El representante de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Zaracho, se mostró tajante al ratificar la postura que vienen manteniendo con relación al tema de los combustibles, ya que, por un lado, piden la reducción de hasta G. 2.500 por litro como ideal o al menos G. 1.500 y, por otro lado, el rechazo ante el planteamiento del Gobierno de la creación del fondo de estabilización del precio de los combustibles.
Lo dijo esta mañana, minutos antes de la reunión mantenida con representantes del Gobierno a quienes transmitieron la postura de la no aprobación y rechazo absoluto de este fondo, pues consideran que será plata perdida, a más de que no actúe como lo están pintando y de que además será una deuda más que el pueblo tendrá que afrontar.
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Zaracho remarcó que su gremio está en contra de un nuevo endeudamiento, por lo que no se avizora una solución a corto plazo, y la propuesta del gremio es que Petropar vuelva a regular el mercado, que se elimine el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y que se suspendan los cupos de combustible para los 80 diputados.
Hay que mencionar que en el transcurso de la mañana de este viernes 18, la Cámara de Senadores estudia el proyecto que crea el fondo de estabilización del precio de los combustibles, que autoriza un préstamo de 100 millones de dólares para subsidiar el diésel común y la nafta 93 octanos.
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Corte rechazó acción de inconstitucionalidad de odontóloga, acusada por la muerte de Sol Chávez
La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó in limine la acción de inconstitucionalidad presentada por la odontóloga Lilia Graciela Espinoza de Rodríguez, quien debe enfrentar un nuevo juicio oral y público por la muerte de la joven Sol Chávez, ocurrida en abril del 2021.
La acción fue promovida contra una resolución del tribunal de apelación en lo penal, que había anulado el fallo de primera instancia donde un colegiado condenó a penas irrisorias a dos acusadas.
El próximo 30 de abril a las 12:00 se fijó el inicio del juicio oral y público para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la química farmacéutica Sandra Hermosa, acusada por el fallecimiento de la joven Sol Chávez (22) quien murió por intoxicación por flúor.
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Condena anulada
En diciembre del año pasado, el tribunal de Apelación, integrado por Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández, anuló la leve condena de 2 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, acusadas por el fallecimiento de la joven María Sol Chávez Franco, de 22 años, quien murió el 9 de abril de 2021.
Los jueces señalaron que la sentencia cuestionada “denota claras contradicciones y falta de fundamentación por parte del tribunal de Sentencia en relación con el artículo 65 del Código Penal en cuanto a los fundamentos esgrimidos para llegar a la decisión adoptada, habiendo incurrido la sentencia en vicios consistentes en una fundamentación insuficiente y contradictoria”.
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Gremios de funcionarios de la Fiscalía rechazan juicio político a Emiliano Rolón
Sindicatos de funcionarios del Ministerio Público emitieron este miércoles un comunicado rechazando el planteamiento de juicio político contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández, que es propiciado en la Cámara de Diputados. Alegan que la institución es constantemente blanco de hostigamiento y persecución sistemática.
“El Frente Unido conformado por 8 gremios de funcionarios organizados del Ministerio Público, rechaza el constante hostigamiento y persecución sistemática al que intentan someter no solo a la gestión de la fiscalía general del Estado, sino también a todo el Ministerio Público”, indica.
Asimismo el comunicado refiere que “manifestamos nuestra preocupación ante las acciones con las cuales son utilizadas instituciones constitucionales como es el juicio político. Nos preocupa que esta figura legal sea utilizada en muchas ocasiones para intentar presionar, amedrentar o coaccionar a autoridades, sin las debidas justificaciones jurídicas y/o presupuestos establecidos en la ley, mecanismos utilizados como modus operandi”.
El pedido de juicio político contra Rolón Fernández, es impulsado por la defensa legal de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. Entre los argumentos esgrimidos contra el fiscal general figura la pérdida de legitimidad y confianza en su gestión por la falta de resultado en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales.
Alegan que el Ministerio Público realizó una investigación deficiente, parcial y negligente para el esclarecimiento de la muerte del parlamentario. “Más grave nos resulta aún que esta figura y otros recursos sean utilizados con el solo fin de presionar a operadores de justicia y autoridades en el marco de investigaciones penales sobre el crimen organizado y narcotráfico, puesto que el cumplimiento de la labor del Ministerio Público es la investigación de las mismas”, indican.
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El comunicado agrega que “en muchas ocasiones, articulaciones solapadas solo buscan frenar estás pesquisas, sobre todo cuando involucran a altos objetivos con vínculos extensivos, cuando la obligación no solo parte de los operadores de justicia, sino de todas y cada una de las autoridades que conforman el Estado paraguayo, sin embargo, la misión constitucional recae en los agentes fiscales, y en la persona que ocupe la fiscalía general del Estado”.
Finalmente los gremios sostienen que “no olvidamos que la lucha contra estos esquemas de crimen organizado, narcotráfico y corrupción pública ha costado la vida de un compañero de trabajo Marcelo Pecci, de otros cientos de ciudadanos, por lo que a la vez hacemos propicia la ocasión para también recordar la necesidad de seguir impulsando y abonando los recursos como Estado para que esos hechos no queden en la impunidad”.
