El presidente de la República, Pedro Alliana, informó que ordenó no cobrar multas a los contribuyentes afectados por la caída de Ueno Bank. El mandatario dio claras instrucciones a Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

“Ordené que los contribuyentes afectados por la situación de Ueno Bank no paguen multas, recargos por mora ni intereses derivados de este problema”, indica la primera parte de la publicación realizada en redes sociales por el jefe de Estado.

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“Además, instruí al director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de quienes operaban exclusivamente con este banco”, agrega sobre lo mencionado anteriormente.

“Ningún paraguayo debe pagar las consecuencias de un problema que no provocó”, dejó en claro Alliana, quien mantuvo una extensa jornada con altos funcionarios este domingo.

Más temprano, el mandatario dio instrucciones para asistir inmediatamente a las familias afectadas por las inundaciones en Itacorá, además de hacer cumplir la ley sin privilegios en las cárceles del país.

En el caso de la zona anegada, se desplegarán efectivos del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas para reforzar la asistencia con alimentos a los damnificados.

“Ningún procesado tendrá privilegios ni trato especial. Las operaciones conjuntas de seguridad mantendrán el control permanente”, sostuvo Alliana, sobre la situación en los centros penitenciarios y las directivas emanadas.

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El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.

El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente des­tituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.

La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimen­tos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipali­dad de Ciudad del Este.

Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Cor­beta, expuso ante el Tribu­nal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.

En esta jornada se produ­cirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministe­rio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario corres­pondiente, reportó el perio­dista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.

La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excep­ción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad ope­rativa y financiera para responder a la demanda.

De acuerdo a los investigado­res, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un per­juicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la muni­cipalidad esteña.

El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.

El fiscal Silvio Corbeta sos­tuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del jui­cio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación cri­minal por ocasionar un per­juicio patrimonial de G. 2.130 millones.

El representante del Minis­terio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actual­mente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presen­tará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto nego­ciado en la compra de kits de ali­mentos para familias afectadas por la pandemia.

Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularida­des en la adquisición de equi­pos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue des­estimada y Prieto anunció que denunciaría al exconce­jal por denuncia falsa. Cor­beta explicó que la deses­timación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedo­res a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos den­tro del margen y vamos a evi­tar cualquier tipo de victi­mización como acostumbra este señor a realizar”, mani­festó el fiscal.

Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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Con el reajuste salarial para médicos, docentes y otros funcionarios que hacen parte del sistema público, se abre el debate de un replanteamiento de la distribución del Presupuesto General de la Nación (PGN), así como del sistema tributario. La situación actual presupuestaria fue el punto de debate en el programa “Fuego cruzado” del canal GEN, con el exviceministro de Economía, Daniel Correa, y el economista Jorge Garicoche.

“El acuerdo al que se llegó con el sector médico tiene también una forma de implementación, entonces su efecto va a ir siendo gradual, gran parte del efecto va a estar concentrado hacia el final del 2027, uno podría presuponer que el efecto en el Presupuesto General de Gastos de la Nación va a ser mínimo o no va a tener un efecto enorme”, afirmó Garicoche y advirtió que si siguen surgiendo otras demandas, el agujero fiscal incluso podría ser superior al 4 %.

Por su parte, Correa apuntó que el déficit presupuestario es estructural y difícilmente se pueda atender a la demanda de gasto existente con esfuerzos recaudatorios y otros. “El déficit fiscal de Paraguay no es que ahora nomás porque estamos sincerando la deuda esta tan alta sino que hay un problema de que toda la recaudación que generamos ya está financiando parte de ese presupuesto que es rígido y lo que necesitamos para seguir creciendo necesariamente va a tener que ir por deuda y cada vez necesitamos más y cada vez eso se va a traducir en un endeudamiento mayor”, explicó.

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La actual administración tributaria está trabajando en la eliminación de la exoneración que ostentan los vehículos y, además, proyecta elevar la rigurosidad a las reservas de las empresas, sin embargo desde el principio del gobierno de Santiago Peña se habló de no incrementar los impuestos.

Correa consideró deben comenzar a plantearse ciertas cuestiones en términos impositivos. “La economía paraguaya cambió bastante, la matriz productiva de Paraguay también cambió bastante, creo que eso requiere también una revisión profunda del sistema”, expresó.

Por su parte, Garicoche indicó que hay ciertas cuestiones que se deben analizar, por ejemplo, los incentivos que actualmente se contraponen. “Cualquier cuestión de reforma tributaria que hablemos relacionada a recortar gastos, aumentar ingresos o aumentar impuestos o tocar exenciones tributarias tiene que estar ligado a un objetivo que sigamos como país”, dejó en claro durante la emisión.

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