El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) está llevando las recaudaciones impositivas a niveles nunca antes alcanzados y que por su importancia pueden consi­derarse históricas. Es uno de los organis­mos del Estado que mayor crecimiento ha alcanzado en los dos últimos años por el incremento de sus recaudaciones.

Está mostrando el camino del crecimiento mediante la mejor percepción impositiva y la incorporación de mayor cantidad de contribuyentes que se suman a la legali­dad. En la dura tarea contra la informalidad tradicional está obteniendo éxitos impor­tantes mediante los cuales va achicando la dimensión de la economía ilegal, que sigue teniendo un gran peso en la vida del país.

Un reciente informe sobre las recaudacio­nes tributarias en lo que va del año revela que de enero a julio de este año se recaudó un 9,6 % más de impuestos, comparado con el período de enero a julio del año pasado, tanto en tributos internos como en impuestos aduaneros.

La comparación de las cifras revela datos importantes en el aumento de lo que per­cibe el fisco. Hay que tener en cuenta que para que se produzca el incremento sustan­tivo de las recaudaciones impositivas no solo debe considerarse la suma de dinero en concepto de los pagos que se hacen, sino la incorporación de mayor cantidad de perso­nas físicas y jurídicas que están abonando sus obligaciones tributarias. Esto signi­fica que cada vez hay más contribuyentes que aportan a las arcas del Estado y menos infractores. Que, en otros términos, implica que va disminuyendo la economía ilícita y va creciendo la legalidad.

Esta es una de las tareas más impor­tantes realizadas por la DNIT, pues es un avance de suma trascendencia en el campo del cumplimiento de las leyes. El 31 de diciembre de 2023, cuatro meses y medio después de la asunción del gobierno actual, había 1.108.479 con­tribuyentes sumando las personas físi­cas y las personas jurídicas. Luego de 18 meses, el 30 de junio de 2025 la cantidad de personas inscriptas en el sistema de recaudaciones ascendía a 1.232.698 con­tribuyentes, lo que representa un creci­miento del 11,2 %, o sea 124.219 personas más que pagan impuestos.

Teniendo en cuenta las recaudacio­nes obtenidas en lo que va de este año se observa un excelente comportamiento, con un aumento importante en lo perci­bido hasta ahora. Al 31 de diciembre de 2024 el monto total percibido en todo el año por el fisco ascendía a 23,0 billo­nes de guaraníes. Cinco meses después, al 31 de mayo de este año, se ha recaudado 11,5 billones de guaraníes por los 150 días transcurridos.

Lo llamativo es que en cinco meses de operaciones se percibió un 49,9 % de lo recaudado en los doce meses de 2024, lo que implica que en todo el 2025 se podría llegar a un alza importante, dado que en menos de medio año ya se obtuvo práctica­mente la mitad de todo un ejercicio fiscal

En cuanto a impuestos internos, hasta julio la dependencia fiscal recaudó un 10 % más como variación interanual. Mientras que lo percibido en concepto de impuestos aduaneros tuvo un alza del 2,6 % con rela­ción al mismo mes del año pasado.

El incremento de lo percibido por impues­tos internos se debe a los pagos realizados por el sector comercial, las entidades de intermediación financiera, la construc­ción, servicios a empresas, servicios a los hogares, transporte, aparte de los impues­tos a las bebidas y tabaco.

El alza en la percepción de recaudaciones impositivas es una señal de que la acti­vidad económica está teniendo un buen crecimiento mediante el incremento de la producción, el aumento en la comercia­lización tanto de las mercaderías como los servicios ofrecidos. Y sobre todo por­que se han inscripto como contribuyen­tes más empresas y personas que produ­cen, así como las que comercializan y que captan los impuestos que se cobran, como el impuesto al valor agregado (IVA) que pagan los compradores de bienes y servi­cios y los otros tributos.

Entre los impuestos internos el más importante es el IVA, porque la mayor parte de lo que se recauda en las tran­sacciones comerciales es mediante ese tributo. Y sobre todo porque tributar ese impuesto implica que los comercios, industrias y personas están operando de acuerdo con la ley, lejos de las actividades irregulares, que es lo que pretenden los organismos estatales.

• Ciudad del Este. Agencia Regional.

