La Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS) emitió un comunicado dirigido a la opinión pública, al Gobierno y a aquellos que se encuentran obstaculizando el tránsito, exigiendo la libre circulación, pero a la vez señalando que están de acuerdo con que se debe establecer un precio ajustado a la oferta y la demanda por el servicio de flete en Paraguay.

El gremio destaca que dicho servicio debe ser de calidad y tiene que contar con la flota necesaria para el traslado de las mercaderías dentro de un contexto de libre mercado. No obstante, el documento expresa que rechazan categóricamente la intención de crear por ley un porcentaje fijo como costo del transporte de carga.

“Consideramos que el reclamo del gremio de transportistas sobre un precio justo es válido, pero no acompañamos la idea de crear una ley que regule el precio del flete porque es un sistema que con el tiempo no va a funcionar. Creemos que el equilibrio en el precio se establece dentro del marco de la negociación y no con base en una imposición. En caso de consumarse el quiebre de este principio básico, en el futuro se presentarían serios desajustes que causarían la pérdida de competitividad”, advierte.

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La comisión directiva de APS destaca que la producción y el país necesitan del sector transportista para llegar a los mercados, por lo que este segmento requiere ser fortalecido y estimulado; y al ser partícipe de la cadena de valor de la producción de alimentos de Paraguay, debe adherirse a las leyes vigentes y basarse en el principal factor de la competitividad sustentada en la oferta y la demanda.

“Desde la APS consideramos que las empresas transportadoras deben establecer ciertos parámetros con los choferes para acceder a una distribución de los recursos cobrados por los servicios de transporte prestados, porque de lo contrario, siempre existirán este tipo de reclamos que no ayudan a la previsibilidad del sector productivo ni de ningún otro segmento económico del país”.

Finalmente, el gremio exige a la Fiscalía y a la Policía Nacional que resguarden la seguridad de las personas que no se adhieren al paro, así como el patrimonio privado. “Repudiamos la violencia y ratificamos que el camino para buscar la solución es el diálogo y no la extorsión”, afirman.

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