La Arpy advierte una vez más que ya no acatarán medidas restrictivas si las autoridades pretenden volver a una cuarentena más estricta. Foto: Christian Meza.
“Ya no vamos a aguantar otro cierre, si toca, que le toque a todos por igual”, dice titular de la Arpy
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El sector de trabajadores gastronómicos formales, cansado de las innumerables medidas restrictivas impuestas por el Gobierno intentando frenar el aumento de contagios del COVID-19, advierte una vez más que ya no las acatarán si pretenden volver a una cuarentena más estricta. Es lo que manifestó el titular de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (Arpy), Oliver Gayet, en contacto con el noticiero central de Unicanal, ante una posible vuelta atrás.
“Ya no vamos a aguantar otro cierre, si toca, que le toque a todos por igual. No vimos que al sector público le haya llegado una reducción de salarios ni de funcionarios”, expresó.
Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (Arpy). Foto: Archivo.
Sector ya sufrió muchas pérdidas
Es así que fue tajante al advertir que de darse nuevas restricciones al estilo de una cuarentena total o similar, el sector gastronómico ya no acatará las medidas sanitarias impuestas, a raíz de las innumerables pérdidas que ya sufrió y sigue enfrentando el sector desde el inicio de la pandemia. Así también, Gayet mencionó el compromiso por parte de los restaurantes formales de que el gremio hará el sacrificio de cumplir con las restricciones, solo si así también lo hace el sector público.
En ese sentido, alegó igualmente que la gastronomía es un rubro sostén dentro de la economía y que no están en condiciones de seguir perdiendo más colaboradores, más aún ahora que volvieron a recontratar a un porcentaje para operar en las calles habilitadas como espacios gastronómicos. “El rubro gastronómico es uno de los más golpeados económicamente en la pandemia. Hemos perdido valiosos colaboradores por no poder sostener salarios, muchos colegas cerraron sus puertas con el impacto que eso tiene en la economía de miles de familias que se vieron sin fuente de ingresos”, recordó.
El titular de la Arpy subrayó que es fácil desde arriba decretar para unos y que no sufran todos, mientras del otro lado hay gente que trabajó desde su casa o no trabajó e igual está cobraron sus sueldos puntualmente; incluso, algunos con millonarios beneficios en plena pandemia, lamentó.
En cuanto a nuevos hechos de incumplimiento sucedidos el fin de semana como aglomeraciones en las calles habilitadas por la Municipalidad de Asunción como espacios para locales gastronómicos, explicó que los hechos no se dieron en los restaurantes que se acogieron y que son miembros de la Arpy, ya que también hay bares que se acogieron.
El diputado Rodrigo Gamarra indicó que, si se confirma que Mario Abdo tiene guardado en islas fiscales dinero vinculado al saqueo durante la pandemia, no solo es corrupción, sino también crimen moral y lesa humanidad. Foto: Archivo
Abdo offshore: CGR y Fiscalía no deben ignorar las denuncias, señalan
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El diputado colorado Rodrigo Gamarra sostuvo que la Justicia paraguaya debe actuar, sin pactos ni silencios tras la grave denuncia periodística realizada por un medio argentino, donde se publicó que el expresidente Mario Abdo Benítez tendría dinero escondido en paraísos fiscales.
A su criterio, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado ante las graves denuncias sobre las presuntas cuentas bancarias del exmandatarioen el paraíso fiscal de Seychelles (África).
En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que de confirmarse el incremento patrimonial familiar y que gran parte de ese dinero fue durante la pandemia no solo se estaría hablando de corrupción, sino de algo más grave como crimen moral y de lesa humanidad.
El hecho resultaría sumamente grave, ya que se confirmaría que Abdo Benítez escondió 21 millones de dólares en cuentas offshore mientras era presidente y después de salir, el país se encuentra ante uno de los escándalos más inmorales de toda nuestra historia.
“Si ese dinero está vinculado al saqueo que sufrimos durante la pandemia, cuando la gente moría sin oxígeno, sin camas y sin medicamentos, lo que nos pasamos gritando y denunciando, entonces no hablamos solo de corrupción, hablamos de crimen moral y de lesa humanidad. No tiene perdón de Dios”, sentenció.
Recordó que durante la pandemia el pueblo gritaba que estaba siendo asaltado en plena tragedia nacional; sumado al silencio y complicidad de algunos medios, el expresidente y su entorno habrían estado transfiriendo millones a las Islas Seychelles. “Hoy, esas denuncias ya no son meras sospechas que deben ser investigadas”, señaló.
Sin pactos ni silencio
Gamarra destacó que también se evidencia que Abdo Benítez usó el poder para perseguir a sus adversarios. Entonces, ahora debe explicar cómo multiplicó aparentemente su patrimonio en paraísos fiscales. “La Justicia debe actuar, sin pactos ni silencios y la Contraloría y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado”, precisó.
Agregó que si este caso no es investigado y la ciudadanía lo deja pasar “estamos diciendo que robarle al pueblo en su momento más doloroso se puede ignorar y salir impune. La Fiscalía debe actuar de oficio y esclarecer lo antes posible este escándalo nacional y mundial”, concluyó.
Trump decidió retirar a Estados Unidos de la OMS, pero el Departamento de Estado precisó que las enmiendas a los reglamentos del año pasado todavía eran vinculantes para el país.Foto: Fabrice Coffrini/AFP
Trump retira a EE. UU. de las reformas de OMS para combatir pandemias
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El gobierno del presidente Donald Trump informó este viernes que Estados Unidos rechaza los cambios acordados en 2024 por los países de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en las medidas para combatir las pandemias por considerar que violan su soberanía.
