• Por Luis Noguera

El rubro del biodiésel está tomando mayor impulso con la nueva normativa al respecto, en la incorporación del carburante de origen vegetal en el gasoil tipo lll (común). Desde el sector industrial ven como una oportunidad de crecimiento, de reactivación del rubro, aunque los principales consumidores se muestran todavía cautelosos.

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) resolvió adecuar temporalmente el porcentaje de mezcla obligatoria de biodiésel al 7 % hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de brindar más tiempo para que toda la cadena continúe adaptando sus procesos e infraestructura. La resolución establece el retorno al 8 % a partir del 1 de enero de 2027.

“El aumento de la mezcla de biodiésel no solo fortalece nuestra seguridad energética, sino que impulsa la transformación de nuestra producción agrícola en riqueza para los paraguayos”, había manifestado recientemente el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, sobre lo que su gestión está llevando adelante.

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Massimiliano Corsi, presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap), conversó con La Nación/Nación Media sobre el nuevo impulso en el sector, considerando la normativa emanada de la cartera de Industria.

“Paraguay cuenta con una capacidad instalada de producción de biodiésel cercana a los 293 millones de litros por año. Esa capacidad permitiría abastecer ampliamente una mezcla nacional del 15 % (B15). Actualmente, el sector opera muy por debajo de su capacidad instalada, por lo que existe un importante potencial de crecimiento para acompañar un aumento gradual de la mezcla obligatoria y atender nuevos mercados”, expresó.

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“El incremento gradual del porcentaje de mezcla podrá mejorar el aprovechamiento de la capacidad instalada generando economías de escala, una mayor eficiencia operativa y una reducción de los costos unitarios de producción del biodiésel, fortaleciendo la competitividad de la industria nacional frente al diésel de origen fósil”, destacó.

Actualmente, son cuatro plantas las que se encuentran operando y produciendo el carburante de origen vegetal, mientras que otras seis aguardan un mercado mayor para una posible reactivación, según dijo el titular del gremio. Esas industrias que están operando activamente significan 500 empleos directos, precisó Corsi.

Con el nuevo régimen se podrá tener mayor previsibilidad, adquirir los insumos en mayor cantidad y de esa manera ganar en competitividad, considerando que actualmente el sector está estancado.

Hoy en día, el principal insumo para la generación de biodiésel es la soja, en ese sentido, Corsi explicó que el proceso deja 80 % de harina, que sirve para alimentar animales, y el restante 20 % corresponde a aceite, este último producto es el que sirve para el carburante. Precisó que actualmente una empresa de origen brasileño es la que procesa integralmente el grano, es decir industrializa la producción en estado natural, hasta llegar al combustible.

Por su parte, Gilberto Maldonado, dirigente del sector transportista, dijo que ellos “apoyan la 100 % la industria nacional”; sin embargo, dejó en claro que desean que la inserción del carburante de origen vegetal se efectúe con los cuidados debidos.

“La mezcla está bien, porque en los laboratorios dan bien los resultados, pero donde no está cerrando es en la cadena de distribución. Los emblemas cuidan los detalles del cuidado especial que tiene el biodiésel, hasta los camiones cisterna. Los camiones cisterna van y bajan en las estaciones de servicios y yo creo que ahí se suelta la cadena de cuidado, porque no están capacitados”, sostuvo.

Explicó que el biodiésel no puede mezclarse con el agua, lo que puede desencadenar problemas en los vehículos, en los picos inyectores y las bombas inyectoras, lo que a la vez genera un sobrecosto para el transportista. “La capacitación es primordial”, dijo, sobre todo para quienes operan las bocas de expendio y los mecánicos.

De acuerdo con los datos consignados en el reporte de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP), en el primer semestre del año se presentó un incremento de más del 184 % de manera interanual en la exportación del carburante, llegando a los USD 17,6 millones. En todo el 2025, los envíos del derivado alcanzaron USD 34,4 millones.

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La Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) fue uno de los sectores que mantuvo el servicio de transporte público este fin de semana, afirmando que no se podía perjudicar a la ciudadanía para presionar al Gobierno.

Freddy González, vocero del gremio, señaló que desde este sector se entiende la coyuntura mundial y el problema bélico que lleva el aumento del precio del combustible, pero que también acompaña el esfuerzo del Gobierno para tratar de dar una solución a esta situación.

“Entendemos y sabemos que el combustible representa el componente principal de la estructura de costo del servicio (entre un 35 y un 40 % del costo del servicio representa el combustible). Desde Fetram entendemos la problemática y la postura con relación a esta situación siempre ha sido de alguna manera de respaldo tanto a la ciudadanía como al Gobierno”, señaló en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Explicó que “en principio estuvimos en contra de hacer el reclamo al Gobierno, entendiendo que había que resguardar las finanzas como para poder seguir sosteniendo el servicio; hemos acompañado el reclamo y las decisiones al Gobierno como para poder poner en orden y tener cierta previsibilidad para seguir con el servicio y prestar el servicio a la ciudadanía y evitar cualquier tipo de interrupción”.

Agregó que en ningún momento acompañaron el paro realizado por parte de los gremios Cetrapam y Ucetrama que se realizó este fin de semana y fue levantado tras llegar a un acuerdo con el Gobierno.

