El precandidato a intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego divulgó a través de sus redes sociales, un video en el que se jacta de ser el que impulsó y ejecutó la construcción de la Costanera de Asunción, en su primera etapa y proyectó la construcción de las siguientes etapas. De esa manera, invocó asegurar que bajo su administración como intendente municipal se llevaron a cabo dichas obras.

Sin embargo, nobleza obliga recordar que este proyecto fue impulsado primeramente por la ex intendenta de Asunción, Evanhy de Gallegos, que presentó el proyecto de Ley al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y se encargó de elaborar el proyecto y ejecutar el mismo con fondos provenientes del Estado paraguayo a través del Presupuesto General de la Nación y no con recursos de la comuna.

Al respecto, desde la Unidad Ejecutora de Proyectos del MOPC confirmaron a La Nación/Nación Media, que la Avenida Costanera de Asunción, se inició durante la administración municipal de Arnaldo Samaniego, pero que la misma fue una obra impulsada y ejecutada por el Gobierno nacional, a través del MOPC.

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Mencionaron que la primera etapa de la Costanera Norte comenzó en 2010, durante el gobierno de Fernando Lugo, bajo conducción del entonces ministro de Obras Públicas Efraín Alegre. No obstante, señalaron que la Municipalidad de Asunción acompañó y participó en aspectos urbanísticos, coordinación técnica y aprobación de los proyectos complementarios.

La construcción de la Costanera de Asunción (etapa Norte) fue uno de los proyectos de infraestructura urbana más transformadores para la capital paraguaya, marcando el inicio del reencuentro de la ciudad con el río Paraguay. Formó parte del Plan Maestro de la Franja Costera, una visión urbana que se venía gestando desde la década de los 90.

Pero el impulso definitivo llegó con la administración del MOPC para conectar el tráfico y recuperar la zona ribereña. Esto, teniendo en cuenta que el diseño y la ingeniería estuvieron a cargo del MOPC, bajo la dirección de la Unidad Ejecutora de Proyectos, con la colaboración de técnicos municipales y consultoras privadas.

En cuanto a la inversión aproximada para esa primera etapa fue de 21,5 millones de dólares, cuya forma de financiación fue con fondos estatales, financiados íntegramente con recursos del Tesoro Nacional, gestionados a través del Presupuesto General de la Nación asignado al MOPC, y que luego se fueron sumando créditos internacionales y bonos soberanos en las distintas etapas posteriores del proyecto.

Por tanto, es relevante hacer una distinción en este punto, con relación al aporte de la Municipalidad de Asunción que no fue la entidad ejecutora principal de la avenida, ya que la dirección técnica y contractual estuvo a cargo del MOPC.

Pero sí la comuna asuncena estuvo a cargo de coordinar obras urbanas complementarias, elaborar y aprobar planos para infraestructura en la zona costera, impulsar proyectos de ordenamiento y desarrollo urbano alrededor de la Costanera y participar en planes de reconversión de la Bahía de Asunción.

Por ejemplo, en 2015 la Municipalidad entregó al MOPC planos elaborados por técnicos municipales para comisaría, cuartel de bomberos, guardería y sede de PMT en la zona de la Costanera.

De hecho, recurriendo a los archivos periodísticos de la época se puede encontrar que durante el gobierno municipal de Arnaldo Samaniego hubo varios roces institucionales con la administración Central. Esto, considerando que desde la intendencia reclamaba no conocer completamente algunos detalles de la segunda etapa de la Costanera Norte.

En 2013, Samaniego incluso pidió suspender la apertura de ofertas de una licitación hasta que el municipio aprobara el proyecto urbanístico. Además, se reportaron algunos fuertes cruces entre el MOPC y el municipio por la titularidad de las tierras y el mantenimiento. La Municipalidad puso reparos sobre quién debía hacerse cargo de la limpieza, la seguridad y la iluminación una vez terminada la obra.

El mayor freno fue el proceso de reubicación de las familias que vivían en las zonas de relleno (bañados). La Municipalidad exigía planes de vivienda social claros antes de avanzar, pero que finalmente, bajo el gobierno del presidente Horacio Cartes se realizó la entrega de las primeras 120 viviendas sociales.

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La Itaipú Binacional transfirió al Estado paraguayo USD 165 millones entre enero y abril de 2026 en concepto de royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande), recursos contemplados dentro del Anexo C del Tratado de Itaipú.

