Por Melissa Palacios

El sector agrícola en Paraguay exige vocación, conocimiento y perseverancia para quienes buscan emprender en el segmento. Actualmente en el país, entre los rubros agrícolas con mayor potencial de crecimiento se encuentran la soja, maíz, trigo y el arroz, este último con posibilidades de expansión significativa.

En esta edición de Ellos saben, Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), habló con La Nación/Nación Media sobre las principales recomendaciones para emprender en el rubro, el interés de los productores por seguir cultivando, así como las necesidades que enfrentan los agricultores en estos años.

“Para ser agricultor se necesita vocación, conocimiento y perseverancia. Trabajar en el sector agrícola requiere de buena planificación complementada con un manejo correcto de las variables que hacen a la productividad”, empezó diciendo.

Resaltó además que se debe manejar información de clima y mercado, que afectan los resultados y el agricultor no controla, requiere de permanente análisis y manejo de riesgos.

La producción agrícola tiene un comportamiento cíclico de años muy buenos, años regulares y años malos por lo que, para evaluar una rentabilidad se debería analizar por períodos de cinco años y no medir solo el resultado de un año. “Somos eficientes y eso constituye la base de los resultados y de la rentabilidad”, mencionó.

En el país existen rubros ya consolidados como soja, maíz, trigo con la rotación de cultivos en la misma parcela que constituyen un combo junto con los abonos verdes y que ocupan en mayor proporción la superficie sembrada; estos rubros aún tienen un potencial de crecimiento importante.

“El arroz tiene un potencial enorme, se siembran unas doscientas mil hectáreas, pero se puede llegar a un millón de hectáreas”, aseguró. Otros rubros en proceso de consolidación y expansión son el sorgo (biocombustible), maní, chía, sésamo y algodón que está en expansión en el Chaco especialmente.

Cristaldo vaticinó que en la medida que no se vea el trabajo del campo como generador de ingresos para llevar una vida digna habrá desestimulo sobre todo entre los jóvenes pequeños productores. No obstante, entre los jóvenes que trabajan en fincas más tecnificadas hay más estímulos para dedicarse al campo, ya sea en forma directa o a través de tareas relacionadas a la prestación de servicio a la producción agropecuaria.

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Entre las prácticas agrícolas que se están promoviendo para mantener la competitividad sin comprometer el medio ambiente apuntan al sistema de siembra directa con la rotación de cultivos como práctica de manejo de suelos que se aplica en más del 95 % del área agrícola tecnificada, y constituye el motor del uso y manejo sostenible de los recursos naturales.

“El productor cuida los recursos naturales en su propiedad porque de ellos depende para vivir y producir alimentos para el mundo colaborando con la seguridad alimentaria”, resaltó el presidente de la UGP.

Poniendo en contexto el proceso de 50 años que vivió el desarrollo de la agricultura paraguaya existen tres momentos en su evolución que llevaron al aumento de la eficiencia de la productividad y la producción. En los años 80 la mecanización y tecnificación en la agricultura, los años 90 con la siembra directa y en la década de los 2000 con la introducción y la utilización de variedades mejoradas genéticamente.

En ese lapso pasamos de producir en 1991 unas 2.000.000 de toneladas de granos en cinco rubros a producir 17.000.000 de toneladas en los mismos cinco rubros a partir del 2017.

Los principales son: tener profesionales comprometidos con el emprendimiento, recursos humanos capacitados en los roles a desempeñar y un manejo administrativo sólido basado en buena planificación, manejo de riesgos y manejo de información de clima y mercado.

Existen diversos programas, cursos de formación, jornadas de intercambio de experiencia que sirven para mantenerse al día. La sumatoria del conocimiento y de la experiencia es la que permite ir mejorando el manejo y la administración del emprendimiento.

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Existen desafíos internos y externos. Internamente el prejuicio de ciertos sectores en relación a la actividad agropecuaria, las regulaciones y normas que frenan el desarrollo, según Cristaldo, la burocracia y la consolidación del proceso de incorporación de los pequeños productores a las cadenas de valor.

