Los transportistas, específicamente de la Federación de Transportistas Autónomos del Paraguay, pretenden manipular nuevamente la decisión para la aprobación del nuevo proyecto de ley que crea el fondo de estabilización de combustibles que incluye también al sector privado.
Desde la media sanción de la Cámara Alta, desde la semana pasada ya vienen anunciando posibles nuevas movilizaciones, que hoy sube de tono incluso amenazando a todo el país con un cierre total de rutas, pues advierten que serán drásticos con dicha decisión que depende de Diputados y que será tratado hoy.
“Preferimos que suba el precio del combustible a que se aprueben más préstamos. De aprobarse el subsidio, vamos a cerrar desde esta tarde y nadie podrá viajar”, expresó a la 1080 Roberto Almirón, presidente de la Federación de Transportistas Autónomos del Paraguay.
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En supuesto favor al pueblo
En otra entrevista, el equipo del programa “Así son las cosas”, emitido por Universo 970 AM- Nación Media, consultó al presidente de dicha federación el motivo de la disconformidad del fondo siendo que este beneficiará a todos por igual, a lo que el representante se limitó a fundamentar sin argumentos que la medida era “a favor del pueblo paraguayo” y que se debería “agradecerles”.
“No estamos en condiciones de hacer repartija de la plata del Estado, que es del pueblo paraguayo, porque ese dinero se quiere prestar a nombre de los transportistas. El pueblo paraguayo nos tiene que agradecer porque gracias a lo que hicimos están cargando combustible más barato”, indicó Almirón.
Manifestó igualmente que la decisión incluye a varios gremios del sector, cuyos líderes se reunieron durante el fin de semana y coincidieron en la idea de parar a todo el país si los diputados no se doblegan al capricho de los camioneros que, al parecer, priman perjudicar a los emblemas privados antes que pensar en el pueblo.
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Colombia: Petro impulsa consulta popular sobre reforma laboral
“¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas?”: con una consulta popular, el presidente colombiano Gustavo Petro quiere someter a aprobación de los ciudadanos sus reformas de izquierda que rechaza el Congreso.
El mandatario presentó ayer martes las 12 preguntas que desea llevar al proceso electoral, tachadas de obvias y populistas por la oposición. ¿En qué consiste la consulta?
El proceso
Petro busca el apoyo de los colombianos para reformar los sistemas de salud y trabajo, luego de que sus proyectos se hundieran en el Legislativo. La consulta, para ocurrir, primero tiene que pasar un filtro arriesgado en el Congreso: el voto del Senado, en el que no tiene mayoría.
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Si la Cámara Alta no la avala con 53 de sus 105 votos, no habrá consulta popular. El segundo filtro será la participación ciudadana. Para que sea válida, al menos 13,6 millones de personas deben participar en la votación, por encima de los 11,2 millones que votaron por Petro en el balotaje de 2022.
De superar el umbral, las preguntas con respuesta afirmativa se harán realidad si obtienen la mitad más uno de los votos válidos. “La consulta obliga en menos de seis meses a aprobar como leyes las preguntas aprobadas por el pueblo, y si el congreso no las aprueba, el presidente queda facultado a aprobarlas por decreto”, advirtió Petro en la red X. Los congresistas han rechazado la mayoría de sus proyectos.
Las preguntas
Las preguntas están diseñadas con dos únicas respuestas posibles: Sí o no. “¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100 % el trabajo en día de descanso dominical o festivo?”, dice otra de las preguntas anunciadas por los ministros del Interior y Trabajo.
En su mayoría los interrogantes conducen a reducir la jornada y ampliar los derechos laborales. Una de ellas, por ejemplo, plantea que las trabajadoras obtengan licencias por “periodos menstruales incapacitantes”.
La derecha sostiene que el mandatario colombiano en realidad está intentando ganar electores para la izquierda con miras a las presidenciales de 2026, en las que por ley él no podrá buscar la reelección.
Es una jugada “para aferrarse al poder a través de los recursos públicos. Hacen politiquería con los impuestos de los colombianos”, opinó en la red X el senador Miguel Uribe, del partido opositor Centro Democrático. “No nos digamos mentiras: esto no es participación, es campaña electoral disfrazada”, aseguró Juan Manuel Galán, jefe del partido Nuevo Liberalismo.
Presión en las calles
Los últimos dos procesos de este tipo en el país fracasaron. Una “consulta anticorrupción” de 2018 promovida por políticos de centro-izquierda que no alcanzó el umbral necesario y el plebiscito de 2016 para aprobar el histórico acuerdo de paz con las FARC.
