El empresario y extitular de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, Carlos Jorge Biedermann, manifestó que el contrabando es uno de los principales males que afectan a la economía nacional, así como a las empresas bien constituidas y, por ende, a los trabajadores paraguayos.
“Es un problema para lo cual no se está haciendo lo suficiente, se agarran a 10, pero pasan 10.000. Todo es parte del mismo árbol, la informalidad está casi injustificada”, sostuvo.
Señaló que cuando lo ilegal se convierte en social y cultural, eso se convierte en un problema mucho más grave aún.
Comentó que el mundo está con problemas, la pandemia precipitó una serie de temas como el combustible, el costo de los containers. “Eso causa la inflación exógena, y luego el contrabando a nivel regional, que proviene de países como Argentina y Brasil”, dijo.
Con relación al mismo tema, Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y Feprinco, manifestó a través de sus redes sociales que “Paraguay pierde solo en dos sectores 2.400 sueldos mensuales para trabajadores. Y el Fisco deja de facturar por calzados de contrabando el dinero suficiente para construir 100 aulas al año o equipar a hospitales distritales”.
Hace unos días, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) mostró mediante un video cómo se mueve el contrabando en nuestro país ante la vista de todos.
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Enrique Duarte, presidente de la UIP, indicó que a plena luz del día y sin disimulo se ingresa masivamente los productos de contrabando, y resaltó que existen evidencias de ello por todos lados.
En ese sentido, el empresario expuso el video de un camión con 30 toneladas de cebollas que circula por una calle vecinal en muy mal estado, y otro de un bote cruzando en la zona de Nanawa.
“El contrabando está en la calle, no hay necesidad ni siquiera de recurrir a videos. Las pruebas las tenemos todos los días”, resaltó Duarte.
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UIP pide investigar hasta las últimas consecuencias y recuperar la confianza ciudadana
La Unión Industrial del Paraguay (UIP) se pronunció sobre la crisis política e institucional que atraviesa el país y destacó la actuación de las instituciones para encauzar la situación y dar paso a una nueva conducción nacional. A través de un comunicado, el gremio pidió que las sospechas de irregularidades sean investigadas hasta sus últimas consecuencias y que se determinen las responsabilidades correspondientes.
La organización también felicitó al nuevo presidente de la República, Pedro Alliana y al vicepresidente, Antonio Barrios, y señaló que tienen la responsabilidad de recuperar la confianza ciudadana, garantizar la estabilidad y demostrar un compromiso con la honestidad y el interés nacional.
Asimismo, reconoció la actuación del Congreso Nacional y del Ministerio Público, pero sostuvo que la firmeza institucional debe mantenerse hasta el esclarecimiento completo de los hechos. En ese sentido, advirtió que ningún acuerdo político, influencia económica o vínculo personal debe convertirse en refugio para la impunidad.
El gremio consideró que la crisis obliga a revisar los controles del Estado, establecer responsabilidades claras y fortalecer los mecanismos de detección temprana para evitar que las autoridades investigadas puedan obstaculizar los procesos. También puso el foco en los ahorristas afectados, quienes necesitan respuestas urgentes, información transparente y medidas concretas para proteger sus derechos y recuperar sus recursos conforme a la ley.
Finalmente, la UIP sostuvo que la confianza debe reconstruirse mediante la verdad, la justicia y resultados concretos. Además, afirmó que el país necesita marcar un quiebre definitivo con la tolerancia a la corrupción y garantizar que ningún cargo esté por encima de la ley ni ningún interés particular prevalezca sobre el destino de la República.
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Certificación laboral busca facilitar la contratación y reconocer la experiencia de los trabajadores
La experiencia adquirida en el trabajo cotidiano puede convertirse en una herramienta para acceder a nuevas oportunidades laborales. En ese contexto, el reconocimiento formal de los conocimientos y habilidades de los trabajadores representa una alternativa para fortalecer los procesos de selección de personal y acercar las capacidades disponibles a las necesidades de las empresas.
