El titular de la Direc­ción Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, resaltó el apoyo del presidente de la República, Santiago Peña, de la ciudadanía y de los medios de comunicación en el com­bate al contrabando, una tarea que calificó de com­pleja pero fundamental para garantizar el cumplimiento de la ley.

“Sabíamos que no iba a ser fácil. Yo le dije al presidente de la República cuando me invitó a ser parte de su gobierno que le iba a traer muchos dolores de cabeza, pero que si estaba con la suficiente convicción de que podemos hacer bien el tra­bajo, lo íbamos a hacer, y hoy lo estamos haciendo con su apoyo”, expresó Orué.

El director de la DNIT admi­tió que, históricamente, el recaudador de impuestos no ha gozado de gran simpatía, pero afirmó que el objetivo de la institución es terminar con los privilegios y las influen­cias políticas que distorsio­nan la aplicación de la nor­mativa.

“Creo que todos tenemos que cumplir la ley por igual, no tiene que haber diferen­cias y nosotros trabajamos en ese sentido”, enfatizó. Orué destacó además que la DNIT se encuentra en un proceso de consolidación institucio­nal tras dos años de funcio­namiento.

También subrayó la impor­tancia de que la ciudadanía confíe en la labor de la enti­dad más allá de las personas que la dirigen. “Los cargos son coyunturales, pero la institu­ción es la que debe tener ese apoyo y esa seguridad de que lo que hace será respetado”, remarcó ante la 1020 AM.

El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, resaltó el apoyo del presidente de la República, Santiago Peña, de la ciudadanía y de los medios de comunicación en el combate al contrabando, una tarea que calificó de compleja pero fundamental para garantizar el cumplimiento de la ley.

“Sabíamos que no iba a ser fácil. Yo le dije al presidente de la República cuando me invitó a ser parte de su gobierno que le iba a traer muchos dolores de cabeza, pero que si estaba con la suficiente convicción de que podemos hacer bien el trabajo, lo íbamos a hacer, y hoy lo estamos haciendo con su apoyo”, expresó Orué.

El director de la DNIT admitió que, históricamente, el recaudador de impuestos no ha gozado de gran simpatía, pero afirmó que el objetivo de la institución es terminar con los privilegios y las influencias políticas que distorsionan la aplicación de la normativa.

Lea también: “El corazón del país late con la Albirroja”, Cartes celebra clasificación al Mundial

“Creo que todos tenemos que cumplir la ley por igual, no tiene que haber diferencias y nosotros trabajamos en ese sentido”, enfatizó. Orué destacó además que la DNIT se encuentra en un proceso de consolidación institucional tras dos años de funcionamiento.

También subrayó la importancia de que la ciudadanía confíe en la labor de la entidad más allá de las personas que la dirigen. “Los cargos son coyunturales, pero la institución es la que debe tener ese apoyo y esa seguridad de que lo que hace será respetado”, remarcó ante la 1020 AM.

Le puede interesar: Aprueban cooperación militar con EE. UU. en ejercicios de defensa y contingencia

El Ministerio Público dictaminó que el exsenador argentino Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, pueden ser extraditados a su país, donde enfrentan cargos por lavado de dinero.

Antes, ambos ciudadanos argentinos deberán culminar el proceso abierto por contrabando en Paraguay. La decisión final está en manos del juez Penal de Garantías N° 9 de Asunción, Rolando Duarte, quien deberá resolver si acompaña o no el criterio fiscal.

Le puede interesar: “Paraguay está a la altura de los grandes desafíos”, destaca Peña al cierre de ASU2025

Conforme al informe del cual se hizo eco el portal de noticias Infobae del vecino país, el fiscal adjunto Manuel Doldán fue quien dictaminó que Edgardo Kueider y su pareja y secretaria, Iara Guinsel, están en condiciones de ser extraditados a Argentina.

Kueider es un exsenador del vecino país, de la localidad de Entre Ríos (2019–2024), detenido en Paraguay por contrabando de divisas y lavado de activos. La Justicia argentina lo acusa de integrar una asociación ilícita vinculada al caso “Securitas”, relacionado con presuntas coimas para obtener contratos públicos.

La solicitud de extradición fue presentada por la jueza que investiga el caso por presunto pago de coimas en contratos vinculados a la empresa Securitas y Enersa, en el vecino país, Sandra Arroyo Salgado, del juzgado federal de San Isidro.

