El retraso en los pagos del Estado a empresas vialeras y farmacéuticas está generando efectos en la cadena de pagos y en la actividad económica, al tiempo que plantea desafíos para la sostenibilidad fiscal en un escenario de menores ingresos, según señaló el analista financiero Stan Canova en conversación con La Nación/Nación Media.

De acuerdo con el especialista, cualquier incumplimiento en pagos previamente programados provoca un efecto dominó sobre los acreedores del Estado, quienes a su vez deben cumplir con compromisos financieros propios. “Las empresas también tienen acreedores y obligaciones. Si no reciben los ingresos previstos, se ven obligadas a reprogramar pagos, incorporando incluso intereses moratorios como costos”, explicó.

En este contexto, indicó que la interrupción en los flujos de pago afecta no solo a los proveedores directos, sino a toda la cadena económica, reduciendo la previsibilidad y generando presiones adicionales sobre la liquidez del sector privado.

Respecto a la sostenibilidad fiscal, Canova sostuvo que el Presupuesto General de la Nación (PGN) fue aprobado en un contexto con fuerte componente político, lo que derivó en ampliaciones que hoy enfrentan restricciones financieras. “La realidad obliga a entrar en una economía de priorización. Seguir acumulando compromisos sin respaldo en un contexto de menor recaudación puede afectar la credibilidad fiscal”, afirmó.

Asimismo, consideró que el ajuste no debería centrarse en una suba de impuestos, teniendo en cuenta que los ingresos fiscales han mostrado incrementos en los últimos años mediante mejoras en la gestión tributaria.

En cuanto al comportamiento del tipo de cambio, el analista señaló que la reciente debilidad del dólar incidió en la recaudación en guaraníes, particularmente en el componente aduanero. No obstante, aclaró que también genera un efecto compensatorio al reducir el costo de las obligaciones del Estado en moneda extranjera.

“Las principales fuentes de ingresos siguen siendo el IVA y el IRE, por lo que el impacto debe analizarse de forma integral”, puntualizó.

Sobre el mecanismo de factoraje impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Canova explicó que se trata de una herramienta que permite a los proveedores acceder a liquidez mediante la cesión de facturas a entidades financieras.

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Sin embargo, advirtió que este esquema implica costos adicionales. “El factoring facilita el cobro, pero el costo financiero no desaparece. El Estado termina asumiendo tanto los intereses por mora como el descuento aplicado en la operación”, indicó.

En esa línea, señaló que este mecanismo podría incrementar el costo total de las obras o servicios en el mediano plazo, a pesar de aliviar la liquidez en el corto plazo.

“El enfoque debe estar en eliminar gastos no prioritarios y alinear los compromisos con los ingresos proyectados”, sostuvo, al tiempo de subrayar que el principal desafío radica en mejorar la asignación del gasto más que en la generación de nuevos ingresos.

Finalmente, remarcó que el escenario actual no compromete el funcionamiento básico del Estado, pero sí exige una mayor disciplina fiscal de cara a los próximos ejercicios presupuestarios.

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El presidente de la Asociación de Conductores de Plataforma, Basilio Duarte, confirmó que pidieron a las aplicaciones un aumento del 20 % en las tarifas para hacer frente a los reajustes en el precio del combustible.

“Los conductores no podemos alzar de forma personal la tarifa, deben hacerlo las empresas. Por eso, nosotros estamos solicitando la modificación de la tarifa, la actualización, porque las ganancias disminuyeron considerablemente”, dijo en declaraciones a Canal Trece.

Añadió que el reajuste en los costos del carburante incide de manera negativa en los conductores y de forma directa en los beneficios del servicio. En ese sentido, mencionó que están trabajando más horas para empatar en ganancias o recuperar lo invertido en cargar combustible.

“Ahora tenemos que trabajar muchas más horas para ganar lo que antes ganábamos y eso repercute en la calidad de vida de los conductores”, expresó el trabajador.

Explicó que desde hace tiempo vienen arrastrando la problemática de que las plataformas no actualizan sus tarifas en base a la suba de los combustibles, afectando de directamente en el bolsillo de los conductores.