Externamente, la tendencia a imponer unilateralmente normas y exigencias no basadas en ciencia que distorsionan el comercio creando barreras no arancelarias y dejando de lado las normas y acuerdos logrados en la Organización Mundial del Comercio o el Código Alimentario.

“Quienes trabajan en la economía familiar campesina necesitan oportunidades y no regalos ni ayudas que lo vuelvan cliente del Estado”, dijo, asegurando que necesitan ser actores y sujetos del proceso y no objetos del desarrollo y la política.

Las políticas públicas deberían enfocarse en incorporar a la economía real generando ingresos genuinos al productor para poder salir de la pobreza. “No se puede seguir teniendo como paradigma el mboriahu ryvata (pobre, pero sin hambre)”, puntualizó.

Infraestructura rural: con fuerte inversión en caminos rurales, electrificación, riego y acceso al agua potable (necesidad impostergable) y conectividad digital para mejorar la competitividad del sector.

Acceso al crédito y financiamiento diferenciado: creando líneas específicas para pequeños productores y nuevos emprendedores rurales, con tasas bajas y plazos adecuados a los emprendimientos definidos, inversiones, capital operativo con los períodos de espera correspondientes.

Educación, capacitación y asistencia técnica en el segmento de productores de menos de 50 hectáreas, ya que según el último censo agropecuario, el 84 % no recibe asistencia técnica y el 62 % no terminó la educación escolar básica.

Acceso a tierras y formalización con fuerte apuesta por la titulación de las tierras destinadas a la reforma agraria, donde cerca de dos millones de hectáreas entregadas hace décadas siguen sin ser regularizadas. Organización y capital social: el proceso de formalización sectorial debe extenderse a las organizaciones y asociaciones de productores que hoy se unen “ocasionalmente” para demandar algún bien o servicio al Estado.

“En un escenario tan dinámico y cambiante a nivel global, con episodios externos de alto impacto en economías pequeñas como la nuestra, tan dependiente de los ingresos generados por la actividad agropecuaria, la economía y la política deben ir de la mano, con reglas claras y un mínimo de previsibilidad”, alegó.

Por último, sería indispensable contar en el mercado con ferias y cadenas de valor, pues si todo lo anterior estuviese en marcha, se requerirán programas claros de acceso a mercados locales, participación en ferias agropecuarias y vínculos progresivos con cadenas de valor nacionales con alto potencial de desarrollo.

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• Por Melissa Palacios

El sector agrícola en Paraguay exige voca­ción, conocimiento y perseverancia para quie­nes buscan emprender en el segmento. Actualmente en el país, entre los rubros agrí­colas con mayor potencial de crecimiento se encuentran la soja, maíz, trigo y el arroz, este último con posibilidades de expansión significativa.

En esta edición de Ellos Saben, Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Produc­ción (UGP), habló con La Nación/Nación Media sobre las principales reco­mendaciones para empren­der en el rubro, el interés de los productores por seguir cultivando, así como las necesidades que enfren­tan los agricultores en estos años.

“Para ser agricultor se necesita vocación, conocimiento y perseverancia. Trabajar en el sector agrícola requiere de buena planificación complementada con un manejo correcto de las variables que hacen a la productividad”, empezó diciendo. Resaltó además que se debe manejar información de clima y mercado, que afectan los resultados y el agricultor no controla, requiere de permanente análisis y manejo de riesgos. La producción agrícola tiene un com­portamiento cíclico de años muy buenos, años regulares y años malos por lo que, para evaluar una rentabilidad se debería analizar por períodos de cinco años y no medir solo el resultado de un año. “Somos eficientes y eso consti­tuye la base de los resultados y de la rentabilidad”, mencionó.

