El presidente de la República Santiago Peña mantuvo hoy martes una reunión de trabajo con el vicepresidente Pedro Alliana, a fin de coordinar acciones en conjunto tendientes a fortalecer esa agenda que están impulsando desde el Gobierno.

Esto, teniendo en cuenta ese trabajo coordinado que lleva adelante el Poder Ejecutivo, y los demás poderes del Estado, sobre todo Legislativo, así como también el trabajo con las diferentes gobernaciones del país.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado, destacó el encuentro que mantuvo con su “compañero y amigo Pedro Alliana”, señalando que esta reunión de trabajo busca fortalecer las acciones que están impulsando desde el Ejecutivo.

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“Cuando hay visión compartida, compromiso y un mismo objetivo, los resultados llegan. Estamos trabajando con responsabilidad y decisión para que cada política pública se traduzca en oportunidades reales para nuestra gente”, resaltó el mandatario a través de sus cuentas en redes sociales.

Asimismo, remarcó que desde el Poder Ejecutivo siguen avanzando, con el compromiso firme de seguir trabajando por el bienestar de todos los paraguayos.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará esta semana un plan para encarar el pago de las deudas pendientes con los principales proveedores del Estado. Así lo anunció el ministro Carlos Fernández Valdovinos, tras una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña.

El ministro señaló que el Gobierno convocará en los próximos días a los dos principales grupos de proveedores, los vialeros y farmacéuticos, a los que se adeudan recursos para presentarles formalmente un esquema de pago.

“En esta semana vamos a llamar a los dos grupos grandes de proveedores a quienes se adeuda y vamos a estar presentándoles primero lo que habíamos prometido anteriormente, que es la cuestión de la cesión de créditos”, anunció Fernández Valdovinos.

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La cesión de créditos o factoraje es un mecanismo mediante el cual las empresas pueden transferir los derechos de cobro de la deuda a entidades financieras, lo que les permite obtener liquidez antes de que el Estado efectúe el pago definitivo. De esta manera, se busca ofrecer una alternativa que permita aliviar la situación financiera de las compañías mientras se ejecuta el cronograma de pagos.

El ministro indicó que, además de este instrumento, el MEF trabaja en otros mecanismos para reducir progresivamente el monto total adeudado. “También vamos a presentar otros mecanismos de manera a ir disminuyendo el enorme monto que tenemos”, explicó.

Las empresas constructoras y las proveedoras farmacéuticas representan actualmente los dos mayores grupos que reclaman pagos pendientes por parte del Estado. De acuerdo con estimaciones del sector, la deuda acumulada con proveedores públicos superaría los USD 1.000 millones, una situación que ha generado preocupación en varias industrias debido al impacto en la liquidez de las compañías y en la continuidad de proyectos.

Paralelamente al diseño del plan de pago, el Poder Ejecutivo analiza medidas de ajuste en el gasto público, con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal.

Valdovinos explicó que los ingresos tributarios registrados durante los dos primeros meses del año se ubican por debajo de lo proyectado en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, lo que obliga a revisar prioridades de gasto dentro de la administración pública.

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La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, sostuvo que la propuesta planteada en el Congreso de la Nación para otorgar un día libre y remunerado a empleados, por el día de su cumpleaños, no es oportuna, ya que debe ser una decisión empresarial y no una imposición a través de una ley.

“Yo creo que esta propuesta está desacoplada de la agenda que nosotros manejamos dentro del Poder Ejecutivo. Nuestra agenda laboral es clara y precisa. Sobre esta propuesta, consideramos que estos beneficios algunas empresas ya los dan en sus contratos de trabajo. Esto debe ser un beneficio empresarial y no una ley nacional”, aseveró a la 1080 AM.

Resaltó que la cartera laboral y visión del Ejecutivo está enfocada en velar por el cumplimiento de los derechos ya establecidos para los trabajadores, sin dejar de lado la importancia del descanso.

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El Gobierno nacional impulsa una instan­cia de diálogo previo al tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, con el objetivo de fortalecer la iniciativa y sumar consen­sos entre los sectores involu­crados. El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, soli­cita formalmente al Senado la convocatoria a una reunión de trabajo con gremios, sectores afectados y legisladores para este lunes 9 de febrero, un día antes de que el proyecto sea tratado en la Cámara Alta.

