El ministro de Eco­nomía y Finan­zas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, y el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, man­tuvieron un encuentro para hacer un repaso de todas las viviendas entregadas durante los últimos dos años. Además, aprovecharon la ocasión para analizar los planes que se eje­cutarán en el 2026.

Según detalló Baruja, el Ministerio de Urbanismo logró en este corto periodo igualar las cifras de vivien­das construidas durante todo el gobierno anterior. Dijo que este logro fue posible gracias al trabajo coordinado con el MEF y al respaldo presupues­tario que recibieron desde el inicio de la gestión.

“El MUVH siempre contó con los recursos necesarios, con­forme al plan de caja”, explicó Baruja, quien agradeció el apoyo brindado por el minis­tro de Economía. Destacó que el presupuesto del MUVH cre­ció cerca del 50 % en compa­ración con el año 2023, lo que permitió ampliar el alcance de los programas de vivienda.

En total, ya se gestionaron más de 35.000 soluciones habita­cionales, de las cuales unas 20.000 ya fueron terminadas y entregadas. Esto significa que miles de familias de todo el país hoy cuentan con una casa propia, algo que repre­senta un cambio importante en su calidad de vida. El minis­tro también resaltó el impacto económico que genera el sec­tor de la construcción, ya que estas obras dan trabajo a alba­ñiles, oleros, ceramistas, plo­meros y otros profesionales. “Cada vivienda que construi­mos también ayuda a sostener el empleo en muchas comuni­dades”, expresó.

De cara al 2026, ambos minis­tros coincidieron en la nece­sidad de mantener el ritmo de ejecución y aseguraron que hay un compromiso firme para continuar con este proceso. Baruja señaló que ya están en marcha los preparativos para nuevos proyectos que beneficiarán especialmente a los secto­res más vulnerables. “Tene­mos mucha confianza en que seguiremos trabajando bien, con un presupuesto ade­cuado y un flujo de desembol­sos que nos permita sostener e incluso aumentar la canti­dad de viviendas entregadas”, finalizó.

Durante visita al MEF, expresaron su interés por el desempeño económico que muestra Paraguay.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, recibió al presi­dente del Comité de Servicios Financieros del Congreso de Estados Unidos, French Hill, con quien se abordó la situación macroeconómica del país, así como los esfuer­zos en desarrollo econó­mico, fortalecimiento fiscal y generación de empleos.

En la sede del Ministerio de Eco­nomía y Finanzas (MEF) se llevó adelante una reunión con representantes del Con­greso de Estados Unidos, que expresaron su interés por el desempeño económico que muestra Paraguay y su rela­ción con organismos multila­terales como el Fondo Mone­tario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interame­ricano de Desarrollo.

“Quisie­ron reunirse con el ministro para conocer cómo viene la situación macroeconómica, el presupuesto, el ámbito fis­cal y también el trabajo que se está haciendo desde el Banco Central, para el forta­lecimiento de la supervisión financiera”, explicó el vicemi­nistro de Economía y Planifi­cación, Felipe González.

También se presentaron los planes estratégicos del Gobierno nacional, en parti­cular la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2050, que recibió buenos comen­tarios por su enfoque a largo plazo. “Destacaron esa visión de que Paraguay no solo mira a cinco años, sino también a 25 años”, señaló González.

El ministro expuso los prin­cipales programas sociales impulsados por la Presidencia de la República, como Hambre Cero, Tekoporã y la pensión para adultos mayores, al igual que las políticas orientadas a fortalecer a la clase media mediante empleos de cali­dad e incremento de ingre­sos.

El viceministro añadió que varios de los legisladores estadounidenses ya habían mantenido contacto con el MEF en encuentros previos durante las asambleas del FMI y el Banco Mundial en Washington y que esta visita sirvió para actualizar la infor­mación económica nacional y reforzar los lazos institucio­nales. Destacó que los con­gresistas valoraron de forma positiva la estabilidad y el cre­cimiento económico del país.

México respira aliviado este jueves después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aplazara 90 días la subida arancelaria a pocas horas de que expire el plazo para negociar acuerdos.

Varias economías importantes como Brasil e India no se han puesto de acuerdo con Washington para rebajar las tarifas aduaneras que Trump prevé aplicarles a partir de medianoche con el objetivo de imponer un nuevo orden comercial mundial.

