Se acumulaban los problemas: la dramática falta de medicamentos, la inexplicable centralización de los tratamientos en Asunción –o en Areguá– y las interminables esperas obligaban a cientos de pacientes de todo el país a afrentar, además del calvario que implica la propia enfermedad, un duro desgaste económico y emocional.

Sin embargo, en los últimos días un hecho significativo ignorado por los medios opositores al actual gobierno trajo cierta esperanza y alivio, ya que ese escenario crítico en la atención oncológica gradualmente empieza a cambiar su destino.

La inauguración del nuevo pabellón oncológico en Caazapá el viernes último no solo representa una obra de infraestructura sanitaria sino un mensaje de descentralización de la salud pública, en especial con un ámbito que implica muchos sacrificios, desde el financiero para el Ministerio de Salud, así como a los pacientes y las familias en el plano emocional.

Para el gobierno, se trata de una señal política y social que encamina una de las prioridades más sensibles de la administración del presidente Santiago Peña: fortalecer la atención sanitaria de los paraguayos, y en especial a los pacientes con cáncer y ampliar el acceso a tratamientos fuera de Asunción y del área central.

La habilitación del servicio permitirá que pacientes de Caazapá y departamentos aledaños ya no dependan exclusivamente de largos y costosos traslados hasta la capital para recibir consultas, diagnósticos o seguimientos médicos.

El acto también sirvió para que el presidente reafirmara el enfoque que busca imprimir a la política sanitaria vinculada al cáncer, un área donde el Ejecutivo asegura haber realizado uno de los mayores incrementos presupuestarios de los últimos años.

“El presupuesto del INCAN ha crecido más de tres veces en estos dos años y medio, y vamos a seguir destinando más recursos para comprar medicamentos, contratar más personal médico y fortalecer la atención”, expresó Peña al destacar el avance de los servicios oncológicos descentralizados.

La diferencia con la administración anterior es uno de los puntos que el oficialismo busca subrayar. Mientras durante el gobierno de Mario Abdo Benítez el sistema sanitario enfrentó permanentes cuestionamientos por falta de medicamentos, precariedad de infraestructura y reclamos de pacientes oncológicos, la actual administración intenta posicionar el combate al cáncer como una política prioritaria de Estado.

El incremento histórico de recursos para el Instituto Nacional del Cáncer –que tuvo un importante incremento en el presupuesto de este año– refleja precisamente un cambio de enfoque, pasando de una atención reactiva y limitada a una estrategia de fortalecimiento estructural y expansión territorial.

Uno de los principales problemas históricos para pacientes oncológicos del interior del país ha sido justamente la centralización de los servicios médicos especializados. Muchas familias debían trasladarse cientos de kilómetros para acceder a estudios, quimioterapias o controles periódicos, generando no solo desgaste físico y emocional, sino también enormes costos económicos.

Con la habilitación de nuevos pabellones y el fortalecimiento gradual de hospitales regionales, el gobierno apunta a reducir esa brecha y acercar el sistema sanitario a los sectores más vulnerables.

La administración Peña también intenta instalar la idea de que el fortalecimiento del área oncológica no puede depender únicamente de discursos o campañas de concienciación, sino de inversión concreta en medicamentos, equipamientos y recursos humanos.

El propio Peña insistió en que el objetivo es continuar ampliando la capacidad de respuesta del sistema público mediante más compras de fármacos, incorporación de especialistas y modernización de los servicios.

El cáncer se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la salud pública en el Paraguay, tanto por el crecimiento de casos como por las dificultades históricas del sistema para responder a la demanda.

Por ello, el gobierno busca enfocarse en la transformación gradual pero sostenida de los recursos para el tratamiento de esta enfermedad, que es la segunda causa de muerte en el país detrás de los males cardiovasculares, donde la descentralización y la ampliación presupuestaria son presentadas como pilares centrales.