El fiscal Doldán consideró que el pedido de la jueza Arroyo Salgado era procedente en su presentación; ya que cumplió con todos los requisitos que establece el Tratado de Extradición entre Argentina y Paraguay. Es el cuarto requerimiento de este tipo que realizó la jueza de Entre Ríos. Los tres anteriores fueron rechazados por el Ministerio Público.

El representante del Ministerio Público consideró que la Justicia argentina acompañó el planteo con resoluciones judiciales firmes y que, además, el delito que se les imputa a Kueider y a Guinsel también es penado en Paraguay, se trata del lavado de activos.

Es el último de una cadena de acusaciones que le hace la jueza Arroyo Salgado a la pareja y a otra serie de acusados que permanecen ligados a la investigación.

Antes de concretarse la extradición, tanto el exlegislador y su pareja deberán responder ante la Justicia paraguaya por un intento de contrabando ocurrido el 4 de diciembre de 2024, cuando la pareja argentina intentó ingresar al país con más de USD 200.000 sin declarar.

En esa causa ya fueron elevados a juicio oral el pasado 31 de julio, por el magistrado Humberto Otazú, juez penal de Garantías de Delitos Económicos. Este delito por el que están siendo procesados en Paraguay, tiene una pena máxima de 2 años y medio de prisión. Por lo tanto, la sentencia podría ser de cumplimiento efectiva.

Actualmente, la pareja guarda arresto domiciliario como medida preventiva en el país, en el marco del proceso del delito de contrabando. Esta medida incluso fue reforzada por el magistrado con el uso de tobilleras electrónicas.

Siga informado con: Visita del Comando Sur fortalece alianza estratégica entre Paraguay y EE. UU., destaca ministro

• Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos: Archivo/Gentileza

Tiene una presencia ya histórica en el país y la mayoría de las víctimas son mujeres. Los sobrevivientes suelen desarrollar depresión, ansiedad y estrés postraumático. Los traficantes utilizan cada vez más las redes sociales para reclutarlas, lo que hace difícil rastrear el origen. Este año se instaló una oficina en el Ministerio del Interior para ocuparse de este delito que crece en el mundo, donde los repudiables casos de esclavitud se multiplican.

Un grupo de chicas que se escapan de un prostíbulo de la Patagonia argentina, una banda de camioneros detenidos por llevar mujeres jóvenes a lupanares de Chile, unos primos paraguayos rescatados de una finca agrícola brasileña, otro grupo de un taller clandestino de costura en Sao Paulo. Las noticias se reiteran en una secuencia que da cuenta de un problema muy grande.

“Tuvimos casos con compatriotas en Turquía, Corea y Japón”, dice Teresa Martínez, flamante titular de la Secretaría Ejecutiva de Trata de Personas, que en sus tiempos de agente fiscal se especializara en este delito que crece en el mundo.

Recuerda aún con sorpresa la situación en Japón, “porque ellos tienen controles muy estrictos”, dice contando que fue un caso de trata laboral, en el que llevaron a un grupo de paraguayos a trabajar en una fábrica metalúrgica de la rama de las autopartes.

“Eran como una suerte de empresas tercerizadas donde los capataces se quedaban con buena parte del salario de las personas, era un caso de esclavitud. Vivían en muy malas condiciones, pasaban frío en el lugar donde pernoctaban, estaban mal alimentados, todo muy feo…”, señala.

Explica que en general la trata es un delito autónomo, aunque últimamente se comenzaron a ver “vínculos con el narco­tráfico”.

También que “el mito de que en el exterior se está mejor y se gana más dinero” es la llave para convencer a jóvenes que no tienen esperanza laboral en el país o que tienen poca capa­citación.

Apunta “que cada vez se hace más difícil detectar las redes porque van cambiando los sis­temas de captación, ahora se hace muy difícil prevenir, casi siempre los encontramos ya en destino”. Las tecnologías de comunicación les facilitan las cosas, aunque “en buenas investigaciones también les puede jugar en contra”, dice Martínez, respaldada en la experiencia.

En el caso de las chicas que son captadas para prostituirse, cuenta que otras mujeres que fueron forzadas a ejercer el ofi­cio “vienen desde el exterior a hacer la captación. Es muy triste”, apunta.

Martínez, desde su nuevo rol, tiene a cargo el llamado Programa contra la Trata de Personas, que buscar articular acciones entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y otros organismos del Estado “para una respuesta integral y basada en los derechos humanos”, mencionaron al ponerlo en marcha.

