Al cierre del octavo mes del presente año, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) continúa con la buena racha en materia de recaudaciones ya que registró un total de G. 11,1 billones hasta el mes de agosto, según datos proporcionados por la administración tributaria.

Las cifras representan un crecimiento del 30,4%, teniendo en cuenta que durante el mismo periodo del año anterior, los ingresos totales fueron por G. 8,5 billones.

Óscar Orué, viceministro de la SET, señaló que existe un dinamismo económico diferente, mayor, a lo que se tuvo el año pasado a esta altura del año teniendo en cuenta la incertidumbre generada por la pandemia del COVID-19.

“Estamos teniendo un avance muy positivo sobre todo por el objetivo que se tiene de alcanzar un crecimiento general del 8%, sobre los datos que fueron computados el año pasado. Esperamos seguir por este camino que nos ayudará a financiar los programas vigentes que tiene el Estado para lo que resta del año”, explicó el viceministro de la SET.

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Óscar Orué, viceministro de la SET. Foto: Archivo

Evaluación a la SET

La cartera tributaria fue evaluada en el transcurso de la presente semana por el equipo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) con relación a delitos precedentes del lavado de dinero, las infracciones fiscales, además de los avances en la prevención, detección y represión de estos delitos.

Desde la SET explicaron que la administración tributaria expuso sobre el proceso de determinación tributaria, el detalle de las fiscalizaciones y controles efectuados en los últimos años y las más de 800 denuncias presentadas ante el Ministerio Público desde el 2015 hasta el año en curso.

Asimismo, los casos de megaevasión detectados y denunciados y las sanciones impuestas a estos en los últimos años fueron objeto de análisis, como el operativo “Facturación I”, surgido de la verificación documental de las compras realizadas por los proveedores del Estado en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del COVID-19, en el 2020, que culminó en la imputación de 75 personas entre las cuales se encuentran profesionales contables, dueños de consultorías y empresas gráficas por la producción de documentos no auténticos, con una determinación tributaria de más de US$ 7,4 millones.

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