El diputado del Partido Colorado, Hugo Ramírez, cuestionó el planteamiento del sector transportista, que el costo del pasaje debería ser de entre G. 4.000 a 5.000, esto en plena crisis sanitaria y económica por el COVID-19.
Ramírez fue contundente al mencionar que “se congela el precio del combustible, se establece la tarifa técnica, recibieron los subsidios indiscriminadamente y aún así se plantea eso. No es nada personal, pero al menos debemos ofrecer un servicio digno para pensar en esto, más aún considerando el momento en el que estamos atravesando”.
Las declaraciones del parlamentario surgieron tras el anuncio del viceministro del Transporte, Víctor Sánchez, quien mencionó que todavía sigue el análisis de la tarifa técnica a la par de no exponer los componentes de la fórmula, vinculados tanto al precio del pasaje y al monto del subsidio que se proporciona a los empresarios del transporte público del Área Metropolitana.
En la ocasión el funcionario de Estado comentó que a solicitud de los empresarios del transporte se visualizó el valor del servicio conforme a la fórmula parcial y estableciendo la renta de los empresarios en un 18%.
“En marzo, en la tarifa técnica parcial reporta que el valor del servicio convencional es de G. 3.657 y el diferencial G. 4.687; y en abril, el convencional G. 4.052, y el diferencial, G. 5.162″, mencionó.
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Juicio a Prieto: la defensa se opone a la inclusión testifical del titular de la DNCP
La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.
El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.
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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.
Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.
Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.
La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.
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Tía Chela: Miguel Prieto a juicio oral por corrupción con kits de alimentos que ocasionó millonario perjuicio a la comuna de CDE
Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.
Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.
La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.
En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.
Esquema delictivo
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
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Otros casos de Prieto
Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.
Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.
En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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Contrabando de carne de cerdo golpea a productores y presiona los precio
El precio del cerdo recibido por el productor cayó de aproximadamente G. 11.500 a menos de G. 8.000 por kilo desde enero, mientras que el costo de producción se ubica entre G. 7.500 y G. 8.500 por kilo, dijo Roberto Bento, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC). “Eso deja al productor prácticamente sin rentabilidad”, manifestó.
El dirigente señaló que el problema se vuelve más complejo debido a la diferencia de costos con el producto que ingresa desde el vecino país. Según Bento, el precio del cerdo en Brasil se ubica entre G. 5.000 y G. 6.000 por kilo, situación que genera un fuerte incentivo para el sector porcino paraguayo, que atraviesa un escenario de fuerte presión sobre los precios.
Los productores denuncian que el ingreso irregular de carne y animales desde Brasil está generando una competencia difícil de enfrentar para quienes trabajan dentro de la formalidad, según se señaló en el informe semanal de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).
Ingreso irregular
El ingreso irregular de carne y animales. “Con estos valores, la reducción del precio de venta deja un margen cada vez más estrecho para el productor”, sostuvo, al mencionar además los costos de alimentación, personal, transporte, sanidad, impuestos e insumos.
La preocupación también tiene un componente sanitario. El ingreso de animales sin documentación ni identificación dificulta conocer su origen y garantizar la trazabilidad. En este sentido, Bento advirtió: “Al ser de contrabando, esa trazabilidad ya se esfuma a cero”.
Desde el gremio consideran que los decomisos realizados representan apenas una parte del fenómeno y reclaman un mayor control en los puntos de ingreso al país.
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El resurgir de un activo estratégico: el biodiésel cobra un nuevo impulso y promete generar desarrollo
- Por Luis Noguera
El rubro del biodiésel está tomando mayor impulso con la nueva normativa al respecto, en la incorporación del carburante de origen vegetal en el gasoil tipo lll (común). Desde el sector industrial ven como una oportunidad de crecimiento, de reactivación del rubro, aunque los principales consumidores se muestran todavía cautelosos.
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) resolvió adecuar temporalmente el porcentaje de mezcla obligatoria de biodiésel al 7 % hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de brindar más tiempo para que toda la cadena continúe adaptando sus procesos e infraestructura. La resolución establece el retorno al 8 % a partir del 1 de enero de 2027.
“El aumento de la mezcla de biodiésel no solo fortalece nuestra seguridad energética, sino que impulsa la transformación de nuestra producción agrícola en riqueza para los paraguayos”, había manifestado recientemente el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, sobre lo que su gestión está llevando adelante.
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El potencial del sector
Massimiliano Corsi, presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap), conversó con La Nación/Nación Media sobre el nuevo impulso en el sector, considerando la normativa emanada de la cartera de Industria.
“Paraguay cuenta con una capacidad instalada de producción de biodiésel cercana a los 293 millones de litros por año. Esa capacidad permitiría abastecer ampliamente una mezcla nacional del 15 % (B15). Actualmente, el sector opera muy por debajo de su capacidad instalada, por lo que existe un importante potencial de crecimiento para acompañar un aumento gradual de la mezcla obligatoria y atender nuevos mercados”, expresó.
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“El incremento gradual del porcentaje de mezcla podrá mejorar el aprovechamiento de la capacidad instalada generando economías de escala, una mayor eficiencia operativa y una reducción de los costos unitarios de producción del biodiésel, fortaleciendo la competitividad de la industria nacional frente al diésel de origen fósil”, destacó.
Actualmente, son cuatro plantas las que se encuentran operando y produciendo el carburante de origen vegetal, mientras que otras seis aguardan un mercado mayor para una posible reactivación, según dijo el titular del gremio. Esas industrias que están operando activamente significan 500 empleos directos, precisó Corsi.
Con el nuevo régimen se podrá tener mayor previsibilidad, adquirir los insumos en mayor cantidad y de esa manera ganar en competitividad, considerando que actualmente el sector está estancado.
Materia prima y procesamiento
Hoy en día, el principal insumo para la generación de biodiésel es la soja, en ese sentido, Corsi explicó que el proceso deja 80 % de harina, que sirve para alimentar animales, y el restante 20 % corresponde a aceite, este último producto es el que sirve para el carburante. Precisó que actualmente una empresa de origen brasileño es la que procesa integralmente el grano, es decir industrializa la producción en estado natural, hasta llegar al combustible.
Camioneros
Por su parte, Gilberto Maldonado, dirigente del sector transportista, dijo que ellos “apoyan la 100 % la industria nacional”; sin embargo, dejó en claro que desean que la inserción del carburante de origen vegetal se efectúe con los cuidados debidos.
“La mezcla está bien, porque en los laboratorios dan bien los resultados, pero donde no está cerrando es en la cadena de distribución. Los emblemas cuidan los detalles del cuidado especial que tiene el biodiésel, hasta los camiones cisterna. Los camiones cisterna van y bajan en las estaciones de servicios y yo creo que ahí se suelta la cadena de cuidado, porque no están capacitados”, sostuvo.
Explicó que el biodiésel no puede mezclarse con el agua, lo que puede desencadenar problemas en los vehículos, en los picos inyectores y las bombas inyectoras, lo que a la vez genera un sobrecosto para el transportista. “La capacitación es primordial”, dijo, sobre todo para quienes operan las bocas de expendio y los mecánicos.
Creciente exportación
De acuerdo con los datos consignados en el reporte de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP), en el primer semestre del año se presentó un incremento de más del 184 % de manera interanual en la exportación del carburante, llegando a los USD 17,6 millones. En todo el 2025, los envíos del derivado alcanzaron USD 34,4 millones.