Ciudad del Este. Agencia Regional.

La Policía Federal de Brasil ejecutó hoy la Operación Dragon Ball que investiga a una organización criminal de contrabando de celulares y otros productos procedentes de Paraguay. La operación cumplió con 42 órdenes de búsquedas y aprehensión, siendo Foz de Iguazú la ciudad donde se cumplió la mayor cantidad de disposiciones, 26 órdenes.

Fueron aprehendidas dos personas en flagrancia, una por hallazgo de municiones con calibre restricta y el otro por mercaderías de contrabando en flagrancia. Las otras ciudades de intervención son Santa Terezinha de Itaipú (2), Cielo Azul (1), Cascavel (8), Curitiva (2), todos del estado de Paraná, y también San Paulo (1) y Goiania (2).

“La investigación identificó una estructura con actuación en Paraguay y en diversas ciudades brasileñas. Aprehensiones y prisiones impactaron en 8,6 millones de reales en mercaderías y vehículos ligados al grupo”, refiere el informe de la Policía Federal.

“La investigación identificó un grupo organizado que traía clandestinamente de Paraguay productos electrónicos, celulares y accesorios para comercialización en Brasil. Los integrantes dividían las tareas, desde la negociación de los productos en Ciudad del Este hasta la entrada al país, el transporte o almacenamiento y la distribución”, agrega la Policía Federal.

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Sigue relatando la PF que, para llevar las mercaderías a los compradores, el grupo utilizaba vehículos de apoyo para monitorear el trayecto y los inmuebles como depósitos temporales”. Agrega que, las mercaderías eran almacenadas en Foz de Iguazú, Medianeira y Cascavel, del estado de Paraná, luego eran llevadas para comerciantes de San Paulo y Goiania.

Durante la investigación, la Policía se incautó de 11 cargas y 18 vehículos relacionados al esquema y la prisión en flagrancia de 14 personas. La Receita Federal (Ingreso Federal) evaluó las mercaderías en casi 7 mil millones de reales y el monto no pagado por tributos federales en más de 2 millones de reales.

El nombre de la operación tiene que ver con la identificación de integrantes de la estructura que usaban nombres de personajes de la serie anime Dragon Ball como, Goku, Gohan, Mestre Kame y Majin Boo.

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Hugo Pastore, director ejecutivo de Capeco, advierte que persisten desafíos en los cruces fronterizos, la planificación de la hidrovía y los caminos de todo tiempo para garantizar el traslado de la producción.

Navegación y mantenimiento de la hidrovía. La hidrovía Paraguay-Paraná atraviesa una etapa más favorable para la navegación, luego de varios años de dificultades por los bajos niveles de agua. No obstante, el exceso de agua también generó inconvenientes en algunos puertos, donde los niveles elevados obstaculizaron el posicionamiento de las embarcaciones en los muelles.

En el río Paraguay, las operaciones se mantuvieron en condiciones razonables durante buena parte del año. Hugo Pastore, destacó los trabajos de dragado y mantenimiento realizados, particularmente en el tramo de Asunción hacia el norte. “Después de muchos años de tener mucha dificultad por el bajo nivel de agua”, el escenario actual representa un contexto más favorable para el transporte fluvial, explicó.

Entre los desafíos pendientes mencionó las crecidas y la acumulación de sedimentos en la desembocadura del río Bermejo, factores que requieren trabajos permanentes de mantenimiento de los canales.

El directivo consideró importante avanzar en una planificación y contar con un plan maestro que permita identificar las intervenciones necesarias.

Cruces fronterizos y oportunidades logísticas. La infraestructura terrestre representa otro desafío para el comercio exterior. Pastore advirtió que los cruces fronterizos entre Paraguay y Brasil tienen una capacidad insuficiente frente al movimiento actual de mercaderías.

