Bajo una jornada sofocante con temperaturas que alcanzaron los 41 grados, el candidato a la Intendencia de Asunción por la Lista 1, Camilo Pérez, protagonizó ayer una multitudinaria movilización sobre la Costanera capitalina. La caravana, que se extendió por más de cuatro kilómetros en doble fila con la participación de centenares de vehículos, se transformó en una festiva demostración de apoyo ciudadano que refleja el respaldo popular hacia su proyecto de gobierno municipal.

“Se siente una ciudad que confía en el cambio que vamos a llevar adelante, siento cada día la confianza de los vecinos y de la dirigencia y la militancia colorada. Ahora necesitamos que cada persona salga a votar para consolidar este gran proyecto y comenzar juntos el cambio que Asunción necesita”, expresó Pérez en su festivo cierre de campaña, ya de cara a los comicios del domingo 4 de octubre.

Los juicios del exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y del destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se reanudan este martes. La primera audiencia está prevista a las 8:00, donde el exsecretario de Estado está procesado por cohecho pasivo agravado; mientras que el exjefe comunal vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados a las 11:00, por presunta lesión de confianza y asociación criminal en el caso “Tía Chela”.

En el juicio oral y público contra Arnaldo Giuzzio, la anterior sesión del 22 de setiembre tuvo el testimonio de Victoriano Benítez, exdirector administrativo del Ministerio del Interior, quien explicó que el proceso para la reparación de vehículos institucionales de dicha cartera, aclarando que, en teoría, estos trámites dependían de la Dirección Administrativa y no del ministro directamente.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos agendó para la jornada de hoy la continuación de la audiencia con la lectura y exhibición de las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía en el proceso que involucra a Miguel Prieto y otros diez acusados, señalados por un esquema de licitación simulada y facturación falsa por vía de excepción para la adquisición de 25.000 kits de alimentos destinados a familias de escasos recursos en la pandemia de covid-19 en 2020.

La Policía maneja varias hipótesis sobre el crimen ocurrido ayer en Eusebio Ayala, donde dos mujeres fueron baleadas y sus cuerpos abandonados en el cementerio, mientras se aguarda la autopsia de la víctima fatal a llevarse a cabo esta tarde. “Las dos mujeres salieron de la fiesta entre las 3:30 y las 4:00 de la madrugada y a las 4:45 fueron interceptadas, alzadas en el vehículo y, según datos investigativos, el hecho en el cementerio ocurrió aproximadamente a las 5:05 de la mañana”, relató el comisario Abel Cantero, en el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970AM/Nación Medio.

A partir del hallazgo de los cuerpos, comenzaron la investigación, haciendo el seguimiento de los hechos. “Tenemos muchas informaciones. Nuestro objetivo es identificar a las personas que estaban a bordo de la Fortuner que, según nuestras pesquisas, serían los responsables de la muerte y lesión grave de esta pareja”, afirmó.

El Senado busca ajustar sus mecanismos internos de selección para evitar inconsistencias en las designaciones ante órganos extrapoder. El líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, reconoció que la Cámara Alta debe asumir la responsabilidad de las fallas cometidas en nombramientos pasados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

El legislador señaló que, si bien la responsabilidad penal por irregularidades en los títulos académicos de exrepresentantes recae exclusivamente de forma individual, el pleno institucional tiene la obligación de responder por sus decisiones colectivas. Admitió que estas fallas han generado un profundo malestar entre los propios congresistas, especialmente en quienes respaldaron las propuestas con su voto.

Chase enfatizó la urgencia de reestructurar el sistema de evaluación para las futuras nominaciones que deba realizar el cuerpo legislativo. Como antecedente de estas falencias, recordó designaciones anteriores en las que los candidatos tampoco cumplían de forma plena con los requisitos de antigüedad y exigencias previstas en la normativa vigente.

