Óscar Llamosas, ministro de Hacienda, señaló en conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo requiere de un nuevo préstamo de US$ 365 millones para dar continuidad a programas relacionados a la salud y sectores sociales afectados por el COVID-19.

El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia que se había lanzado el año pasado en el inicio de la pandemia y que había obtenido recursos por US$ 1.6000 millones.

“El presidente de la República ha firmado la ley por la cual se amplía la vigencia de varios artículos de la Ley de Emergencia relacionados a la vigencia de la emergencia sanitaria hasta el mes de diciembre de este año, así como la autorización a las entidades de la salud pública a continuar realizando procesos abreviados tanto para la contratación de bienes y servicios como así también personal sanitario”, sostuvo.

Agregó que lo aprobado en la referida ley está contenida en la propuesta remitida al Congreso Nacional en fecha 21 de junio mediante el proyecto de ley que establece medidas transitorias de consolidación económica y contención social para mitigar el impacto de la pandemia, solicitando el tratamiento de este con urgencia.

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“Nos llama la atención las declaraciones de algunos parlamentarios durante el tratamiento promulgado el día de hoy, en el que se hacía referencia al olvido del Poder Ejecutivo de realizar dicha solicitud de extensión de la Ley de Emergencia Sanitaria, como así también de otras disposiciones mencionadas”, refirió.

“Este proyecto permitirá dar continuidad a las medidas de contención social y consolidación económica llevadas adelante por el Gobierno durante la pandemia, dirigidas a trabajadores formales, por cuentapropistas y empresas afectadas”, destacó.

Llamosas aclaró que el presidente ya firmó la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria que será publicada en la gaceta oficial en breve.

“Se tiene previsto destinar a este fin unos US$ 365 millones que van a ser destinados por un lado a los recursos financieros para el Ministerio de Salud, como para algunos programas sociales. Así también, contempla la ayuda a trabajadores formales e informales, al igual que las empresas. En ese sentido, se tiene previsto destinar unos US$ 45 millones al IPS para seguir asistiendo a los trabajadores formales. Se destinan unos US$ 25 millones que van a ser utilizados como garantía para la herramienta del Fogapy, a modo de garantizar préstamos del sector de las mipymes”.

Además, se tiene planificado subsidiar el consumo de la energía eléctrica a los sectores de las áreas de gastronomía, restaurantes, eventos y bares, entre otros. “Serían unos US$ 8 millones para el subsidio del 50% del consumo por seis meses y otro 50% se va a pagar de manera diferencia o postergada”.

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