En cuanto regresó al poder el pasado 20 de enero, Trump decidió retirar a Estados Unidos de este organismo de la ONU, pero el Departamento de Estado precisó que las enmiendas a los reglamentos del año pasado todavía eran vinculantes para el país.
El jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, muy crítico con las vacunas, arremetieron en un comunicado contra los cambios. “Corren el riesgo de una interferencia injustificada” en el “derecho soberano nacional a elaborar nuestra política sanitaria”, dicen.
“Anteponemos a los estadounidenses en todas nuestras acciones y no toleraremos políticas internacionales que infrinjan la libertad de expresión, la privacidad o las libertades personales de los estadounidenses”, añaden.
Rubio y Kennedy desvincularon a Estados Unidos de una serie de enmiendas a los reglamentos sanitarios internacionales que proporcionan un marco legal para combatir enfermedades, acordadas el año pasado en la Asamblea mundial de la salud en Ginebra.
Las enmiendas introducen la noción de “urgencia pandémica” y más “solidaridad y equidad”, según la OMS.
En su oposición a las enmiendas, Rubio y Kennedy también estiman que los cambios “no abordan adecuadamente la susceptibilidad de la OMS a la influencia política y la censura, especialmente de China, durante los brotes”.
Tía Chela, la gran estafa de la administración Prieto para embolsillarse fondos en pandemia
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La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este, está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.
Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña.
Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la Municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.
El pequeño autoservicio Tía Chela que se alzó con una jugosa licitación en la administración de Prieto.
“Recordatorio”, de comisión en anverso de cheque
A la “escenografía”, que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.
Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela S.R.L de Fermín Ávalos, a Danielito S.R.L de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.
Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos, hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela S.R.L.
Contrato adjudicado por vía de la excepción al pequeño autoservice Tía Chela.
Algunos “beneficiarios”, ni siquiera están en el país
El departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero, o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.
Por si fuera poco, en las planillas datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.
Caso Tía Chela fue una compra simulada de mercaderías, según el Ministerio Público. Foto: Archivo
Compraban cantidades de combustible imposibles de consumir
Un nuevo hilo del ovillo fue publicado este martes en el diario La Nación. Este nos lleva a la detección de un esquema dedicado a desviar fondos utilizando como pantalla el consumo de combustible para la municipalidad.
En el “teatro” que armaron, no tuvieron en cuenta que es físicamente imposible que en un solo día un automóvil utilice casi 100 litros de combustible. Según el documento que presentaron, un solo vehículo cargó G. 800.000 de carburante en un día,
Todos los datos detectados fortalecen cada vez más la sospecha de que en la administración municipal esteña instauró un esquema corrupto que aprovechaba su posición de privilegio para sustraer sistemáticamente dinero público.
No se descarta que en el transcurso de los días salgan a luz nuevas denuncias relacionadas a acciones irregulares bajo el consentimiento cómplice del intendente Miguel Prieto.
El interventor Ramón Ramírez reveló millonarios anticipos en adjudicaciones que saltan procesos de Contrataciones Públicas. Foto: Gustavo Galeano
“Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los riesgos derivados de la degradación del sistema climático global”, señala la Corte IDH. Foto: AFP/Archivo
Corte IDH llama a países de OEA a adoptar medidas para la población ante cambio climático
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo órgano judicial continental, dictaminó este jueves que los países de la OEA tienen la obligación de adoptar “todas las medidas necesarias” para proteger a la población frente al cambio climático.
La decisión de la Corte IDH implica que los países del continente deben hacer reformas legales que eventualmente aumenten las exigencias a las empresas, una vieja aspiración de las oenegés ambientalistas.
“Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los riesgos derivados [...] de la degradación del sistema climático global”, dijo la Corte IDH en una opinión consultiva sobre el impacto del cambio climático en los derechos humanos, solicitada por Colombia y Chile en enero de 2023.
El tribunal con sede en San José recordó que “el derecho a un ambiente sano se encuentra incluido entre los derechos protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana” de Derechos Humanos.
Por esta razón, los Estados deben “adoptar medidas legislativas y de otro carácter para prevenir las violaciones a derechos humanos producidas por empresas estatales y privadas”.
Entre otros aspectos, “los Estados deben exhortar a todas las empresas domiciliadas o que operan en su territorio a que adopten medidas efectivas para combatir el cambio climático y sus impactos sobre los derechos humanos”, dispuso la Corte.
“Las normas adoptadas en este contexto deben orientar al Estado y a los particulares bajo su jurisdicción para enfrentar de manera eficaz e integral las causas y consecuencias del cambio climático”, agregó.
Las audiencias previas para emitir esta opinión tuvieron una participación récord, de más de 160 organizaciones, incluidas organizaciones de la sociedad civil, entidades científicas y comunidades indígenas.
Varias oenegés habían expresado previamente su esperanza de que la Corte IDH obligara a los países del continente a tomar medidas para proteger a las personas frente al cambio climático.
La Corte IDH, una institución judicial autónoma encargada de aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene jurisdicción sobre una veintena de Estados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.
Sin embargo, “su relevancia también se extiende a nivel mundial”, afirmó el 18 de junio Nikki Reisch, de la ONG Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) en una conferencia virtual.
“La crisis climática no es sólo una crisis de derechos humanos y de justicia social, también es una crisis de impunidad”, indicó Michelle Jonker-Argueta, de Greenpeace Internacional, en la misma conferencia.