La ciberseguridad y su importancia ante la pandemia del COVID-19
Compartir en redes
Con la aparición de la pandemia del COVID-19, el año 2020 trajo consigo varias transformaciones, especialmente en las empresas. El encierro de las cuarentenas, establecidas en todos los países para tratar de controlar la propagación del virus, obligó a las compañías a aplicar cambios forzados para adecuarse al momento y poder seguir operando.
El teletrabajo o home office se convirtió rápidamente en tendencia y, pese a las serias dificultades experimentadas al inicio de la aplicación del trabajo a distancia, esta práctica fue replicada de manera masiva. Si bien el trabajo online facilitó la adecuación al “tiempo de pandemia” y ayudó a las empresas a seguir facturando, no se puede dejar de reconocer que también hizo más vulnerable a las compañías ante las amenazas cibernéticas.
Con el aumento del teletrabajo también fueron incrementándose los ciberataques. El acceso de los empleados al sistema de su empresa a través de dispositivos no gestionados por la red empresarial o corporativa motivó una mayor cantidad de incidencias y amenazas, que ponen en peligro los datos y las operaciones de las empresas y del usuario.
Solo en el 2020, el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic) recibió reportes de 2.101 incidentes cibernéticos. Asimismo, atendió 1.358 incidentes y realizó 6.598 investigaciones. La mayor parte de las investigaciones hechas fue sobre sistemas o equipos comprometidos, tales como desfiguraciones de sitio web (defacement), servidores comprometidos que alojan códigos maliciosos, phishing, u otro tipo de artefactos maliciosos.
¿De qué se trata la ciberseguridad?
La ciberseguridad es protección de sistemas, información, datos, software y hardware conectados a internet. Foto: Gentileza.
Si bien la palabra ciberseguridad genera un fácil relacionamiento con la parte informática, hasta el momento este término es desconocido por muchos. Es por eso ideal explicar de qué se trata y cómo beneficia. Al hablar de ciberseguridad se habla de protección de sistemas, información, datos, software y hardware conectados a internet.
De allí es que, con la inclusión de la tecnología, la pandemia y la aplicación del teletrabajo; la importancia y necesidad de la ciberseguridad fueron ganando realce y convirtiéndose actualmente en una prioridad para las empresas y personas. En ese sentido, el servicio de asesoramiento y la inclusión de tecnologías se volvieron parte de la estrategia para poder combatir las ciberamenazas.
¿Cómo acceder a un servicio de ciberseguridad?
Como es de público conocimiento, la inclusión de la tecnología en los procesos motivó el desarrollo del mercado cibernético. Los equipamientos y la prestación de servicios relacionados al mundo tecnológico son parte de un mercado que va en desarrollo a nivel mundial y Paraguay no es la excepción.
Ya son varias las empresas o compañías que incursionan en este segmento. Una de ellas es la firma Tigo, que actualmente ofrece un portafolio completo de soluciones y servicios integrales de seguridad de la información, que van desde el diagnóstico y remediación, hasta la operación y el mantenimiento, facilitando medidas preventivas y proactivas contra ataques cibernéticos.
Tigo ofrece un portafolio completo de soluciones y servicios integrales de seguridad de la información. Foto: Gentileza.
Entre las soluciones y servicios ofrecidos por Tigo Business, cuentan con firewalls, antivirus, DLP (Prevención de pérdida de datos), Anti-Spam, protección contra ataques DDoS, seguridad de dispositivos móviles, gestión de contraseñas, e IPS (Sistema de prevención de intrusos).
Asimismo, IDS (Sistema de detección de intrusos), WAF (Firewall de aplicación web), SIEM (Gestión de eventos y seguridad de la información), ethical hacking, análisis de vulnerabilidades y otros diagnósticos de seguridad, entre otros.
Víctor Franco, director de Tigo Business. Foto: Gentileza.
“Los servicios de ciberseguridad ofrecidos por Tigo Business apuntan a acompañar a sus clientes en el proceso de robustecer su seguridad interna”, explicó Víctor Franco, director de Tigo Business.
Además del servicio relacionado a la consultoría, la compañía también ofrece productos de seguridad que ayudan a mitigar los ataques cibernéticos y proteger la infraestructura y los datos de las empresas o personas (los clientes).
