El Comité Directivo de Alto Nivel del proyecto Proeza (Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático), analizó las actividades emprendidas, los resultados obtenidos en lo que va de su implementación, así como las tareas pendientes de aquí en adelante, enmarcadas hacia el desarrollo sostenible.
Fue durante la quinta reunión del Comité Directivo, en la que estuvieron los representantes de las diferentes instituciones involucradas en el proyecto que combina objetivos de reducción de pobreza, reforestación, energía renovable y cambio climático en base a una estrategia integrada de desarrollo sustentable.
Hay que mencionar que el proyecto pretende implementar acciones de reforestación en las que los protagonistas sean las personas en situación de pobreza y pobreza extrema como agentes reforestadores. Lo que se busca con este proyecto es un cambio de paradigma, que se basa en enfocar la erradicación del 70% de la pobreza rural, así como aumentar el consumo de energías renovables y disminuir el consumo de energía fósil.
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También pretende restaurar ecosistemas degradados, aumentar la cobertura boscosa y biomasa protegida, de los ingresos por servicios ambientales, la productividad por hectárea de la agricultura familiar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en específicamente 8 departamentos de la región Oriental como Concepción, San Pedro, Canindeyú, Caaguazú, Guairá, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná.
En dicho afán, se desarrolló a la par un taller en el marco de una jornada de capacitación vinculando al Componente II del proyecto, “Paisajes sostenibles y mercados responsables”, organizado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) en conjunto con la FAO y Proeza.
En este apartado, se promueve la instalación de 24.000 hectáreas de plantaciones de alto rendimiento, combinadas con bosques naturales, mediante recursos financieros que serán canalizados por la AFD, a través de los aliados del sistema bancario, implementando el Programa Proforestal de modo a que los clientes puedan acceder a los créditos, según las reglas de cada entidad.
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El cambio climático no tiene fronteras: Taiwán y el mundo, unidos para construir soluciones
- Peng Chi-ming
- Ministro de Medio Ambiente de Taiwán
- Noviembre de 2026
El cambio climático no reconoce fronteras y ningún país puede enfrentarlo por sí solo. En 2026, las temperaturas extremas, las sequías, los incendios forestales, las lluvias torrenciales y los tifones volvieron a demostrar la magnitud de este desafío. Sus efectos no solo amenazan el medio ambiente, sino también la salud pública, la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y el desarrollo sostenible.
Ante esta realidad, la gobernanza climática mundial debe pasar de los compromisos a las acciones concretas. Aunque Taiwán no forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), mantiene su compromiso con los principios del Acuerdo de París y continúa contribuyendo activamente a los esfuerzos internacionales. En 2025 presentó sus contribuciones determinadas a nivel nacional para 2035 y actualmente trabaja para convertir esos objetivos en políticas y resultados verificables.
De los compromisos a los resultados
Taiwán está implementando su tercera fase de programas de reducción de gases de efecto invernadero para el periodo 2026-2030, con medidas específicas en seis sectores: energía, industria, edificios, transporte, agricultura y medio ambiente. Estas iniciativas cuentan con objetivos anuales e indicadores de desempeño que permiten evaluar los avances.
Los resultados muestran que es posible compatibilizar el crecimiento económico con la protección ambiental. En 2024, las emisiones netas de gases de efecto invernadero de Taiwán fueron un 6,59 % inferiores a las de 2005, mientras que la intensidad de emisiones de dióxido de carbono disminuyó un 48,59 %. Esto demuestra que el desarrollo económico y la reducción de emisiones pueden avanzar conjuntamente.
Asimismo, Taiwán está impulsando una transición industrial verde mediante instrumentos como el gravamen al carbono, incentivos a la innovación tecnológica y el desarrollo progresivo de un sistema de comercio de emisiones. Paralelamente, promueve la economía circular, la reutilización de recursos y la reducción de residuos, con el objetivo de fortalecer la competitividad industrial y construir cadenas de suministro más sostenibles.