“Los aranceles están haciendo que Estados Unidos sea grande y rico de nuevo”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El presidente republicano de 79 años advirtió que el plazo del 1 de agosto es inaplazable, pero se ha mostrado más indulgente con México tras mantener, según él, una conversación telefónica “muy exitosa” con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.

“Las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes”, reconoció Trump, que en los últimos meses ha agradecido a su vecino sus esfuerzos en la lucha contra la migración ilegal.

“Hemos acordado extender, por 90 días, exactamente el mismo acuerdo” con el objetivo “de firmar” un trato “dentro de ese plazo, o incluso más”, precisó.

Por lo tanto México seguirá pagando el arancel del 25 % que le impuso para incitarlo a combatir el tráfico de fentanilo, un 25 % a los automóviles y piezas sueltas que no proceden de Estados Unidos, un 50% al acero y el aluminio y a partir del viernes un 50 % al cobre.

Los productos incluidos en el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forman parte México, Estados Unidos y Canadá, estaban protegidos de los recargos, es decir su inmensa mayoría.

Se alcanzó “el mejor acuerdo posible” si se compara con otras naciones, afirmó Sheinbaum en rueda de prensa.

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México, que se exponía a tarifas aduaneras adicionales del 30 %, “acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias, que eran muchas”, añadió Trump en su mensaje sin precisarlas.

El 1 de agosto se ha convertido en la nueva fecha simbólica para una serie de tarifas aduaneras más allá del mínimo universal del 10 % impuesto en abril a la mayoría de los países y de las aplicadas a ciertos productos como el 50 % al aluminio y el acero o el 25 % a los automóviles.

El viernes también entrarán en vigor recargos del 50 % para los productos fabricados con cobre. Excluye las importaciones del metal bruto, una muy buena noticia para Chile.

Los aranceles sobre los productos de aproximadamente 80 países, incluidos los 27 de la Unión Europea (UE), aumentarán a partir de la medianoche, entre un 11 % y un 50 %, dependiendo del origen de los bienes.

Algunos países, como la UE, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido, Vietnam, Indonesia y Filipinas, han llegado a acuerdos con la Casa Blanca, lo que se traduce en recargos inferiores a los anunciados inicialmente.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo el jueves que se han alcanzado acuerdos con Camboya y Tailandia, sin dar detalles. Y Taiwán habla de “cierto consenso” con Washington.

• Fuente: AFP

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El proyecto de ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley 1590/2000, relativas al transporte público metropolitano de pasajeros”, cuenta con 122 artículos. Fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y la Cámara de Senadores estableció el 3 de setiembre para su tratamiento en el pleno legislativo. El documento ya ingresó a la Cámara Alta y fue derivado a las comisiones asesoras.

“Actualiza el marco institucional del sector de transporte, organiza la elaboración de políticas y planificación e instaura, para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, nuevos principios rectores y un marco regulador con orientación a la calidad y bienestar de personas usuarias, promoviendo un servicio eficiente, seguro, accesible, sostenible e integrado para el desarrollo económico del país”, establece el primer artículo.

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El órgano rector del Sistema Nacional de Transporte y el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referentes a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y desarrollo económico, será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

El Viceministerio de Transporte, en función desconcentrada, estará a cargo de la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Se incluye a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), y los municipios del área metropolitana.

Este proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca innovar el sistema del tansporte público, otorgando al usuario una movilidad 24/7; reducir el tiempo de espera; un menor gasto para el usuario; con viajes asegurados, seguridad y calidad. Como un servicio imprescindible, se apunta a la garantía de un servicio continuo y regular, erradicando las habituales reguladas.

- Reformas

La propuesta establece el diseño de un nuevo modelo operativo; la incorporación progresiva de buses eléctricos (1.000 unidades) y a diésel de bajas emisiones; mejoras significativas en la infraestructura vial como la renovación de la avenida Mariscal López, la duplicación del tramo Mariano Roque Alonso–Aeropuerto y obras en la ex Ruta 1 que contempla la implementación de carriles exclusivos y paradas renovadas.

- Innovaciones

Se establece separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses; por lo que el Estado contratará la flota y definirá que esos buses son bienes afectos al sistema.

Se pretende la incorporación de tecnología y mejorar la planificación urbana para transformar la experiencia del usuario.

También una integración tarifaria, monitoreo en tiempo real y que cada persona pueda saber desde su celular cuándo llega su bus.

