El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, destacó que gracias a la oportuna intervención de un grupo mediador extra institucional, logró destrabar un conflicto por la tenencia de la tierra, que afectaba al asentamiento de unas 500 familias de la comunidad de Santa Teresa del Manduará. Esto está ubicado en el distrito de Abaí, departamento de Caazapá, cuyas tierras, que no están tituladas, habían sido redireccionadas en parte para un grupo de “sin tierras” agremiados en el Movimiento Campesino Paraguayo.

En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que se estableció un grupo mediador encabezado por el sacerdote de origen africano, el Pa’i Pascual Kinoti, que fue el líder espiritual del proceso de titulación de Marina Cué, y los dirigentes campesinos de Marina Cué, Darío Acosta, Martina Paredes y Rolando Antúnez.

Este grupo mediador se sentó a escuchar los reclamos que hacía el Movimiento Campesino Paraguayo, que llevaba meses montando una carpa de resistencia frente al Indert acá en Asunción, reclamando por estas tierras.

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Igualmente, llegó hasta la comunidad en Aba’i, para escuchar al presidente de la comisión y conocer a los pobladores de asentamiento Santa Teresa del Manduará, indagar sobre los antecedentes de cómo se formó esta comunidad en los años 1970 y quiénes son los actuales ocupantes.

Igualmente, revisó los informes documentados que contaba el Indert y, conforme a esto, se elaboró un informe final, en el cual, en primer término, se constató que el asentamiento está ocupado por unas 500 familias, todos paraguayos nacidos en el país, descendientes de inmigrantes europeos y de América Latina, que llegaron al país en la década de 1970 y se dedicaron al obraje en aquel entonces.

Al respecto, Ruíz Díaz, precisó que esta comunidad “Santa Teresa del Manduará” está conformada por los descendientes de inmigrantes, pero todos ya paraguayos; están asentados en una propiedad de 2.000 hectáreas aproximadamente. Señaló que se constituye en la década de los 90.

Indicó que todo marchaba bien con esta población, hasta que se generó el conflicto en el año 2015, cuando el Indert estaba presidido por el entonces titular Justo Cárdenas.

“Lo que hizo fue introducir a unas 60 familias, que estaban ocupando otra propiedad privada en la zona cercana. Como solución, los introduce en esta comunidad, restando la cantidad de hectáreas a las familias que ya estaban asentadas en el lugar", comentó.

Explicó que esto generó un fuerte conflicto por la tenencia de la tierra, al punto que casi llega a un estallido social, como el caso de Marina Cue, que llevó a un enfrentamiento armado dejando incluso víctimas fatales.

Pero resaltó que, en este caso, gracias a la oportuna decisión de la actual administración del Indert, se evitó el enfrentamiento social; ya que se constató que, de las 500 familias que actualmente viven en el lugar, son paraguayos hijos y nietos de los pioneros extranjeros que llegaron en la década del 70.

Ruíz Díaz mencionó de ese grupo de 60 familias, que el extitular del Indert Justo Cárdenas introdujo a la comunidad; solamente ya quedan unas 10 familias en el lugar y que el resto se retiró o negoció el lote urbano y vivienda que había recibido, al no cumplirse el compromiso que había hecho en su momento Cárdenas.

“El informe del grupo de mediación no fue el informe institucional, no fue el informe de los campesinos, fue el informe de estas 4 personas de Marina Cue, liderado por el padre Kinoti; resalta que el 100% de la ocupación, era correcta. Son familias paraguayas, descendientes de los migrantes que vinieron en la década de los 70. Y estaban ocupando pacíficamente los lotes desde hacía décadas. Y lo que querían era la titulación de sus tierras", precisó Ruíz Díaz.

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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, se refirió al tema de la reducción de pobreza, que fue anunciado este viernes por el Gobierno nacional, destacando que el principal motor para la reducción de la pobreza en el ámbito rural ha sido, sin dudas, la entrega de títulos de propiedad a los campesinos.

