La diputada Cristina Villalba aseguró que el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto aconseja la aprobación con algunas modificaciones. Aclaró que se mantuvieron los G. 163,3 billones planteados por el Ejecutivo, aunque incorporó reasignaciones para sectores prioritarios.

Entre las propuestas, mencionó un reajuste de G. 500.000 por vínculo para profesionales de la salud pública. Anunció además, que el estudio en particular del PGN 2027 en la Cámara de Diputados está previsto para el 9 de noviembre.

Al término de la sesión de la fecha, la diputada Villalba, quien preside la Bicameral de Presupuesto, explicó que la recomendación es aprobar en general el presupuesto que se mantiene con el monto global que envió el Ejecutivo, incluida la adenda. No obstante, señaló que el dictamen plantea algunas modificaciones en el proyecto de ley ya que se plantean reasignaciones, en las que se han priorizado a los funcionarios de blanco de las diferentes especialidades.

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“Es una es una reasignación de un monto de 500.000 guaraníes. No sé si esto va a satisfacer, pero es a la vez, un gesto de parte de la Bicameral y esto abre una posibilidad de seguir conversando, seguir trabajando todos juntos y por supuesto, es la valoración a todos los profesionales que engloba Salud Pública. Estamos hablando de un número variado de profesionales de diferentes diferentes hospitales”, explicó.

Mencionó que una de las propuesta que se plantea modificar para el presupuesto de Salud Pública es el aumento salarial de G. 500.000 a partir del mes de julio para 28.691 vínculos, en los que están incluidos bioquímicos, odontólogos, trabajadores rurales, sociales; todos aquellos trabajadores que no fueron incluidos dentro de la adenda.

Señaló además, que la lista de las instituciones que también contempla modificaciones en sus presupuestos incluyen al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), Defensoría Pública y la Diben, que recibirá una inyección presupuestaria de G. 10.000 millones por su gran labor misional que viene realizando. La lista incluye también a Senadis y las universidades públicas, así como el Ministerio de Educación con lo que se apunta a reactivar el programa de educación indígena, mediante una inyección presupuestaria de G. 5.000 millones.

“La reasignación presupuestaria para todas las universidades públicas, incluyendo el Hospital de Clínicas, es para cubrir el crecimiento vegetativo e inversiones. En este plan presupuestario a universidades incluye la Universidad Politécnica Paraguay - Taiwán; ya que al inicio los estudiantes viajaban hasta Taiwán para estudiar, pero desde el año que viene ya comenzarán a desarrollar su plan curricular acá en el país en su sede propia en Asunción y el presupuesto es para la designación de docentes”, comentó.

Finalmente, la diputada Villalba confirmó que ya se fijó la sesión de la Cámara de Diputados para el 9 de noviembre, para las 14:00 para el estudio en particular; posterior a eso ya iría a la Cámara de Senadores.

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Los integrantes de la Asociación de Rematadores del Paraguay se manifestaron frente a la sede del Palacio de Justicia de Asunción para solicitar el rechazo de la decisión de la máxima instancia judicial, la cual pretende liberar las matrículas y ampliar la cantidad de rematadores en la capital y otras circunscripciones judiciales del país.

El titular del gremio, Atilio Estigarribia, señaló que buscan dignificar la profesión y aclaró que no se oponen a los concursos, siempre y cuando se utilicen las matrículas vacantes por fallecimiento o renuncia, sin habilitar nuevos cupos. El representante sostuvo que existe un bajo porcentaje de remates judiciales y que la mayoría de los procedimientos se suspende, lo que afecta directamente los ingresos de los profesionales.

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“No estamos ajenos a que se haga un examen, pero que sea como el de los escribanos: con cupos limitados, basados en los fallecidos y en los que renunciaron”, manifestó Estigarribia.

Además, agregó que, de los 120 rematadores matriculados, entre el 50 % y el 60 % no tiene trabajo, una situación que, según advirtió, podría agravarse con la nueva acordada de la Corte Suprema de Justicia. En una nota presentada recientemente, la asociación solicitó revisar la normativa que regula el acceso a la matrícula de rematador público. El gremio cuestiona que se pretenda ampliar la cantidad de profesionales sin un análisis técnico previo sobre el volumen de remates judiciales realizados de manera mensual, trimestral, semestral o anual.

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La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) detectó que más de la mitad de los 138.256 títulos de grado registrados entre 2023 y octubre de 2026 correspondían a carreras sin acreditación vigente. Ante esta situación, su presidente, el Dr. José Fernando Duarte Penayo, firmó la Nota N.º 871/2026, remitida al Ministerio Público, para solicitar que se analice la pertinencia de iniciar una investigación, con prioridad en las ofertas del área de la salud.

Basado en el informe técnico de la Aneaes que analiza 138.256 títulos de grado registrados entre enero de 2023 y octubre de 2026, el documento identifica titulaciones vinculadas a carreras sin acreditación vigente, con especial atención a las ofertas de acreditación obligatoria por ley y del área de la salud.

En el mismo documento se solicita al Ministerio Público analizar la pertinencia de iniciar una investigación sobre las titulaciones vinculadas a carreras sin acreditación vigente, priorizando las ofertas del área de la salud y aquellas cuya acreditación es obligatoria conforme a la Ley N.º 2072/2003.