El régimen excepcional de regularización de deudas impulsado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) registró una alta participación de pequeños contribuyentes, que representan cerca del 70 % de las adhesiones. Según explicó el director nacional de la DNIT, Óscar Orué a La Nación/Nación Media, este comportamiento refleja una respuesta del segmento con menor capacidad financiera ante un esquema diseñado para facilitar el cumplimiento tributario.

Orué señaló que el régimen busca ofrecer una vía de regularización para contribuyentes que, en muchos casos, no incurrieron en incumplimientos por evasión deliberada, sino por restricciones de liquidez, ingresos irregulares, dificultades administrativas o acumulación de obligaciones. Ya que el esquema contempla recargo del 0 %, una entrega mínima del 10 % y financiamiento en cuotas, lo que reduce barreras de acceso para ponerse al día con el fisco.

Añadió que la concentración de adhesiones entre pequeños contribuyentes evidencia voluntad de formalización y cumplimiento cuando existen mecanismos considerados viables desde el punto de vista financiero y operativo.

En cuanto a los niveles de incumplimiento tributario, Orué indicó que históricamente los principales desafíos se concentran en sectores con uso intensivo de efectivo, alta fragmentación empresarial y mayores niveles de informalidad operativa.

Entre ellos mencionó actividades comerciales minoristas, algunos segmentos de servicios, operaciones con fuerte movilidad de mercaderías y rubros donde la facturación no siempre refleja la actividad económica real.

En ese contexto, explicó que la DNIT evolucionó hacia un modelo de fiscalización basado en cruces de información, analítica de riesgo, trazabilidad de operaciones mediante herramientas digitales, fortalecimiento del control documental y seguimiento a contribuyentes reincidentes. Asimismo, recordó que el régimen excepcional también permite regularizar contingencias tributarias ya identificadas, incluyendo deudas firmes y procesos administrativos o judiciales con aceptación expresa del contribuyente.

Sobre los niveles de informalidad en Paraguay, el titular de la DNIT sostuvo que uno de los principales obstáculos para los pequeños negocios es la percepción de que formalizarse implica un aumento inmediato de costos sin beneficios visibles en el corto plazo.

Explicó que muchos emprendimientos operan con márgenes reducidos, ingresos variables y escasa planificación financiera, lo que convierte el cumplimiento de obligaciones tributarias periódicas en un desafío. A ello se suman el desconocimiento sobre procesos administrativos, obligaciones fiscales y herramientas digitales, además de factores estructurales como el acceso limitado al financiamiento, baja bancarización y reducida educación tributaria.

Según Orué, la formalización debe abordarse con medidas de simplificación, asistencia técnica, digitalización accesible y acompañamiento, de modo a incorporar sosteniblemente a más actores a la economía formal y facilitar el acceso a créditos, capacitaciones y mercados formales.

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Consultado sobre el desempeño del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), que fue uno de los pilares del aumento de recaudación en abril, Orué afirmó que aún existen contribuyentes en estado omiso, por lo que el tributo podría seguir siendo un componente relevante de los ingresos fiscales durante el segundo semestre.

En ese sentido, indicó que parte del crecimiento esperado provendría del fortalecimiento del cumplimiento tributario, recuperación de deudas, reducción de brechas de evasión y consolidación de contribuyentes formalizados. Agregó que el régimen excepcional genera un efecto transitorio positivo al facilitar la regularización de obligaciones acumuladas, mientras se trabaja en medidas con impacto permanente sobre el cumplimiento fiscal.

Respecto a la desaceleración de la recaudación aduanera en un contexto de presión cambiaria sobre el guaraní, Orué señaló que las medidas previstas para el segundo semestre incluyen fortalecer el control aduanero, combatir la subvaloración de mercaderías, mejorar la fiscalización posterior al despacho y reforzar la inteligencia de riesgo en operaciones de comercio exterior.

Añadió que el objetivo es compensar eventuales pérdidas de ingresos derivadas del contexto macroeconómico mediante una mayor calidad de control, sin incrementar cargas tributarias. También destacó el combate al contrabando y el cruce de información entre importaciones, facturación y declaraciones tributarias internas para detectar inconsistencias.

