La Dirección Nacional de Aduanas (DNA), a través de su director, Julio Fernández, presentó esta mañana su informe recaudatorio al cierre del noveno mes, en el cual se resalta que pese a un escenario crítico por la situación hídrica y las complicaciones para navegar, se registró un superávit.
Fernández destacó que el mes de setiembre de este año fue uno de los mejores en generación de ingresos para Aduanas, ya que fueron registrados G. 1,13 billones (equivalentes a US$ 164 millones), convirtiéndose así en la mayor recaudación en setiembre de todos los tiempos de la DNA, a más de superar en un 35% a las recaudaciones del mismo mes del 2020, cuando fue de G. 838.382 millones.
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“Realmente es una cifra que nos sorprende, ya que estamos saliendo de la pandemia y estamos también con la situación de la bajante del río”, expresó Fernández en conferencia de prensa en la mañana de este viernes.
Ocho meses consecutivos de superávit
Remarcó además que durante los nueve meses de este 2021, setiembre se posicionó como el octavo mes con superávit consecutivo en materia de ingresos, con lo que según la institución, se evidencian los signos de reactivación económica.
El superávit registrado se debe en gran medida al aumento de las importaciones, en especial de algunos rubros de mayor incidencia como combustibles y derivados del petróleo, con el 21,8% de participación; vehículos (11,5%), agroquímicos (6,2%), informática y telecomunicaciones y bienes de capital (5,9%). Seguidos por el segmento de repuestos como autopartes (5,7%), productos químicos (4,2%), abonos (4%), plásticos y sus manufacturas (3%), bebidas (2,7%), entre los más importantes.
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Ingresos acumulados
En cuanto a la recaudación acumulada, el titular de Aduanas resaltó también que los ingresos acumulados de enero a setiembre de este año, superaron incluso a niveles prepandémicos.
Esto tras alcanzar la cifra de G. 8,32 billones, con un aumento del 21% en comparación con el mismo periodo del 2020, cuando fue de G. 6,89 billones; mientras que frente al mismo lapso del 2019 se observa un incremento del 6,6%, ya que ese año ingresaron G. 7,80 billones a Aduanas.
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Precio de combustibles en Paraguay es el segundo más bajo de la región
Paraguay se posiciona en segundo lugar en la región con los precios más bajos de combustibles, detrás de Argentina, según un estudio realizado por una firma uruguaya. Así también, señala el estudio que nuestro país lidera la región con los precios más bajos en energía eléctrica, tanto residencial como industrial.
Un estudio realizado por la firma uruguaya SEG Ingeniería, arrojó que nuestro país tiene precios competitivos en energéticos como electricidad y combustibles, comparando con otros países de la región como Uruguay, Argentina, Chile y Brasil.
El análisis tomó como base los precios reportados durante el mes de julio, cuando, en términos de combustibles, nuestro país quedó en segundo lugar, detrás de Argentina, entre los que tiene menores precios, tanto en gasoil como en naftas.
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En detalle, señalan que en Paraguay se comercializa, en promedio, el gasoil a USD 0,97 por litro (G. 7.100 al cambio actual), mientras que las naftas a USD 1,07 por litro (G. 7.832). Igualmente, en gas licuado de petróleo, el precio se encuentra también solo por debajo de Argentina, con USD 0,99 por kilogramo (G. 7.246).
Se recuerda que, según el Banco Central del Paraguay, en julio los precios de los combustibles habían tenido una variación mensual del 2,3 % respecto a junio, y puntualmente las naftas tuvieron inflación del 5,2 % en la común, y 3,9 % en la súper. Los gasoiles por su parte, aumentaron 2,8 % y 3,3 % en el común y el aditivado, respectivamente.
Precio de la energía eléctrica, el más bajo de la región
En energía eléctrica, de acuerdo con el informe, Paraguay es, por lejos, el país con el precio más bajo de la región.
