La adopción de medios de pago digitales sigue en ascenso en Paraguay, con un ecosistema que se fortalece tras la pandemia y que ahora enfrenta el desafío de expandirse al interior del país y profundizar la inclusión financiera.

El presidente de la Cámara Paraguaya de Medios de Pago, Raúl Alvarenga, afirmó que el crecimiento del consumo electrónico en Paraguay mantiene una tendencia sostenida desde la pandemia, que actuó como principal catalizador para la adopción de herramientas digitales. En conversación con La Nación/Nación Media, destacó que este avance fue posible gracias a la inversión del sector privado en infraestructura tecnológica y al papel del Banco Central del Paraguay (BCP) en la consolidación de las transferencias electrónicas a través del Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP).

En ese contexto, sostuvo que el cambio en el comportamiento del consumidor ya no es coyuntural, sino estructural, impulsado por las ventajas que ofrecen los pagos digitales en términos de comodidad, rapidez y seguridad. No obstante, reconoce que todavía existe margen para seguir creciendo, especialmente en segmentos donde el efectivo sigue teniendo presencia.

Sobre la implementación de tecnologías como QR interoperable y NFC, Alvarenga señaló que la evolución del sistema dependerá en gran medida de la experiencia del usuario. Indicó que, si bien estas herramientas amplían las opciones disponibles en los comercios, es el consumidor quien finalmente define qué canal utilizar, en función de los beneficios e incentivos que perciba.

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Respecto al NFC, cuyo uso aún es limitado en el país, explicó que no necesariamente existen barreras estructurales, sino que se trata de un proceso natural de adopción tecnológica. Recordó que el QR, introducido hace algunos años, logró posicionarse rápidamente como el principal mecanismo de pago en comercios, mientras que el desarrollo del NFC aún se encuentra en una etapa más incipiente.

En materia de inclusión financiera, destacó que los pagos digitales cumplen un rol clave al facilitar el acceso de sectores históricamente no bancarizados a herramientas que permiten una mejor gestión del presupuesto personal. Sin embargo, advirtió que la inclusión plena también depende del acceso a otros productos financieros, como cuentas y tarjetas, donde los límites de crédito aún representan una restricción para ciertos segmentos.

En cuanto a los desafíos, el titular del gremio apuntó a la necesidad de expandir el uso de pagos digitales fuera del área metropolitana, especialmente hacia el interior del país. Señaló que este proceso ya está en marcha, aunque de manera gradual, y responde a una dinámica natural del mercado.

Finalmente, al proyectar el futuro del sector, indicó que el ecosistema de pagos seguirá evolucionando hacia un modelo más diverso, donde coexistirán distintas tecnologías. Subrayó que, en un contexto marcado por la innovación y el avance de la inteligencia artificial, el factor decisivo será la experiencia del usuario, en un entorno cada vez más competitivo, seguro y eficiente.

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La ampliación del límite de transferencias instantáneas a G.10 millones ya está generando impactos en el ecosistema de pagos digitales, tanto en términos operativos como competitivos. Así lo explicó Liz Cramer, presidenta de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) en conversación con La Nación/Nación Media, al detallar que los ajustes tecnológicos fueron relativamente simples, pero exigieron una fuerte coordinación en plazos y gestión financiera.

Según indicó, la implementación implicó principalmente cambios de parámetros en los sistemas, acompañados de pruebas funcionales exhaustivas. “El principal reto fue el cronograma ajustado tras la publicación de la normativa y su entrada en vigencia”, afirmó. En paralelo, destacó que la gestión de liquidez en el Banco Central del Paraguay (BCP) y entre sub-participantes fue clave para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

En términos de mercado, la interoperabilidad de códigos QR , basada en el estándar MVCO, consolida un escenario de mayor competencia entre actores. Cramer explicó que todos los QR del sistema pueden ser leídos por distintos participantes, lo que permite a usuarios operar indistintamente entre bancos y billeteras electrónicas.

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Además, el nuevo límite del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) habilita operaciones en tiempo real las 24 horas para montos de hasta G. 10millones, ampliando el rango de transacciones digitales que antes estaban restringidas a horarios bancarios. A esto se suma la incorporación de un QR impulsado por el BCP, que convivirá con soluciones ya posicionadas como las de Bancard y Dinelco.

“La competencia se dará en la propuesta de valor de los participantes del sistema”, sostuvo, al subrayar que la tecnología QR ya cuenta con una alta adopción en el mercado paraguayo.

No obstante, el aumento de los montos también eleva las exigencias en materia de seguridad. Cramer advirtió que el nuevo escenario requiere una inversión constante en ciberseguridad, junto con una estrategia de educación financiera para los usuarios.

“El riesgo se mitiga mediante un modelo de seguridad compartida. Un usuario capacitado no solo reduce el fraude, sino que fortalece la confianza en el ecosistema de pagos”, concluyó.

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La salida del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, se da en un contexto de desgaste en su figura y con desafíos fiscales aún pendientes, según el economista y exviceministro de Hacienda, Manuel Alarcón, en conversación con La Nación/Nación Media.

El analista consideró que, si bien se registraron algunos avances, el escenario actual exige una agenda más profunda de reformas.

Alarcón afirmó que, en términos personales, lamenta la salida del exministro, aunque desde una perspectiva profesional ya se percibía un deterioro en su gestión.