“Para ayudar a las empresas a proteger su infraestructura e información, en Tigo Business creamos un área especializada en ciberseguridad, para así brindar una protección completa, evitar y gestionar un ataque cibernético”, afirmó el director de Tigo Business.
“Para ello, a través del respaldo de Millicom, casa matriz de Tigo, realizamos esfuerzos e inversiones para fortalecer nuestro portafolio de soluciones a nivel regional, como la empresa Widefense, líder en soluciones de seguridad informática, con más de 30 años de experiencia en ciberseguridad, así como un equipo de ingenieros con múltiples certificaciones en seguridad informática”, agregó.
Manuel Medina, CEO de Datum Cortex, lidera una iniciativa sin fines de lucro para proteger, estandarizar y conectar datos críticos del Estado y las empresas. Su objetivo es garantizar que la información perdure, sea confiable y pueda impulsar la transformación digital.
El desarrollo de un país también depende de aquello que no se ve. Detrás de cada jubilación, propiedad, operación comercial, expediente médico o registro público existe información que permite acreditar derechos, tomar decisiones y sostener el funcionamiento de las instituciones.
Cuando esos datos desaparecen, quedan atrapados en sistemas obsoletos o resultan inaccesibles, el problema deja de ser tecnológico y se convierte en una cuestión económica, jurídica y social.
Sobre ese desafío trabaja la Fundación Datum Cortex, una organización sin fines de lucro con sede en Asunción que busca convertirse en una infraestructura de confianza para los datos del Paraguay.
Su propuesta abarca la preservación digital de largo plazo, la estandarización de bases de datos, el análisis de grandes volúmenes de información, la orientación frente al cibercrimen y la educación en seguridad digital.
Manuel Medina, CEO de Datum Cortex. Foto: Ralphie Zotti
Al frente de la iniciativa está Manuel Medina, quien lleva más de dos décadas trabajando en el ámbito tecnológico y asegura que el problema no es nuevo. Lo que cambió es la dimensión que adquirió en una sociedad cada vez más dependiente de los sistemas digitales.
“Yo hago esto desde el 2003”, recordó al explicar el recorrido que desembocó en la creación de la fundación. Su experiencia le permitió observar una vulnerabilidad que suele pasar inadvertida hasta que se produce una falla: la información puede estar guardada y, aun así, perderse.
El origen. Paraguay vive conectado. Según la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2025 del INE, el 85,4 % de la población de 10 años o más usó internet, unos 4,4 millones de personas; en 2017, la proporción era del 61,9 %. El 96,9 % se conecta desde el celular y el 99,3 % de los hogares tiene acceso a alguna tecnología de información y comunicación.
La infraestructura creció al mismo ritmo. Entre 2019 y 2024, la capacidad internacional de internet contratada pasó de 195 a 1.927,68 Gbps (un 888 % más), las conexiones de internet fijo de 412.186 a 926.257 y la velocidad media contratada de 30 a 177 Mbps, según Conatel.
Cada uso de internet genera datos. El 42,1 % de quienes usan internet lo hace para servicios de salud, el 41,0 % para transacciones bancarias, el 27,3 % para servicios del Gobierno y el 23,7 % para educación.
Esa información queda en sistemas que alguien debe custodiar. En mayo de 2025, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) informó sobre ataques a 18 instituciones públicas, presentó la denuncia penal y aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028 para fortalecer la protección de la infraestructura crítica del país.
Manuel, quien trabaja en gestión de datos y preservación digital, vio en ese escenario la pregunta que da origen a la fundación: ¿quién garantiza que la información de un país permanezca disponible, íntegra y protegida hacia el futuro? Datum Cortex es esa respuesta, en articulación con las instituciones del Estado. No es un archivo del pasado, sino la infraestructura de confianza que da continuidad a la información del país, con proyección regional.
La experiencia dejó una lección que hoy atraviesa la propuesta de Datum Cortex y que consiste en hacer entender que digitalizar información -documentos, cintas y otros soportes- no garantiza, por sí solo, su conservación a largo plazo. Los programas cambian, los soportes quedan obsoletos y los sistemas que hoy parecen confiables pueden dejar de funcionar. Si no existe una estrategia de preservación, información fundamental puede volverse ilegible o desaparecer.