En el país existen rubros ya consolidados como soja, maíz, trigo con la rotación de cultivos en la misma par­cela que constituyen un combo junto con los abonos verdes y que ocupan en mayor proporción la super­ficie sembrada; estos rubros aún tienen un potencial de crecimiento importante. “El arroz tiene un poten­cial enorme, se siembran unas doscientas mil hectá­reas, pero se puede llegar a un millón de hectáreas”, aseguró. Otros rubros en proceso de consolidación y expansión son el sorgo (biocombustible), maní, chía, sésamo y algodón que está en expansión en el Chaco especialmente. Cristaldo vaticinó que en la medida que no se vea el trabajo del campo como generador de ingresos para llevar una vida digna habrá desestimulo sobre todo entre los jóvenes pequeños producto­res. No obstante, entre los jóvenes que trabajan en fincas más tecnificadas hay más estímulos para dedicarse al campo, ya sea en forma directa o a través de tareas relacionadas a la prestación de servicio a la producción agropecuaria.

Entre las prácticas agrícolas que se están pro­moviendo para mantener la competitividad sin comprometer el medioambiente apuntan al sis­tema de siembra directa con la rotación de cul­tivos como práctica de manejo de suelos que se aplica en más del 95 % del área agrícola tecni­ficada, y constituye el motor del uso y manejo sostenible de los recursos naturales. “El productor cuida los recursos naturales en su propiedad porque de ellos depende para vivir y produ­cir alimentos para el mundo colaborando con la seguridad alimenta­ria”, resaltó el presidente de la UGP. Poniendo en contexto el proceso de 50 años que vivió el desarrollo de la agricultura paraguaya existen tres momentos en su evolución que llevaron al aumento de la eficien­cia de la productividad y la producción. En los años 80 la mecanización y tecnificación en la agricultura, los años 90 con la siembra directa y en la década de los 2000 con la introducción y la utilización de varie­dades mejoradas genéticamente. En ese lapso pasamos de producir en 1991 unas 2.000.000 de toneladas de granos en cinco rubros a producir 17.000.000 de toneladas en los mismos cinco rubros a partir del 2017.

Los principales son: tener profesionales com­prometidos con el emprendimiento, recur­sos humanos capacitados en los roles a des­empeñar y un manejo administrativo sólido basado en buena planificación, manejo de riesgos y manejo de información de clima y mercado. Existen diversos programas, cursos de formación, jornadas de intercambio de experiencia que sirven para man­tenerse al día. La sumatoria del conocimiento y de la experiencia es la que permite ir mejorando el manejo y la administración del emprendimiento.

Existen desafíos internos y externos. Inter­namente el prejuicio de ciertos sectores en relación con la actividad agropecuaria, las regulaciones y normas que frenan el desarrollo, según Cristaldo, la burocracia y la consolidación del proceso de incorpo­ración de los pequeños productores a las cadenas de valor. Externamente, la tenden­cia a imponer unilateralmente normas y exigencias no basadas en ciencia que distorsionan el comercio creando barreras no arancelarias y dejando de lado las normas y acuerdos logrados en la Organización Mundial del Comercio o el Código Alimentario. “Quienes trabajan en la economía familiar campesina necesitan oportunidades y no regalos ni ayudas que lo vuelvan cliente del Estado”, dijo, asegurando que necesitan ser acto­res y sujetos del proceso y no objetos del desarrollo y la política.

