En el cierre del quincuagésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrado del 22 al 24 de junio del 2026 en la Ciudad de Panamá, el Estado paraguayo planteó que la lucha contra el crimen organizado debe convertirse en una prioridad regional basada en la cooperación internacional, el fortalecimiento institucional y la coordinación entre Estados.

El gobierno de Paraguay estuvo representado por el vicecanciller Víctor Verdun y el primer secretario, Luis Jerónimo Sann Irún, quienes coincidieron en el planteamiento de dejar de lado las diferencias ideológicas para enfrentar amenazas transnacionales que afectan la seguridad, la democracia y el desarrollo de las naciones.

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Este encuentro multilateral se desarrolla bajo el lema "América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá“, y con el tema ”Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados miembros“.

Al respecto, Vedun señaló que la inseguridad es el principal problema de la región; si bien, indicó que América Latina suele considerarse una zona de paz por la ausencia de guerras, recordó que solo el año pasado hubo unas 100.000 víctimas de crímenes violentos, de los cuales el 30 % fueron víctimas vinculadas al crimen organizado.

“Estamos ante un problema endémico que es la falta de seguridad. Escuchamos a uno de los panelistas decir cómo las generaciones jóvenes se están desencantando del sistema democrático, por la falta de respuesta y una que usualmente se nos achaca es la falta de respuesta efectiva contra la ola de inseguridad. No podemos olvidar que sin seguridad no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento”, remarcó Verdún.

Uno de los conceptos más fuertes que planteó el vicecanciller paraguayo es que el crimen organizado afecta a todos los países sin distinción ideológica y que la cooperación debe estar por encima de diferencias políticas. Sostuvo que ante esto, el principal desafío es construir confianza entre los jóvenes, independientemente a las ideologías políticas.

“El crimen organizado nos afecta a todos, afecta a todas nuestras sociedades en sus diversas gamas de delitos. Así que tenemos que eliminar el componente ideológico de la lucha contra el crimen organizado. Construir confianza entre los actores gubernamentales, particularmente entre nuestros organismos de seguridad y entre nuestros organismos de inteligencia”, acotó.

En tanto que, el primer secretario Sann Irún, destacó el papel de los países observadores y de la cooperación internacional para dotar a los Estados de mayores capacidades institucionales frente a amenazas complejas y transnacionales.

Remarcó que Paraguay agradece y valora el respaldo técnico y financiero que los observadores aportan a los proyectos de la OEA. Teniendo en cuenta que su cooperación impacta directamente en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los Estados para enfrentar amenazas complejas y transnacionales, como la lucha contra el crimen organizado, la trata de personas, los desafíos emergentes de la ciberseguridad, entre otros.

“Frente a un panorama global marcado por múltiples retos e incertidumbres, Paraguay reafirma que el éxito de nuestra acción colectiva radica en el respeto mutuo a las realidades nacionales, las prioridades de cada Gobierno y fundamentalmente el bienestar directo de nuestras comunidades”, acotó.

Asimismo, destacó que el Estado paraguayo renueva el reconocimiento por el constante apoyo a las misiones de observación electoral de la OEA. “El Paraguay las ha defendido siempre como una herramienta insustituible para el perfeccionamiento, blindaje y transparencia de nuestros sistemas democráticos”, remarcó.

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El presidente de la República, Santiago Peña, participó de la sesión inaugural del Simposio Internacional sobre Monitoreo Electrónico y Justicia Moderna. Este espacio reúne a representantes de los distintos poderes del Estado, organismos especializados, actores del sistema de justicia y actores internacionales, con el objetivo de reflexionar sobre “los grandes desafíos, la construcción de sistemas de seguridad que sean más eficientes, más humanos, más acordes a los desafíos de la realidad actual, así como las necesidades de la sociedad”.

En su discurso, el presidente de la República resaltó que la experiencia internacional demuestra que la tecnología puede convertirse en una poderosa aliada para mejorar el sistema de Justicia si es aplicada de manera responsable, con criterios técnicos, y el pleno respeto de los derechos humanos. En este sentido, resaltó que en Paraguay se está aplicando por primera vez el sistema de tobilleras electrónicas en el sistema de Justicia.

“El monitoreo electrónico representa una de las innovaciones más relevantes en las últimas décadas, no todas las personas sometidas a procesos judiciales requieren necesariamente ser privadas de libertad dentro del establecimiento penitenciario, a la hora de proteger a nuestros ciudadanos, existen también situaciones en las que el monitoreo electrónico permite garantizar el cumplimiento de medidas judiciales, manteniendo niveles adecuados de control y supervisión”, explicó ante el plenario.

