El Instituto de Previsión Social (IPS) informó a través de un comunicado que logró modificar las condiciones del fideicomiso que mantiene con Banco Atlas y redujo de G. 160.000 millones a G. 80.000 millones el monto que puede permanecer en la cuenta fiduciaria. Según la Previsional, esto permitirá disponer de hasta G. 80.000 millones adicionales para atender las necesidades del Fondo de Enfermedad y Maternidad.

El comunicado se divulgó a través de sus redes sociales en el que explican que esta tercera adenda al contrato de fideicomiso con el Banco Atlas representa un logro y avance importante para el IPS en términos financieros y de liquidez, al permitir una gestión más eficiente de los recursos disponibles para responder a las necesidades de sus asegurados.

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Recuerda que el fideicomiso fue constituido como un mecanismo de financiamiento de largo plazo para obras de infraestructura del Fondo de Enfermedad y Maternidad. A través de esta estructura se realizaron emisiones de títulos que permitieron obtener los recursos necesarios para financiar dichas inversiones. Como fuente de repago de los títulos emitidos, se estableció un mecanismo sustentado en las recaudaciones del propio Fondo de Enfermedad y Maternidad.

“Luego de casi nueve años desde la primera emisión, las obligaciones asumidas fueron cumplidas oportunamente y una parte importante de la deuda ya fue pagada. Esta evolución favorable permitió al IPS revisar las condiciones establecidas originalmente y plantear una adecuación que responda mejor a las necesidades actuales del Fondo de Enfermedad y Maternidad”, menciona parte del comunicado.

Agrega que como parte del funcionamiento del fideicomiso, las recaudaciones del Fondo de Enfermedad y Maternidad son transferidas a una cuenta administrada por Banco Atlas. De esos recursos se reserva lo necesario para cumplir con los pagos de capital e intereses de los títulos y el remanente vuelve al IPS. Hasta ahora, el contrato permitía mantener en esa cuenta hasta G. 160.000 millones.

“Como resultado de la revisión de estas condiciones y de las gestiones realizadas con Banco Atlas, la Tercera Adenda reduce de G. 160.000 millones a G. 80.000 millones el monto máximo que puede permanecer temporalmente en la cuenta fiduciaria. Este cambio no modifica las obligaciones financieras asumidas por el IPS ni el mecanismo previsto para garantizar el pago de capital e intereses, que continúan plenamente vigentes”, precisa.

Menciona que, esta modificación permitirá que el IPS pueda disponer de hasta G. 80.000 millones adicionales para el Fondo de Enfermedad y Maternidad. “Esto significa mayor liquidez y más recursos disponibles para atender las necesidades del Fondo, mejorar la planificación financiera y fortalecer la capacidad del Instituto para responder oportunamente a las demandas de sus asegurados”, resalta la previsional.

Remarca que esta tercera adenda es el resultado de una revisión responsable de las condiciones financieras del fideicomiso y de las gestiones impulsadas por la actual Administración para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos institucionales.

“Contar con una mayor disponibilidad financiera fortalece la capacidad del IPS para sostener los servicios y prestaciones del Fondo de Enfermedad y Maternidad y responder a las necesidades de sus asegurados, sin dejar de cumplir los compromisos financieros asumidos”, menciona el documento.

Finalmente señalan que con esta modificación, el IPS mantiene la seguridad de la operación financiera y, al mismo tiempo, obtiene una mayor capacidad para utilizar sus recursos en beneficio de quienes sostienen y utilizan el sistema.

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Varias asociaciones de transportistas se reunieron con el titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, en busca de una salida para el alto costo del combustible. Tras el encuentro, lamentaron la coyuntura actual que presiona el costo a la suba.

Rolando Martínez, vocero de la Asociación de Transportistas Escolares, dijo que la situación está complicada para el sector con el incremento de los emblemas privados y lo que consideró “una suba inminente” en el caso de la petrolera del Estado.

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El trabajador del volante agradeció la predisposición mostrada por el presidente de Petropar y anunció que se desarrollarán más mesas técnicas en busca de una salida satisfactoria para el rubro que tiene como principal insumo al carburante. En ese sentido, aseguró que actualmente ya no ven ganancias en el día a día y de presentarse un nuevo incremento, la situación estará más complicada.

Por su parte, Darío Toñánez, representante de los camioneros de la zona de Tobati, lamentó que el eventual aumento pueda ser trasladado al consumidor, en caso de que tengan que subir sus precios a causa del incremento del carburante. Dijo también a Noticias Paraguay que continuarán conversando con la estatal en busca de alguna salida.

Los emblemas privados comenzaron con los reajustes la semana pasada, mientras que Petropar afirmó que analizaría una eventual suba luego del cierre de la primera quincena de setiembre, considerando los precios internacionales. Por el momento, no fue oficializada ningún tipo modificación en la tarifa.

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• Por Luis Noguera

El rubro del biodiésel está tomando mayor impulso con la nueva normativa al respecto, en la incorporación del carburante de origen vegetal en el gasoil tipo lll (común). Desde el sector industrial ven como una oportunidad de crecimiento, de reactivación del rubro, aunque los principales consumidores se muestran todavía cautelosos.

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) resolvió adecuar temporalmente el porcentaje de mezcla obligatoria de biodiésel al 7 % hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de brindar más tiempo para que toda la cadena continúe adaptando sus procesos e infraestructura. La resolución establece el retorno al 8 % a partir del 1 de enero de 2027.