Adaptación climática y transición justa
La acción climática no consiste únicamente en reducir emisiones. También requiere preparar a nuestras sociedades para enfrentar los efectos del cambio climático. Taiwán está fortaleciendo sus estrategias de adaptación frente al calor extremo, las lluvias intensas y otros fenómenos naturales, incorporando tecnologías digitales, infraestructura verde y planificación urbana.
Al mismo tiempo, entiende que la transición ecológica debe ser inclusiva. A través de su Ley de Respuesta al Cambio Climático y de políticas intersectoriales, busca garantizar que trabajadores, pequeñas y medianas empresas, comunidades y grupos vulnerables puedan participar en esta transformación y beneficiarse de sus oportunidades. La transición hacia las cero emisiones netas debe generar empleos de calidad y no dejar a nadie atrás.
Taiwán como socio de la cooperación climática internacional
La lucha contra el cambio climático exige cooperación, intercambio de conocimientos y acceso a tecnologías innovadoras. En este ámbito, Taiwán está fortaleciendo sus alianzas internacionales mediante proyectos concretos, transferencia tecnológica y desarrollo de capacidades.
Un ejemplo significativo es Paraguay, aliado diplomático de Taiwán. Ambos países firmaron el año pasado un memorando de entendimiento para promover la cooperación en el marco del Acuerdo de París y actualmente impulsan 12 planes de acción en materia de gobernanza ambiental. Esta colaboración contempla el intercambio de tecnología, el diálogo entre jóvenes y el desarrollo de iniciativas de economía circular.
Para Paraguay, cuya economía depende en gran medida de la agricultura, la ganadería y sus recursos naturales, la cooperación ambiental representa también una oportunidad para impulsar la innovación, diversificar su matriz productiva y fortalecer su resiliencia climática. Taiwán está dispuesto a compartir su experiencia y capacidades tecnológicas para desarrollar soluciones que respondan a las necesidades de sus socios.
Un futuro sostenible requiere la participación de todos
La COP31 representa una nueva oportunidad para transformar los compromisos internacionales en resultados concretos. Como ha señalado Turquía, anfitriona de esta edición, la implementación es lo que convierte las promesas en confianza.
Taiwán cuenta con experiencia, capacidad tecnológica, recursos y voluntad de contribuir a los esfuerzos globales contra el cambio climático. Su exclusión de la CMNUCC no debería significar la exclusión de sus conocimientos y aportes. En un desafío que afecta a toda la humanidad, desaprovechar las capacidades de cualquier socio significa limitar las posibilidades de encontrar soluciones.
La participación significativa de Taiwán en la CMNUCC y en los mecanismos internacionales de gobernanza climática no es solamente una aspiración legítima, sino también una oportunidad para fortalecer la respuesta colectiva.
El cambio climático no distingue fronteras ni diferencias políticas. Por eso, la cooperación debe estar por encima de ellas. Taiwán está dispuesto a trabajar junto a todos los países que compartan la voluntad de construir un futuro más limpio, resiliente y sostenible. Los compromisos nos señalan el camino; la acción conjunta nos permitirá alcanzar los resultados.
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La formalización de tierras, una llave para reducir la pobreza y dinamizar la economía
La seguridad jurídica sobre la propiedad puede impulsar la inversión, facilitar el acceso al crédito y mejorar los ingresos fiscales. Hugo Jiménez, asesor de la UGP, plantea la necesidad de modernizar el sistema de administración de tierras en Paraguay para transformar activos en oportunidades de desarrollo.
Propiedad y desarrollo económico. La pobreza no se limita a la falta de ingresos, también comprende dificultades para acceder a vivienda, salud, educación y condiciones de vida dignas. En este contexto, la formalización de los derechos de propiedad representa una herramienta para mejorar las oportunidades económicas, especialmente en países donde una parte importante de los activos permanece fuera de los registros oficiales.