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Agregó que este nuevo sistema “contribuyó, por un lado, a la mejora de la administración de los recursos penitenciarios, a la vez, reduce presiones sobre el sistema carcelario y permite que las instituciones concentren sus esfuerzos en aquellos casos que realmente requieren de mayor restricción”.

Así también, mencionó que el sistema de monitoreo electrónico ayuda también a distribuir correctamente la atención y los recursos, es por tanto, el inicio de una gestión más moderna y más eficiente. “Podemos afirmar que las tobilleras electrónicas, más allá de meros dispositivos electrónicos, son herramientas que permiten supervisar el cumplimiento de medidas judiciales, fortalecer la protección de las víctimas, mejorar el control sobre las personas sometidas a procesos judiciales y optimizar la utilización de los recursos del Estado”, expuso el mandatario.

Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, destacó que Paraguay cuenta actualmente con 1.000 dispositivos de monitoreo electrónico disponibles, de los cuales cerca de 130 ya se encuentran activos. Señaló que estas herramientas pueden contribuir a optimizar los recursos destinados al control de personas sometidas a medidas judiciales.

El encuentro contó con la presencia del ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, y con la participación especial del honorable juez William J. Nelson, magistrado del Tribunal Superior del Condado de Marion, Indiana (Estados Unidos), reconocido referente en la implementación de programas de monitoreo electrónico dentro de los sistemas de justicia contemporáneos.

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El Gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se une a una iniciativa estadounidense sobre la declaración conjunta de respaldo al Gobierno democrático de Bolivia, difundida el 23 de junio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que está respaldada por un total de 16 países, en que se manifiesta la preocupación por los últimos bloqueos en la nación andina, dentro de un intento de debilitar su democracia.

El texto de la siguiente declaración fue emitido por los Gobiernos de Paraguay, los Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá y Perú.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por los efectos de los bloqueos violentos de carreteras sobre la democracia y el estado de derecho en Bolivia. Los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio”, señala el documento.

Continúa: “Una minoría violenta pretende desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas hace apenas unos meses, rechaza la disposición del gobierno al diálogo y ha mantenido bloqueos de carreteras durante más de siete semanas, privando al pueblo boliviano de acceso a alimentos, atención médica, combustible y otros artículos de primera necesidad. Estas acciones han afectado gravemente la vida cotidiana de millones de ciudadanos y han puesto en riesgo derechos fundamentales”.

“Asimismo, se han registrado muertes de civiles bolivianos como consecuencia de las restricciones a la libre circulación en las vías, que les han impedido acceder oportunamente a medicamentos, hospitales o centros de salud. Por otra parte, manifestantes han causado lesiones a agentes de policía en el ejercicio de sus funciones. La violencia no puede subvertir el orden constitucional”, agrega.

Puntualiza también el respaldo “al gobierno boliviano constitucionalmente elegido e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional establecido, como herramienta fundamental de la democracia”.

“Defender la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica exige compromiso y cooperación. En este contexto, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando para fortalecer la estabilidad y preservar el orden democrático en nuestra región, y expresamos nuestra solidaridad con el gobierno democrático del presidente Paz y con el pueblo de Bolivia”, concluye.

En una entrevista con la agencia AFP, ayer martes, el expresidente Evo Morales insinuó sobre la posibilidad de “una guerra civil” al acusar al gobierno de Rodrigo paz por su “política neoliberal”, que en noviembre pasado puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda. El exmandatario, en su refugio en la región selvática del Chapare donde permanece fugitivo, ordenó que se levanten los bloqueos tras decretarse el estado de excepción, el sábado pasado, para emplear las fuerzas armadas para despejar los cortes que generaban un desabastecimiento de alimentos y medicinas.

“No me voy a rendir”, dijo Morales, días después de que el gobierno amenazara con intervenir en el Chapare, su bastión político en el departamento de Cochabamba (centro), para capturarlo. “El que negocia su sobrevivencia no es digno”, agregó. La entrevista tuvo lugar en el poblado de Lauca Eñe, tras atravesar varios puestos de control para llegar hasta Morales.

Decenas de seguidores del dirigente cocalero permanecían en los alrededores de su refugio, algunos provistos de armas rústicas. Sobre el exmandatario pesa una orden de captura por un supuesto caso de trata de menor, que él niega y denuncia como “persecución” política.

Pregunta: ¿Cuál es su balance de las últimas semanas de protestas?

Respuesta: Es una sublevación contra el modelo neoliberal y el estado colonial. Y el resultado es un gobierno sin autoridad. Para mí, esto va a continuar. Esta “mentirocracia” causa mucha reacción del pueblo boliviano.