Cuenta que se trabaja en la elaboración del presupuesto de la entidad, que partirá de un piso de un millón de dólares anuales, pero que se necesitará incrementarlo en el tiempo con el fondo previsto en la ley.

“El principal desafío es desarrollar una política de prevención”, expresa recordando que el costo para el Estado en la recuperación de un “sobreviviente a la trata es muy elevado”.

Parte de ella será “fortalecer las medidas de control en las fronteras y las zonas de captación identificadas”, que de acuerdo a los reportes están principalmente en Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Puerto José Falcón.

También vale mencionar que el río Paraguay tiene en sus zonas portuarias núcleos de explotación sexual de mujeres menores y adultas en Central, Ñeembucú, San Pedro y Concepción.

“Es importante que el combate se dé con más datos, información, recursos humanos y tecnología”, describe Martínez mencionando que entre los desafíos está también aumentar la financiación y la dotación de personal de la Unidad Antitrata de la Policía Nacional (PNPTU).

Para Luz Ibarra, especialista del Ministerio de la Mujer, “el trabajo en fronteras debe ser absolutamente prioridad”, recordando el vínculo de la trata con el tráfico de drogas, donde adolescentes son usados como mulas para el trasporte de estupefacientes, en un delito que suele ser el paso introductorio a una explotación aún peor.

Carina Sánchez, fiscala de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, insiste en un punto: “Esperemos que muy pronto el programa cuente con los fondos necesarios para ejecutar las acciones”.

Algo que debe hacerse contra verdaderas mafias que “exportan”, principalmente mujeres, pero también jóvenes y adultos trabajadores a países de la región e inclusive a Europa y otros continentes en un delito que requiere especialización permanente para su combate.

Datos del Ministerio Público revelaron que hubo 392 causas contra la trata de personas en los últimos seis años, un número alto que responde a situaciones diversas.

Lo impactante es que lo que más se llevan son mujeres jóvenes y un 71 % de los casos atendidos fueron en su mayoría víctimas de la explotación sexual.

Lo triste es que hay un número importante de denuncias donde familiares y amigos de las víctimas aparecen como los entregadores.

Los que sufrieron trata, por miedo y lógico temor a represalias, no suelen contar quién los hizo caer, pero es curioso que un 15 % de ellos señalan a personas cercanas contra un 5 % que se atreve a denunciar a redes criminales o captadores que los contactaron en viajes internacionales.

Para Luz Ibarra, especialista en el tema del Ministerio de la Mujer, el número nacional no escapa de la realidad mundial: “A nivel global tenemos un 76 % de mujeres afectadas por la trata de personas. El 50 % son menores de 18 años y se ha notado un sensible aumento. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC, su sigla en inglés) dio cuenta de que la trata creció un 25 % en comparación a datos del 2019 y también tenemos una exponencial situación en cuanto al trabajo forzoso”.

La fiscala Sánchez destaca “el trabajo conjunto con países como España y Francia”, pero coincide en que se vive una situación que obliga a extremar trabajos. “Hemos fortalecido la persecución penal y también trabajado en la atención y pro­tección de víctimas”, apunta.

A pesar de ello, Ibarra recuerda que todavía son muy pocos los que fueron a las cárceles por cometer este delito: “Debe­mos reforzar las respuestas de la justicia penal porque si no se lleva a los delincuentes, a los captores, a las redes, a la delincuencia organizada a los estrados judiciales y se logra la penalización ejemplificadora es muy difícil pelear en contra de este crimen”.

A su turno, Ibarra describe que en la Dirección General de Prevención y Atención a Vícti­mas de Trata de Personas, que está a su cargo en el Ministerio de la Mujer (MM), “tenemos funcionarias que ya tienen una especialización dentro del cen­tro de referencias. Asimismo, contamos con un albergue transitorio para protección integral a las personas afecta­das por la trata”.

Allí se cumple con “un proto­colo de atención inmediata”, apunta explicando que tam­bién se está desarrollando lo propio con las gobernaciones de Itapúa, Alto Paraná, Ñeem­bucú, San Pedro, Caaguazú y Concepción.

También se apunta a capacitar a “los alumnos de la Media, los profesores, el cuerpo docente y la comunidad educativa, por­que creemos que es importan­tísimo que ellos conozcan que la trata existe, que cualquier persona de cualquier nivel social o educativo puede ser víctima”.