“El aumento de la mezcla de biodiésel no solo fortalece nuestra seguridad energética, sino que impulsa la transformación de nuestra producción agrícola en riqueza para los paraguayos”, había manifestado recientemente el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, sobre lo que su gestión está llevando adelante.

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Massimiliano Corsi, presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap), conversó con La Nación/Nación Media sobre el nuevo impulso en el sector, considerando la normativa emanada de la cartera de Industria.

“Paraguay cuenta con una capacidad instalada de producción de biodiésel cercana a los 293 millones de litros por año. Esa capacidad permitiría abastecer ampliamente una mezcla nacional del 15 % (B15). Actualmente, el sector opera muy por debajo de su capacidad instalada, por lo que existe un importante potencial de crecimiento para acompañar un aumento gradual de la mezcla obligatoria y atender nuevos mercados”, expresó.

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“El incremento gradual del porcentaje de mezcla podrá mejorar el aprovechamiento de la capacidad instalada generando economías de escala, una mayor eficiencia operativa y una reducción de los costos unitarios de producción del biodiésel, fortaleciendo la competitividad de la industria nacional frente al diésel de origen fósil”, destacó.

Actualmente, son cuatro plantas las que se encuentran operando y produciendo el carburante de origen vegetal, mientras que otras seis aguardan un mercado mayor para una posible reactivación, según dijo el titular del gremio. Esas industrias que están operando activamente significan 500 empleos directos, precisó Corsi.

Con el nuevo régimen se podrá tener mayor previsibilidad, adquirir los insumos en mayor cantidad y de esa manera ganar en competitividad, considerando que actualmente el sector está estancado.

Hoy en día, el principal insumo para la generación de biodiésel es la soja, en ese sentido, Corsi explicó que el proceso deja 80 % de harina, que sirve para alimentar animales, y el restante 20 % corresponde a aceite, este último producto es el que sirve para el carburante. Precisó que actualmente una empresa de origen brasileño es la que procesa integralmente el grano, es decir industrializa la producción en estado natural, hasta llegar al combustible.

Por su parte, Gilberto Maldonado, dirigente del sector transportista, dijo que ellos “apoyan la 100 % la industria nacional”; sin embargo, dejó en claro que desean que la inserción del carburante de origen vegetal se efectúe con los cuidados debidos.

“La mezcla está bien, porque en los laboratorios dan bien los resultados, pero donde no está cerrando es en la cadena de distribución. Los emblemas cuidan los detalles del cuidado especial que tiene el biodiésel, hasta los camiones cisterna. Los camiones cisterna van y bajan en las estaciones de servicios y yo creo que ahí se suelta la cadena de cuidado, porque no están capacitados”, sostuvo.

Explicó que el biodiésel no puede mezclarse con el agua, lo que puede desencadenar problemas en los vehículos, en los picos inyectores y las bombas inyectoras, lo que a la vez genera un sobrecosto para el transportista. “La capacitación es primordial”, dijo, sobre todo para quienes operan las bocas de expendio y los mecánicos.

De acuerdo con los datos consignados en el reporte de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP), en el primer semestre del año se presentó un incremento de más del 184 % de manera interanual en la exportación del carburante, llegando a los USD 17,6 millones. En todo el 2025, los envíos del derivado alcanzaron USD 34,4 millones.

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En la Cámara de Diputados se impulsa la propuesta que apunta a establecer una reducción del 50 % en el costo del transporte público para personas diagnosticadas con enfermedades catastróficas con la finalidad de disminuir el impacto económico que representan los traslados frecuentes hacia centros asistenciales especializados.

La iniciativa, que fue girada a comisiones para su correspondiente dictamen y posterior estudio en plenaria, es impulsada por el colorado Edgar Olmedo, quien argumentó que numerosos pacientes, especialmente aquellos provenientes del interior del país, deben movilizarse de forma periódica hacia hospitales de referencia para acceder a consultas, estudios médicos, tratamientos y controles, entre ellos sesiones de quimioterapia, radioterapia y diálisis.

De acuerdo a la exposición de motivos, la situación afecta principalmente a personas que dependen del sistema público de salud y que deben asumir gastos constantes de traslado mientras enfrentan los tratamientos prolongados.

Agrega que el precio del pasaje puede convertirse en una dificultad adicional para la continuidad de la atención médica. El proyecto fija un descuento del 50 % y no plantea la gratuidad completa del servicio, bajo el análisis de que esta modalidad permitiría distribuir la responsabilidad entre el Estado, las empresas transportistas y los beneficiarios, manteniendo la viabilidad del sistema.

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La propuesta toma como base los principios constitucionales relacionados con la igualdad y el derecho a la salud, argumentando que corresponde al Estado implementar medidas que reduzcan las barreras económicas que limitan el acceso a servicios sanitarios.

A la vez, establece un mecanismo de acreditación a cargo del Ministerio de Salud Pública, a través del cual los pacientes deberán demostrar su condición para acceder al beneficio. Las empresas de transporte urbano, interurbano y de corta, media y larga distancia estarían obligadas a aplicar la reducción tarifaria a quienes cuenten con la documentación correspondiente.

En el documento se menciona además que, de sancionarse y promulgarse el proyecto, no quedarán afectados los beneficios vigentes para las personas con discapacidad establecidos en la Ley n.º 6556/2020, quienes mantienen el derecho a la gratuidad total del pasaje.

Detalla también que el Ejecutivo deberá reglamentar la aplicación de la ley en un plazo de hasta 90 días, definiendo los procedimientos de acreditación, control y fiscalización.

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