Los trabajos para el viaducto del km 10 de la Ruta PY02 están en su fase de obras paralelas para el desvío de vehículos, lo que que permitirá liberar el área de construcción del paso a elevación. Para octubre o noviembre, a más tardar, está previsto el inicio del plan de desvíos y cierre de la ruta en el punto a ser intervenido.

Es lo que explicó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Fernando Barúa, de la Superintendencia de Obras de la Itaipú. Para los desvíos se proyectaron colectoras pavimentadas desde el km 10 hasta el km 12, tanto en el lado de Acaray como en Monday. El funcionario refirió que se espera concluir la fase hasta el km 11, para iniciar el desvío y poder cerrar la ruta para la construcción del viaducto.

Es el tramo de mayor movimiento de camiones, teniendo en cuenta que es la zona de operación de las aduanas privadas de Campestre y Algesa, además de la Zona Franca Trans Trade Internacional, el Parque Empresarial Global, que incluye a una zona franca, y el Parque Empresarial Km 11. Todos estos sitios movilizan camiones de gran porte y las colectoras deben prever giros, que están siendo analizados en el proyecto, según el ingeniero Barúa.

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“Existirá una fricción lateral entre el futuro tránsito vehicular en las colectoras y peatonal en las veredas, con el entorno urbano de uso de suelo mixto, comercial, industrial y residencial que estamos resolviendo”, expresó Barúa a LN.

Además del viaducto propiamente, la obra prevé espacios como bicisendas a ambas márgenes, lo que permitirá la integración de la comunidad del área de influencia cercana. El viaducto es para descongestionar el tránsito en dicha zona y ayudar a la circulación vehicular en Ciudad del Este, cuyo tránsito tiene colapsos en varios puntos, siendo uno de ellos en el km 10.

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Barúa indicó que en poco tiempo será socializado el plan de desvío, pero paralelamente se continúan con las reuniones con sectores específicos, a instancias del Consejo de Desarrollo del Este (Codeleste). Ayer hubo una nueva reunión con cámara técnicas de Codeleste, en la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este.

El proyecto es ejecutado por el Consorcio Acaray-Tocsa, con financiamiento de Itaipú y bajo la coordinación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El diputado colorado Rodrigo Gamarra sostuvo que la Justicia paraguaya debe actuar, sin pactos ni silencios tras la grave denuncia periodística realizada por un medio argentino, donde se publicó que el expresidente Mario Abdo Benítez tendría dinero escondido en paraísos fiscales.

A su criterio, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado ante las graves denuncias sobre las presuntas cuentas bancarias del exmandatario en el paraíso fiscal de Seychelles (África).

En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que de confirmarse el incremento patrimonial familiar y que gran parte de ese dinero fue durante la pandemia no solo se estaría hablando de corrupción, sino de algo más grave como crimen moral y de lesa humanidad.

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El hecho resultaría sumamente grave, ya que se confirmaría que Abdo Benítez escondió 21 millones de dólares en cuentas offshore mientras era presidente y después de salir, el país se encuentra ante uno de los escándalos más inmorales de toda nuestra historia.

“Si ese dinero está vinculado al saqueo que sufrimos durante la pandemia, cuando la gente moría sin oxígeno, sin camas y sin medicamentos, lo que nos pasamos gritando y denunciando, entonces no hablamos solo de corrupción, hablamos de crimen moral y de lesa humanidad. No tiene perdón de Dios”, sentenció.

Recordó que durante la pandemia el pueblo gritaba que estaba siendo asaltado en plena tragedia nacional; sumado al silencio y complicidad de algunos medios, el expresidente y su entorno habrían estado transfiriendo millones a las Islas Seychelles. “Hoy, esas denuncias ya no son meras sospechas que deben ser investigadas”, señaló.

Gamarra destacó que también se evidencia que Abdo Benítez usó el poder para perseguir a sus adversarios. Entonces, ahora debe explicar cómo multiplicó aparentemente su patrimonio en paraísos fiscales. “La Justicia debe actuar, sin pactos ni silencios y la Contraloría y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado”, precisó.

Agregó que si este caso no es investigado y la ciudadanía lo deja pasar “estamos diciendo que robarle al pueblo en su momento más doloroso se puede ignorar y salir impune. La Fiscalía debe actuar de oficio y esclarecer lo antes posible este escándalo nacional y mundial”, concluyó.

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