Las monedas virtuales o activos digitales, más conocidas como criptomonedas, han registrado un desplome que llamó la atención de inversores de todo el mundo. El valor total del mercado alcanzó su punto más alto en noviembre de 2021, cotizando cerca de US$ 2,9 mil millones. Sin embargo, este año, tras la caída, se cotizan en cerca de US$ 1 mil millones. Consultado al respecto, el economista José Barboza dijo que esto no representa un riesgo sistémico que pueda afectar al país.
“El mercado global de acciones cotiza cerca de los US$ 117 mil millones y el mercado de deuda cerca de los US$ 300 mil millones. Teniendo en cuenta esta perspectiva, el valor total del mercado de criptomonedas aún se encuentra en una etapa muy primigenia en relación a otros mercados más importantes y por ello no sería un riesgo para nuestro país”, explicó el profesional en comunicación con el diario La Nación.
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Barboza mencionó que debido a la crisis del dinero digital la mayoría de los Bancos Centrales extranjeros se encuentran en una etapa contractiva, removiendo los estímulos y mecanismos de apoyo financiero que fueron implementados durante la fase dura de la pandemia.
“Principalmente, se observan las últimas acciones de la Reserva Federal de los EE.UU, que acaba de incrementar en 75 puntos básicos la tasa de política monetaria y a la vez se encuentra removiendo la expansión cuantitativa que, en su momento, absorbía títulos de renta fija del Tesoro Norteamericano a cambio de inyectar liquidez al mercado de crédito”, aseguró a este medio.
Varios analistas y expertos en el tema creen que las criptomonedas serán disruptivas dentro de rubros como el financiero y el legal (notarial o registros públicos). En la actualidad, los valores se encuentran bajo presión debido a que las condiciones de liquidez financiera post pandemia cambiaron.
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Plantean proyecto para legalizar curso de criptomonedas y generar impuestos sobre ellas
El diputado Derlis Rodríguez presentó el proyecto de ley “del régimen general de la unidad monetaria virtual, de su interacción e integración con la moneda física nacional y de los cripto activos en el territorio nacional de la República”.
Esta iniciativa cuenta con tres aristas principales, el consumo de energía eléctrica de manera “legal”, un marco regulatorio jurídico para que las criptomonedas sean de curso legal, y una legislación tributaria sobre las mismas.
“Estamos trabajando en un proyecto innovador, por sobre todas las cosas, y darle ese marco regulatorio para que la brecha ilegal sea cada vez más pequeña”, explicó el legislador.
Agregó que hoy, como está la ley, prácticamente “la Ande no firma ningún contrato con nadie, entonces, se busca generar de cualquier manera y ahí jugamos con lo ilegal”, explicó el diputado en contacto con La Nación/Nación Media.
Explicó que al no ser una moneda circulante en el país, la producción de criptomonedas también es utilizada en diferentes delitos, por lo que se busca su reglamentación.
“Hoy no es una moneda circulante legal para nosotros, entonces también se está usando para lavado de activos, incluso para el terrorismo, para estafas, son muchas situaciones que se pueden dar, entonces, alguna vez tendríamos que adecuarnos a lo que es el mundo financiero y esta es una gran oportunidad”, apuntó.
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Ingreso por energía
El legislador indicó que con la regulación de las granjas de producción de esta moneda virtual también se podrá obtener un gran ingreso por la energía eléctrica que se utiliza, actualmente de manera clandestina.
“No podemos dejar de lado el ingreso que podríamos tener hoy como país, si vendemos esa generación de energía para las criptominerías, con Argentina se da una situación bastante peculiar donde estamos prácticamente rogando para que nos paguen por nuestra energía que le estamos cediendo todos los días y que le estamos vendiendo barato. Si vendemos eso en el mercado local y lo hacemos tres o cuatro veces con un precio mayor”, apuntó.
Ingreso por impuestos
Mientras tanto, esto también tendrá un importante aspecto financiero en el país, ya que al legalizar la producción de las criptomonedas, esto deberá ser tributado al Estado paraguayo.
“Al generar un activo dentro de nuestro país, pudiendo tener nosotros la trazabilidad de ello, pudiendo saber cuándo se genera y pudiendo trazarla desde ese momento se genera un activo, lo que significa que es un capital y por ello tenemos que cobrar un impuesto también acá”, refirió.