Los desembolsos representan una de las principales fuentes de ingresos externos del país y tienen un impacto directo en el financiamiento de obras públicas, programas sociales y planes de inversión de gobiernos locales.

Del total transferido, USD 87 millones corresponden a royalties, mientras que USD 45 millones fueron remitidos por cesión de energía. Además, la Ande recibió USD 33 millones por resarcimiento de cargas de administración y utilidades del capital, además de otros USD 28 millones vinculados a resarcimientos y utilidades.

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Solo en las últimas remesas, Itaipú desembolsó USD 21 millones en royalties y USD 9 millones por compensación de energía cedida.

Estos fondos son considerados estratégicos para el funcionamiento financiero de gobernaciones y municipios, ya que permiten ejecutar obras de infraestructura, inversiones sociales y mejoras en servicios básicos.

Parte de los royalties son destinados al financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras otra porción es distribuida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a administraciones departamentales y municipales.

En paralelo, los recursos provenientes de la cesión de energía alimentan el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), además de beneficiar también a municipios y gobernaciones.

Las transferencias de Itaipú representan uno de los pilares financieros más importantes para el Estado paraguayo, especialmente en un contexto donde las administraciones públicas dependen de estos ingresos para sostener proyectos de inversión y gastos operativos.

Además de fortalecer las finanzas públicas, estos recursos generan previsibilidad presupuestaria, permitiendo planificar obras y programas a mediano plazo.

El flujo constante de ingresos provenientes de la hidroeléctrica también refuerza el peso estratégico de Itaipú dentro de la economía nacional, no solo como generadora de energía, sino como fuente central de financiamiento para el desarrollo.

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El sector vial advierte que Paraguay enfrenta un rezago estructural en infraestructura y plantea la necesidad de anticipar la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para evitar repetir escenarios de subfinanciamiento, sostuvo Paul Sarubbi, titular de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), durante una entrevista en “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

Sarubbi insistió en que el país debe empezar a trabajar desde ahora en el presupuesto 2027 y señaló que, el año pasado, el proyecto presupuestario se elaboró sin la participación del sector, por lo que al llegar al Congreso se evidenció que los recursos asignados eran insuficientes. “No queremos volver a encontrarnos a fin de año con un presupuesto que no cubre las necesidades”, afirmó.

El dirigente empresarial puso cifras al problema. Mencionó que Paraguay arrastra un déficit de aproximadamente USD 30.000 millones en infraestructura, mientras que la inversión pública anual apenas alcanza entre USD 500 y 600 millones. “Es claramente insuficiente para cerrar la brecha”, sostuvo.

Si bien reconoció el aporte que en su momento representaron los recursos provenientes de Itaipú Binacional, advirtió que ese margen ya no está garantizado hacia adelante. Planteó la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento y de planificar con mayor anticipación.

Por su parte, el economista Sergio Sapena también habló en “Fuego cruzado” y abordó el debate desde la política macroeconómica y el rol del Banco Central del Paraguay (BCP) en el financiamiento del déficit. Explicó que es la diferencia entre ingresos y gastos del Estado, y que su financiamiento puede darse mediante emisión o endeudamiento. Propuso ampliar el nivel de deuda vinculada a la banca matriz, pasando de niveles cercanos al 1,5 % del producto interno bruto (PIB) a alrededor del 6 %.

Según su análisis, esto permitiría movilizar entre USD 2.500 y USD 3.000 millones para inversión pública, principalmente en infraestructura. Argumentó que este aumento no necesariamente generaría inflación si existe capacidad ociosa en la economía. “El Banco Central tiene dos objetivos: la inflación y el pleno empleo. Mientras haya capacidad ociosa, la economía puede absorber esa expansión sin presiones inflacionarias”, explicó.

La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, indicó que lo primero que se debe conocer es cuánto es el monto real de estas deudas.

Desde el Poder Legisla­tivo apuntan a abrir el diálogo para bus­car posibles alternativas ante la deuda del Gobierno con empresas proveedoras del Estado, como son las firmas constructoras y las farma­céuticas, planteándose una ampliación en el Presupuesto General de la Nación (PGN). Se estima que la deuda acumu­lada superaría los USD 1.000 millones. La diputada Cris­tina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, indicó a La Nación/Nación Media que lo primero que se debe conocer es cuánto es el monto real de estas deudas.