Se detalla que, para las industrias, el servicio de media tensión cotizó en julio en USD 38 por megavatio/hora, mientras que en el residencial el precios fue de USD 67 por megavatio/hora.
A nivel local, según el Índice de Precios al Productor del BCP, el servicio de energía eléctrica tuvo al cierre de julio una variación del 0 % respecto al mes anterior.
El segundo país con el precio más bajo en energía eléctrica es Argentina, que para los industriales ofrece el servicio a USD 100 por megavatios/hora, y USD 116 para el sector residencial.
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Brasil: megaoperación antilavado golpea al crimen organizado en el sector de combustibles
Sumas multimillonarias blanqueadas a través de gasolineras y colocadas en instituciones financieras: las autoridades brasileñas golpearon ayer jueves al crimen organizado en una megaoperación policial. El gigantesco esquema de fraude y lavado de dinero operaba en toda la cadena productiva de combustibles, incluyendo distribuidores, transportistas, refinación y almacenamiento, así como en la red de gasolineras y sus tiendas, según las autoridades.
Los tentáculos de la compleja red penetraron el sector financiero legal. La organización utilizó plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos. La megaoperación es “la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado en nuestra historia hasta el momento”, escribió en X el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Las autoridades apuntaron como cabeza del esquema al Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las principales bandas criminales de Brasil, que opera enviando cocaína producida en Suramérica hacia Europa. La organización blanqueó al menos 52.000 millones de reales (9.600 millones de dólares) entre 2020 y 2024. El ministro de Economía, Fernando Haddad, se refirió a un mecanismo “extremadamente sofisticado” que exigió “descifrar la ruta del dinero”. La investigación se prolongó durante dos años, dijo en rueda de prensa en Brasilia.
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Fuerte despliegue
En total, 1.400 agentes de diversos organismos públicos participan en la operación en el país. La policía cumple órdenes de detención contra 350 personas y empresas en una decena de estados del país, incluidos Sao Paulo y Rio de Janeiro. La institución divulgó imágenes que muestran un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de Sao Paulo, el principal centro financiero de Brasil, que alberga las sedes de numerosas instituciones.
Las investigaciones apuntan que el esquema controlaba un terminal portuario, 1.000 gasolineras, cuatro refinerías y 1.600 camiones, además de un centenar de inmuebles. Las prácticas fraudulentas incluían la venta de combustible adulterado y otra conocida como “surtidor bajo”, por la que los consumidores pagaban por volúmenes inferiores a los que mostraban los surtidores.
Otra práctica se refiere a la importación irregular de metanol. El producto que entra a Brasil “es desviado y transportado clandestinamente, poniendo en riesgo a conductores, peatones y el medio ambiente”, según el Ministerio Público de Sao Paulo. El metanol, “altamente inflamable y tóxico”, es enviado después a estaciones de servicio para adulterar los combustibles, “generando lucros millonarios”, agregó.
Brasil es el mayor productor de petróleo y otros combustibles líquidos de Suramérica y el noveno del mundo, según un informe de 2023 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Además, es el segundo mayor productor de biocombustibles del planeta.
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Banco paralelo
El dinero obtenido con el esquema era colocado en plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) en lugar de en bancos tradicionales, lo que “dificultaba el rastreo de los valores”, según Hacienda. Los indicios apuntan a que los administradores de los fondos involucrados “eran conscientes y contribuían con el esquema”, agregó el fisco.
Una de estas empresas, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, funcionaba como un “banco paralelo” y recibió más de 11.000 depósitos en efectivo sospechosos entre 2022 y 2023. Las firmas investigadas implementaron “una contabilidad paralela”, que permitía “transferencias de dinero entre empresas y particulares sin que los beneficiarios finales fueran identificados”, explicó el Ministerio Público de Sao Paulo.