Datos claves
- Crear un marco regulatorio jurídico para que los criptoactivos sean de curso legal en el país.
- Declarar la generación de los criptoactivos, tener el control de los mismos y legislar tributariamente sobre ellos, tener un beneficio como país.
- A corto o mediano plazo también tener un criptoactivo como país, que es una opción que está estipulada en el marco planteado.
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Criptomonedas: con ley reguladora la Ande podrá firmar licencias
El diputado Derlis Rodríguez habló sobre los alcances del proyecto de ley para regular criptomonedas en el país, que se encuentra en estudio en la Cámara Baja. El legislador explicó que con esta regulación la Administración Nacional de Electricidad (Ande) podrá firmar las licencias con las granjas de criptomonedas y evitar la clandestinidad.
“Esto sucede porque hoy no existe el marco regulatorio. Hoy la Ande sí tiene requisitos para firmar una licencia con ellos, pero no existe una ley que regule esto. Ojalá que podamos sacar una ley que nos convenga a todos en el menor tiempo posible”, expresó Rodríguez en entrevista a la 1020 AM.
Así también, con esta regulación se podría crear una moneda propia, de acuerdo al legislador. “Nosotros lo que queremos hacer con la ley es, incluso, crear nuestra propia moneda, nuestro propio criptoactivo paraguayo”, apuntó.
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El diputado Rodríguez refirió que el objetivo de esta iniciativa es la legalización de la producción y la minería, teniendo en cuenta que actualmente ya se encuentran instaladas en el país, pero de manera clandestina y que está causando una gran problemática en el consumo de energía eléctrica.
“Planteamos la ley que va más allá de la producción y minería. Queremos legalizarla, tener el control de ellas, saber cuánto se produce y le podamos poner un impuesto y que nuestro mercado, el Banco Central, lo reconozca como moneda”, manifestó el parlamentario.
Agregó que actualmente la clandestinidad de las criptominerías está apañada por las propias autoridades de diferentes instituciones y estamentos, por lo que con esta regulación el propósito es eliminar esa situación. “La corrupción es el peor cáncer que tiene el país y la impunidad lo sigue rápidamente. Nadie haría tanta inversión sin tener protección. Acá, todos quienes han hecho una inversión gigantesca tenían protección y no solo de la Ande, sino de la Fiscalía y el Poder Judicial”, sentenció.
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Grupo Zuccolillo, metido en negocio de criptomonedas sin pagar tarifa fijada por Ande
En medio de la fiebre por la criptomoneda y los allanamientos que se realizan a las granjas mineras que operan de manera ilegal en el país, una investigación periodística del programa “La caja negra” reveló que el Grupo Zuccolillo estuvo metido en el negocio a través de su empresa Esur SA (Energías del Sur), usando como pantalla a un shopping para no abonar la garantía ni la tarifa especial establecida por la Ande. La pérdida ocasionada ronda los USD 300.000.
- Fuente: “La caja negra”.
De acuerdo a su página web, la empresa Esur SA forma parte del Grupo Azeta de la familia Zuccolillo. Esta firma inició sus operaciones en el año 2011 con el objetivo de desarrollar negocios en el sector energético, a través de la administración y distribución de energía eléctrica en algunos centros comerciales, entre ellos el Shopping Mariscal y Abasto Norte, pertenecientes al mismo grupo empresarial.
En setiembre de 2019, la empresa encabezada por Micky Zaldívar incluyó en sus negocios la minería de datos, específicamente criptomonedas, para utilizar la tecnología de Blockchain, lo cual consta en la página web del Grupo Azeta.
Luego de la pandemia, al registrarse el “boom” de la criptominería y el alto consumo que conllevaba este negocio, la Ande comenzó a tomar medidas contra las actividades de las empresas como Esur SA que utilizaban mucha electricidad, pero que pese a ello pagaban un módico monto, por lo que fijó una tarifa especial y comenzó a regularizar esos emprendimientos.
Fue así que en setiembre de 2023, el Departamento de Gestión de Grandes Clientes de la Ande remitió una notificación a la empresa Penta SA, de los Zuccolillo, que se encarga del Shopping Mariscal, al detectar “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desarrollando actividades asociadas a la minería de criptoactivos”.