Se incluirá incentivos para que más mujeres se sumen como conductoras.

- Concesiones (artículo 31)

1) Deberán otorgarse por medio de un contrato y previa licitación pública.

2) Serán por plazo determinado, contado a partir de la fecha de celebración del respectivo contrato.

3) Podrán ser gratuitas, onerosas o subvencionadas de conformidad con las políticas tarifarias aprobadas por el Poder Ejecutivo.

4) Serán otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por intermedio del Viceministerio de Transporte, quien actúa en calidad de Concedente en representación del Estado.

5) Se suscribirán, para el caso del componente de operación, con sociedades de objeto específico, en carácter de concesionarios.

6) Se extinguirán por vencimiento del plazo contractual, por terminación anticipada atribuida a cualquiera de las partes, rescate, quiebra, concurso de acreedores, disolución y liquidación del concesionario, y por los demás hechos o circunstancias previstos en el contrato de concesión.

- Provisión de flotas

La flota para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros no podrá contar con buses de más de 15 años de antigüedad, computados a partir del año modelo de cada unidad. En caso de que una unidad supere este límite durante el periodo de prestación del servicio, deberá ser retirada y reemplazada por otra. El Viceministerio de Transporte podrá determinar la antigüedad promedio de la flota en los niveles que permitan una mayor estandarización del servicio en su conjunto. (Artículo 49).

El contrato de concesión para la prestación de los servicios de provisión de flota tendrá una duración máxima de 15 años. (Artículo 50).

- Tarifas

1) Asequibilidad: considerará la capacidad de pago promedio de las personas usuarias.

2) Equilibrio y Sostenibilidad: reflejará el monto necesario para remunerar los costos de operación que se le imputen en el diseño tarifario, para garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera.

3) Integración: incluirá los costos de los diversos servicios y modos de transporte público con el objeto de facilitar el logro de una sola tarifa al usuario o pasaje integrado incluyendo eventuales trasbordos.

4) Beneficios tarifarios: contemplará beneficios para grupos poblacionales específicos establecidos en leyes especiales tales como: estudiantes secundarios, personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otras.

5) Uso frecuente: considerará incentivos de uso del servicio de transporte público de pasajeros tanto para personas usuarias, con descuentos o exoneraciones a partir de montos determinados de gasto mensual en viajes, como para empresas, con la utilización de bonos o vales de transporte al personal, entre otros. (Artículo 64).

Fuente: MOPC

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El diputado Rodrigo Gamarra expresó su respaldo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para la modernización del transporte público, señalando que se trata de una iniciativa largamente esperada por la ciudadanía. En la etapa de oradores, Gamarra valoró que la propuesta forma parte de un paquete más amplio de diez leyes orientadas a la modernización del Estado, el fortalecimiento institucional y la recuperación económica del país.

Durante su intervención, el legislador destacó que el sistema de transporte público “atraviesa su momento más crítico desde todo punto de vista”, con un nivel de insatisfacción generalizado. “Hoy nadie está conforme: el usuario no está conforme, el Estado no está conforme, los empresarios no están conformes con lo que tenemos”, afirmó.

Gamarra explicó que el proyecto del Ejecutivo no es improvisado, sino que es el resultado de un trabajo técnico que involucra a asesores, al Viceministerio de Transporte y a diversas instituciones, con el objetivo de generar un servicio más eficiente, más seguro y que represente un menor costo para los ciudadanos. “Se está pensando en un sistema que beneficie al usuario sin aumentar el pasaje”, recalcó.

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Una de las principales innovaciones contempladas en la iniciativa es la incorporación de buses 100 % eléctricos. El Estado será propietario de los vehículos, que serán entregados en concesión a las empresas prestadoras del servicio, bajo condiciones previamente pactadas a través de una licitación pública.

Entre ellas, el pago de un canon al Estado por la utilización de las unidades. “Esto no significa subsidiar a los transportistas, sino facilitar un modelo más transparente y beneficioso para el pasajero”, precisó el diputado.

Ante las críticas surgidas desde algunos sectores políticos, Gamarra advirtió sobre intentos de distorsionar el alcance del proyecto por intereses partidarios. “Cuando aparecen propuestas innovadoras como esta, siempre surgen los detractores y los oportunistas políticos. Por eso es importante aclarar las cosas”, subrayó.

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