Para Hugo Jiménez, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), contar con títulos de propiedad permite que los bienes puedan convertirse en capital, respaldar inversiones y facilitar el acceso al financiamiento.
“Los derechos de propiedad no tan solo son fundamentales para reducir la pobreza sino, además, son instrumentos efectivos para crear riqueza”, sostiene.
El economista peruano Hernando de Soto, citado por Jiménez, plantea que muchas personas en países en desarrollo poseen viviendas y tierras, pero carecen de documentación que permita utilizarlas como garantía para préstamos o inversiones. Esta situación limita su capacidad de mejorar sus activos y generar nuevas actividades económicas.
Paraguay y el desafío de ordenar la tierra. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025 ubica a Paraguay en el puesto 90 de 126 países, con una puntuación de 4,138 sobre 10. El resultado refleja desafíos en materia de seguridad jurídica y administración de los bienes.
Jiménez considera que el país necesita avanzar hacia un sistema integral de administración de tierras que permita actualizar los registros, reducir las dificultades en el mercado inmobiliario y mejorar el ordenamiento territorial.
La creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reúne las funciones de registros públicos, catastro y agrimensura, representa una oportunidad para corregir inconsistencias históricas en los inventarios.
“En los registros de tierras aún están anotadas superficies a nombre de instituciones y empresas que hoy son asiento de colonias enteras o propiedades privadas”, advierte.
El impacto en el agro y los municipios. La regularización de la tenencia tiene implicancias directas para el sector agropecuario. La falta de títulos limita las posibilidades de acceder a financiamiento, invertir en infraestructura y desarrollar plenamente el potencial productivo de los establecimientos.
A esto se suma la situación de miles de familias en asentamientos urbanos y periurbanos, cuyos terrenos carecen de documentación formal, dificultando mejoras en viviendas, servicios sanitarios y acceso al agua segura.
El problema también alcanza a instituciones públicas. Según Jiménez, más de un millar de locales de salud y educación no cuentan con títulos de propiedad, una condición que restringe las inversiones en infraestructura.
En el ámbito municipal, la actualización de catastros constituye otro desafío. El asesor señala que seis de cada diez municipios no tienen catastros actualizados, lo que limita la identificación de inmuebles y reduce el potencial de recaudación del impuesto inmobiliario.
Con las nuevas autoridades municipales ya asumidas, el especialista considera prioritario avanzar en esta tarea para fortalecer los ingresos locales y mejorar la planificación territorial.
“La formalización de la propiedad, no solo ofrece seguridad jurídica, sino que también puede convertirse en una herramienta para ampliar las inversiones, mejorar la productividad y generar condiciones para un desarrollo económico más inclusivo”, concluye Jiménez.
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UIP Joven insta a planificar la demanda energética y atraer inversión privada
La necesidad de anticiparse al crecimiento de la demanda energética y generar condiciones para atraer inversiones privadas se perfila como uno de los principales desafíos para sostener la expansión industrial en Paraguay. Desde el sector empresarial advierten que la planificación debe comenzar con anticipación, considerando que la instalación de nuevas centrales de generación requiere varios años.
Francisco Martino, referente de la UIP Joven, señaló que la energía constituye un factor estratégico para el desarrollo económico, por lo que considera fundamental establecer condiciones que permitan ampliar la capacidad de generación en el país y responder a las necesidades futuras de las industrias.
“Tenemos que adelantarnos a eso y no esperar a tener el problema, porque son procesos largos”, manifestó al referirse a la posibilidad de que la demanda supere la disponibilidad energética. En ese sentido, explicó que la instalación de una planta de ciclo combinado puede tomar entre cinco y seis años, lo que refuerza la importancia de comenzar a trabajar desde ahora en alternativas que garanticen el abastecimiento.
El empresario sostuvo que la generación de energía no debería depender exclusivamente del Estado, sino que también debe abrirse espacio a la participación del sector privado. Para ello, consideró necesario contar con un marco regulatorio que brinde seguridad a las empresas interesadas en invertir, producir y comercializar electricidad en Paraguay.