En esa oportunidad llamó la atención a la Ande que la actividad comercial que funcionaba en el lugar bajo la categoría de shopping y edificio corporativo no cuadraba con el alto consumo que registraba en la práctica durante las 24 horas. Este factor hizo presumir que se utilizaba el mismo NIS del centro comercial como pantalla para la actividad de minería, al hacer pasar la elevada demanda eléctrica como una fachada industrial.
En su misiva, la Ande puso en conocimiento de los Zuccolillo que estaba en vigencia la Resolución n.° 47191/2022 y su modificación 47708/2023, por la cual se crea el Grupo de Consumo Intensivo Especial, y aprueba las tarifas para los usuarios abastecidos en Muy Alta Tensión (220 kV), Alta Tensión (66 kV) y Media Tensión (23 kV), que desarrollan el procesamiento de datos, provisión de servicios de almacenamiento de información, incluyendo la minería de criptoactivos, blockchain, token y data centers.
Ese mismo mes, en una nota enviada por el director del establecimiento, Jorge Mendelzon, al titular de la Ande, Félix Sosa, la respuesta dada fue que la empresa Penta no se dedica a la actividad de minería; sin embargo, sí lo hacía en sus instalaciones la firma Esur SA, la cual realizaba además la “gestión interna” de la energía eléctrica en algunos centros comerciales. En su escrito, Mendelzon explicó que el NIS 1293023 correspondía a Esur hasta el 5 de julio de 2022, fecha en la cual transfirió el mismo a Penta, por discontinuidad de este modelo de negocio, quedando vinculado a Penta como cliente por el suministro de energía.
Además, de acuerdo con el documento, por las nuevas tarifas fijadas por la Ande, Esur tomó la decisión de cesar las actividades de minería en el predio de Penta en el mes de marzo de 2023.
De acuerdo con el importe facturado por la Ande, en el año 2022, la empresa Esur registró consumos de entre 650.000 y más de 1 millón de kWh, abonando un promedio de 300 millones de guaraníes al mes, cuando operaba en el shopping. Desde el cambio de titular, cuando ese NIS pasó a nombre de Penta, este cliente presenta consumos similares hasta la fecha, promediando1 millón de kWh y abonando por dicho suministro poco más de 300 millones de guaraníes mensuales a la Ande.
En la actualidad, la empresa Esur SA no tiene ningún suministro asociado en el Sistema de Gestión Comercial en estado activo con la Ande, según confirmaron desde esa institución. Mientras que su anterior NIS figura a nombre de Penta SA, del Shopping Mariscal, a través de un contrato en la categoría de Media Tensión, con Potencia de Contrato 2.800 kW desde el 3 de agosto de 2022.
TARIFA ESPECIAL
En octubre del año 2022, la Ande estableció la tarifa especial por el consumo de las granjas de criptomonedas, y recién en marzo de 2023 la empresa de los Zuccolillo terminó con las actividades de minería dentro de las instalaciones del shopping, por lo que se puede notar que por varios meses siguió explotando el negocio sin pagar a la Ande el monto que correspondía.
PÉRDIDA PARA LA ANDE
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) sufrió una pérdida de 300 mil dólares a finales de 2022 e inicios de 2023, ocasionada por la empresa Esur SA (Energías del Sur), del Grupo Zuccolillo, firma que explotaba el rubro de las criptomonedas sin pagar la tarifa fijada para ese negocio. La nueva tarifa de la Ande para el negocio de las criptomendas exige un contrato especial y el pago de una tarifa especial más el depósito de una garantía de USD 104.000.
En noviembre de 2022, cuando ya regía la tarifa especial por el consumo de las granjas de criptomonedas, este cliente abonó G. 291.215.000 al seguir en la categoría 412 de menor consumo, cuando en realidad debía figurar en la categoría 912 de consumo Intensivo Especial en Media Tensión (aplicable a su negocio) y tenía que pagar G. 549.729.000.