Las políticas públicas deberían enfocarse en incorporar a la economía real gene­rando ingresos genuinos al productor para poder salir de la pobreza. “No se puede seguir teniendo como paradigma el mboriahu ryvatã (pobre, pero sin hambre)”, puntualizó. Infraes­tructura rural: con fuerte inversión en caminos rurales, electrificación, riego y acceso al agua potable (necesidad impostergable) y conectividad digital para mejorar la competitividad del sector. Acceso al crédito y financiamiento diferenciado: creando líneas específicas para pequeños produc­tores y nuevos emprendedores rurales, con tasas bajas y plazos adecuados a los emprendimientos definidos, inversiones, capital operativo con los periodos de espera correspondientes. Educación, capacitación y asistencia técnica en el seg­mento de productores de menos de 50 hectáreas, ya que según el último censo agropecuario, el 84 % no recibe asistencia técnica y el 62 % no terminó la edu­cación escolar básica. Acceso a tierras y formalización con fuerte apuesta por la titulación de las tierras destinadas a la reforma agraria, donde cerca de dos millo­nes de hectáreas entregadas hace décadas siguen sin ser regularizadas. Organi­zación y capital social: el proceso de formalización sectorial debe extenderse a las organizaciones y asociaciones de productores que hoy se unen “oca­sionalmente” para demandar algún bien o servicio al Estado.

“En un escenario tan dinámico y cambiante a nivel global, con epi­sodios externos de alto impacto en econo­mías pequeñas como la nuestra, tan depen­diente de los ingre­sos generados por la actividad agropecuaria, la economía y la polí­tica deben ir de la mano, con reglas claras y un mínimo de previsibilidad”, alegó. Por último, sería indispensable contar en el mercado con ferias y cadenas de valor, pues si todo lo ante­rior estuviese en marcha, se requerirán pro­gramas claros de acceso a mercados locales, participación en ferias agropecuarias y vínculos progresivos con cadenas de valor nacionales con alto potencial de desarrollo.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

El fiscal Víctor Adolfo Santander, titular de la Unidad Penal 4 de Hernandarias, imputó a dos productores, uno brasileño y otro paraguayo, por haber fraguado, presuntamente un contrato privado para quedarse con 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz (2.431.000 kilos).

Se trata de Doacir Bianchet (63) y Gervacio Galeano Coronel (45), procesados por la supuesta comisión del hecho punible contra la prueba documental (producción mediata de documentos públicos de contenido falso). La imputación fue presentada ayer lunes 14 de julio de 2025, a las 10:00.

No obstante, a las 12:55, la defensa de los procesados recusó al representante del Ministerio Público. De acuerdo a la denuncia y la investigación fiscal preliminar, ambos procesados habrían simulado un contrato de arrendamiento de inmuebles rurales con financiamiento de siembra, suscrito ante la escribana Gladys Beatriz Chaparro de Arenhs, en fecha 15 de enero de 2025.

En el documento, el señor Doacir Bianchet, en su carácter de representante de la firma Agrofort Agropecuaria S.A., de la cual es propietario, habría alquilado tres fracciones de terreno ubicados en el distrito de Itakyry (Fracción C1, padrón 5708; Fracción C2, padrón 5709, y Fracción C3, padrón 5710), a favor del coimputado Gervacio Galeano Coronel, por un plazo de dos años.

Sin embargo, desde el año 2022 los citados inmuebles se encontraban en posesión efectiva de la firma A.N.R. S.A., conforme a un contrato de arrendamiento suscrito con Inversiones Agrícolas S.A. en fecha 14 de septiembre de 2022. El contrato seguía vigente y la empresa afectada continuaba abonando el alquiler correspondiente.

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A pesar de esa situación, el 18 de enero de 2025, el señor Bianchet, en nombre de Agrofort Agropecuaria S.A., inició un juicio contra A.N.R. S.A. sobre ejecución para que entregue la posesión del inmueble.

El 27 de mayo de 2025, la firma Agrofort presentó otra demanda, esta vez contra el señor Galeano Coronel, solicitando el embargo preventivo de los cultivos de soja y maíz supuestamente sembrados por este en los inmuebles mencionados.

La acción civil, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Presidente Franco, a cargo de la jueza Cynthia Pineda Morel, dio lugar a una resolución el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se concedió la medida cautelar de intervención judicial sobre 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz, designando como interventora a la firma Agrofort, con facultades para contratar personal y realizar la cosecha.