“Nunca estuvimos de acuerdo con irnos al paro; desde Fetram siempre hemos tratado de evitar tomar medidas que afecten en este caso al derecho de movilidad de la ciudadanía en general, nunca estuvo en discusión por parte de Fetram, nunca fue la intención de ir a paro y perjudicar a los usuarios”, indicó el gremialista.

Mientras tanto, señaló que se debió prever la situación y garantizar la previsibilidad en el flujo financiero a través del subsidio y la compensación. “Habíamos solicitado la oxigenación de las finanzas para poder seguir adquiriendo el combustible para el servicio del transporte público; lo que no estábamos de acuerdo desde un principio es con el cálculo de estas compensaciones, si bien se había planteado el cobro del subsidio o adelantar el subsidio de febrero del 2026 y dejar en estudio las compensaciones”, explicó.

Sin embargo, el Gobierno planteó solamente pagar las compensaciones y no lo correspondiente al subsidio correspondiente al mes de febrero. “De alguna manera entendíamos nosotros que esos precios no van acordes con la realidad; ese fue el punto de quiebre. Obviamente, los gremios de Cetrapam y Ucetrama no aceptaron esa condición. Desde Fetram entendimos el esfuerzo realizado por el Gobierno, e implicaba sí una oxigenación que nos permitía de alguna manera seguir operando en el sistema”, sentenció.

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Luego de una extensa reunión se llegó a un acuerdo entre las partes y se levantó la medida, que se extendió durante dos días para sufrimiento de la ciudadanía.

Después de más de dos horas de diálogo entre representan­tes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio­nes (MOPC), ayer autorida­des de Petropar y empresa­rios del transporte público finalmente anunciaron que se levanta la medida de fuerza.

“Tendremos colec­tivos desde mañana (por hoy). Están dados los térmi­nos de acuerdo con el sector del transporte, el combustible está garantizado y mañana con total normalidad vamos a restablecer el servicio de transporte público”, comentó la ministra del MOPC, Clau­dia Centurión, durante una conferencia de prensa.

La misma remarcó que era de interés del Gobierno poder lle­gar a un punto en el cual todos los sectores se vieran benefi­ciados, atendiendo a que una de las prioridades nacionales es precautelar y velar por el bienestar de los ciudadanos.

“Quiero enfatizar algo que es muy importante: el Estado paraguayo está al día con sus obligaciones con el sector de transporte; hemos pagado el mes de enero y el mes de febrero; también ya hemos acordado en esta negocia­ción fecha para el pago del mes de marzo, que será la primera semana del mes de abril. Esto es en función de un calendario y da total pre­visibilidad”, mencionó Cen­turión.

Igualmente, explicó que el pago de las compensa­ciones, otro compromiso con los transportistas, está pre­visto que se efectivice hoy directo a la cuenta de cada empresa, asegurando que el tratamiento de este pago se había dado en el trans­curso de la semana pasada.

Por otro lado, la ministra del MOPC exteriorizó que se cuenta con el apoyo total de Petropar para que la pro­visión de combustible esté garantizada, atendiendo el escenario internacional que se está viviendo por los conflictos en Medio Oriente, que afectan a la provisión de petróleo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, fustigó la medida adoptada por el sector transportista, que dejó sin servicio durante dos días a los usuarios. El congresista pidió a los empresarios dejar de castigar a la ciudadanía.

“Dejar a la gente sin transporte no es la manera de solucio­nar los conflictos”, cuestionó el parlamentario a través de una publicación en X. Lamentó que una vez más la ciudadanía haya sufriendo las consecuencias de un paro de transporte.

“No más huelgas de transporte, el bienestar de las familias paraguayas debe ser el fin de todas nuestras acciones, dejen de usarlas como rehenes para sus objetivos”, cuestionó en alusión a la medida adoptada por el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam).

A pesar del acuerdo al que llegó el Gobierno con un sector de transportistas, el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), el diputado Alejandro Aguilera sostiene que ya no se debe tolerar este tipo de chantaje. El legislador lamentó que esta presión, iniciada ayer sábado tuvo como consecuencia la falta de un servicio básico para la ciudadanía.

“Valoro que el Gobierno haya acordado con los transportistas para levantar la medida y normalizar el servicio, ya que la ciudadanía tampoco podía seguir soportando las consecuencias de las reguladas. Pero lo que ocurrió este fin de semana no puede pasar como si nada, miles de paraguayos fueron perjudicados, tuvieron dificultades para ir a trabajar, estudiar, cumplir con sus actividades diarias y eso no puede volver a pasar”, expresó en nota para La Nación/Nación Media.

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Para el diputado, “el Estado no puede mostrarse débil a este tipo de presiones, estamos hablando de un servicio esencial, donde además existen subsidios públicos, lo que implica que estos transportistas no pueden estar sometiéndole a la población a estos chantajes”.

En este sentido, Aguilera sostiene que se debe aplicar medidas administrativas a sectores que pretendan chantajear al Gobierno. “Así como se alcanzó el acuerdo también es fundamental que el Gobierno actúe con firmeza, que establezca controles a sus itinerarios si cumplen o no cumplen y también, si vuelven a hacer esto yo creo que hay que abrirles un sumario administrativo a estas empresas y que inclusive sean pasibles de que se les quite su itinerario”, afirmó.

Finalmente, el diputado ratificó que estos sectores ya “no pueden estar sometiéndonos eternamente a un chantaje más todavía cuando se trata de un servicio público tan importante”.

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