En diciembre, Esur desembolsó la suma de G. 304.619.000, pero el monto que debió pagar fue G. 560.725.000. En enero de 2023, abonó G. 364.319.000, siendo que el importe tuvo que haber sido el doble, de G. 640.992.000. En febrero, el monto facturado fue de G. 348.542.000, muy por debajo de los G. 624.617.000 que debió pagar. En marzo, el importe abonado fue de G. 323.398.000, y no el monto previsto para esta actividad, que fue de G. 584.701.000. Finalmente, en el mes de abril se facturó el total de G. 316.455.000, cuando la cifra tuvo que haber sido G. 572.657.000.
Haciendo la sumatoria de las diferencias entre el monto de la tarifa eléctrica que pagaba cada mes y el que realmente debía hacerlo, la pérdida ocasionada a la Ande fue de G. 1.584.873.000, que al cambio actual da USD 214.846.
LA PRESIÓN DEL GRUPO CONTRA LA ANDE
Revisando los antecedentes de la empresa Esur, se encuentra que la misma pretendió en el pasado que la Administración Nacional de Electricidad (Ande) tercerice a su favor el suministro de energía, pero obtuvo la negativa del Gobierno de ese entonces. En una nota del 15 de setiembre de 2014, Miguel Ángel “Micky” Zaldívar –esposo de Natalia Zuccolillo– manifestó que su firma Esur SA estaba interesada en realizar negocios en materia energética. “Estamos interesados en realizar inversiones en infraestructura, en nuevas subestaciones de áreas urbanas construidas con recursos propios, operadas y mantenidas por nuestros profesionales”, decía el escrito.
Ante el rechazo al pedido realizado, el Grupo Zuccolillo empezó una abierta campaña en contra de la Ande a través del diario Abc Color, al no haber prosperado el negocio que tenía entre manos.
APOYO DE ABC AL NEGOCIO CRIPTO
En la actualidad, el medio de comunicación del Grupo Zuccolillo presenta una posición favorable al negocio de las criptomonedas, tal como puede observarse en el abordaje que le da al tema, con la seguidilla de publicaciones sobre los beneficios de este rubro, como por ejemplo las inversiones que pueden realizarse en el país, y el elevado monto que manejan estos emprendimientos, además de exponer que al país le conviene vender el excedente de las binacionales a las criptominerías en vez de ceder a los países vecinos.
LINKS
https://www.azeta.com.py/empresas
https://www.azeta.com.py/empresas/esur
https://www.esur.com.py/#slide05
PUBLICACIONES DE ABC APOYANDO EL NEGOCIO
https://www.abc.com.py/opinion/2024/04/14/el-problema-de-la-ande/
https://www.abc.com.py/nacionales/2022/06/13/destacan-ventajas-de-la-criptomineria/
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Se incautan de máquinas minadoras de criptomonedas por valor de G. 5 mil millones
La Policía Nacional y funcionarios de la COIA a cargo del agente especial Ángel González realizaron un control preventivo, sobre la ruta PY06 a la altura del km 32, frente al Puesto de Control de la Aduana de la Ciudad de Trinidad, donde se procedió a la verificación de un camión, marca Mercedes Benz, color Azul, año 1998, guiado por el ciudadano Raúl Rolando Román Fleitas, quien transportaba en el interior de dicho vehículo máquinas minadoras de criptomonedas.
El conductor presentó una factura, nota de remisión y despacho de las mercaderías transportadas y una vez realizada la verificación minuciosa se pudo constatar la existencia de varias inconsistencias como ser (modelo de varias de las máquinas no coincidían con lo declarado en las documentaciones), entre otras irregularidades, por lo que se procedió al traslado del camión, el conductor y las máquinas hasta la oficina de resguardo de la Aduana de Encarnación, para su cuantificación correspondiente.
En la sede de la Aduana se pudo contabilizar que había 414 unidades de máquinas minadoras, marca AvalonMiner, otras 121 máquinas minadoras de la misma marca y además otras 113 máquinas minadoras.
El procedimiento fue comunicado vía telefónica a la agente fiscal de turno de Encarnación, Rocío Valdez, quien dispuso la detención del chofer del camión, así como que el vehículo y las máquinas minadoras quedasen a cargo de la oficina de resguardo de la Aduana de Encarnación, para su guarda y custodia correspondiente. De acuerdo a los intervinientes el valor de la carga estaría por los G. 5.685.240.000.