Asimismo, se decretó el embargo preventivo y secuestro de los granos, que fueron entregados a Agrofort en calidad de depositario judicial en fecha 31 de mayo de 2025, durante un procedimiento llevado a cabo por el oficial de Justicia Mario Peralta.

A raíz de estos hechos, el representante legal de A.N.R. S.A. presentó ante el Ministerio Público documentos que acreditan que la empresa tenía la posesión legal y pacífica de los inmuebles desde 2022, realizando actividades agrícolas bajo un contrato de arrendamiento.

Tras la compra de las tierras por Agrofort a Inversiones Agrícolas S.A. el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública otorgada ante la escribanía de Dilson Gilmar Fulber en San Alberto, Agrofort asumió dicho contrato.

En ese contrato de compraventa se dejó expresa constancia de que la posesión directa no sería exigible a la vendedora, y que la compradora (Agrofort) asumía la responsabilidad de gestionar la desocupación ante eventuales ocupantes.

No obstante, en lugar de accionar contra A.N.R. S.A. por vía ordinaria, Agrofort celebró un nuevo contrato ficticio con el señor Galeano Coronel y utilizó ese documento como sustento para iniciar una segunda demanda de ejecución.

De esta forma, la Fiscalía presume que los imputados habrían intentado dar apariencia de legalidad a una relación contractual inexistente, con la finalidad de despojar de forma irregular a A.N.R. S.A. de los cultivos sembrados legítimamente en los terrenos.

Ante esto, el fiscal Santander decidió imputar a los presuntos responsables por la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

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La producción de soja cerró con una merma del 15 % en la zafra 2024-2025, respecto a la expectativa que se tenía inicialmente, lo que se traduce en unos USD 400 millones que dejaron de ingresar al país en concepto de divisas. Esto se explica por las épocas de estrés hídrico que sufrió el cultivo.

La Unión de Gremios de la Producción (UGP) presentó este lunes los datos de producción de soja para la Región Oriental y el rendimiento promedio nacional. Según el informe, la producción total del cultivo de la soja fue de 9.343.724 toneladas en la zafra 2024-2025 y el promedio a nivel nacional es 2.571 kilogramos por hectárea.

“Un 15 % de merma aproximadamente, con relación a lo que se estaba estimando, casi 1 millón de toneladas menos tuvimos. Si se calcula USD 400 por ese millón menos son USD 400 millones que dejaron de ingresar al país en divisas, que ayuda siempre a mover la economía y dinamizarla”, dijo a La Nación Nación/Nación Media el presidente de la UGP, Héctor Cristaldo.

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Estas cifras corresponden a la cosecha de soja de la temporada primavera-verano de la Región Oriental. En este informe no se incluyeron la zafriña y tampoco los datos del Chaco porque ya son considerados fuera de la época normal de siembra. Para obtener el rendimiento promedio se consideraron las tres épocas de siembra y la incidencia de la sequía.

El documento detalla que para realizar el análisis de rendimientos promedio, se hicieron cálculos en las zonas de mayor afectación de la sequía, con un rendimiento de 1.321 toneladas por hectárea, correspondiente a 829.120 hectáreas.

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Asimismo explica que en las zonas de una afectación moderada el promedio fue de 2.764 toneladas por hectárea, correspondiente a 1.244.358 hectáreas y donde hubo un rendimiento normal (menor incidencia), 1.560.367 hectáreas, con 3.082 toneladas por hectárea.

Según Cristaldo, la mayor afectación del cultivo por la sequía se registró en la zona norte del país. “La afectada es la que tiene más impacto por la sequía, en la zona norte es donde hay más hectáreas afectadas, y ahí el promedio estuvo por los 1.300 kg, lo que le golpeó la sequía”, explicó a LN/NM.

Los más afectados por la sequía en función a la superficie son los departamentos de Concepción y San Pedro. En el caso del primero, hubo una afectación total de una superficie de 10.062 hectáreas, mientras que en el segundo se registró una afectación de un área de 319.330 hectáreas de las 354.811 de superficie cultivada.