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San Antonio: reportan más de 700 camioneros bolivianos varados a la espera de combustible
Este miércoles, desde la Policía Nacional informaron que unos 700 camioneros provenientes de Bolivia están varados en zona de San Antonio. Muchos se encuentran dentro de un estacionamiento privado, pero hace unos días los que van llegando estacionan en la calle. A la espera para proveerse de combustible, algunos fueron víctimas de asaltos y otros causan disturbios.
Según el comisario Gustavo Escobar, jefe de la comisaría 63, durante la jornada de hoy llegaron unos 40 vehículos más y el problema principal radica en que ya están estacionados en la vía pública, dificultando el tránsito para los demás choferes. Además, muchos de los conductores ya denunciaron que fueron víctimas de asaltos porque ya llegaron hace 10 a 15 días.
“Son camiones bolivianos que manifiestan que están hace dos semanas, estos están dentro del estacionamiento de Avispón. El problema es que hay unos 40 a 50 que están esperando sobre la avenida Pai Américo, se colocan en una fila. No son los 700 los que están en la calle”, detalló Escobar, en entrevista con el programa “Cuenta Final”, de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Explicó que estos vienen a proveerse de combustible, pero que están teniendo inconvenientes con la empresa. “Los camioneros manifiestan que la empresa no está liberando el combustible. Algunos de los conductores dicen que es por falta de pago y otros que ellos nomás no quieren liberar, porque no quieren trabajar”, expresó.
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Alcohol e inseguridad
El comisario agregó que ellos están tranquilos, pese a que algunos ya fueron víctimas de asaltos y que con el paso de los días seguirán aumentando los camiones que se estacionan en las calles. “El problema es que se reúnen, comienzan a tomar y después ya se quieren pelear entre ellos, creando disturbios, porque son muchos. Por ahora todo está tranquilo, solo que cierran las entradas de vehículos y provoca disconformidad con los vecinos”, puntualizó.
Sin embargo, el problema radica en que el gobierno de Bolivia no está pagando a la empresa proveedora, por lo que no están cargando los camiones que siguen llegando y están con la esperanza de cargar para volver a su país. “Creo que vamos a tener más camiones en la vía pública, porque van llegando de a dos o tres”, señaló.
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Transportistas de combustible varados en Paraguay por la falta de pago de Bolivia
- Fuente: AFP
Más de 600 camiones cisterna bolivianos aguardan desde hace semanas a las afueras de Asunción, en difíciles condiciones de salubridad, para cargar gasolina y gasoil debido a que, según fuentes del sector, su gobierno no paga al proveedor de combustible.
Bolivia atraviesa una crisis económica desde 2023 derivada de la falta de dólares que, entre otras cosas, ha socavado su capacidad para adquirir combustible a los importadores.
“Llegué con la esperanza de cargar y retornar, pero lamentablemente me encontré con montones de colegas en una situación incierta. Nadie sabe cuándo se le va a cargar”, dijo este martes a la AFP el camionero Carlos Herebia, que lleva dos semanas esperando. Otros, denuncian, esperan desde hace 30 o 40 días.
De 37 años, Herebia tenía pensado volver a casa antes de Semana Santa, pero su camión cisterna, al igual que otro más de medio millar, está en un parque cerrado conocido como El Avispón, en la localidad de San Antonio, a las afueras de la capital paraguaya.
Otro centenar de vehículos hace fila en las afueras de este parque, a orillas del río Paraguay, a la intemperie y en malas condiciones de salubridad. Las autoridades de San Antonio instalaron algunos baños portátiles en el lugar, pero son insuficientes.
La semana pasada, el dirigente del sindicato del sector en Bolivia, Domingo Ramos, denunció que cientos de camioneros en Paraguay aguardaban el pago por combustible para reanudar las actividades de carga y transporte.
“Los señores de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) e YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) solo están alargando la agonía de este gobierno y todos los transportistas”, acusó Ramos, de acuerdo al medio local Unitel.
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Bolivia compra combustibles de países vecinos a precios internacionales y los vende en su mercado interno a un costo subvencionado. Esta subvención, además de la caída de las exportaciones de su gas natural, resultan en buena parte en la escasez de dólares que padece el país.
Esta incapacidad de pago a los importadores ha causado que, en Bolivia, transportistas y particulares esperen por horas en las estaciones de servicio para cargar combustible.
El año pasado ocho camioneros bolivianos murieron en Paraguay, por distintas causas, en general víctimas de la precariedad de la situación y las altas y altas temperaturas.
“Yo vengo desde hace cinco años a Paraguay y cada vez es peor. Somos más de 600 camiones, la mayoría de 35.000 a 37.000 litros. Los que no están en el parque están afuera. Y siguen viniendo, o sea, de nuestro país los siguen enviando. Ya no tenemos ni donde pararnos”, describió Herebia. Esa es la razón por la que están concentrados en el parque. “Ni siquiera tenemos acceso a agua potable”, protestó.