Con ese objetivo, el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), a través de su Club Mipymes, presentaron el Modelo de Certificación de Competencias Laborales, una iniciativa dirigida a empresas de reclutamiento, bolsas de empleo y profesionales de recursos humanos.
La propuesta apunta a reconocer oficialmente las habilidades, saberes y destrezas de las personas, incluso cuando fueron adquiridos mediante la experiencia práctica y no a través de una formación académica tradicional. De esta manera, los trabajadores podrán contar con un respaldo que acredite sus capacidades y que a su vez, pueda ser considerado por las empresas durante sus procesos de contratación.
La presentación se realizó el miércoles 4 de noviembre, en la sede de la UIP, con la participación del secretario técnico del Sinafocal, Alfredo Mongelós, y la vicepresidenta de Cooperación Técnica y Fortalecimiento de Mipymes de la UIP, María José Espínola, además de empresarios, emprendedores y representantes vinculados al ámbito laboral.
Durante el encuentro se dieron a conocer los principales componentes del modelo, entre ellos la metodología utilizada para evaluar y acreditar los conocimientos de los trabajadores, los perfiles profesionales que ya están habilitados para acceder a la certificación y las posibilidades de incorporar este reconocimiento como un criterio de valor en las convocatorias de empleo.
La iniciativa también busca fortalecer la articulación entre las instituciones públicas, el sector industrial y las empresas dedicadas a la intermediación laboral. En ese sentido, las bolsas de empleo y las firmas de reclutamiento cumplen un papel importante para vincular a quienes buscan trabajo con las organizaciones que necesitan incorporar personal.
Con este mecanismo, se pretende reducir la distancia entre los perfiles disponibles en el mercado laboral y los requerimientos técnicos y operativos de las empresas, al tiempo de brindar mayor confianza y precisión en la selección de candidatos. La certificación permite además, dar visibilidad a capacidades que muchas veces permanecen sin reconocimiento formal, pese a haber sido desarrolladas durante años de experiencia.
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Cámaras empresariales piden prudencia y garantías para la estabilidad financiera
La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) y la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (Cispy) se pronunciaron sobre la situación que involucra a ueno bank y sus posibles repercusiones en el sistema financiero nacional. A través de comunicados institucionales, ambos gremios coincidieron en la necesidad de preservar la confianza, actuar con prudencia y garantizar la estabilidad económica, aunque plantearon distintos aspectos sobre el manejo de la crisis.
Desde la CAP señalaron que los hechos de público conocimiento vinculados al sistema financiero requieren respuestas firmes, transparencia y pleno cumplimiento de las leyes, con especial atención a la estabilidad económica y al interés nacional. En ese sentido, consideraron prioritario resguardar la cadena de pagos y la estabilidad financiera, factores de los que dependen la protección de los ahorristas, la previsibilidad de las empresas y la conservación de las fuentes de trabajo.
Uno de los principales puntos del pronunciamiento fue el rechazo a cualquier intento de utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos fuera de los límites y objetivos establecidos en la Ley 2334/2003. La cámara recordó que este instrumento tiene como finalidad proteger a los depositantes hasta el monto legalmente garantizado, y no absorber las consecuencias de decisiones de gestión o inversión ni trasladar esos costos al conjunto del sistema financiero.
CISPY pide prudencia y confianza
Cispy, por su parte, hizo un llamado a la calma y la prudencia, al considerar que la situación de ueno bank, vinculada a causas y prácticas atribuidas específicamente a esa entidad, no debe extenderse al conjunto del sistema financiero nacional.
El gremio reafirmó su confianza en un sistema financiero sano, integrado por entidades que operan con seriedad, responsabilidad y profesionalismo. Asimismo, expresó su respaldo a la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), destacando la capacidad técnica y el profesionalismo de sus integrantes. También advirtió sobre la importancia de evitar que los rumores y las informaciones no verificadas debiliten la confianza en las instituciones financieras que sostienen el ahorro, el crédito y la actividad económica.
Ambas cámaras coincidieron en que preservar la confianza pública es fundamental para evitar que una situación particular genere consecuencias sobre el funcionamiento del sistema financiero y la actividad económica. Mientras la CAP puso énfasis en la investigación de los hechos y la aplicación de la ley sin excepciones, la Cispy llamó a mantener la serenidad y diferenciar el caso de ueno bank del desempeño del resto de las entidades.
