La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) manifestó la necesidad de definir altos niveles de seguridad en el proyecto de ley denominado “Servicios de Confianza para Transacciones Electrónicas”, a fin de evitar el robo de identidad, los fraudes, las extorsiones y otros delitos conexos. La idea es que exista un riesgo mínimo o, de ser posible, riesgo cero e identificar a la persona que está haciendo una transacción digital.

El director ejecutivo de la Asoban, Edgar Alarcón, explicó que el artículo 103 del proyecto de ley debe ser orientado a lo que expresa el documento original, ya que en el Senado fue aprobado, pero se modificó el concepto. Comentó que la certificación de los estándares debe ser alta, así como se expresa en la versión de Diputados. Sin embargo, en la Cámara Alta fue cambiada en su definición y eso debe corregirse.

“Con el estándar alto se busca que, cuando se pincha tu número telefónico, la persona que realizó esa maniobra, no pueda retirar dinero en el caso que recibas un importe. Ese estándar alto evitará que suceda eso, es por eso que se debe cambiar nuevamente ese artículo a la versión original”, expresó el representante de la Asoban.

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Estándares aplicados en Pytyvõ

Agregó que los reguladores del sistema financiero, incluida la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), deben apoyar una norma para el beneficio de los usuarios y cuidando la seguridad de los mismos, de sus datos, de sus bienes y de su dinero, así como de todo el sistema en general.

De no contar con regulaciones de seguridad altas en la identificación electrónica, se vuelve vulnerable a todo el sistema y abre la puerta para el fraude, la extorsión en todas sus formas, vía vaciamiento de cuentas por robo de identidad y hasta trasferencias fraudulentas que terminan en retiradas de efectivo de billeteras abiertas con identidad falsa.

“Es absolutamente necesario establecer los estándares de seguridad altos en las operaciones en el ámbito de las transacciones electrónicas en todos los sectores. Dichos estándares ya se aplicaron en el programa Pytyvõ llegando a 1.300.000 beneficiarios, para lo cual se requirió previamente la acreditación del subsidio al beneficiario una comprobación fehaciente de la identidad de las personas inscriptas, adoptándose medidas similares a las requeridas en el artículo 103 propuesto en el proyecto de Ley y que permitieron comprobar la total viabilidad de la aplicación de las condiciones allí establecidas en un sector considerado vulnerable”, dijo Alarcón.

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