El fisco dijo haber “identificado al menos 40 fondos de inversión controlados” por el PCC, por un monto total de 30.000 millones de reales (unos 5.500 millones de dólares). Estos fondos eran reinvertidos en el sector de combustibles, en particular en la compra de plantas para producir etanol que luego era vendido en las estaciones de servicio controladas por la organización criminal.
Fuente: AFP.
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Brasil golpea al crimen organizado que blanqueaba en el sector de combustibles
Sumas multimillonarias blanqueadas a través de gasolineras y colocadas en instituciones financieras: las autoridades brasileñas golpearon el jueves al crimen organizado en una megaoperación policial.
El gigantesco esquema de fraude y lavado de dinero operaba en toda la cadena productiva de combustibles, incluyendo distribuidores, transportistas, refinación y almacenamiento, así como en la red de gasolineras y sus tiendas, según las autoridades.
Los tentáculos de la compleja red penetraron el sector financiero legal. La organización utilizó plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos.
La megaoperación es “la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado en nuestra historia hasta el momento”, escribió en X el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Las autoridades apuntaron como cabeza del esquema al Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las principales bandas criminales de Brasil, que opera enviando cocaína producida en Suramérica hacia Europa. La organización blanqueó al menos 52.000 millones de reales (9.600 millones de dólares) entre 2020 y 2024.
El ministro de Economía, Fernando Haddad, se refirió a un mecanismo “extremadamente sofisticado” que exigió “descifrar la ruta del dinero”. La investigación se prolongó durante dos años, dijo en rueda de prensa en Brasilia.
Fuerte despliegue
En total, 1.400 agentes de diversos organismos públicos participan en la operación en el país. La policía cumple órdenes de detención contra 350 personas y empresas en una decena de estados del país, incluidos Sao Paulo y Rio de Janeiro.
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La institución divulgó imágenes que muestran un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de Sao Paulo, el principal centro financiero de Brasil, que alberga las sedes de numerosas instituciones.
Las investigaciones apuntan que el esquema controlaba un terminal portuario, 1.000 gasolineras, cuatro refinerías y 1.600 camiones, además de un centenar de inmuebles.
Las prácticas fraudulentas incluían la venta de combustible adulterado y otra conocida como “surtidor bajo”, por la que los consumidores pagaban por volúmenes inferiores a los que mostraban los surtidores.
Otra práctica se refiere a la importación irregular de metanol. El producto que entra a Brasil “es desviado y transportado clandestinamente, poniendo en riesgo a conductores, peatones y el medio ambiente”, según el Ministerio Público de Sao Paulo.
El metanol, “altamente inflamable y tóxico”, es enviado después a estaciones de servicio para adulterar los combustibles, “generando lucros millonarios”, agregó.
Brasil es el mayor productor de petróleo y otros combustibles líquidos de Suramérica y el noveno del mundo, según un informe de 2023 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.
Además, es el segundo mayor productor de biocombustibles del planeta.
Banco paralelo
El dinero obtenido con el esquema era colocado en plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) en lugar de bancos tradicionales, lo que “dificultaba el rastreo de los valores”, según Hacienda.
Los indicios apuntan a que los administradores de los fondos involucrados “eran conscientes y contribuían con el esquema”, agregó el fisco.
Una de estas empresas, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, funcionaba como un “banco paralelo” y recibió más de 11.000 depósitos en efectivo sospechosos entre 2022 y 2023.
Las firmas investigadas implementaron “una contabilidad paralela”, que permitía “transferencias de dinero entre empresas y particulares sin que los beneficiarios finales fueran identificados”, explicó el Ministerio Público de Sao Paulo.
El fisco dijo haber “identificado al menos 40 fondos de inversión controlados” por el PCC, por un monto total de 30.000 millones de reales (unos 5.500 millones de dólares).
Estos fondos eran reinvertidos en el sector de combustibles, en particular en la compra de plantas para producir etanol que luego era vendido en las estaciones de servicio controladas por la organización criminal.
- Fuente: AFP
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Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
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“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
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