El senador Rafael Filizzola responsabiliza al Ministerio de Hacienda por autorizar los pagos para las comisarías de oro y asegura que, en aquel entonces, él estaba de vacaciones como ministro del Interior y que se enteró del pago recién después de dejar el cargo. Tras la anulación del sobreseimiento definitivo a Rafael Filizzola (desvinculación de su participación) en la causa conocida como comisarías de oro, en la que lo acusaron por lesión de confianza por un perjuicio de G. 1.134 millones, el senador fue entrevistado al respecto.

Consultado si existió un perjuicio, Filizzola respondió en un contacto con La Tele que “hubo perjuicio para el Estado. El responsable es… el Ministerio, eeeh, laaa, porque este pago lo hizo el Ministerio de Hacienda. Hacienda autorizó los pagos. Mi administración: yo no hice los pagos, yo estaba de vacaciones, no estaba en funciones porque no era el ministro”.

La Senad, con apoyo del CODI-FTC Sur y en coordinación con el fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico de Caazapá, César Martínez, culminó la Operación Caazapá II, desarrollada durante cinco días en las localidades de Tava Porã (Cenote), Santa Ana, Apepú, San Francisco, San Jorge y Emilianore, de los distritos de Tavaí y Abaí.

Durante el operativo fueron erradicadas 79 hectáreas de cultivos de marihuana y desmantelados 12 campamentos o centros de producción y acopio de drogas. En el interior de estos centros fueron hallados 3.975 kilos de marihuana lista para su comercialización, que posteriormente fueron destruidos.

Considerando el potencial de producción correspondiente a las 79 hectáreas erradicadas, sumado al volumen de marihuana ya procesada localizado en los campamentos, se estima que la operación permitió sacar de circulación unas 240,9 toneladas de cannabis. Este volumen representa un perjuicio económico superior a USD 36 millones para las estructuras del narcotráfico, tomando como referencia el precio promedio de comercialización de la marihuana en el mercado argentino.

El senador Enrique Salyn Buzarquis avisó que prepara varios formularios de denuncia contra todos los periodistas e influencers que difundan resultados de boca de urna durante la jornada electoral. Asegura que con estos números “se engaña” a la gente y se incide en las elecciones. “Hay algunos ñembo periodistos (sic), más bien operadores o hurreros, dicen: nosotros no decimos el nombre del candidato o la lista, la ley no dice eso. No dicen el nombre del candidato o el partido, pero dicen, el gallo de oro, el petizo, el gringo, y eso es ilegal, sepan que les voy a denunciar”, dijo Salyn Buzarquis en un video publicado en sus redes.

Habló de supuestos estudios que demuestran que la difusión de estos números tiene un impacto del 10 al 11 % en la participación y puede distorsionar la voluntad popular a última hora.

Varias asociaciones de transportistas se reunieron con el titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, en busca de una salida para el alto costo del combustible. Tras el encuentro, lamentaron la coyuntura actual que presiona el costo a la suba.

Rolando Martínez, vocero de la Asociación de Transportistas Escolares, dijo que la situación está complicada para el sector con el incremento de los emblemas privados y lo que consideró “una suba inminente” en el caso de la petrolera del Estado.

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El trabajador del volante agradeció la predisposición mostrada por el presidente de Petropar y anunció que se desarrollarán más mesas técnicas en busca de una salida satisfactoria para el rubro que tiene como principal insumo al carburante. En ese sentido, aseguró que actualmente ya no ven ganancias en el día a día y de presentarse un nuevo incremento, la situación estará más complicada.

Por su parte, Darío Toñánez, representante de los camioneros de la zona de Tobati, lamentó que el eventual aumento pueda ser trasladado al consumidor, en caso de que tengan que subir sus precios a causa del incremento del carburante. Dijo también a Noticias Paraguay que continuarán conversando con la estatal en busca de alguna salida.

Los emblemas privados comenzaron con los reajustes la semana pasada, mientras que Petropar afirmó que analizaría una eventual suba luego del cierre de la primera quincena de setiembre, considerando los precios internacionales. Por el momento, no fue oficializada ningún tipo modificación en la tarifa.

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Por mayoría, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de declaración que insta al Instituto de Previsión Social (IPS) a cancelar dos millonarias licitaciones para servicios de limpieza e higienización, cuyos montos globales rondan los G. 190.000 millones.