“Nosotros tenemos que sen­tarnos primero a hablar con las respectivas ministras de carteras, ver realmente la deuda que existe, porque nosotros estamos entrando ahora en abril, mayo, y ya se pueden presentar las ampliaciones presupuesta­rias”, manifestó. Apuntó a un proyecto que amplíe el presu­puesto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC) de ser necesario. “Para hacer las ampliaciones presupuestarias podemos ir viendo con el Minis­terio de Economía cuánto tene­mos la disponibilidad y para ver cuánto todavía tenemos dispo­nible el PGN para ellos y si va faltar vemos una ampliación presupuestaria o también se puede hacer una modificación del presupuesto”, explicó.

Villalba adelantó que la comi­sión asesora también convo­cará al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernán­dez Valdovinos, para anali­zar esta situación. “Ya hemos conversado en la Comisión de Presupuesto, este martes o el otro martes está previsto la ida del ministro de Econo­mía y vamos a abordar con él cuánto es lo que dispone­mos, cuánto es lo que falta y cuál sería el mecanismo para poder ver las partidas presu­puestarias para ir ajustando, no en forma completa, pero sí en forma gradual”, detalló.

Por otra parte, sostuvo que, desde la Cámara de Diputa­dos, el espíritu es de seguir apoyando la administra­ción del presidente Santiago Peña. “El Gobierno de Para­guay sabe que tenemos la muy buena predisposición para poder ayudar. Nosotros esta­mos abiertos al diálogo, noso­tros sí queremos reunirnos en forma institucional, tanto con los ministros de carteras como con las empresas afec­tadas, en este caso las vialeras y farmacéuticas”, sentenció.

El diputado Rodrigo Gamarra sostiene que este es un problema que el país viene arrastrando desde hace años.

El diputado Rodrigo Gama­rra se refirió al problema que enfrenta el gobierno con las deudas, principalmente a proveedores farmacéuticos y obras. Sostiene que este es un problema que el país viene arrastrando desde hace años y el actual gobierno heredó varias de esas deudas.

“Lo primero que hay que decir con claridad es que este no es un problema nuevo, es un pro­blema estructural que Para­guay arrastra hace años. De hecho, al inicio de este gobierno, desde el Congreso ya se había acompañado un proceso para honrar deudas acumuladas de administra­ciones anteriores por mon­tos muy importantes. Preten­der instalar que esto apareció ahora es faltar a la verdad”, señaló para La Nación.

Agregó que en la actualidad “este gobierno hizo algo dis­tinto: reconocer el problema y poner sobre la mesa un plan concreto de solución. Hoy hay un compromiso claro de ordenar las cuentas, establecer un cronograma de pagos y dar previsibilidad a los provee­dores”. Aseguró además que existe una decisión política de fondo: “pagar las deudas sin subir impuestos y sin trasla­dar este problema al próximo gobierno, eso es responsabi­lidad, no improvisación”, expresó.

Mientras tanto, aseguró que su postura no es defensa a los retrasos de las deudas, ya que esta no es la situación ideal, pero también hay que entender el contexto real: “el Estado no puede detenerse mientras ordena sus compro­misos”, y “el desafío no es ele­gir a quién pagar, sino soste­ner el funcionamiento de los servicios y al mismo tiempo normalizar gradualmente la deuda”.

Por otra parte, cuestionó a los que solo atacan sin pro­poner soluciones concretas. “Gobernar no es teoría (como dictan muchos que nunca ganaron nada y no adminis­traron ni un almacén). Es administrar realidades com­plejas, ingresos que dependen de variables externas, como el comercio o el tipo de cambio, y gastos rígidos en guaraníes que no pueden detenerse de un día para otro”, refirió

Finalmente, aseguró que desde el Congreso Nacional la intención es seguir apo­yando al Gobierno. “Desde el Parlamento, nuestro rol no es agravar la situación con dis­cursos alarmistas o simplifi­caciones oportunistas, sino acompañar soluciones: gene­rar herramientas financieras, facilitar acuerdos y garanti­zar que este proceso de nor­malización se cumpla porque al final, es fácil hablar y hacer ruido, lo difícil es sentarse y solucionar el problema”, pun­tualizó.