En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que desde el momento en que un campesino recibe su título de propiedad, se vuelve millonario, al contar con sus tierras propias, y a partir de ahí, el campesino ha podido generar sus propios ingresos, así como acceder a créditos financieros para el desarrollo rural de sus tierras.

“Le estamos sacando de la pobreza a un campesino, cuando le estamos entregando el título de propiedad de sus tierras; nosotros le convertimos en millonario a los campesinos", remarcó Ruíz Díaz.

Pero para comprender el contexto, puso como ejemplo el caso del dirigente campesino Justino Vera, quien pagó cerca de 5 millones de guaraníes por su tierra que tenía más de 30 años de ocupación.

“Se había comprado hace 30 años a unos precios irrisorios y por Reforma Agraria se mantienen los precios por 11 hectáreas de tierra. Él pagó 5 millones, pero nosotros le hicimos una tasación de su inmueble y en realidad él estaba llevando 1.600 millones de guaraníes, hoy al precio de mercado”, explicó.

Al respecto, resaltó que, al contar con título de propiedad, esa tierra vale, y dejó de empobrecer a una familia. Al mismo tiempo, señaló que las familias tienen acceso al crédito, pueden realizar inversiones productivas, pueden mejorar su rendimiento. Pero también el Gobierno les garantiza la compra de su producción agrícola a través de la Ley Hambre Cero.

Recordó, además, que los estudios internacionales dicen que cuando se titula una tierra de manera automática, el campesino puede acceder al crédito, tiene 40 % más de productividad y sus ingresos mejoran en un 30 %. Resaltó que todo esto ha tenido un impacto en miles de familias campesinas en el país.

El titular del Indert destacó que, por este motivo, el presidente de la República, Santiago Peña, se comprometió a profundizar en este trabajo sobre la titulación masiva de tierras rurales y señaló que en poco tiempo más el Poder Ejecutivo estará remitiendo al Congreso, un proyecto de ley que permitirá eliminar una traba importante que tenía el campesino.

“La ley vigente actualmente exige el pago de la primera cuota de su tierra, antes de acceder a su título. Pero la propuesta normativa que se busca modificar plantea que esa primera cuota, que equivale más o menos entre 7 y 8 millones de guaraníes, la realice recién a los 12 meses de haber recibido el título”, precisó.

Destacó que ya durante este gobierno se bajó la tasa de interés al 0 % para las mujeres, por lo cual redujo en un 50 % el valor de las tierras en beneficio de las mujeres jefas de hogar, para cumplir con el mandato constitucional y del Estatuto Agrario que habla de priorizar a la mujer en el campo.

“El presidente de la República pidió ampliar los plazos; en ese proyecto de ley que se va a remitir en breve al Congreso, va a ampliar el plazo para que las mujeres, en lugar de tener que pagar por su lote 15 años de plazo, lo paguen en 30 años de plazo. Ese proyecto de ley ya tiene la última revisión y se está definiendo el momento más oportuno para su presentación”, comentó.

Por lo expuesto, el presidente Ruíz Díaz resaltó que no existe mejor política para sacar al campesino de la pobreza que otorgarle su título de propiedad y que el título tienda también a favorecer a las mujeres.

“Esto es muy importante, porque nosotros estamos pasando del 30 % de los títulos que se entregaban para las mujeres, como se hacía antes de que asumiera el gobierno del presidente Peña el 15 de agosto del 2023. En la actualidad, gracias a esa política de incentivos de favorecer la titulación en nombre de la mujer, se está llegando a un 60 %. Es decir, que 6 de cada 10 títulos que se entregan en esta administración son para mujeres; y las mujeres son el mejor, el mejor vehículo para atacar la pobreza en los hogares rurales”, concluyó.

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El presidente de la República Santiago Peña mantuvo hoy martes una reunión de trabajo con el vicepresidente Pedro Alliana, a fin de coordinar acciones en conjunto tendientes a fortalecer esa agenda que están impulsando desde el Gobierno.

