El exviceministro de Economía Manuel Alarcón refirió que en 20 años se logró generar más de US$ 2.000 millones de ingresos adicionales por la reforma tributaria del 2004, pero que de ese total un 70% fue utilizado para salarios públicos. Foto: Archivo.
Preocupa incremento del gasto público y poca traducción en beneficios a la ciudadanía
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Al respecto de las tratativas sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 en el Congreso Nacional y la preocupación del Ministerio de Hacienda por aumentos que se realizaron en la Cámara de Diputados, con media sanción al proyecto, la ONG Desarrollo en Democracia realizó un conversatorio con dos economistas que ocuparon cargos públicos en el Ministerio de Hacienda, Manuel Alarcón, exviceministro de Economía y el exministro de Hacienda, César Barreto.
La base principal de la charla fue “El despilfarro del gasto público”, donde ambos profesionales recordaron cómo Paraguay dio inicio a una transformación del gasto público desde el 2003, pero que no ha tenido un efecto palpable desde el Gobierno por la poca eficiencia en la ejecución de los recursos.
Alarcón expuso que con la reforma tributaria realizada en el 2004 mediante un pacto estatal-ciudadano comenzó el camino para la formalidad, lo cual devino en una mayor recaudación para las arcas. El mismo indicó que en 20 años se logró generar más de US$ 2.000 millones de ingresos adicionales, pero que de ese total, un 70% fue utilizado para salarios públicos.
Es decir, para el exviceministro de Economía la reforma nunca pudo desarrollarse por falta de compromiso del Poder Ejecutivo y Legislativo. “La responsabilidad para un buen PGN es compartida entre el Ejecutivo y Legislativo, pero no se ha adoptado la técnica de asignar razonablemente los escasos recursos”, manifestó y agregó que el PGN casi fue octuplicado por el Ejecutivo desde el 2003 a 2021.
Posterior a eso se preguntó: “¿Se tradujo eso en un mejoramiento para la ciudadanía?”, seguido, expresó que lo que se ve es una disconformidad del contribuyente por la falta de asistencia social, tanto en la salud, educación y otras áreas claves para el crecimiento integral de un país, mientras que periodo tras periodo los presupuestos siguen aumentado.
“No hemos hecho nada para mejorar el gasto, es más han aumentado las liquidez”, lamentó y agregó que la administración de Mario Abdo Benítez ha creado más ministerios (5) lo cual incorpora mayor rigidez al PGN.
Politólogo destaca avances, pero advierte limitaciones fiscales y estructurales
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El politólogo Esteban Caballero realizó un análisis crítico sobre la gestión del gobierno de Santiago Peña, señalando que el país enfrenta limitaciones estructurales que dificultan el avance en materia de desarrollo. Durante el programa “Fuego Cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media, señaló puntos positivos, como desafíos que persisten a nivel país.
La valoración de Caballero partió de lo expuesto por la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien reconoció el rezago en infraestructura y la falta de recursos para superarlo, Caballero sostuvo que esta problemática refleja una contradicción.
“Hay un proyecto de desarrollo, de superación de esos grandes rezagos, pero no se cuenta con el instrumento adecuado que en este caso es un Estado con capacidad de inversión en esas infraestructuras que pueden ser físicas como carreteras, puentes caminos, etc. y también podríamos referirnos a infraestructura en términos de servicios sociales", manifestó.
Caballero recordó que esta limitación en cuanto a recursos también responde a una política del gobierno de respetar el tope de la responsabilidad fiscal y afirmó que esto es un bien que debe preservarse dado que es uno de los factores positivos en aspectos macroeconómicos y que posicionan a Paraguay en evaluaciones internacionales.
Caballero reconoció que hubo avances en la recaudación y trajo a colación que existen una postura oficial de la administración de Santiago Peña de evitar una reforma tributaria y mantener una presión fiscal baja. Según señaló, esa decisión limita al Estado en su capacidad de inversión pública, aunque el gobierno la defiende como parte de su estrategia de legitimación.
“Pienso que debería haber una mayor capacidad de inversión que dependería de una mejor recaudación tributaria que puede ser mejorada a través de las medidas que se toman generalmente en contra de la evasión, pero que eventualmente habría que buscar la forma de tener una política fiscal tributaria más redistributiva que permita un mejor financiamiento de ciertas con rezagos importantes”, explicó.
Clientelismo
Caballero también resaltó la importancia de consolidar un servicio civil profesional y tecnoburocrático, siguiendo experiencias exitosas de instituciones que hoy cuentan con mayor credibilidad ciudadano por su alto nivel técnico.
“Se ha aplicado en ciertas áreas del Estado, como el Banco Central, del Ministerio de Economía, ámbitos del Estado que ya funcionan con esa lógica, eso es lo que debe expandirse”, expuso.
Advirtió que aún persiste una dinámica clientelar afecta no solo a las instituciones, sino también a la sociedad. “Si las personas buscan solucionar sus problemas con un contacto que está cercano al poder, entonces en lugar de tener una visión en conjunto, tenemos un mapa de soluciones de problemas pequeños y constantes, en lugar de impulsar estrategias colectivas”, concluyó.