En ese contexto, mencionó las expectativas en torno al Puente de la Integración y la posibilidad de comenzar a utilizar también con camiones de carga. Asimismo, señaló que el corredor bioceánico representa una oportunidad para Paraguay, considerando el volumen de cargas vinculado a Brasil, tanto para exportaciones como importaciones.

Caminos de todo tiempo, una necesidad pendiente. La infraestructura vial interna también preocupa al sector, especialmente ante períodos de lluvias intensas. “Aunque se registraron avances, todavía faltan caminos de todo tiempo que permitan trasladar la producción desde las fincas hasta los puertos y las industrias sin dificultades”, señaló Pastore.

Los caminos de tierra se convierten en un obstáculo para el movimiento de cargas cuando las condiciones climáticas son adversas. “Valoramos el esfuerzo que se está haciendo y el crecimiento que está habiendo, pero hay mucho trabajo por hacer todavía”, expresó Pastore.

El director ejecutivo de Capeco remarcó que el desarrollo de la infraestructura vial interna es fundamental para acompañar el crecimiento de la producción y mejorar las condiciones de traslado.

Finalmente sostuvo que el mantenimiento de la hidrovía, la mejora de los cruces fronterizos y la conectividad terrestre siguen siendo factores importantes para fortalecer la logística paraguaya y el desarrollo productivo

La incorporación de cultivos genéticamente modificados posicionó a Paraguay entre los principales países del mundo en adopción de biotecnología agrícola. Santiago Bertoni, asesor de la UGP, analiza su evolución, los beneficios para la producción y las oportunidades para fortalecer la investigación nacional.

La agricultura paraguaya encontró en la biotecnología una herramienta clave para mejorar sus sistemas productivos y responder a los desafíos del sector. Desde la incorporación de semillas genéticamente modificadas hasta los avances en investigación local.

“Estas tecnologías ampliaron las posibilidades de manejo de malezas, plagas y aprovechamiento de los recursos”, señaló Santiago Bertoni, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

Asimismo, sostuvo que la biotecnología representa una evolución de los conocimientos que los agricultores aplican desde hace generaciones mediante la observación y selección de plantas y animales. Su desarrollo permitió comprender y utilizar los procesos biológicos con mayor precisión.

Una adopción que transformó la producción. La incorporación formal de la biotecnología moderna a la agricultura paraguaya comenzó en 2004, con la autorización comercial de la soja genéticamente modificada tolerante al glifosato. Posteriormente se sumaron tecnologías para maíz y algodón, mientras que en 2013 se incorporaron nuevas características de resistencia a determinados insectos en soja.

Actualmente, Paraguay cuenta con 49 eventos transgénicos autorizados en soja, maíz y algodón. “Prácticamente el 100 % de la superficie cultivada con estos rubros corresponde a variedades genéticamente modificadas”, explicó Bertoni.

Esta adopción también posiciona al país en el escenario internacional. De acuerdo con AgbioInvestor GM Monitor, en 2025 Paraguay ocupó el séptimo lugar mundial y el tercero en América Latina por superficie sembrada con cultivos genéticamente modificados, con aproximadamente 4,5 millones de hectáreas.

Productividad y sostenibilidad. Entre los principales beneficios se encuentran la reducción de pérdidas ocasionadas por determinadas plagas y malezas, así como la disminución de aplicaciones de insecticidas y herbicidas, con resultados económicos favorables para los productores.

Sin embargo, Bertoni destaca la importancia de integrar estas herramientas con buenas prácticas agronómicas. “La biotecnología alcanza su mayor potencial cuando se combina con variedades adaptadas, manejo adecuado de los suelos, nutrición equilibrada y decisiones basadas en información”, resaltó Bertoni.

Investigación y oportunidades locales

Paraguay también avanzó en el desarrollo de capacidades propias. Un ejemplo fue el trabajo conjunto entre el IPTA y el Inbio, que dio origen a las variedades Sojapar. Además, existen líneas de investigación orientadas a mejorar la respuesta de la soja a las sequías y desarrollar materiales con resistencia a enfermedades.

