas, redes y otros elementos deportivos.

Otro 25 % sería asignado a la compra de combustibles y mantenimiento de motocicletas del grupo Lince. Por último, el Ministerio de Salud también será beneficiado con un 25 % de los recursos que deberán ser destinados al Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones.

La iniciativa será estudiada en varias comisiones, entre ellas, Asuntos Constitucionales, Legislación, de Presupuesto, entre otras.