Al referirse al principal problema tributario del país, Orué consideró que la informalidad representa el desafío más estructural, debido a que limita la amplitud de la base tributaria y genera inequidad competitiva.

No obstante, indicó que tanto la evasión dentro del sistema como la incapacidad de pago requieren respuestas diferenciadas. Mientras la evasión deliberada demanda controles y sanciones, la incapacidad financiera requiere herramientas de regularización, como el régimen excepcional actualmente vigente.

Finalmente, sostuvo que la DNIT trabaja en distintos frentes para fortalecer la eficiencia de la recaudación y canalizar los recursos hacia el financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN).

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La baja del dólar comenzó a reflejarse en distintos sectores de la economía paraguaya y también plantea nuevos desafíos para las cuentas públicas, según analizó el economista Rodrigo Ibarrola. Si bien el contexto ayuda a moderar algunos costos vinculados a importaciones e intereses de deuda en moneda extranjera, también impacta sobre la recaudación tributaria y la dinámica fiscal del país.

El especialista explicó que los ingresos tributarios muestran una desaceleración respecto al mismo periodo del año pasado, situación que podría dificultar el objetivo del gobierno de converger hacia un déficit fiscal de 1,5 % del producto interno bruto (PIB).

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“El escenario se volvió más complejo porque algunos ingresos crecieron por debajo de lo esperado, mientras ciertos gastos continúan aumentando”, señaló a la 1020 AM.

Actualmente, el déficit fiscal anualizado ronda el 2,2 %, aunque Ibarrola aclaró que todavía dependerá de cómo evolucionen los ingresos y el gasto público durante el resto del año.

El economista indicó que parte de esta situación responde también a una normalización de la recaudación luego del impulso inicial generado por la integración de Tributación y Aduanas dentro de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). A esto se suma un contexto económico donde algunos sectores muestran menor dinamismo.

Entre las áreas más sensibles, mencionó a la construcción, debido a los atrasos en pagos a contratistas y proveedores del Estado. En ese sentido, explicó que el mecanismo de factoraje aparece como una alternativa para otorgar liquidez a las empresas mientras esperan los desembolsos públicos.

Sin embargo, señaló que aún existe debate sobre cómo distribuir el costo financiero de estas operaciones. “La discusión principal es quién absorbe finalmente los intereses derivados de esos adelantos financieros”, comentó.

Ibarrola agregó que las empresas de mayor tamaño tienen más capacidad para sostenerse en este contexto, mientras que las pequeñas y medianas enfrentan mayores dificultades para mantener capital operativo.

Pese a este escenario más ajustado, el economista consideró que Paraguay mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y descartó un impacto inmediato sobre la calificación crediticia del país.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció el jueves una reducción de los impuestos a las exportaciones de trigo y cebada a partir del mes que viene, y de soja a partir de enero, en un discurso ante empresarios rurales en Buenos Aires. La medida es una nueva señal del mandatario ultraliberal al sector agropecuario, que en 2025 representó más del 60 % de las exportaciones del país, según datos del instituto estatal de estadísticas Indec.

"Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada del 7,5 a 5,5 % a partir de junio de 2026“, dijo Milei. “Pero no solo eso, sería injusto si nos olvidamos de la soja. Y a partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028”, agregó, e indicó que este esquema dependería de la continuidad de su gestión, en referencia a su eventual reelección en 2027.

Además, anunció que también bajará retenciones a la industria automotriz, la petroquímica y las maquinarias. Milei mencionó estos beneficios un día después de que el Indec publicara que en abril las exportaciones argentinas alcanzaron un “récord histórico” de 8.914 millones de dólares. El Indec también informó el jueves que la actividad económica argentina creció un 5,5 % interanual en marzo.

Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Milei sostiene una política de duros recortes que le permitió terminar con superávit en las cuentas públicas en sus primeros dos años de gobierno.

“Vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde, que se achique el Estado, que se agrande el mercado”, afirmó el jueves en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En búsqueda del equilibrio fiscal, Milei hizo un ajuste profundo en áreas como la salud, la educación y la ciencia.

Fuente: AFP.