El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, señaló que el actual salario mínimo “no se relaciona con el día a día de los compatriotas” y que es necesario modificar el sistema mediante el cual se estima, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias paraguayas.

“Tenemos que cambiar el sistema por el cual se calcula el salario mínimo para que realmente impacte en la vida de las personas y ayude a las familias a cubrir sus necesidades básicas”, indicó Latorre a través de X respecto a la reunión de la mesa directiva de la Cámara Baja, donde también estuvo presente el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

En el encuentro, se abordaron diversas medidas adoptadas para la reducción de los costos de la canasta básica, el plan 2050, el sistema de estimación para el salario mínimo y otros temas de interés ciudadano. Latorre destacó que la conversación con Fernández permitió intercambiar ideas sobre cómo lograr que los ajustes salariales sean más efectivos y estén alineados con la realidad económica de los paraguayos.

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Cabe mencionar que año tras año se ajusta el salario mínimo de acuerdo a la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta el mes de junio, tal como establece el artículo 255 del Código del Trabajo. El último incremento, vigente desde julio de 2025, fijó el salario mínimo mensual en G. 2.899.048.

No obstante, este incremento es considerado insuficiente por sindicatos y trabajadores, quienes argumentan que no refleja el encarecimiento real de la canasta básica, especialmente de los alimentos. Según el representante de los trabajadores en el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), Bernardo Rojas, este ajuste no compensa la pérdida del poder adquisitivo, que estiman asciende a un 24 %.

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Como parte de los trabajos emprendidos por la Mesa de Trabajo sobre la situación de los trabajadores del transporte que se produjo en la Cámara de Diputados, este viernes el equipo técnico del Viceministerio de Transporte expuso los criterios y mecanismos de control que forman parte de la gestión institucional.

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Según expusieron los datos actuales, hoy día 35 empresas cuentan con permiso para operar el servicio de transporte metropolitano, empleando en conjunto a 3.621 trabajadores.

Aclararon que para operar el servicio se deben cumplir los requisitos financieros, laborales y operativos establecidos en la normativa vigente, como :

• el pago de aportes a la seguridad social
• la presentación de nóminas actualizadas de choferes y funcionarios,
• la disponibilidad de dos trabajadores por cada bus operativo
• la acreditación de no poseer restricciones legales que impidan su funcionamiento

“El equipo técnico estuvo conformado por la coordinadora jurídica, Abg. Mónica Gubetich; el director de la Metropolitana de Transporte, Ing. Rolando González; el jefe del Departamento de Análisis y Estudios Técnicos, Fernando Haidar; y el asesor jurídico del VMT, Abg. Renzo Cristaldo”, indicaron.

Agregaron que la reunión concluyó con el compromiso del Viceministerio de Transporte de seguir aportando información técnica y de acompañar los espacios de diálogo que garanticen mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector, en el marco de un sistema de transporte más eficiente y orientado al bienestar de los usuarios.

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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El senador colorado Derlis Maidana se refirió al proyecto de ley que plantea la Reforma del Sistema de Transporte Público, destacando que es una transformación general, no es solo una mejora técnica. Resaltó que es una apuesta decidida por el bienestar del pueblo trabajador.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador que actualmente preside la Comisión de Legislación, señaló que el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno nacional, busca una verdadera transformación del transporte público metropolitano.

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Resaltó que el proyecto de ley constituye una respuesta estructural, moderna y profundamente necesaria ante uno de los reclamos históricos de la ciudadanía. “Esta transformación no es solo una mejora técnica; es una apuesta decidida por el bienestar del pueblo trabajador, por la movilidad sostenible, por un Estado presente y planificador, por un transporte digno, moderno y justo”, resaltó.

Destacó que este plan se sustenta en principios de eficiencia, dignidad y justicia social, con la mirada puesta en un servicio público que verdaderamente esté al servicio de la gente.

“Contempla la renovación total de la flota, con buses modernos, eléctricos y accesibles, adquiridos por el Estado y asignados mediante licitaciones públicas transparentes, dejando atrás el esquema precario de las reguladas”, precisó.