Para ello está en marcha la campaña internacional #pue­desertrata y la nacional “Con la trata no se trata”, que se dio a través de “un curso virtual a través de una malla curricu­lar establecida en ocho módu­los que tuvo un alcance a nivel nacional dirigido a funciona­rios y funcionarias, operado­res de justicia y de seguridad, así como el sistema de salud, que fue realmente un hito en cuanto a la difusión, la capa­citación y el conocimiento de lo que es la trata de personas”, reseña Ibarra.

“Hemos capacitado casi 300 personas que ayudarán a que haya un conocimiento más generalizado de la población en general para que puedan conte­ner a su familia, a la comunidad en la que viven para que no cai­gan en las falsas promesas”, concluye.

Estrés postraumático, ansiedad, depresión, estigmatización social son padeceres comunes de los sobrevivientes de la trata de personas.

Luz Ibarra, del Ministerio de la Mujer, explica que “el Estado debe brindar una protección integral con agentes o personal o funcionarios especializados para hacer que las mismas entren en confianza y, por sobre todo, se reconozcan como víctimas”.

Sentir que alguien las está persiguiendo, no tener ya fe en la vida, pér­dida de la autoestima son síntomas que sufren, por lo que necesitan “asistencia psicológica, denuncia oportuna y apoyo familiar”.

Más allá de esta fórmula, “debe entenderse que ellas están siempre pensando que son vigiladas por los tratantes o las personas conec­tadas con ellos, ya que muchas de las víctimas son reclutadas localmente y saben que están en su entorno los delincuentes y obviamente se encuentran en un estado de angustia y de permanentes dudas”.

Otra preocupación es la económica: “También quedan con deudas pendientes porque el tratante generalmente les engaña con unos contratos donde ellas supuestamente tendrán grandes ganancias y, sin embargo, las deudas hacen que aún en el rescate ellas queden preocupadas por esa situación teniendo en cuenta que son vulnera­bles a venganzas en su contra o quizás contra su fami­lia”, describe.

Luz Ibarra, del Ministerio de la Mujer, recuerda que “la violencia en cuanto a la manipulación emocional, la sustracción de los documentos, las agencias de empleo fraudulentas y las falsas promesas de educación y oportunidades laborales son propicias para los engaños y de la coerción a las víctimas”.

El país tiene un elemento que opera como un facilitador: se estima que 47.000 niños trabajan en situación de criadazgo y son altamente vulnerables a la trata sexual y laboral.

El delito se inicia en “grandes engaños que precipitan a las personas a quedar atrapadas como mercancías en venta y en reventa, porque el ser humano llega a esa escala de valores con estos delincuentes.

Esta es la esclavitud moderna, aplicada no solamente en este país, sino en el mundo”. A su vez, la fiscala Carina Sánchez recuerda que “en muchos casos la presión económica derivada de la crianza de varios hijos constituye un factor que empuja a las mujeres a aceptar riesgos y desplazamientos que incrementan su exposición a la trata, especialmente en su modalidad internacional”.

El grooming o engaño pederasta es el principal método de captación de niños y niñas, “que es una de las formas de violencia de género más grave”, recuerda Ibarra. Con cuentas falsas los delincuentes se hacen pasar por pares y seducen a niños y adolescentes y los inducen a producir material pornográfico o ejercer la prostitución. “Hay que estarse muy atentos, alertar a la ciudadanía de que este tipo de captación es una vía muy moderna con incidencia en todo el mundo”, explica.

• Hubo 392 causas contra la trata de personas en los últimos 6 años.

• 138 causas responden a explotación sexual (prostitución, servidumbre sexual, actos por­nográficos).

• 57 causas están vinculadas a servidumbre, obligación de trabajar y/o prestar servicios.

• 55 fueron de trabajo o servicio forzoso.

• 12 casos fueron de servidumbre de la gleba: persona ligada a tierra ajena, trabaja a cam­bio un pago o servicio, pero sin posibilidad de moverse del lugar.

• 7 causas fueron de explotación económica de otra persona, esclavitud.

• 34 % de los casos se dio en menores de entre 14 y 17 años.

• 27 % fue sobre personas de entre 18 y 29 años.

• 23% fue de personas entre 30 y 55 años.

• 13 % se dio en menores de hasta 13 años.

• De las 392 causas, un total de 181 fueron registrados en territorio nacional frente a 152 denuncias reportadas internacionalmente.

Fuente: Informe del Ministerio Público entre los años 2019 al 2024.