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Sector empresarial y productivo pide preservar transparencia y seguridad jurídica
La Cámara de Comercio Paraguayo Americana (Amcham) y gremios del sector productivo e industrial comunicaron su seguimiento permanente a los acontecimientos relacionados con el inicio del proceso de resolución y cese de operaciones de ueno bank, manifestando que los mecanismos de revisión deben conducirse con estricto rigor técnico y transparencia.
En un comunicado emitido este miércoles, la Amcham señaló que la estabilidad y credibilidad del sistema bancario son condiciones esenciales para garantizar la continuidad de la cadena de pagos, el acceso al crédito del sector productivo y la confianza de los mercados.
“La solidez del Estado de derecho reposa en la clara delimitación de responsabilidades conforme a las normativas que regulan el sistema financiero”, mencionaron, enfatizando que la confianza de los ahorristas e inversionistas constituye el activo más valioso de la economía.
Asimismo, pidieron que en salvaguarda de la fe pública las decisiones de gestión se evalúen bajo los más altos estándares de gobernanza corporativa y, además, los recursos del erario público quedar debidamente preservados.
“Resulta indispensable que los mecanismos de resolución y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) operen con máxima celeridad, precisión y estricto apego a la Ley General de Bancos, asegurando la protección íntegra de los fondos y evitando incertidumbres operativas en el mercado”, indicaron.
La credibilidad del Paraguay en los mercados internacionales, incluyendo las operaciones de deuda regidas bajo jurisdicciones globales como la del Estado de Nueva York, se fundan en el respeto a la seguridad jurídica y a la confianza de los inversionistas.
Por ello, un tratamiento claro, técnico y apegado a derecho en la resolución de estos compromisos es crítico para resguardar la reputación crediticia del país y no encarecer el costo del financiamiento para el sector productivo nacional, reza el comunicado.
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ARP rechaza ampliación de garantía
Por su parte, la ARP compartió su rechazo al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que autorizó al BCP a ampliar la garantía del FGD para cubrir la totalidad de los fondos públicos depositados en ueno bank.
“El FGD se constituye con aportes del sistema financiero y existe con un único fin: proteger los ahorros de los depositantes dentro de los límites que fija la ley. Apoyamos que se pague de inmediato a los ahorristas de ueno conforme a esa cobertura”, indicaron.
Según la ARP, usar el remanente del fondo para devolver el total de los depósitos estatales no es una solución, sino que sería trasladar a todos los ahorristas del país, entre ellos miles de productores, el costo de decisiones que tomaron otros.
“Los fondos del IPS, de las cajas jubilatorias y de las entidades del Estado no llegaron solos. Alguien decidió concentrarlos allí. Esos recursos deben recuperarse de los bienes de quienes resulten responsables del perjuicio, y las responsabilidades deben determinarse y sancionarse”, mencionaron.
Por ello, solicitaron a los congresistas rechazar la ampliación de cobertura a los fondos públicos, garantizar el pago a los ahorristas dentro de la cobertura legal y exigir la recuperación de esos recursos.
Sector maquilador también afectado
La Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap) también se pronunció ante el escenario. El gremio se refirió al efecto que tiene sobre las empresas y los trabajadores del régimen de maquila, así como en la confianza en el sistema financiero del país.
“Varias de nuestras asociadas pagan salarios, cobran y cumplen con sus proveedores a través de esta entidad. Mientras sus servicios sigan suspendidos, hay trabajadores que no pueden disponer de su sueldo y plantas que deben sostener la producción y sus compromisos de exportación sin acceso a sus fondos”, explicaron.
La Cemap instó a las autoridades competentes a esclarecer los hechos con celeridad y a determinar las responsabilidades que correspondan. “Una resolución ordenada, que proteja los ahorros de la ciudadanía y sea rigurosa con los responsables, es la mejor señal que el país puede dar a la inversión productiva y al empleo formal que esta genera”, mencionó.
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