El problema también alcanza a las instituciones públicas y a las empresas. Contratos, antecedentes comerciales, registros contables y documentos que respaldan operaciones pueden resultar indispensables años después de haber sido generados. La pérdida de esa evidencia puede complicar auditorías, reclamos y decisiones de negocio.
Para Manuel, la continuidad de la información debe pensarse como parte de la infraestructura del país. No basta con almacenar datos, es necesario proteger su integridad y procurar que sigan disponibles, incluso cuando la tecnología original haya quedado atrás.
La fundación trabaja en cinco frentes. El primero es la preservación digital a largo plazo, orientada a conservar información crítica de manera íntegra e independiente de las plataformas que la originaron. El segundo es la gestión y estandarización de datos, un paso necesario para que registros de distintas instituciones puedan interpretarse y relacionarse mediante criterios comunes.
La tercera línea incorpora big data y machine learning, herramientas que permiten analizar información organizada para identificar patrones y generar conocimiento útil. En ámbitos como la salud, la educación o la seguridad, ese potencial podría contribuir a decisiones mejor fundamentadas, siempre que los datos sean confiables y su utilización respete las normas aplicables.
El cuarto frente apunta a la ciberseguridad ciudadana, mediante orientación a personas y pequeñas empresas afectadas por delitos digitales. El quinto se concentra en la educación: programas en colegios sobre privacidad, activos digitales y prevención del delito en entornos virtuales.
La lógica que conecta estas áreas es preservar la información, ordenarla y habilitar usos que aporten valor. Sin embargo, Manuel establece una distinción importante sobre el papel de la organización. “La fundación no se encarga de la gobernanza de los datos”, aclaró. Su función no es decidir cómo debe administrar cada institución su información, sino trabajar para conservarla y facilitar su disponibilidad cuando las condiciones legales lo permitan.
Ese enfoque abre una posibilidad de largo alcance. Una base de datos estandarizada podría facilitar el desarrollo de nuevos servicios y emprendimientos que utilicen información pública para resolver necesidades concretas. La fundación no busca obtener ganancias de esa infraestructura, sino crear condiciones para que otros actores puedan aprovecharla de forma legítima.
Ponerle número a cada casa. Entre los proyectos más ambiciosos que mencionó el CEO aparece una iniciativa con potencial para transformar la logística cotidiana. Esto es asignar un número identificable a cada vivienda del Paraguay. La propuesta apunta a mejorar la precisión de las direcciones y facilitar la localización de domicilios.
En un contexto en el que crecen el comercio electrónico y los servicios de entrega, contar con referencias claras puede reducir dificultades para empresas de logística, comercios, servicios de emergencia y ciudadanos. Una infraestructura de direcciones estandarizadas también podría ser aprovechada por plataformas de mapas y otros servicios digitales, siempre mediante acuerdos y mecanismos de acceso adecuados.
El desafío, sin embargo, no se resuelve únicamente con una numeración. Requiere información consistente, criterios compartidos y coordinación entre las instituciones que producen y administran los registros. Allí es donde Datum Cortex pretende aportar su experiencia.
La fundación también busca avanzar en convenios con organismos públicos y otras entidades que necesitan ordenar, preservar o conectar sus datos. Al respecto, Manuel señaló que la organización mantiene conversaciones y acuerdos en preparación, aunque su concreción dependerá de las condiciones institucionales, técnicas y financieras de cada proyecto.
La cooperación es central para una organización que aspira a trabajar con información proveniente de distintas áreas del Estado y del sector privado. La fundación plantea un modelo basado en convenios institucionales, servicios especializados, alianzas y patrocinios, con la intención de sostener sus actividades sin depender exclusivamente de recursos públicos.
El objetivo es preservar autonomía para desarrollar proyectos de largo plazo, sin excluir la cooperación con instituciones públicas. En una iniciativa que necesita acceso a información, acuerdos jurídicos y coordinación entre organismos, construir confianza será tan importante como disponer de tecnología.
Actualmente, la fundación se encuentra en proceso de implementación con miras a la certificación conforme a las normas ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad) e ISO/IEC 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información). Para ello, se ha conformado un equipo técnico multidisciplinario, con responsabilidades y funciones específicamente definidas, encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos normativos.