En este proceso, la próxima inauguración del Parque Tecnológico Inbiotec representa una nueva oportunidad para impulsar la investigación y el desarrollo nacional.

Para Bertoni, el desafío es aprovechar el conocimiento disponible y fortalecer la cooperación entre instituciones públicas, universidades y empresas. “La apuesta, debe ir más allá de incorporar tecnologías extranjeras y avanzar hacia soluciones adaptadas a las condiciones productivas del país, con cosechas más estables y un uso eficiente de los recursos”, concluye Bertoni.

La seguridad jurídica sobre la propiedad puede impulsar la inversión, facilitar el acceso al crédito y mejorar los ingresos fiscales. Hugo Jiménez, asesor de la UGP, plantea la necesidad de modernizar el sistema de administración de tierras en Paraguay para transformar activos en oportunidades de desarrollo.

Propiedad y desarrollo económico. La pobreza no se limita a la falta de ingresos, también comprende dificultades para acceder a vivienda, salud, educación y condiciones de vida dignas. En este contexto, la formalización de los derechos de propiedad representa una herramienta para mejorar las oportunidades económicas, especialmente en países donde una parte importante de los activos permanece fuera de los registros oficiales.

Para Hugo Jiménez, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), contar con títulos de propiedad permite que los bienes puedan convertirse en capital, respaldar inversiones y facilitar el acceso al financiamiento.

“Los derechos de propiedad no tan solo son fundamentales para reducir la pobreza sino, además, son instrumentos efectivos para crear riqueza”, sostiene.

El economista peruano Hernando de Soto, citado por Jiménez, plantea que muchas personas en países en desarrollo poseen viviendas y tierras, pero carecen de documentación que permita utilizarlas como garantía para préstamos o inversiones. Esta situación limita su capacidad de mejorar sus activos y generar nuevas actividades económicas.

Paraguay y el desafío de ordenar la tierra. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025 ubica a Paraguay en el puesto 90 de 126 países, con una puntuación de 4,138 sobre 10. El resultado refleja desafíos en materia de seguridad jurídica y administración de los bienes.

Jiménez considera que el país necesita avanzar hacia un sistema integral de administración de tierras que permita actualizar los registros, reducir las dificultades en el mercado inmobiliario y mejorar el ordenamiento territorial.

La creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reúne las funciones de registros públicos, catastro y agrimensura, representa una oportunidad para corregir inconsistencias históricas en los inventarios.

“En los registros de tierras aún están anotadas superficies a nombre de instituciones y empresas que hoy son asiento de colonias enteras o propiedades privadas”, advierte.

El impacto en el agro y los municipios. La regularización de la tenencia tiene implicancias directas para el sector agropecuario. La falta de títulos limita las posibilidades de acceder a financiamiento, invertir en infraestructura y desarrollar plenamente el potencial productivo de los establecimientos.

A esto se suma la situación de miles de familias en asentamientos urbanos y periurbanos, cuyos terrenos carecen de documentación formal, dificultando mejoras en viviendas, servicios sanitarios y acceso al agua segura.

El problema también alcanza a instituciones públicas. Según Jiménez, más de un millar de locales de salud y educación no cuentan con títulos de propiedad, una condición que restringe las inversiones en infraestructura.

En el ámbito municipal, la actualización de catastros constituye otro desafío. El asesor señala que seis de cada diez municipios no tienen catastros actualizados, lo que limita la identificación de inmuebles y reduce el potencial de recaudación del impuesto inmobiliario.

Con las nuevas autoridades municipales ya asumidas, el especialista considera prioritario avanzar en esta tarea para fortalecer los ingresos locales y mejorar la planificación territorial.

“La formalización de la propiedad, no solo ofrece seguridad jurídica, sino que también puede convertirse en una herramienta para ampliar las inversiones, mejorar la productividad y generar condiciones para un desarrollo económico más inclusivo”, concluye Jiménez.