La propuesta legislativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, está incluida en el orden del día del Senado para el martes 10 de febrero. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo consideran clave abrir un espacio de diá­logo político y técnico antes del debate en plenaria, atendiendo la sensibilidad del tema y su impacto directo sobre miles de funcionarios públicos y las finanzas del Estado.

“En conversación con el pre­sidente del Congreso, Basilio ‘Bachi’ Núñez, solicitamos que el lunes se convoque una reu­nión de trabajo con los distin­tos sectores, a fin de dialogar sobre la reforma de la Caja Fis­cal”, señala Alliana a través de sus redes sociales. El vicepresi­dente remarca que la intención es escuchar planteamientos, aclarar dudas y evaluar even­tuales ajustes al texto apro­bado por Diputados.

Alliana explica que el pedido apunta a que las comisiones del Senado mantengan reu­niones previas con los actores involucrados, antes del trata­miento en sesión. “Yo pedí que las comisiones se reúnan antes de tratar. El martes se está con­vocando al Senado, pero antes quieren tener un diálogo. Si se quiere proponer algunas modi­ficaciones o sugerencias, estuvi­mos coordinando eso”, indica.

La reforma de la Caja Fiscal es considerada una de las iniciati­vas más relevantes de la agenda económica del Gobierno. El sis­tema previsional estatal regis­tra un déficit creciente desde hace más de una década, impul­sado principalmente por regí­menes especiales, jubilaciones tempranas y una relación cada vez más desfavorable entre aportantes activos y beneficia­rios. De acuerdo con datos ofi­ciales del Ministerio de Econo­mía y Finanzas, el déficit de la Caja Fiscal supera actualmente los USD 300 millones anuales y es cubierto con recursos del Tesoro, lo que genera presión sobre el presupuesto general.

El proyecto plantea ajustes en parámetros como la edad de jubilación, los años de aporte y la tasa de reemplazo, ade­más de cambios específicos en algunos regímenes especiales. Estas propuestas han gene­rado preocupación y rechazo en varios gremios del sector público, que reclaman mayor participación en la discusión y advierten sobre posibles efec­tos en derechos adquiridos.

En este contexto, el llamado al diálogo busca descomprimir tensiones y enviar una señal política de apertura. Desde el oficialismo sostienen que la reforma es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar un colapso futuro, pero reconocen que el consenso social y político es clave para avanzar.

El encuentro previsto para este lunes se perfila así como una instancia decisiva para acercar posiciones antes del debate en el Senado. La expectativa del Gobierno es que el intercam­bio permita introducir mejoras al proyecto sin desnaturalizar su objetivo central: corregir el déficit estructural de la Caja Fiscal y asegurar su viabilidad a largo plazo.

“La reforma es la única alternativa real que tenemos para salvar la Caja Fiscal y garantizar que mañana puedan jubilarse”, dijo David Jara.

“Esta reforma no los perju­dica. Muy por el contrario, es la única alternativa real que tenemos para salvar la Caja Fiscal y garantizar que mañana puedan jubilarse”, fue el mensaje lanzado por el diputado colorado David Jara a los sectores afecta­dos por la iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

“Acá lo más importante es que puedan cobrar efectiva­mente sus haberes. La segu­ridad social solo puede ser digna si es sostenible”, dijo el legislador en medio de los anuncios de la continuación de movilizaciones en varios puntos del país teniendo en cuenta que el tratamiento del proyecto en la Cámara Alta se prevé para el martes 10 de febrero.

“Nos encaminaríamos a una quiebra que aún estamos a tiempo de evitar, pero única­mente si tomamos decisiones responsables y estructura­les”, advirtió el parlamenta­rio en caso de que la propuesta de reforma no prospere en el Congreso Nacional.

Las afirmaciones de Jara surgen teniendo en cuenta las declaraciones de legis­ladores opositores y disi­dentes colorados, quienes alegan que la iniciativa es solo un “parche” y que su tratamiento se dio supues­tamente de manera apresu­rada constituyéndose en un “atropello a los derechos de las personas”.

A dichas afirmaciones se suman las amenazas prove­nientes principalmente de los gremialistas docentes como el abdista Silvio Piris, señalado por percibir casi G. 48 millones mensuales en haberes, quien amenazó con la aplicación del voto castigo contra el oficialismo colorado en las elecciones municipales y de ir a una huelga para trun­car el inicio de clases previsto el 23 de febrero, en caso de concretarse la sanción de la reforma.