Ley de APP es clave para la inversión en infraestructura ante restricciones fiscales
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El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.
La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.
El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, destacó que obras como la Ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP. Foto: Matías Amarilla
Inversiones en infraestructura
Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.
“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.
Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.
El economista César Barreto sostuvo que la nueva Ley de APP permitirá desarrollar obras de infraestructura pese a escasos recursos. Foto: Matías Amarilla
Mecanismos para resolución de conflictos
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.
Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.
González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, señaló que la nueva ley busca que las obras no queden paralizadas por conflictos. Foto: Matías Amarilla
Referentes económicos manifestaron que esta nueva calificación alcanzada por Paraguay encamina al país hacia el desarrollo en medio de las grandes ligas, en torno a lo cual estamos muy cerca. Foto: Archivo
Economistas coinciden en que Paraguay se encaminaría a un nuevo grado de inversión
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Paraguay pasó de BB a BB+ en la calificación otorgada por Standard & Poor’s (S&P Global Ratings) y referentes economistas, como exministros de Hacienda, han destacado el significado para Paraguay de este tipo logros, afirmando que podría encaminarse hacia un nuevo grado de inversión.
“Esto se da como resultado de un proceso de mejores prácticas, el establecimiento de la solvencia y la posibilidad de mantener bajas partes de la economía, como la fiscal y monetaria” señaló el presidente del Banco Basa y exministro de Hacienda, Germán Rojas, para La Nación/Nación Media.
En esa línea, el también exsecretario de Estado, César Barreto, calificó como una buena noticia la calificación de S&P Global Ratings, agregando que “nuestro país está encaminado hacia consolidar el grado de inversión”, a través de la red social X.
“Este es un paso más hacia el reconocimiento que nos merecemos porque hemos demostrado desde hace muchos años un modelo económico que a todas luces nos distingue de los demás países de la región”, puntualizó por su parte Rojas.
Rojas manifestó que este logro alcanzado por Paraguay encamina al país hacia el desarrollo en medio de las grandes ligas, en torno a lo cual estamos muy cerca. Señaló además que un desafío significativo para el país, dentro de ese proceso, es la consolidación de estos logros.
“Quedan pendientes avances complementarios que son necesarios, como una cada vez mayor y más fuerte institucionalidad, que no es una falencia única de Paraguay, sino una materia pendiente regional, pues no se ha logrado tener el crecimiento de otras regiones en el mundo”, expresó.
Para el exministro de Hacienda, hay suficientes bases para consolidar los objetivos alcanzados, como las adecuadas políticas públicas y financieras de los últimos tiempos. Vaticinó la posibilidad de materializar dichos aspectos, atendiendo los nuevos liderazgos que emergen a nivel país, para la conducción nacional.
Las implicaciones de una menor meta dependerán del contexto económico que se presente, pues el Banco Central del Paraguay (BCP) puede verse obligado a restringir más la liquidez. Foto: Ilustrativa
Reducción de la meta de inflación era necesaria, dice economista
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Para el economista y exministro de Hacienda, César Barreto, la reducción de la meta inflacionaria para Paraguay era necesaria, lo cual tendrá implicaciones que, dependiendo del contexto económico, pueden obligar al Banco Central del Paraguay (BCP) a restringir más la liquidez.
“Yo creo que está reducción de la meta de inflación era necesaria, recuerdo que había abogado incluso antes de la pandemia, que se tenía que continuar con la reducción hacia niveles del 3%, que es la meta que en general prevalece en nuestra región”, expresó a la 1020 am.
Punto en el que remarcó que, tanto para los países más estables de la región latinoamericana, como a nivel local, el 4 % de meta inflacionaria ya es mucho, por lo que se tenía que dar este paso, según el experto.
César Barreto, economista y exministro de Hacienda opina sobre la nueva meta de inflación del BCP. Foto: Cristóbal Núñez
Respecto a las implicaciones que podría generar esta reducción, o a su importancia, indicó que todo dependerá de la coyuntura económica local. Explicó que, dependiendo del contexto, el BCP podría verse obligado a restringir más la liquidez en el mercado.
Es decir, si se da una presión alcista del dólar, como ya se dio una muy importante en 2024, cuando tuvieron que vender muchos dólares y retirar muchos guaraníes del mercado, lo cual podría volver a ocurrir en 2025, dijo.
Esto, de modo a asegurar de que la inflación vaya convergiéndose al 3,5 % que la banca matriz se propuso ahora como nueva meta. O bien, puede no vender o vender menos reservas, y aumentar la tasa de interés de esos instrumentos de regulación monetaria para restringir la liquidez.
Y por el otro lado, en caso de no vender dólares podría darse el escenario de recoger directamente inversiones del sistema financiero en más letras de regulación monetaria. Lo cierto es que cualquiera de las dos vías serán válidas, dependiendo de qué sea más importante en cada momento determinado, fundamentó Barreto.
Asimismo, podría darse igualmente una combinación de ambas, pero esta alternativa implica que el crédito probablemente se vuelva más caro, debido a que es lo que la economía requiere para asegurar que la inflación pueda bajar a la nueva meta que se instala, acotó.