Se prevé ampliar la dotación el próximo año, en función de las necesidades de los proyectos y de la incorporación de nuevas iniciativas. Su modelo de trabajo distribuye responsabilidades entre perfiles técnicos, administrativos y comerciales, con equipos que pueden asumir varios proyectos y sumar especialistas cuando sea necesario.
Tecnología, regulación y responsabilidad. La expansión digital también abre preguntas que exceden la capacidad técnica. Sobre este punto, el especialista advirtió que el avance de la superinteligencia, la automatización y los sistemas conectados plantea desafíos para los que Paraguay necesita fortalecer sus marcos regulatorios y sus mecanismos de protección.
“No hay seguridad jurídica para los datos”, sostuvo al referirse a los vacíos que, desde su perspectiva, deben abordarse ante nuevos riesgos tecnológicos. La preocupación abarca la responsabilidad cuando una herramienta automatizada provoca daños, la protección de la información personal y la seguridad de niños y adolescentes en internet.
Para la fundación, la educación es una parte esencial de esa respuesta. Los programas previstos para colegios buscan que los estudiantes comprendan el valor de sus datos, reconozcan riesgos y desarrollen hábitos de prevención. La ciberseguridad, desde esta perspectiva, no puede quedar reservada a los especialistas, necesita involucrar a familias, instituciones y empresas.
De Paraguay a la región. La visión de Datum Cortex no termina en las fronteras nacionales. La fundación aspira a convertirse en una referencia para la conexión de datos públicos en Paraguay y, a futuro, extender su modelo a Bolivia, Uruguay y Argentina.
En el corto plazo, el desafío será convertir la propuesta en acuerdos, proyectos operativos y resultados verificables. A largo plazo, la ambición es contribuir a una infraestructura en la que los datos públicos y privados puedan preservarse y utilizarse de manera confiable, sin quedar a merced de la obsolescencia tecnológica.
La intervención busca reducir la vulnerabilidad de las familias asentadas en la zona inundable de Bella Vista, en Luque; los trabajos incluyen obras de canalización, protección de márgenes y mitigación de los efectos de las crecidas. Foto: Gentileza
Diputados destacan inicio de obras de protección del arroyo Paso Carreta en Luque
Compartir en redes
Los diputados colorado centralinos Pedro Ortiz y Diego Candia celebraron el inicio de las obras de protección de márgenes del arroyo Paso Carreta, en la zona inundable del barrio Bella Vista, de la ciudad de Luque, acompañando la puesta en marcha de un proyecto largamente esperado por los pobladores.
Ambos legisladores resaltaron la importancia de esta intervención, que después de 9 años de espera comienza a concretarse como respuesta a una histórica reivindicación de los vecinos, quienes durante años han soportado las consecuencias de las recurrentes inundaciones que afectan al sector.
En ese contexto, el legislador Ortiz significó que el inicio de los trabajos representa un avance trascendental para la comunidad luqueña, atendiendo que permitirá encaminar soluciones concretas a una problemática que compromete la seguridad y la calidad de vida de numerosas familias.
Los diputados colorados Pedro Ortiz y Diego Candia destacaron el inicio de una intervención reclamada durante años por los vecinos. Foto: Gentileza
Explicó que el proyecto cuenta con financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN), a través del Gobierno Nacional, y contempla obras de canalización, protección de márgenes y mitigación de los efectos de las crecidas, con el propósito de reducir la vulnerabilidad de las familias asentadas en las zonas de riesgo.
Asimismo, se informó que el emprendimiento prevé la incorporación de nuevos espacios públicos, plazas, veredas, áreas peatonales y sectores de esparcimiento familiar, además de acciones destinadas a la recuperación ambiental del arroyo y la revalorización de las áreas verdes urbanas.
Desarrollo de la ciudad
Los congresistas también destacaron el impacto positivo que tendrá la ejecución de las obras en el desarrollo de la ciudad, tanto por la generación de fuentes de trabajo como por el fortalecimiento de las actividades comerciales y productivas vinculadas al crecimiento de Luque.
Durante la actividad se puso de relieve la gestión del intendente municipal, Carlos Echeverría,, para impulsar la concreción del proyecto, así como el respaldo del presidente de la República, Santiago Peña, cuyo acompañamiento institucional y presupuestario permite avanzar hacia soluciones de infraestructura largamente reclamadas por la ciudadanía.