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De acuerdo a ese informe, existe evidencia de un patrón de evasión de los controles de calidad por parte de un conjunto de instituciones: carreras de acreditación obligatoria que no se presentan a las convocatorias de la Agencia durante años, que siguen titulando con acreditación vencida o denegada, o que titulan desde ofertas que figuran como inactivas en el catastro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

De acuerdo al análisis de la Aneaes, comprende 138.256 títulos de grado registrados ante el MEC durante el período estudiado. De ese total, 71.093 títulos (51,4 %) corresponden a carreras que no contaban con acreditación vigente a la fecha de su registro. Asimismo, 48.059 títulos (34,8 % del total) provienen de carreras que nunca se presentaron a un proceso de evaluación ante la Agencia.

Otro dato relevante es que 28.321 títulos (20,5 % del total) corresponden a carreras sin acreditación vigente que tampoco se inscribieron a las convocatorias de evaluación de 2025 y 2026.

En cuanto a las carreras cuya acreditación es taxativamente obligatoria por ley —entre ellas Medicina, Derecho, Odontología, Arquitectura, Ingeniería Agronómica y las ingenierías—, se registraron 17.647 títulos sin acreditación vigente. De estos, 6.175 corresponden a carreras que nunca se presentaron a evaluación, mientras que 7.858 provienen de carreras que tampoco se inscribieron a las convocatorias 2025 y 2026.

En el área de la salud, el informe contabiliza 14.901 títulos sin acreditación vigente, de los cuales 5.075 corresponden a carreras que nunca se sometieron a evaluación ante la Aneaes.

El documento también examina la situación de Medicina. Entre 2023 y octubre de 2026 se registraron 21.689 títulos de esta carrera, de los cuales 5.314 estaban vinculados a ofertas sin acreditación vigente a la fecha del título.

A partir de los datos recopilados y de los antecedentes documentados, la Aneaes solicitó al Ministerio Público analizar el inicio de una investigación y verificar la autenticidad y consistencia de los títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas vinculados a ofertas que presenten situaciones que requieran esclarecimiento.

Asimismo, planteó la necesidad de requerir información al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), particularmente sobre habilitaciones, registros de títulos y eventuales medidas adoptadas respecto de las ofertas involucradas.

La Aneaes aclara que los datos presentados describen la situación de las carreras y no implican, por sí solos, que todos los títulos vinculados a ofertas sin acreditación vigente sean irregulares ni atribuyen responsabilidad a personas o instituciones.

La acreditación constituye un mecanismo de evaluación de la calidad de la educación superior y se otorga por carrera y por sede o filial. La verificación de la autenticidad documental, del cumplimiento de las prácticas formativas y de la regularidad del registro de títulos corresponde a las instancias competentes, en el marco de sus respectivas atribuciones.

Con esta presentación, la Agencia pone a disposición del Ministerio Público su equipo técnico y sus bases de datos para colaborar en el análisis de la información y en las verificaciones que se consideren pertinentes, en el marco de la cooperación interinstitucional y del fortalecimiento de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Paraguay.

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El derrumbe de un domicilio particular, ubicado en las calles Herrera y República Francesa, barrio Ciudad Nueva de Asunción, dejó un fallecido y una víctima seriamente lesionada. El accidente laboral se produjo este domingo, alrededor de las 16:30.

Según el informe policial de la Comisaría 3.ª de Asunción, en el lugar se encontraban tres personas, quienes serían presumiblemente militares. Los obreros estaban trabajando en la demolición de la vivienda cuando se desplomó el techo del piso superior, según informe policial.

Dos hombres fueron asistidos rápidamente con vida y el tercero murió aplastado por los escombros. Los bomberos realizaron un arduo trabajo para recuperar el cuerpo sin vida del infortunado.

El fallecido fue identificado como Lisandro Junior Daspett Sanabria (22), quien sería oficial del Regimiento Escolta Presidencial. El cuerpo fue derivado a la morgue judicial.

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“Penosamente, hubo un mal cálculo probablemente y no tuvieron en cuenta que la estructura podía colapsar, y ahora estamos despidiendo a una persona joven”, dijo el oficial interviniente.

Fue rescatado con vida Alipio Duarte Fretes y derivado al hospital por presentar serias lesiones. El contratista fue identificado como Edgar Dejesús Carrasco González.

“Estaban haciendo trabajos de demolición, no había mobiliarios. La parte superior es la que se desplomó. La primera persona salió ilesa y fue evaluada por personal paramédico de la Cruz Roja”, agregó un bombero.

Asimismo, afirmó que los trabajadores “no contaban con ningún tipo de protección, solamente contaban con herramientas manuales como mazos, picos”.

Funcionarios de la comuna capitalina también tomaron intervención en el edificio para verificar si el plano estaba aprobado. “Vamos a verificar si cuentan con el permiso correspondiente para la demolición”, indicó a los medios Hernán Insfrán, funcionario de la Dirección de Fiscalización de Obras.

Añadió que “llama la atención” que este tipo de trabajo se haya hecho un día no laboral.

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