El senador Maidana resaltó que por primera vez se establecerán contratos claros y con trazabilidad, que remuneran a los operadores en función de kilómetros recorridos y pasajeros transportados, generando un incentivo directo a la calidad del servicio.

“El nuevo modelo también prevé concesiones por tiempo limitado, sin renovaciones automáticas, abriendo la puerta a una competencia sana y controlada por el Estado”, indicó.

Otro de los aspectos que contempla la propuesta es que el sistema contará con un fideicomiso de administración que centraliza todos los ingresos del sistema (incluido el billetaje electrónico), brindando transparencia y previsibilidad en el uso de los recursos públicos, así como retribuciones puntuales y auditables a todos los prestadores del servicio.

Indicó que este fideicomiso será administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo, con supervisión estatal.

Mencionó además que a nivel institucional, se reafirma la rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre todo el sistema de transporte terrestre, y se impulsa la creación de un Comité Estratégico de Movilidad Sostenible que coordine políticas de largo plazo junto con otras instituciones clave del Estado.

Asimismo, el senador Maidana señaló como innovación destacada, que se incluye la posibilidad de segmentar las licitaciones en componentes específicos del servicio (flota, operación, infraestructura, servicios técnicos), lo que permite reducir riesgos, fortalecer la planificación estatal y garantizar soberanía sobre los activos estratégicos.

“A su vez, se crea un Consejo Asesor Multisectorial del Transporte Público, con participación de usuarios, trabajadores, universidades, operadores e instituciones públicas, que brindará recomendaciones sobre la estructura tarifaria y los mecanismos de revisión, favoreciendo la participación ciudadana”, destacó.

El legislador resaltó además que este cambio no significará un aumento en las tarifas. Muy por el contrario, “se garantiza la asequibilidad, con criterios de equilibrio y sostenibilidad y con beneficios especiales para grupos sociales establecidos en la ley”, acotó.

Finalmente, sostuvo que la reforma reconoce al transporte público como un servicio esencial, de carácter imprescindible y continuo, y establece que, cuando el interés público lo exija, podrá ser incluso prestado directamente por el Estado.

“Porque el transporte público no es un privilegio, es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Y garantizarlo con planificación, transparencia y visión de futuro es un deber ineludible del Estado”, concluyó.

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El sector supermercadista atraviesa por un proceso de recuperación sostenida tras años especialmente desafiantes desde la pandemia. Desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) celebran el crecimiento del 8 % en la actividad comercial, lo que refleja no solo una mejora en el sector, sino también una contribución concreta a la dinamización de la economía nacional.

A través de un comunicado, la Capasu detalla que todos los supermercados asociados a la cámara generan más de 30.000 empleos directos y decenas de miles de puestos indirectos, impulsando con fuerza toda su cadena de valor.

“Nuestros establecimientos son más que puntos de venta, representan cercanía, higiene, inocuidad, seguridad, calidad, variedad, precios competitivos, innovación y modernidad para millones de consumidores”, indican.

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En ese contexto, mencionan que este 30 de julio, las empresas formales ajustan sus planillas salariales para otorgar a sus trabajadores el aumento del salario mínimo, conforme establece la normativa vigente. Mientras tanto, una gran parte de la población, aquella que se encuentra al margen de la formalidad, seguirá observando desde afuera, sin acceso a los derechos y beneficios que otorga el país formal, pero igualmente será impactada por los efectos de este reajuste.

“Es momento de que Paraguay avance hacia una sola realidad, una donde los derechos laborales sean una norma, y no un privilegio, donde el salario mínimo represente un punto de partida y no un techo, donde todos los ciudadanos puedan construir un futuro con oportunidades reales”, reclaman.

Sostienen que alcanzar ese país posible requiere de voluntad política firme para combatir la informalidad y el contrabando, reducir la burocracia, garantizar condiciones justas para competir, y fortalecer la institucionalidad.

“Desde Capasu, renovamos nuestro compromiso con esta visión, y seguimos trabajando junto a todos los actores que creen en un Paraguay más justo, más inclusivo y más formal”, resaltan.

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También recuerdan que el 80 % de los productos comercializados por sus asociados tiene origen nacional. Esa cifra revela una verdad fundamental, que el sector supermercadista es uno de los principales motores de la producción y la industria local.