“Suben los costos, sube el combustible, suben los repuestos, pero las tarifas de viajes no sufren modificaciones o actualizaciones y eso afecta muchísimo al sector”, precisó Duarte.

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Mencionó que ya tomaron contacto con los directivos de aplicaciones de plataformas móviles a fin de hacer llegar sus inquietudes y se encuentran a la espera de una respuesta.

“Hicimos los pedidos a través de soporte técnico y me tocó hablar telefónicamente con varios directivos, gerentes, para que analicen la posibilidad de reajustar las tarifas, viendo la realidad, suben nuestros costos y lo justo es que también suba la tarifa”, apuntó el conductor.

También se refirió al porcentaje solicitado. “El costo debe subir en relación con lo que subió la materia prima. Lo ideal sería que suba por lo menos un 20% la tarifa”, especificó.

Si los reajustes no se dan en la brevedad, analizarán como gremio otras medidas. “Estamos aguardando la respuesta de las empresas. Si se hace insostenible vamos a tener que recurrir a otras medias, pero vamos a agotar primero las instancias del diálogo”, indicó el gremialista.

Por el momento, buscan ventajas en materia de combustible. “Estamos cargando en las estaciones de servicio que aún no han subido sus precios. Solo dos emblemas están manteniendo los precios anteriores. Los demás ya subieron en torno a los 600 y 1.000 guaraníes”, refirió

Destacó además el hecho que la petrolera estatal aún no ha modificado sus costos.

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Paraguay redefine su mezcla de biodiésel, fija un piso del 5 % y abre la puerta para escalar hasta 20 % con un nuevo esquema, pendiente de reglamentación por el Poder Ejecutivo. Esto transformará el sistema de mezcla en un modelo flexible que puede impulsar la producción local, sustituir importaciones de combustibles fósiles y fortalecer la autonomía energética del país.

Paraguay está a un paso de redefinir su esquema de mezcla de biodiésel, con un cambio que puede tener impacto directo en la industria, la balanza energética y la generación de valor local.

El Congreso Nacional sancionó la modificación de la Ley 6389/19, estableciendo un piso obligatorio del 5 % de mezcla de biodiésel con combustibles fósiles, nivel que ya no podrá ser reducido.

A partir de allí, el nuevo marco habilita un aumento progresivo de hasta el 20 %, cuya aplicación quedará a criterio del Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Así lo indicó en conversación con FOCO Massimiliano Corsi, presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap), pero lo más importante para el sector, es que no se trata de un cambio meramente porcentual.

El nuevo esquema implica pasar de un sistema rígido a uno flexible, capaz de adaptarse a las condiciones del mercado y a la disponibilidad de materias primas.

“Lo que va pasar es que el 5 % de mezcla establecida que ya logramos, va ser el piso y esto significa que ya no se puede retroceder, porque tendrá una base sólida al ser política de estado, y el MIC va regular el % de mezcla en base a las condiciones de mercado”, expresó Massimiliano.

Ese giro abre una ventana para el desarrollo del sector pues la posibilidad de aumentar la mezcla permite aprovechar la capacidad instalada, dinamizar inversiones y expandir el uso de insumos locales, principalmente vinculados a la producción agroindustrial.

Uno de los impactos más relevantes es la sustitución de importaciones de combustibles fósiles. A mayor participación del biodiésel, mayor capacidad del país para reducir su dependencia energética externa, generar valor agregado interno y fortalecer su balanza comercial.

Además, el nuevo marco crea condiciones para la generación de empleo y el desarrollo de nuevas cadenas productivas, en un contexto donde la transición energética gana peso a nivel global.

Es así que el siguiente paso será determinante, ya que la reglamentación por parte del Ejecutivo definirá el ritmo de implementación del nuevo esquema y, con ello, su capacidad de traducirse en inversiones concretas, agregó Massimiliano.

En un escenario internacional marcado por la volatilidad energética, Paraguay tiene la oportunidad de avanzar hacia un modelo más diversificado, integrando su potencial agroindustrial con el desarrollo energético y consolidando una mayor autonomía en el abastecimiento de combustibles para el transporte.

• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA

A nivel país seguimos teniendo once ministerios y casi una veintena de secretarías ejecutivas que dependen del Poder Ejecutivo, poco justificable en un país pequeño como el nuestro, donde apenas superamos los seis millones de habitantes, manteniendo una superpoblación de más de 400.000 funcionarios públicos, responsables de llevarse mes a mes una gran parte de los ingresos tributarios incluidos dentro del PGN como gastos rígidos, para el pago de sueldos y otros beneficios, haciendo que los recursos destinados a salud pública, educación y obras de infraestructura sigan muy por debajo de las reales necesidades.

No se justifica que en pleno siglo XXI, por el gobierno actual, era de la tecnología y del conocimiento, sigamos manteniendo dicho nivel de burocracia estatal que antes que ser una solución implica un retroceso y un despilfarro multimillonario en pago de sueldos.

Argentina, un país con aproximadamente 46 millones de habitantes, una de las primeras medidas adoptadas, por el gobierno actual fue la reducción de ministerios en un 50 %, además de otros entes que antes que aportar valor agregado, generaban erogaciones desangrando en forma substancial a las arcas del Estado, llevándolos a desvincular a funcionarios, que antes que aportar valor agregado, se constituían en una carga pública.

Dejemos atrás el prebendarismo, clientelismo y cuoteo político en nuestras instituciones, pues el sentido común nos dice que deberán estar los mejores por actitud, aptitud idoneidad y capacidad, pero sin embargo seguimos teniendo miles de ineptos en nuestras instituciones quienes dejan mucho que desear constituyéndose en una mala imagen para nuestro país.

El doble grado de inversión que ostentamos a la fecha es una demostración de que, desde el punto de vista macroeconómico, se vienen haciendo bien las cosas, pero no todo termina allí, pues si pretendemos mantenerlo en el tiempo en forma consistente, atrayendo nuevas inversiones extranjeras, no cabe otra más que realizar cuanto antes una reforma estructural de nuestro Estado paquidérmico y desfasado, dejando de lado el populismo mostrando disposición de hacer los cambios que ameritan, pues acrecientan la debilidad estructural de nuestras instituciones.

El viceministerio de Capital Humano, dependiente del Ministerio de Economía, es el responsable de diagramar los planes estratégicos de acción conducentes a un achicamiento del Estado, que se hace imperioso y necesario, permitiendo una mejor calidad de atención, eficiencia y eficacia, dado que una de las principales áreas críticas de riesgo a nivel país que siempre nos han apuntado estas organizaciones se refiere a nuestra debilidad estructural, en donde lo cualitativo juega un rol primario.

Lo mismo ocurre con las secretarías ejecutivas. ¿Existe alguna necesidad fundada para seguir manteniendo semejante cantidad?

Un achicamiento de nuestro Estado, en donde se haga una reingeniería en todas nuestras instituciones, reduciendo al máximo la mega estructura actual, aprovechando que tenemos la tecnología al alcance de un clic, podrán permitirnos ahorrar miles de millones de guaraníes pagado mes a mes en sueldos, pudiendo destinarlo a reforzar nuestra calidad educativa salud pública e infraestructura que siguen en deuda.

El Estado, no es UNA ENTIDAD DE BENEFICENCIA. Dentro de la plantilla de funcionarios de todas nuestras instituciones deben estar los más capaces sin mirar la ideología política, con quienes podremos concretar los planes estratégicos de la mejor manera posible.

Se constituye en una muy buena ocasión que se le presenta al viceministerio de Capital Humano, quien debería ordenar a todas las Direcciones de Organización y Métodos (O&M) que hagan un análisis en profundidad, para que de una vez por todas podamos tener en ministerios y secretarías ejecutivas a personas que muestren profesionalismo, idoneidad y visión de futuro.

La Ley del Servicio Civil ya está promulgada. No cabe otra más que cumplir taxativamente todo lo que se engloba dentro del mismo, olvidándonos del color del pañuelo, incorporando a profesionales que valgan la pena con una buena formación académica y técnica, haciendo los cambios en tiempo y forma.