Martino indicó que existe capital disponible a nivel internacional que podría orientarse hacia proyectos energéticos en el país, siempre que se establezcan reglas claras y condiciones que permitan desarrollar estas iniciativas. A su criterio, facilitar la participación de nuevos actores contribuiría a fortalecer la capacidad de generación y a preparar al país para los requerimientos de una economía en crecimiento.
La disponibilidad de energía también representa un elemento relevante para la competitividad industrial, debido a que la expansión de las actividades productivas requiere condiciones que permitan operar y proyectar nuevas inversiones a largo plazo. En ese contexto, anticiparse a las necesidades futuras será clave para evitar que las limitaciones de infraestructura energética condicionen el desarrollo de nuevos emprendimientos.
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BID destaca avances de Paraguay en el desarrollo del servicio civil
Paraguay alcanzó 48 de 100 puntos en el Índice de Desarrollo del Servicio Civil 2026, según el último estudio presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este resultado posiciona al país en un nivel de desarrollo medio y por encima del promedio de América Latina y el Caribe, consolidando un avance histórico frente a los 40 puntos registrados en 2017 y los 12 obtenidos en 2004.
Como parte esencial de este progreso, el BID destaca la puesta en funcionamiento de la Ley N.º 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, la creación del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO) y la adopción de herramientas técnicas para planificar el personal público.
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Además, destaca el inicio de la implementación gradual de la nueva carrera administrativa en 12 instituciones piloto, que comprende a unos 12.000 funcionarios públicos.
“Paraguay mejoró de manera sostenida en el desarrollo de su Servicio Civil desde la primera medición, realizada en 2004. En aquel año obtuvo 12 puntos sobre 100; luego subió a 26 puntos en 2013 y a 40 en 2017, llegando ahora a los 48 puntos que le permite subir del nivel bajo al nivel de desarrollo medio, encontrándose por detrás de Costa Rica y Colombia (57 puntos cada uno) y Jamaica (51 puntos). Otros países de la región, ya alcanzan un nivel de desarrollo alto como Chile (73), Brasil (68) y Uruguay (60)”, destaca parte del informe.
Retos para consolidar la reforma
Pese a los progresos, el organismo internacional identificó un total de once desafíos prioritarios para afianzar el nuevo modelo institucional. Entre las principales “tareas pendientes” figura extender la planificación de la fuerza laboral a las instituciones de mayor peso dentro del Poder Ejecutivo, modernizar e integrar los sistemas de información de recursos humanos y ampliar las descripciones y valoraciones de puestos a todas las instituciones comprendidas en el ámbito de la reforma.
También plantea fortalecer el sistema de directivos públicos y los mecanismos de selección por concurso, implementar el modelo completo de evaluación del desempeño y finalizar el diseño de una escala salarial única, cuya aplicación deberá ser gradual y fiscalmente sostenible.
Asimismo, señala la necesidad de reglamentar los ascensos y las promociones dentro de la carrera administrativa, implementar los planes institucionales de capacitación y extender las encuestas de clima laboral a las distintas dependencias públicas.
Paralelamente señalan que las unidades de gestión y desarrollo de las personas deben estar acompañadas de programas de formación, asistencia técnica y seguimiento de indicadores. A esto se suma la necesidad de institucionalizar un ciclo de monitoreo y evaluación de la reforma, con indicadores clave y mediciones periódicas de resultados.
Servicio público eficiente y premiar el mérito
Durante la presentación del documento, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, explicó que la profesionalización “exige funcionarios idóneos y comprometidos con sus cargos” y que el objetivo final es transformar esta profesionalización en “bienes y servicios públicos oportunos y de calidad para la ciudadanía”, acotó.
Por el mismo lado, la viceministra de Capital Humano, Andrea Picaso, valoró el trabajo coordinado con las unidades de gestión humana y señaló que el éxito de la ley dependerá del fortalecimiento de las capacidades operativas.