El expresidente Juan Manuel Santos perdió en las urnas y tuvo que reformular el acuerdo con los rebeldes. En 2017 el grueso de las FARC depuso las armas. Convencido de conservar el apoyo popular que lo llevó a ser el primer presidente izquierdista de Colombia en 2022, Petro jugará sus cartas en la consulta.
El mandatario ha convocado en distintas ocasiones a sus seguidores a marchar en las calles a favor de sus reformas y en contra de lo que llama un bloqueo institucional en el Congreso. Esta vez les solicitó manifestarse el 1 de mayo en defensa de la consulta popular, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que las preguntas son “necesarias”. “Si no se aprueban lo que hay es una conspiración contra la clase obrera y contra el presidente de la República”, dijo a medios.
Fuente: AFP
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Codi enfrenta nuevas amenazas, dice ministro
- Lourdes Torres
- lourdes.torres@nacionmedia.com
El ministro de Defensa, Óscar González, se refirió a las nuevas amenazas que enfrenta el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), que son el terrorismo y el crimen organizado, los cuales van de la mano y constituyen un peligro para la sociedad toda.
“El Codi lleva adelante tareas de inteligencia, así como en el caso del EPP, para determinar su ubicación de los principales grupos criminales, ya sean estos narcotraficantes, o que estén desarrollando hechos criminales de otro tipo. Siempre y cuando estos grupos criminales tengan armamento de guerra, o cuenten con entrenamiento pseudomilitar y, sobre todo, tengan esa intención de socavar el poder soberano del Estado”, destacó a La Nación/Nación Media.
Las acciones de las fuerzas militares estarán enmarcadas y ajustadas a lo que establece la ley, indicó. Señaló que ninguna operación se estará realizando sin la autorización y el acompañamiento de la Justicia.
Recordó que por decisión del jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Santiago Peña, se instruyó llevar al sur del país un trabajo coordinado entre las fuerzas militares y las fuerzas de la Policía Nacional, para lo cual fue creada la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
“Por decreto se extiende la jurisdicción del Codi-FTC a los tres departamentos del Sur, que son: Ñeembucú, Misiones e Itapúa, para coadyuvar con la Policía Nacional y la Secretaría de Emergencia Nacional incluso, en caso de que estas instituciones lleven a cabo alguna operación de gran envergadura y que necesiten el apoyo de las fuerzas operativas.
Destacó el operativo Ignis, que tuvo como resultado 9 criminales sicarios abatidos, la detención de otras 9 personas, la confiscación de varios armamentos, cartuchos e incluso una ametralladora antiaérea.
La operación de secuestro y destrucción de más de 58.000 kilos, aproximadamente, de marihuana toda prensada que estaba a pocos kilómetros de la frontera con Brasil es otro logro. Este hecho fue un duro golpe para el crimen organizado.
“El resultado del Codi fue impedir que los grupos terroristas, tanto de los autodenominados EPP, ACA y EML, hayan cumplido los objetivos que se habían marcado: la toma del poder por la fuerza, urbanizar sus hechos criminales y establecer células de terroristas en todos los departamentos del país. Nada de esto lograron”, concluyó.
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San Antonio: reportan más de 700 camioneros bolivianos varados a la espera de combustible
Este miércoles, desde la Policía Nacional informaron que unos 700 camioneros provenientes de Bolivia están varados en zona de San Antonio. Muchos se encuentran dentro de un estacionamiento privado, pero hace unos días los que van llegando estacionan en la calle. A la espera para proveerse de combustible, algunos fueron víctimas de asaltos y otros causan disturbios.
Según el comisario Gustavo Escobar, jefe de la comisaría 63, durante la jornada de hoy llegaron unos 40 vehículos más y el problema principal radica en que ya están estacionados en la vía pública, dificultando el tránsito para los demás choferes. Además, muchos de los conductores ya denunciaron que fueron víctimas de asaltos porque ya llegaron hace 10 a 15 días.
“Son camiones bolivianos que manifiestan que están hace dos semanas, estos están dentro del estacionamiento de Avispón. El problema es que hay unos 40 a 50 que están esperando sobre la avenida Pai Américo, se colocan en una fila. No son los 700 los que están en la calle”, detalló Escobar, en entrevista con el programa “Cuenta Final”, de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Explicó que estos vienen a proveerse de combustible, pero que están teniendo inconvenientes con la empresa. “Los camioneros manifiestan que la empresa no está liberando el combustible. Algunos de los conductores dicen que es por falta de pago y otros que ellos nomás no quieren liberar, porque no quieren trabajar”, expresó.