P: ¿El fin de los bloqueos es un triunfo del gobierno?

R: El gobierno se salvó por prebendas (a sectores) que negociaron a puertas cerradas. Solo quedaban bloqueos aquí en el Trópico de Cochabamba, que tiene mucha disciplina. Declaramos un cuarto intermedio (una pausa), pero no negociamos.

P: ¿Cree que el gobierno va a intervenir en el Chapare?

R: No hay motivo para intervenir, no hay bloqueos. Saben que aquí va a haber problemas, estamos bien organizados. Saben que compañeros se van a defender, nos van a defender. Nosotros no queremos que haya muertos, heridos.

P: ¿Qué hará si intenta hacerlo?

R: Con toda esta política neoliberal y estado colonial, están forzando que haya una guerra civil. El que negocia su sobrevivencia no es digno. Yo nunca negocié. Defender la hoja de coca es defender la soberanía, la dignidad del pueblo. La guerra de la coca es mucho más que la guerra por agua o por gas. Cualquier intervención militar, policial, (los campesinos) van a resistir.

P: ¿Qué responde a la acusación de supuesta trata de menor?

R: Proceso inventado. No encuentran nada de narcotráfico, de corrupción. Es un tema totalmente político. Como Evo no es corrupto, ni está ligado al narcotráfico, tratan de usar el tema de ‘pedófilo’. A la gente le causa risa.

P: ¿Qué vislumbra para los próximos meses en Bolivia?

R: Si no se resuelve el tema estructural, que es el tema económico, en cualquier momento cualquier sector se va a movilizar. Si no hay plan de cómo reactivar la economía estatal, entonces seguirá habiendo levantamiento y convulsión.

P: ¿Apoya el pedido de renuncia del presidente Paz?

R: Se ha generalizado ese pedido. Yo dije que tal vez una salida política constitucional sea convocar a elecciones. Pero nunca hemos pedido la renuncia. Aquí es evitar que se privatice la luz, el agua, la telecomunicación, los recursos naturales, la salud, la educación. Ese es el pedido.

Con información de AFP.

El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó este miércoles la ceremonia de imposición de presillas, entrega de bastón de mando y condecoración al comisario general César Silguero Lobos, comandante de la Policía Nacional. El mandatario destacó que el jefe policial asume la comandancia de la fuerza de seguridad interna en un momento clave, con exigencia de la ciudadanía y objetivos claros del Gobierno.

“Al imponer las presillas y entregar el bastón de mando al nuevo comisario general comandante, el Gobierno de la República y la ciudadanía le entregamos la custodia de la paz pública, la protección de los derechos de cada habitante de nuestro suelo y la sagrada misión de honrar el uniforme institucional. Este bastón conlleva un peso que debe tomarse con responsabilidad y a la vez con mucha valentía”, indicó el jefe de Estado durante el acto.

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El presidente Peña recalcó al comandante de las fuerzas policiales que la ciudadanía exige respuestas en la seguridad y una institución transparente. “Asume usted el liderazgo de la Policía Nacional en un momento clave de la historia de nuestro país, la ciudadanía legítimamente nos exige resultados, nos exige calles seguras, nos exige instituciones trasparentes y una policía que sea el escudo del ciudadano honesto y azote implacable del criminal”, apuntó.

Peña expuso que el comandante de la Policía Nacional debe trabajar sobre tres pilares fundamentales, el primero: “La firme y absoluta determinación de luchar contra el crimen, en cualquiera de sus formas, desde el delito urbano que afecta el día a día de nuestras familias hasta el crimen organizado transnacional que pretende desafiar al Estado mismo”, agregando que “el Paraguay no habrá tregua ni zona de exclusión para quienes pretendan vivir al margen de la ley, el estado de derecho prevalecerá en todas sus formas sin ninguna excepción”.

En segundo punto citó: la “transparencia y depuración institucional, la confianza de la gente se gana día a día con integridad, el Paraguay gigante se construye desde la ejemplaridad de quienes juraron salvaguardar los derechos de sus compatriotas, ser policía, es una vocación de honor y quien no lo entienda así no tiene lugar en esta institución, debemos ser inflexibles con aquellos pocos que olvidaron su juramento y manchan el uniforme”.

Ya como tercer punto, el mandatario habló de la modernización y el bienestar policial. “Así como exigimos, también nos comprometemos, como presidente de esta nación seguiré impulsando la mejora del sistema de trabajo, el equipamiento tecnológico, el entrenamiento táctico y la dignificación del policía y de su familia”, remarcó.

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