La propuesta legislativa fue promovida por el senador Dionisio Amarilla, vicepresidente de la Cámara Alta, quien logró el acompañamiento de sus colegas para la aprobación.

El parlamentario explicó que impulsó el pedido ante los cuestionamientos surgidos en torno a las condiciones de los procesos de contratación y la necesidad de garantizar una mayor transparencia y competencia en el uso de los recursos del IPS.

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El senador liberal explicó que se trata de las licitaciones N.º 27/2026 y N.º 28/2026, destinadas a la contratación de servicios de limpieza e higienización para dependencias del IPS en el Área Central y el interior del país. En conjunto, ambas convocatorias representan aproximadamente G. 189.230 millones.

Amarilla sostuvo que, ante las dudas y cuestionamientos existentes, corresponde detener los procesos antes de avanzar hacia una eventual adjudicación y revisar las condiciones establecidas en los pliegos.

“Considero que es necesario garantizar la libre participación de oferentes y evitar cualquier situación que pueda generar sospechas de privilegio o favorecimiento en una contratación de semejante magnitud”, expresó.

Con la aprobación de la declaración, el Senado respalda el planteamiento de Amarilla y pide al IPS cancelar los actuales procesos y realizar una revisión integral antes de convocar nuevamente a una licitación, bajo criterios que aseguren transparencia, igualdad de oportunidades y competencia efectiva.

Para Amarilla, la prioridad debe ser resguardar los recursos del IPS y evitar que una contratación cercana a los G. 190.000 millones avance mientras persisten cuestionamientos que requieren ser esclarecidos.

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Con un fuerte llamado a la prudencia, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó por mayoría el pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre el proceso de fusión de varios bancos que operan en el país, además acerca de actividades financieras como los depósitos de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS) en bancas privadas.

Este pedido de informe en particular, fue aprobado junto a más de una veintena de otros pedidos de informes y resoluciones declaratorias, que no tuvieron ninguna oposición por parte de la plenaria. Los documentos serán remitidos a las instituciones correspondientes, que tendrán un plazo de 15 días para responder a las preguntas y cuestionamientos establecidos en los pedidos de informes.

No obstante, a pedido de algunos legisladores del sector de la oposición, el presidente de la Cámara Alta, Basilio Núñez abrió un pequeño debate, permitiendo a sus colegas expresar sus preocupaciones. En ese sentido, varios legisladores coincidieron en la necesidad de llevar adelante este estudio con prudencia necesaria al tratarse de un sector muy sensible para la economía del país.

Uno de los oradores fue el senador Dionisio Amarilla, quien manifestó que no queda ninguna duda de que la Cámara de Senadores cuenta con todas las prerrogativas para solicitar informes a diversas instituciones, pese a que sea siempre un asunto muy cuestionado por ciertos sectores políticos y mediáticos.

Explicó que este pedido de informes contiene consultas, que en su primera parte afecta a todos los bancos, no solo a una firma en particular. “Del primero al punto seis, lo que se le está pidiendo al BCP es que brinde informaciones que vinculan a todos los bancos del sistema, al solicitar informe sobre requisitos para la venta de carteras para que las mismas sean válidas, entiendo que no se refiere solamente a uno, sino de forma general”, expresó.

Cabe mencionar que el documento aprobado con­tiene 31 consultas distribuidas bajo las figuras del marco nor­mativo vigente para las coloca­ciones de fondos públicos, las ventas de capital de la men­cionada entidad financiera a empresas vinculadas y el aná­lisis de posibles conflictos de interés como riesgo sistémico.

Las consultas al BCP guardan relación a los procesos de fusión de los bancos y los depósitos de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS) a las entidades financieras en plaza. Entre ellas, las absorciones del Banco Regional por parte de Sudameris Bank; de BBVA en GNB; ueno bank con Visión y Continental con Banco Río se menciona en el documento.

Se solicita, a su vez, un informe sobre el proceso de fusión entre Atlas y Familiar, si se solicitó el otorgamiento de medidas regulatorias de diferimiento de pérdidas y bajo cuáles condiciones.

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