Para los diputados, el inicio de los trabajos constituye un paso importante para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del barrio Bella Vista, fortalecer la seguridad de las familias ante las inundaciones y promover un desarrollo urbano más ordenado y sostenible en la ciudad de Luque.
El senador Eduardo Nakayama defendió la creación de una cartera especializada para conocer el potencial minero del país y promover su exploración. Foto: Archivo
Nakayama considera necesario crear un Ministerio de Minas y Energía
Compartir en redes
El senador liberal, Eduardo Nakayama sostuvo que está a favor de crear el Ministerio de Minas y Energía, al que calificó de muy necesario para el Estado para conocer con exactitud qué se tiene bajo suelo. Mencionó que mantuvo reuniones con miembros de la Cámara de Comercio paraguayo-alemana y con los japoneses, quienes están muy interesados en hacer un mapeo completo del potencial minero del país y empezar la explotación.
El legislador explicó durante una entrevista en radio 1020Am, la necesidad de conocer a ciencia cierta qué es lo que hay bajo el suelo del territorio paraguayo.
“He dicho siempre que nosotros necesitamos un Ministerio de Minas y Energía, uno verdadero y no es que a lo de Milei, vamos a sacar los ministerios; hay ministerios que son necesarios y uno de ellos es este. Tenemos que hacer ese mapeo como dijeron los japoneses y alemanes; porque de lo contrario estamos totalmente ciegos, no sabemos qué tenemos bajo el suelo”, explicó.
Dijo además, que sobre la superficie se conocen las riquezas que se tiene, la producción de granos, generación de energía hidroeléctrica; pero se desconoce qué hay bajo el suelo, pero de existir riquezas podría quintuplicar las ganancias que luego se invierta de vuelta en fondos de salud, educación, infraestructura.
Cuestionó que hoy en día, lo que se está haciendo es vender los cuadrantes territoriales, pero a empresas locales, que no cuentan con conocimiento minero y que cuando empresas entendidas extranjeras buscan invertir en el país se encuentran con condiciones impuestas por los que ya son propietarios de esos cuadrantes.
“Ellos no permiten que entren las inversiones, y si es que permiten a aquellos que realmente tienen el conocimiento, exigen el pago de algún tipo de peaje y les deja explotar la minería. ¿A quién le vamos a hacer explotar uranio o tierras raras? No tenemos capacidad", acotó.
Tras el éxito de la primera actividad, esperan una mayor participación de funcionarios para aprender a identificar amenazas digitales y proteger la información institucional. Foto: Archivo
La Corte refuerza la prevención de riesgos digitales e invita a una nueva capacitación
Compartir en redes
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) invita a sus funcionarios a participar de la segunda jornada de capacitación en ciberseguridad, una iniciativa que busca fortalecer la prevención de ataques informáticos y promover el uso seguro de las herramientas digitales dentro de la institución.
La actividad tendrá lugar el jueves 29 de octubre, de 13:00 a 14:30, en el Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos”, en el marco del Mes de la Ciberseguridad, que se conmemora internacionalmente durante octubre.
Luego de la buena respuesta registrada en la primera jornada, se espera una mayor afluencia de participantes en este nuevo encuentro, que abordará cuestiones clave para la protección de los datos y los sistemas informáticos del Poder Judicial.
La segunda jornada de capacitación se realizará el jueves 29 de octubre, de 13:00 a 14:30, en el Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos” de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Gentileza
Herramientas
Durante la capacitación, los asistentes podrán adquirir herramientas para reconocer amenazas cibernéticas, identificar riesgos, manejar adecuadamente información sensible y prevenir incidentes de seguridad. También se hará hincapié en la importancia de resguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos institucionales.
La propuesta forma parte de la campaña integral de concienciación en ciberseguridad dirigida a los funcionarios judiciales y está a cargo de la Dirección de Ciberseguridad y Protección de la Información (DCPI), responsable de impulsar acciones de formación para reducir los riesgos digitales dentro de la institución.
La participación está abierta a los funcionarios interesados. La inscripción se realizará en línea mediante el escaneo de un código QR al inicio del taller.
Las jornadas cuentan con la aprobación del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad informática institucional.