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Alcohol e inseguridad
El comisario agregó que ellos están tranquilos, pese a que algunos ya fueron víctimas de asaltos y que con el paso de los días seguirán aumentando los camiones que se estacionan en las calles. “El problema es que se reúnen, comienzan a tomar y después ya se quieren pelear entre ellos, creando disturbios, porque son muchos. Por ahora todo está tranquilo, solo que cierran las entradas de vehículos y provoca disconformidad con los vecinos”, puntualizó.
Sin embargo, el problema radica en que el gobierno de Bolivia no está pagando a la empresa proveedora, por lo que no están cargando los camiones que siguen llegando y están con la esperanza de cargar para volver a su país. “Creo que vamos a tener más camiones en la vía pública, porque van llegando de a dos o tres”, señaló.
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ANR acompaña propuestas de modificación de la legislación electoral, explicó apoderado
El secretario general y jefe de Gabinete de la Junta de Gobierno, Eduardo González, se refirió a las propuestas legislativas existentes en torno a las leyes electorales que fueron presentadas esta semana ante la Junta de Gobierno del Partido Colorado y que se decidió acompañar su estudio en el ámbito del Congreso Nacional.
En comunicación con La Nación/Nación Media, explicó que, con el equipo de apoderados de la Asociación Nacional Republicana, constantemente están dando seguimiento a todas las propuestas de leyes que afecten al proceso electoral.
Indicó que por la experiencia pasada es necesario ir corrigiendo algunas cuestiones. Por ejemplo, señaló que acompañan el proyecto de modificación de la ley de financiamiento político en sus artículos 64 inciso A, 66 y 278 con el objeto de facilitar el procedimiento dado que la actual normativa contempla un proceso que demanda un tiempo que hace que las campañas electorales se prolonguen por más tiempo.
“Lo que nosotros pretendemos es que se inscriban los movimientos para la obtención del RUC, porque el movimiento es el que tiene el RUC no los candidatos. Entonces inscribir las candidaturas una semana después de eso. Simplificando el trabajo”, explicó.
Señaló que también analizaron la cuestión de los bancos no solo autoricen a los movimientos internos, sino a los movimientos en general en las internas y en las generales. Además, que no solamente puedan habilitar de la cuenta, sino que también puedan operar, ayudando de ese modo, a que no sean inconvenientes para la participación.
Inscripciones al RCP
Por otra parte, también analizan la propuesta que tiene que ver con las inscripciones que se hacen al Registro Cívico Permanente (RCP); que actualmente se hace cada 31 de diciembre.
Explicó como las internas de la ANR, posiblemente sean en junio del 2026, y para esas elecciones se usará el corte del 31 de diciembre del 2024 y no se podrán incluir las afiliaciones de este año. Mientras que las elecciones municipales que serán en octubre del año que viene, ya se usarán el padrón con corte 2025.
“Hay un desfasaje importante ahí, que crea inconveniente, inclusive con las candidaturas. A nivel municipal, una persona pudo haberse mudado de distrito y eso puede crear un tipo de inconveniente. Por lo cual, solicitamos que eso sea modificado, para que los años antes de las elecciones, se permita que el corte administrativo del RCP sea próximamente entre junio y julio”, explicó.
Horario de votación
El apoderado de la ANR también se refirió a la unificación del horario que rige en el país para las votaciones, que el Código Electoral establece horario diferenciado para el invierno y el verano. Por lo que ahora proponen que se rija al horario vigente en Paraguay y que sean las elecciones de 7 a 16 horas.
“Esto va a permitir también que, en el momento más álgido de las elecciones, que suele ser el escrutinio, se pueda realizar en lo posible, habiendo todavía luz solar. Por cuestión de seguridad”, explicó.
Finalmente, señaló que también están planteando excluir como sujeto obligado de la ley de financiamiento a las autoridades partidarias.
“Porque directamente el presidente, los miembros seccionales no reciben salario del Estado, no manejan fondos públicos, entonces no tiene sentido que sean sujetos obligados. Esto hace que mucha gente no quiera participar como candidato. Por tanto, eso está afectando también a la política, y lo que queremos es que eso también sea corregido de esta manera”, concluyó.