Esto, teniendo en cuenta ese trabajo coordinado que lleva adelante el Poder Ejecutivo, y los demás poderes del Estado, sobre todo Legislativo, así como también el trabajo con las diferentes gobernaciones del país.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado, destacó el encuentro que mantuvo con su “compañero y amigo Pedro Alliana”, señalando que esta reunión de trabajo busca fortalecer las acciones que están impulsando desde el Ejecutivo.

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“Cuando hay visión compartida, compromiso y un mismo objetivo, los resultados llegan. Estamos trabajando con responsabilidad y decisión para que cada política pública se traduzca en oportunidades reales para nuestra gente”, resaltó el mandatario a través de sus cuentas en redes sociales.

Asimismo, remarcó que desde el Poder Ejecutivo siguen avanzando, con el compromiso firme de seguir trabajando por el bienestar de todos los paraguayos.

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La Cámara de Diputados inició la sesión extraordinaria para el tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, con las modificaciones incluidas en el Senado tras una larga negociación y consenso con los sindicalistas y gremialistas de los sectores afectados. Mientras tanto, docentes se encuentran apostados en inmediaciones del Congreso Nacional a la espera de una sanción del proyecto con las modificaciones acordadas.

La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, realizó las argumentaciones y presentación de las modificaciones incluidas por la Cámara Alta, versión que sería sancionada en esta sesión extraordinaria.

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“Este proyecto de ley que establece las medidas para la reforma del sistema jubilatorio y pensiones del sector público, de la reforma de la Caja Fiscal, remitido por la Cámara de Senadores, busca fortalecer la sostenibilidad financiera de la Caja Fiscal que actúa en frente a una situación delicada, afectando a más de 150.000 aportantes de los diferentes sectores, entre ellos el magisterio nacional, docentes universitarios, magistrados judiciales y las fuerzas públicas”, presentó.

• Se aumenta el aporte estatal del 5 % al 10 % con aplicación inmediata.
• Se disminuye la edad jubilatoria ordinaria de 57 años a 53 años para los sectores de magisterio nacional, docentes universitarios, Instituto de Educación Superior y magistrados judiciales, con una tasa de sustitución del 78 % al 90 %.
• Se introduce el beneficio de maternidad para las docentes, un año adicional de servicio por cada hijo hasta un máximo de dos.
• Se establece una jubilación ordinaria transitoria para docentes y magistrados judiciales donde podrán optar por jubilarse de acuerdo a las disposiciones previstas en esta ley o con reglas anteriormente vigentes.
• Para el sector de fuerzas públicas, se disminuye la edad de jubilación ordinaria de 57 años a 55 años y se establece que la tasa de sustitución será del 75 al 90 %.

Tras presentar los cambios incluidos en la Cámara Alta, la diputada Villalba citó algunas observaciones realizadas por la Comisión de Presupuesto en esta versión. Hay que señalar que la Cámara Baja ya no puede incluir modificaciones en el documento, por lo que se deja constancia de estas observaciones.

“En el artículo 14 que dejemos una constancia desde la Comisión de Presupuesto, que tuvo un error el dictamen del Senado, incluye como requisito para acceder a la jubilación transitoria la edad de 58 años a los magistrados judiciales”, detalló la diputada.

Otra observación señalada en el dictamen es el artículo 12, “donde mujeres docentes en general, se contempló un año adicional de servicio por cada hijo hasta un máximo de dos y no así para las mujeres de otros sectores, desde la comisión que presido no acepta esta inequidad y dejamos constancia y nuestro desacuerdo”.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, citó el impacto del escenario en la reducción proyectada del déficit, señalando que con un estudio donde sin esta reforma el déficit sería de USD 800 millones, aprobando la versión del Senado queda en USD 600 millones. “Es un paso importante lo que estamos dando hacia la sostenibilidad de la Caja Fiscal con un ahorro de 200 millones de dólares”, destacó.

“La Comisión de Presupuesto acepta las modificaciones introducidas por el Senado, resaltando que esta caja ya es insostenible, y por lo cual, es muy importante que hubo una actitud asumida por un Gobierno, ya que ha sido postergado por varios gobiernos sucesivos”, concluyó.

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