“Más allá de algunos logros, deja desafíos no menores a su sucesor”, indicó, al tiempo de enfatizar que la estabilidad fiscal depende en gran medida de la credibilidad de los responsables de la política económica.

En esa línea, sostuvo que la administración mantuvo la continuidad de políticas anteriores, pero que “debió ser mucho más reformista” considerando la coyuntura económica y los retos que enfrenta Paraguay. A su criterio, uno de los principales déficits de la gestión fue la acumulación de deudas con proveedores, lo que compromete la cadena de pagos en sectores clave.

Respecto al impacto en la actividad económica, el economista sostuvo que el riesgo de desaceleración dependerá de las señales que emita el próximo ministro. Alertó que una gestión enfocada únicamente en cerrar el periodo de Gobierno representaría una oportunidad perdida, especialmente considerando la mayoría oficialista en el Congreso, lo que podría traducirse en efectos negativos sobre el sector real.

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Al analizar el origen de los problemas, Alarcón sostuvo “Son las dos cosas”, en referencia a ingresos insuficientes y a la calidad del gasto. Señaló que no se avanzó lo suficiente en la racionalización del gasto público, lo que limita la capacidad de reacción ante shocks externos o internos, como ya ocurrió en crisis anteriores.

En cuanto a las medidas necesarias en el corto plazo, planteó que el primer paso es contar con un diagnóstico claro de ingresos y egresos, para luego diseñar un plan austero y creíble. A su juicio, el endeudamiento “ya dejó de ser una herramienta eficaz”, por lo que se requiere una “cirugía mayor” en la política fiscal.

El exviceministro enfatizó que la prioridad del próximo titular del Ministerio de Economía debe ser preservar la estabilidad macroeconómica, evitando efectos negativos sobre el sector productivo. Posteriormente, recomendó avanzar en reformas estructurales, aprovechando el contexto político favorable.

Finalmente, Alarcón insistió en la necesidad de acelerar decisiones en materia fiscal, especialmente mediante el impulso de proyectos de Alianza Público-Privada (APP).

“No debemos restringirnos exclusivamente a las obras viales, sino también en el sector sanitario, educativo y penitenciario”, expresó.

En cuanto al perfil del nuevo ministro, consideró que debe ser un economista con una clara orientación reformista y mayor apertura al diálogo con distintos actores, en un escenario que exige liderazgo técnico y capacidad política para encarar los desafíos pendientes.

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La acumulación de deudas del Estado con empresas vialeras y farmacéuticas afecta la dinámica económica y plantea riesgos para la sostenibilidad fiscal, según advirtió el economista Daniel Correa, en conversación con La Nación/Nación Media.

Correa explicó que los atrasos en los pagos públicos dejaron de ser un problema sectorial para convertirse en un factor que incide en la cadena económica. “Cuando el Estado se atrasa, las empresas también retrasan pagos, frenan inversiones y se vuelven más cautelosas”, afirmó. En el caso de las empresas viales, esto impacta directamente en la ejecución de obras, el empleo y la actividad de proveedores, mientras que en el sector farmacéutico incluso podría afectar el abastecimiento.

El economista sostuvo que este escenario no deriva en una crisis inmediata, pero sí genera un enfriamiento progresivo de la economía. “Es una pérdida de dinamismo que no siempre se refleja en los números agregados, pero se siente en sectores específicos”, indicó.

En paralelo, advirtió sobre el deterioro de la credibilidad fiscal en un contexto de menor recaudación. Señaló que Paraguay históricamente mantuvo una gestión ordenada, pero que la acumulación de compromisos impagos puede erosionar esa reputación. “No es solo cuánto se debe, sino qué señal se está dando. Es un tema de confianza”, subrayó.

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Respecto a la caída de ingresos, Correa destacó el efecto del tipo de cambio, especialmente en Aduanas. Explicó que, aunque el volumen de importaciones no haya caído significativamente, la baja del dólar reduce el valor en guaraníes sobre el cual se calculan los impuestos, afectando directamente la recaudación. “Es un impacto silencioso: la economía no se ve mal, pero el Estado recauda menos”, apuntó, sugiriendo que el ajuste debe enfocarse en el gasto.

Sobre el mecanismo de factoraje impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), consideró que puede ser una herramienta útil para aliviar la liquidez de los proveedores en el corto plazo, pero advirtió que no resuelve el problema estructural. Mencionó, además, riesgos asociados a demoras, requisitos poco claros y posibles discrecionalidades que podrían limitar su efectividad.

Asimismo, explicó que la incertidumbre en los pagos encarece el financiamiento para las empresas, un costo que finalmente se traslada al Estado a través de precios más altos o menor competencia en licitaciones. “Se puede terminar pagando más adelante lo que hoy se intenta aliviar”, afirmó.

Como alternativas, planteó la necesidad de ordenar las prioridades del gasto público, postergar erogaciones no críticas y establecer calendarios de pago previsibles. “El problema no es solo de caja, es de consistencia”, remarcó.

Finalmente, consideró que la situación actual responde tanto a menores ingresos como a una creciente rigidez del gasto, aunque enfatizó que el desafío principal está en la calidad de las decisiones. En ese sentido, interpretó el concepto de “economía de guerra” como una señal de ajuste interno del Estado más que de crisis económica, orientada a preservar el margen fiscal en un escenario más restrictivo.

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